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TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

MATERIA
CONTENIDO

DESPIDO

Criterios para computar o excluir de la indemnización por despido la equivalencia del uso del vehículo puesto a disposición de los trabajadores por la empresa (STSJ Castilla-La Mancha 14.03.2014): IUSTEL: http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1131556&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1

FOGASA

Transcurrido el plazo de tres meses sin que el FOGASA haya resuelto la petición de prestaciones por los trabajadores, la misma ha de entenderse estimada por silencio positivo (STSJ Comunidad Valenciana 01.04.2014): IUSTEL: http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1131703&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1

DESPIDO

La prueba obtenida de la cuenta de Facebook de una trabajadora, en base a la cual fue despedida por transgresión de la buena fe contractual, no ha vulnerado su derecho a la intimidad (STSJ Castilla y León –Valladolid- 30.04.2014): IUSTEL: http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1131790&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1



OTROS PRONUNCIAMIENTOS

MATERIA
CONTENIDO

DESPIDO COLECTIVO

Acción individual de impugnación del despido colectivo: improcedencia. Contenido de la carta de despido, aún existiendo acuerdo en el período de consultas. Comunicación de los criterios de afectación individual (SJS núm. 33 de Barcelona de 10.09.2014): VER SENTENCIA

DESPIDO/ ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Trabajador al servicio de una Administración local mediante contratación temporal que es despedido por bajo rendimiento, sin que en el juicio se practique prueba alguna. Nulidad por infracción del art. 23.2 CE. Indemnización compensatoria: criterios aplicables (SJS núm. 1 de Arrecife de 17.09.2014): VER SENTENCIA

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: de carácter individual: ilícito cambio de turno y horario de forma unilateral y sin cumplimiento de formalidad legal alguna, en el marco del ejercicio del derecho a la reducción de jornada por guarda legal (SJS núm. 1 Huelva de 11.01.2013): LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/social/sentencia-juzgado-de-lo-social-comunidad-autonoma-de-andalucia-num-8832012-11-01-2013


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COLABORACIONES DOCTRINALES


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL (agosto 2014)

Ilmo. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH

Magistrado especialista TSJ Cataluña

I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

STC 111/2014, de 26 de junio de 2014

Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré

Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad

Resumen: acceso al empleo público: Inconstitucionalidad de la Ley Foral Navarra 19/2013 al regular el proceso de funcionarización en las Administraciones públicas de Navarra.

Inconstitucionalidad por infringir la reserva de ley, toda vez que las disposiciones de la Ley 19/03 permitieron a distintos colectivos “optar, por una sola vez, por la integración en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra al objeto de adquirir la condición de personal funcionario, de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se determine

Inconstitucionalidad por vulnerar principios de igualdad, mérito y capacidad:

la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados”. Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el “límite de lo tolerable” [SSTC 67/1989, FFJJ 3 y 4; 185/1994, FJ 6, y 73/1998, FJ 3 b)]

Los arts. 2 a 6 de la Ley Foral 19/2013 son inconstitucionales y nulos al configurar un proceso de integración automática que resulta proscrito tanto por los arts. 23.2 y 103.3 CE como por el régimen jurídico que define, por un lado, la regla general y, por otro, la modalidad excepcional y transitoria para el acceso a la función pública en la Ley del estatuto básico del empleado público


ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

STC 128/2014, de 21 de julio

Procedimiento: Recurso de amparo

Ponente: Santiago Martínez- Vares García

Resumen: Asistencia jurídica gratuita: no se vulnera el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación por tener en cuenta el doble del SMI como criterio para acceder al derecho a la asistencia jurídica gratuita y por no tener en cuenta los ingresos individuales, en lugar de los de la totalidad de la unidad familiar.

El criterio objetivo y general de fijar el límite de la gratuidad plena en el doble del salario mínimo interprofesional resultaba plenamente razonable y proporcional al fin perseguido, pues ‘no es irrazonable la utilización de los ingresos o recursos como criterio de diferenciación, ni es desproporcionado el límite del doble del salario mínimo, ya que permite atribuir la gratuidad de la justicia a la práctica totalidad de personas que se verían imposibilitadas de litigar por falta de recursos, en tanto que las excluidas también cabe suponer que en su práctica totalidad podrán hacer frente a los gastos procesales’.” (STC 118/2014 de 8 de julio, FJ 3).


Por consiguiente, la conclusión a la que hemos de llegar también ahora es que en la medida en que la denegación de la asistencia jurídica gratuita se ha fundado estrictamente en el criterio legal general, proporcionado y razonable que establece el art. 3 LAJG, no cabe apreciar ninguna desigualdad contraria al art. 14 CE ni la subsiguiente aplicación errónea del precepto que denuncia la actora por el hecho de no haber tomado en consideración aisladamente sus ingresos personales a la hora de aplicar el parámetro objetivo legal. Máxime si se tiene en cuenta que la propia Ley de asistencia jurídica gratuita a la sazón vigente contenía previsiones que permitían atemperar esa regla general bien cuando existieran intereses familiares contrapuestos en el litigio (art. 3.3), bien permitiendo el reconocimiento excepcional del derecho en atención, entre otras, a las circunstancias familiares del solicitante, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesaran, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas, cuando aun superando los límites previstos en el art. 3, no excedieran del cuádruplo del salario mínimo interprofesional (art. 5). Y en este caso el actor, al igual que su esposa, no sólo no ha acreditado encontrarse en alguna de las situaciones que permitirían atemperar la rígida cuantía del art. 3, sino que ni siquiera ha solicitado acogerse a esas reglas de excepción

FORMACIÓN PROFESIONAL

STC 112/2014, de 7 de julio

Procedimiento: conflicto positivo de competencia

Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Resumen: Conflicto positivo de competencias promovido por la CA Madrid en relación con el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

El artículo 30.2, párrafo segundo, del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid.

