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COLABORACIONES DOCTRINALES

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL

Por Ilmo. Sr. MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO

Sala de lo Social del TSJ del País Vasco


**1.- STS de 3 de julio de 2012 (RCUD 3885/2010).- Sr. De Castro
Doctrina: no es posible ejercitar acción por despido (en el caso, formulada por la casi totalidad de trabajadores de Plásticos Galma SL) basado en la existencia de un despido tácito colectivo tras haberse solicitado concurso voluntario del empresario y la extinción colectiva de contratos al amparo del art. 64 de la Ley Concursal (LC).

**2.- STS de 11 de julio de 2012 (RCUD 4157/2011).- Sra. Segoviano
Doctrina: constituye despido improcedente, con opción empresarial por no estar ante un despido disciplinario, la jubilación forzosa de un trabajador de AENA al amparo del art. 152 del convenio colectivo de dicha empresa, ya que no cumple el requisito de la letra a) de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores (ET), en su redacción dada por Ley 14/2005, de 1 de julio, al no ser suficiente un compromiso de no amortización de la plaza, con cobertura condicionada en determinadas circunstancias.

NOTA: la sentencia descarta plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad de esa disposición adicional décima con los arts. 6 y 8.2 de la Directiva 2000/72/CE, recordando lo resuelto por dicho Tribunal en su sentencia de 16 de octubre de 2007 (asunto C-411/2005). En cuanto al modo de estimar cumplido el requisito de la letra a) de la DA10ª ET, se hace eco de la doctrina sentada en dos sentencias, de Sala General, de 20-Dc-08 (RCUD 856/2007 y 3460/2006). Respecto al ámbito aplicativo de la opción a favor del trabajador contemplada en el art. 102 del citado convenio, recuerda su precedente de 3-Oc-11 (RCUD 4649/2010)



**3.- STS de 26 de julio de 2012 (RCUD 4115/2011).- Sr. Martín Valverde. Voto particular
Doctrina: la gravedad exigida para estimar la acción resolutoria por impago de salarios requiere el dato objetivo de que la deuda rebase los tres meses de salario y determinado a la fecha de la demanda (no se da en el caso, en que únicamente eran tres mensualidades en tal momento).

NOTA: el voto particular del Sr. Agustí defendía solución de signo opuesto por discrepar tanto del monto de la deuda exigible como del momento relevante (a su entender, el acto del juicio)



4.- STS de 17 de septiembre de 2012 (RCUD 578/2012).- Sr. De Castro
Doctrina: concurre el supuesto de situación económica negativa que legitima el despido por causas económicas el 31 de mayo de 2010 al amparo del art. 52.c) ET, en su redacción vigente en esa fecha, por el hecho de que la empresa haya presentado grandes pérdidas en 2007, 2008 y 2009, aunque en 2010 haya obtenido beneficios muy inferiores a las pérdidas de cualquiera de esos años.

NOTA: quizás el mayor interés de esta sentencia radique en que recopila los criterios de la Sala en la materia, lo que puede ser útil tener en cuenta, dado el cambio legislativo que introduce el RDL 10/2010, de 16 de junio, y luego la Ley 35/2010, así como la doble reforma operada en 2011 por RDL 3/2010 y Ley 3/2011



5.- STS de 24 de septiembre de 2012 (RCUD 2328/2011).- Sr Souto
Doctrina: la inversión del orden natural de intervención, prevista para los despidos disciplinarios en el art. 105.1 LPL, se aplica también a los despidos por causas objetivas, dada la remisión del art. 120 LPL, pero su incumplimiento sólo provoca la nulidad de actuaciones si causa indefensión (lo que no es el caso)

6.- STS de 25 de septiembre de 2012 (RCUD 3298/2011).- Sr. Souto
Doctrina: la opción entre readmisión e indemnización en un despido improcedente no disciplinario (en el caso, cese verbal) de un trabajador indefinido, no fijo, del Ayuntamiento de Camas, realizado bajo la vigencia del XI convenio colectivo de éste, corresponde al Ayuntamiento, dado que la opción dada al trabajador en su art. 12 se contrae a los despidos disciplinarios y, de otra parte, ha de entenderse que limitada al personal fijo, dada la explícita precisión posterior en tal sentido del texto del art. 14 del XII convenio, que ha de entenderse como elemento interpretativo de la voluntad del anterior.

