Legislación nacional y derechos humanos



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Elementos de México para el informe de la resolución sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes: el refuerzo de la protección y promoción de los derechos humanos de los migrantes que forman parte de grandes desplazamientos A/HRC/32/14 del Consejo de Derechos Humanos

  1. Legislación nacional y derechos humanos




  • La reforma constitucional en materia de derechos humanos, vigente a partir del 10 de junio de 2011, en específico al artículo 1° constitucional, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (incluidas las personas migrantes y con independencia de su situación migratoria).




  • Desde 2011, México cuenta con un marco jurídico específico, la Ley de Migración (LM) y su Reglamento, la cual se sustenta en los siguientes principios: respeto de los derechos humanos de los migrantes, con independencia de su situación migratoria, congruencia, enfoque integral, responsabilidad compartida, facilitación de la movilidad humana, complementariedad, equidad, reconocimiento de derechos adquiridos, unidad familiar, interés superior del niño, integración social y cultural y facilitación del retorno.




  • La LM y su Reglamento aseguran la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, despenaliza la migración irregular, garantiza el acceso a los servicios de salud, educación, registro civil, así como a la justicia, el debido proceso y a presentar quejas en materia de derechos humanos, entre otros.




  • Para México, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria debe ser garantizada a lo largo de todo el ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno). Particular atención se concede a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otras.




  1. Buenas prácticas para la protección de los derechos de las personas migrantes

La LM contempla la creación de grupos de protección a personas migrantes que se encuentren en territorio nacional, cuyo objetivo es asegurar la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria, a estos se le denomina “Grupos Beta de protección a migrantes”.
Los Grupos Beta tienen el mandato de realizar, entre otras acciones de apoyo: el rescate y salvamento; ayuda humanitaria; asesoría legal y orientación. Estos grupos se encuentran capacitados en primeros auxilios, búsqueda y rescate, derechos humanos, legislación migratoria y trata de personas. Y en el caso de las personas migrantes mexicanas, también durante su repatriación.
Para el cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubican en zonas del territorio nacional donde estratégicamente puedan desarrollar sus funciones.


    1. Niñas, niños y adolescentes migrantes (NNA)

La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes (LGDNNA) reconoce a los NNA como titulares de derechos; garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. La Ley fortalece el principio del interés superior de la niñez al establecer que las acciones que lleven a cabo las autoridades deberán considerar aspectos culturales, morales, afectivos, educativos y de salud de NNA e incorporar sus opiniones. La Ley y su Reglamento contemplan disposiciones armonizadas con el marco internacional para la protección de los derechos del niño en el contexto de la migración.

En su capítulo décimo noveno, relativo a “Niñas, Niños y Adolescentes migrantes” se establecen las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de los NNA migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en colaboración con UNICEF México desarrolló un Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

En abril de 2016, México suscribió el Proyecto de Cooperación sobre la Prevención de la Migración no acompañada de NNA en comunidades de origen del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) en el cual participan la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y la organización no gubernamental Save The Children (SCh). El objetivo del proyecto es consolidar la identidad y fomentar el arraigo y la cohesión social en las comunidades de origen de los menores migrantes a través del mejoramiento de sus medios de vida y oportunidades de desarrollo personal, económico y social.

Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) son los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) especializados en la protección de la infancia y capacitados en los temas de derechos de las niñas, niños y adolescentes, refugio, género, atención especial a mujeres migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes, de acuerdo a sus atribuciones tendrán la función de entrevistar a los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en el procedimiento administrativo migratorio y en los de reunificación familiar, regularización de estancia, reconocimiento de la condición de refugiado y retorno asistido, debiendo informarle en un lenguaje adecuado a su condición de vulnerabilidad sobre los derechos que tiene en dichos procedimientos; realizar la valoración del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado; realizar la valoración del interés superior de la persona en situación de vulnerabilidad, para garantizar su mayor protección en el procedimiento de retorno asistido, y asegurarse de que se practique al migrante en situación de vulnerabilidad un examen médico a fin de determinar su condición psicofísica.

México cuenta con un Protocolo de Atención para NNA migrantes no acompañados o separados que se encuentran albergados, coordinado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya finalidad es identificar perfiles diferenciados que requieran algún tipo de atención específica y así adoptar las medidas de cuidado y protección más convenientes. Este instrumento establece un mecanismo para la evaluación del interés superior de los NNA bajo el principio de participación informada.



    1. Mujeres migrantes

A través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se ejecuta el “Programa de los derechos de las mujeres en las migraciones y sus familias”, cuyo objetivo es promover el respeto y la protección de sus derechos, mediante el diseño y la instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones con perspectiva de género. Para ello, opera bajo tres líneas de acción: 1) sensibilización y fortalecimiento de capacidades; 2) vinculación y coordinación institucional y c) promoción y difusión.

En el marco de este Programa se desarrolló el “Portal Mujer Migrante”, es un sitio de Internet diseñado para responder a las necesidades de información y comunicación de las mujeres migrantes. Este sitio cuenta con información de gobierno y de organizaciones civiles para resolver las dudas en materia de trámites, servicios, salud, derechos humanos, educación, trabajo, números de emergencias y centros de apoyo para población migrante, y desde 2013 hasta la fecha se imparte el curso “Mujeres que migran”.