NOTA: la sentencia recuerda, en relación a esto último, su sentencia de 21-Ab-10 (RCUD 1075/2009), radicando aquí, quizás, el mayor interés de esta sentencia



7.- STS de 25 de septiembre de 2012 (RC 227/2011).- Sra. Virolés
Doctrina: 1) no es pretensión propia de conflicto colectivo la de reconocimiento del derecho del profesorado de religión de centros públicos de enseñanza en la Comunidad de Madrid a percibir los trienios conforme a lo reconocido por sentencias individuales firmes, dado que ello exige el examen particularizado de cada sentencia y requiere, por ello, una solución individualizada, que no cumple con el requisito de concurrencia de un interés general que requería el art. 151 LPL; 2) la inadecuación de procedimiento resultante de tal circunstancia es apreciable de oficio

8.- STS de 28 de septiembre de 2012 (RCUD 3321/2011).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: a efectos de determinar si se reúne o no el requisito de carencia de rentas necesario para causar pensión no contributiva (en el caso, de invalidez), conforme a lo dispuesto en el art. 144.5 LGSS, no tienen tal consideración las fincas rústicas heredadas por su valor de tasación, sin perjuicio de que sí lo sean las rentas que producen

9.- STS de 28 de septiembre de 2012 (RC 3/2012).- Sr. Souto
Doctrina: se ajusta a derecho la decisión de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento de Residuos SA (VAERSA) de reducir en un 5% el salario de sus trabajadores en 2011, en aplicación de la Ley 17/2010, de Presupuestos Generales de la Comunidad Valenciana, ya que lo que ésta deja al juego de la negociación colectiva no es esa reducción sino únicamente el modo de instrumentarla

**10.- STS de 2 de octubre de 2012 (RCUD 3046/2011).- Sr. Martín Valverde
Doctrina: es lícita, a tenor del art. 67.3 ET y art. 1.1.c) del Reglamento de Elecciones Sindicales, la revocación íntegra de los representantes de los trabajadores, de tal modo que alcance no sólo a los titulares sino a los suplentes, cuando así se plantea (como es el caso)

11.- STS de 2 de octubre de 2012 (RCUD 2698/2011).- Sra. Arastey
Doctrina: la concesionaria entrante en la gestión de los residuos sólidos del Ayuntamiento de Lepe no estaba obligada a subrogarse en el trabajador cuyo despido se dirime, dado que la saliente incumplió el deber de proporcionar a la nueva la documentación prevista al efecto en el art. 55 del convenio colectivo estatal para las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales (BOE 24-Jl-07), puesto que únicamente le remitió uno de los nueve tipos de documentos a cumplimentar (la relación de trabajadores a subrogar), razón por la que el despido del trabajador –improcedente- y sus efectos han de imputarse a la saliente (y no a la entrante).

NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 19-Sp-12 (RCUD 3056/2011) –nº 47 del resumen de noviembre de 2012-



12.- STS de 2 de octubre de 2012 (RC 36/2012).- Sra. Segoviano
Doctrina: el personal laboral del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) que presta servicios en Salud Mental, Hospital Monte Naranco y Hospital General tienen derecho a percibir las ayudas sociales previstas en el art. 59 del V convenio colectivo para el personal laboral del SESPA, aún no estando incluidos en su ámbito de aplicación, dada la remisión que el art. 7 de los convenios de aplicación en esos dos primeros colectivos efectúan a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco sobre el personal del SESPA, de 30 de julio de 2002, y la que el art. 19 del convenio del Hospital General realiza a lo que perciba el personal estatutario del INSALUD, sin que obste a ello el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de 4 de agosto de 2010, en el sentido de no gastar los fondos presupuestados para ayudas sociales, dado que este acuerdo se ha dejado sin efecto por STS de 28-Sp-11 (RC 25/2010)

**13.- STS de 3 de octubre de 2012 (RCUD 4286/2011).- Sr. Salinas
Doctrina: el derecho fundamental a la ejecución de sentencias, inserto en el art. 24 CE, determina que proceda ejecutar en orden a integrar en la plantilla de la empresa cesionaria al trabajador objeto de un despido por la empresa cedente, formal, en el ínterin entre el inicio de ese litigio y la firmeza de la sentencia, pese a que lo impugnara judicialmente y se declarase caducada su acción, dirigida frente a ambas, antes de la firmeza de la sentencia sobre cesión, ya que esta circunstancia no es causa suficiente para enervar el derecho a la ejecución

**14.- STS de 3 de octubre de 2012 (RC 249/2009).- Sala General.- Sra. Arastey
Doctrina: los trabajadores (en el caso, los incluidos en el ámbito de aplicación del convenio colectivo estatal de Grandes Almacenes) tienen derecho a disfrutar íntegras sus vacaciones si habiéndose fijado éstas, incidiera una situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea la causa de ésta (sin limitarlas, por ello, a las previstas en el art. 38.3 ET en su redacción anterior al RDL 3/2012, de 10 de febrero), y si ésta se iniciara en mitad del disfrute del período vacacional, también lo tienen a interrumpir ese disfrute, subsistiendo el derecho a disfrutarlas tras finalizar el año natural al que corresponden.

NOTA: en el marco del litigio al que esta sentencia pone fin se dictó, a instancias del propio Tribunal Supremo que promovió la oportuna cuestión prejudicial, la sentencia del TJUE de 21 de junio de 2012 (C-78/11), que expresamente resolvió: “el art. 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones nacionales que establezcan que un trabajador que se encuentre en situación de incapacidad laboral sobrevenida durante el período de vacaciones anuales retribuidas no tiene derecho a disfrutar posteriormente de las vacaciones anuales coincidentes con el período de incapacidad laboral”. Cabe decir, no obstante, que el criterio que sienta está ya sustancialmente recogido en el art. 38.3 ET, desde la vigencia del RDL 3/2012, de 10 de febrero, que lo modificó en sentido mantenido tras la Ley 3/2012, de 6 de julio



15.- STS de 4 de octubre de 2012 (RC 273/2011).- Sra. Arastey
Doctrina: los trabajadores de ENSIDESA “fuera de convenio” afectados por el ERE 233/1992 no tienen derecho a disfrutar los complementos vitalicios de jubilación y viudedad-orfandad previstos en la norma de 1 de junio de 1974 que regulaba la política laboral y asistencial de dicho personal por haberse resuelto de manera firme esa misma pretensión, respecto al complemento de viudedad-orfandad, en otro litigio (efecto negativo de la cosa juzgada), y pretensiones fundadas en la misma causa de pedir en el caso del complemento de jubilación (efecto positivo de la cosa juzgada)

16.- STS de 4 de octubre de 2012 (RCUD 3163/2011).- Sr. Alarcón
Doctrina: el carácter de Centro Especial de Empleo de la nueva adjudicataria del servicio de limpieza de una empresa y su inclusión en el ámbito funcional de un determinado convenio colectivo (en el caso, el XIII de centros y servicios de atención a personas con discapacidad) no obstan a que tenga que subrogarse en la relación laboral de los trabajadores de la concesionaria saliente adscritos al servicio (no afectados de discapacidad), de conformidad con lo dispuesto en el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de aplicación (en el caso, el de Madrid) y dado que también queda incluido en el ámbito de aplicación de éste.