  1. Integración de las personas migrantes

En el marco de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba, México expresó su compromiso de avanzar hacia una gobernanza de la migración que brinde seguridad a las personas y que garantice todos los derechos humanos, sociales y laborales de los migrantes. México realiza esfuerzos para desarrollar y poner en práctica estrategias de comunicación social que destaquen la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, en particular en los países de destino, a fin de combatir las conductas de rechazo y xenofobia, facilitar la integración social, y proteger los derechos humanos de los migrantes a través de marcos normativos nacionales.


    1. Sensibilización y combate a la xenofobia

Para combatir la discriminación y xenofobia, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED) lanzó en septiembre de 2015, con el lema “Los prejuicios son su carga” la campaña “XeNOfobia”, destinada a combatir la xenofobia hacia las personas migrantes.

Esta campaña tuvo una vigencia de dos meses y se centró en sensibilizar a la población, promover un cambio de percepción, erradicación de estigmas y criminalización hacia las personas migrantes y extranjeras, así como informar a las personas migrantes sobre el acceso a servicios a los que tienen derecho, con el fin de prevenir amenazas y reducir su vulnerabilidad.

Un componente de comunicación del Programa Conjunto Migrantes en Tránsito, coordinado por la OIM, en 27 de marzo de 2015, fue el lanzamiento de la campaña “Te acompañamos”, cuyo lema “Que la desinformación no sea un riesgo más”, tuvo como objetivo informar a las personas migrantes sobre los servicios de apoyo a los que tienen derecho; concientizar a las y los servidores públicos acerca de la importancia del cumplimiento de su deber; y sensibilizar a la población para promover una cultura de respeto, tolerancia y no discriminación hacia las personas migrantes. La campaña contribuyó a la protección y empoderamiento de las personas migrantes en tránsito por México.

El mismo Programa incluyó el componente de “Sensibilización comunitaria”, orientado a promover la coexistencia pacífica entre la población migrante y las comunidades por donde transitan.

Aunado a estos esfuerzos, la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres, pusieron en marcha la campaña “Soy Migrante” a la cual posteriormente se unieron el CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual tuvo como objetivo difundir las historias de éxito de las personas migrantes; coadyuvar a combatir los estereotipos negativos atribuidos a los inmigrantes y la incitación al odio en la política y en la sociedad. A través de esta campaña busca: visibilizar a las personas migrantes, valorar sus aportaciones a la sociedad, la economía y la cultura del país de destino, luchar contra la xenofobia y los estereotipos además de celebrar la diversidad cultural.


  1. Acceso a la justicia para personas migrantes

La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (UEITMPO-SEIDO) se encarga de investigar los delitos relacionados con migrantes, vinculados a la delincuencia organizada, entre otros, atiende la privación ilegal de la libertad de las personas migrantes, en virtud de lo estipulado por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros.
A fin de garantizar el pleno respeto al derecho a la libertad e integridad personal y el derecho al debido proceso, el 18 de diciembre de 2015 se publicó el decreto por el cual se instruyó la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, que permitirá a las personas migrantes, independientemente de donde se encuentren, tener acceso al esclarecimiento de los hechos, a la protección y a la reparación del daño.
La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes está facultada para realizar las investigaciones correspondientes a los delitos cometidos por y en contra de la población migrante, y para conducir la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano. La Unidad además de atender a las personas migrantes, brindará atención a otras poblaciones como los refugiados, asilados, apátridas y mexicanos deportados.

El Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación constituye el conjunto de acciones y medidas que el Estado mexicano ha adoptado para garantizar el acceso a la justicia para las personas migrantes que hayan sido víctimas de algún delito y/o violaciones a los derechos humanos, y sus familias que se encuentran en otro país y que no pueden acceder directamente a las instituciones de procuración de justicia en México.



A través de los Agregados de la Procuraduría General de la República, el Mecanismo será la puerta de entrada para que las familias y las víctimas migrantes puedan acceder desde el país donde se encuentren, a las instituciones del Estado mexicano encargadas de investigar los delitos que se cometan en territorio mexicano contra la población migrante, y así presentar denuncias, ofrecer pruebas, ejercer los derechos y las facultades que la ley les reconoce, entre otros.

El Gobierno de México consiente de que, por su condición de vulnerabilidad las personas migrantes pueden ser víctimas de diversos delitos a lo largo de su recorrido por territorio mexicano, ha diseñado un Modelo Integral de Atención a Víctimas bajo tutela de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el cual reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.



En ese sentido, las autoridades involucradas ofrecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la niñez. Este modelo también señala que las políticas de atención a personas en situación de víctima deberán contener un enfoque transversal de género y diferencial.

Respecto a las medidas de protección la UEITMPO-SEIDO, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio ha adoptado medidas de protección, acordes con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como: la reserva de identidad, reserva de datos personales, atención médica y psicológica, atención personalizada a los menores no acompañados y su canalización a las dependencias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como la canalización a organizaciones de la sociedad civil, que se encargan de la atención integral de dicho grupo vulnerable. Además, por disposición judicial, la UEITMPO ha solicitado el otorgamiento de visas por razones humanitarias.
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