NOTA: la sentencia recuerda sus precedentes de 21-Oc-10 (RCUD 806/2010) y 4-Oc-11 (RCUD 4597/2010) -nº 4 de mi resumen de enero de 2011 y nº 13 del de diciembre de ese año, respectivamente-, debiendo resaltar, a fin de no extrapolar el alcance de estas sentencias, que la clave del pronunciamiento radica en que las adjudicatarias entrantes también quedaban incluidas en el ámbito de aplicación de los convenios de limpiezas



17.- STS de 4 de octubre de 2012 (RCUD 4073/2011).- Sra. Arastey
Doctrina: el incumplimiento del pago de cuotas aplazadas no genera efectos negativos en el pago de la pensión de jubilación del régimen de autónomos previamente reconocida, causada con el aplazamiento concedido y aún no desatendido, ya que no revierte el efecto de considerarle al corriente en el pago de las cuotas al momento de causar la prestación, toda vez que no está previsto ese efecto en el art. 36 del reglamento General de Recaudación ni en ninguna otra norma.

NOTA: el litigio se suscitó en un caso en el que el INSS, al reconocerle la pensión, condicionó el derecho a que cumpliera el pago aplazado, lo que no hizo y motivó que se le suspendiera el abono de la pensión, que únicamente se reanudó, sin atrasos, a partir del momento en que regularizó el pago de cuotas, litigándose por esos atrasos. Recuerda su precedente de 10-Mz-11 (RCUD 2656/2010) –nº 4 de mi resumen de junio de 2011-.



**18.- STS de 4 de octubre de 2012 (RCUD 3402/2011).- Sr. Alarcón
Doctrina: la presunción legal de accidente de trabajo del art. 115.3 LGSS entra en juego si, como en el caso, el trabajador sufre el infarto agudo de miocardio que le causa la muerte una vez que ha fichado, en los vestuarios, mientras se colocaba su equipo de protección individual.

NOTA: la sentencia no pretende cambiar la doctrina anterior de la Sala negando la entrada en juego de la presunción legal del accidente vascular ocurrido en vestuarios, sino excluir su aplicación cuando concurren estas concretas circunstancias



19.- STS de 5 de octubre de 2012 (RCUD 3580/2011).- Sr. Souto
Doctrina: no es exigible al INSS la responsabilidad subsidiaria propia de las prestaciones de accidente de trabajo, contemplada en el art. 94.4 TALSS de 1966, en relación a las prestaciones de incapacidad temporal que sean a cargo del empresario por su incumplimiento de hacer pago delegado al beneficiario si, como aquí sucede, no ha incumplido los de asegurar y cotizar, pero su importe lo ha deducido de las cuotas en virtud del régimen propio del pago delegado, ya que la responsabilidad directa de la prestación es de la Mutua, aunque proceda la condena de la empresa por haber incumplido su deber de pago delegado.

NOTA: la sentencia menciona sus precedentes de 26-Jn-02 (RCUD 2661/2001), 30-Sp-02 (RCUD 223/2001) y 7-Fb-12 (RCUD 2132/2011) –esta última, recogida con el nº 33 de mi resumen de abril de 2012-



20.- STS de 9 de octubre de 2012 (RRV 33/2011).- Sr. Desdentado
Doctrina: resulta extemporáneo el recurso de revisión interpuesto alegando maquinación fraudulenta en la designación del domicilio de la aquí recurrente, en un litigio por despido, presentado dentro de los tres meses siguientes al de dictarse sentencia penal que condena al trabajador por estafa procesal en base a tal circunstancia, ya que el proceso penal seguido no suspende el plazo de tres meses del art. 512.2 LEC, que es de caducidad, y que con anterioridad a iniciar la vía penal ya tuvo conocimiento de esa circunstancia

21.- STS de 9 de octubre de 2012 (RCUD 3600/2011).- Sr. Gilolmo
Doctrina: no tiene derecho a pensión de viudedad el miembro superviviente de una pareja de hecho no constituida formalmente como tal, ya que conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, no puede considerarse como tal constitución las disposiciones testamentarias de ambos reconociendo su convivencia marital y legándose el 30% de la herencia

22.- STS de 9 de octubre de 2012 (RCUD 2720/2011).- Sr. Alarcón
Doctrina: los profesores de religión de la Comunidad de Madrid tienen derecho a cobrar trienios por la singular circunstancia, concurrente en esa Comunidad Autónoma, de tener establecida la equiparación retributiva con los funcionarios interinos en unas normas administrativas de la propia Comunidad, al amparo del apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, que cabe aplicarles con carácter residual por no están aún sujetos a convenio colectivo, al haber sido excluidos del convenio del personal laboral de la Comunidad de Madrid.

NOTA: sigue el criterio sentado en sentencia de 7-Jn-12 (RC 138/2011) –nº 5 de mi resumen de noviembre de 2012-, dictada en litigio de conflicto colectivo, aplicando el efecto positivo de cosa juzgada, ya aplicado antes en STS de 10-Jl-12 (RCUD 1306/2011). En igual sentido, otra STS, de 9-Oc-12 (RCUD 650/2011). Como dije en ese comentario, el criterio general del TS, fuera de esa singular circunstancia, es el opuesto



23.- STS de 9 de octubre de 2012 (RCUD 3545/2011).- Sra. Segoviano
Doctrina: la modificación de jornada (en el caso, reduciéndola de 17:30 horas semanales a 10:30 horas), con su repercusión salarial, establecida al inicio de un curso escolar para los profesores de religión católica no está sujeta al art. 41 ET, dado el carácter de relación laboral especial y la singular normativa por la que se rige.

NOTA: la sentencia aplica el efecto positivo de la cosa juzgada, en relación con lo resuelto en litigio de conflicto colectivo sobre dicha cuestión (STS de 19-Jl-11, RC 116/2010). En similar sentido, STS de 18-Oc-12 (RCUD 4030/2011)



24.- STS de 16 de octubre de 2012 (RC 234/2011).- Sr. Gilolmo
Doctrina: constituye objeto propio de un litigio de conflicto colectivo la impugnación de la decisión unilateral de una empresa (en el caso, Sistemas Avanzados de Tecnología SA), consistente en reducir salarios y suprimir determinados beneficios sociales sin seguir los trámites del art. 41 ET, ya que concurren los requisitos del art. 151.1 LPL

25.- STS de 19 de octubre de 2012 (RCUD 4409/2011).- Sr. Agustí
Doctrina: alegada en un proceso por despido la existencia de cesión ilegal, no cabe pronunciarse expresamente sobre ésta si no existe tal despido, por lo que la sentencia del TSJ revocatoria de la del JS (que declaró la existencia de despido improcedente, previa consideración de que existía cesión ilegal), negando que haya existido despido alguno, no tiene que mantener o realizar pronunciamiento sobre la cesión ilegal, aún cuando el recurso que estima no haya cuestionado la existencia de tal cesión ilegal

26.- STS de 24 de octubre de 2012 (RCUD 4121/2011).- Sr. Salinas
Doctrina: en los casos de despido verbal por una entidad pública y denegación de la reclamación previa por silencio administrativo, no cabe estimar caducada la acción sobre la base de computar el período de tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la de interposición de la reclamación previa, dado que aquélla incumplió el deber de informar adecuadamente sobre el modo de impugnar su decisión y lo dispuesto en el art. 58.3 RJAPPAC.

NOTA: la sentencia invoca un buen número de precedentes, entre ellos la STS de 13-Jn-12 (RCUD 2180/2011) –nº 13 de mi resumen de octubre de 2012-, pero tiene la singularidad de que se trate de un despido verbal, respecto a lo cual no le da relevancia alguna (incluso la sentencia de contraste dirimió un despido por escrito)





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