REITERA DOCTRINA STC 88/2014

Competencia en materia laboral: (art.149.1.7) la CE atribuye al Estado la ordenación general de la materia laboral, sin que ningún espacio de regulación externa les quede a las Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una competencia de mera ejecución de la normación estatal, que incluye la emanación de reglamentos internos de organización de los servicios necesarios y de regulación de la propia competencia funcional de ejecución y, en general, el desarrollo del conjunto de actuaciones preciso para la puesta en práctica de la normativa reguladora del conjunto del sistema de relaciones laborales, así como la potestad sancionadora en la materia

En el art. 30.2 RD 395/07 se atribuye con carácter general al Estado la gestión de las subvenciones destinadas a la financiación de estas acciones, reduciendo la gestión autonómica cuando las acciones afecten en exclusiva al territorio autonómico



La atribución a un órgano estatal de la competencia de gestión de las subvenciones en materia de investigación e innovación, cuando estas ayudas afecten a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma determina, en este supuesto, la vulneración de las competencias autonómicas, pues el ámbito territorial de las ayudas no puede suponer un vaciamiento de las competencia de ejecución que corresponden a las Comunidades Autónomas

STC 123/2014, de 21 de julio

Procedimiento: conflicto positivo de competencia

Ponente: Adela Asua Batarrita

Resumen: Conflicto positivo de competencias promovido por la CA Valenciana en relación con el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

El artículo 30.2, párrafo segundo, del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Valencia.

REITERA DOCTRINA STC 88/2014

Competencia en materia laboral: (art.149.1.7) la CE atribuye al Estado la ordenación general de la materia laboral, sin que ningún espacio de regulación externa les quede a las Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una competencia de mera ejecución de la normación estatal, que incluye la emanación de reglamentos internos de organización de los servicios necesarios y de regulación de la propia competencia funcional de ejecución y, en general, el desarrollo del conjunto de actuaciones preciso para la puesta en práctica de la normativa reguladora del conjunto del sistema de relaciones laborales, así como la potestad sancionadora en la materia

En el art. 30.2 RD 395/07 se atribuye con carácter general al Estado la gestión de las subvenciones destinadas a la financiación de estas acciones, reduciendo la gestión autonómica cuando las acciones afecten en exclusiva al territorio autonómico



La atribución a un órgano estatal de la competencia de gestión de las subvenciones en materia de investigación e innovación, cuando estas ayudas afecten a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma determina, en este supuesto, la vulneración de las competencias autonómicas, pues el ámbito territorial de las ayudas no puede suponer un vaciamiento de las competencia de ejecución que corresponden a las Comunidades Autónomas

LEYES

STC   120/2014, de 17 de julio de 2014

Ponente: Ricardo Enríquez Sancho

Procedimiento: recurso de inconstitucionalidad

Resumen: constitucionalidad de las "leyes omnibus". Ley 53/02 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Como dijo en la STC 209/2012:

“a) La imposibilidad constitucional de la existencia de una ley ordinaria que, con carácter anual y contenido impredecible, operase sobre la totalidad del ordenamiento jurídico, respecto de la que concluimos que ‘ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional que impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un solo procedimiento, de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo’ [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 3; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 a); y 120/2012, de 4 de junio, FJ 3].

b) La alteración del sistema de fuentes, con relación a la cual señalamos que el contenido heterogéneo de las leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social ‘no modifica su naturaleza de ley ordinaria, ni, por ende, altera su relación con las demás normas que integran el Ordenamiento jurídico’ porque no alteran el sistema de fuentes establecido por nuestra Constitución [STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 4; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 b); y 120/2012, de 4 de junio, FJ 3].

c) La infracción del principio democrático, el pluralismo político, la separación de poderes y los derechos de las minorías, sobre la que concluimos que el principio democrático consagrado por nuestra Constitución (art. 1.1) impone que la formación de la voluntad de las Cortes Generales se articule ‘a través de un procedimiento cuyos rasgos estructurales ha prescrito el texto constitucional’ y en el que opera el ‘principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como fórmula para la integración de voluntades concurrentes’ [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 5; y 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 c)].

d) La infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) al tratarse de una ley de contenido indefinido y sin objeto predeterminado, respecto de la que afirmamos que la norma impugnada tenía un objeto que, “aunque heterogéneo, está perfectamente delimitado en el momento de presentación del proyecto al Congreso de los Diputados, teniendo todos sus eventuales destinatarios (operadores jurídicos y ciudadanos) conocimiento del mismo mediante su publicación en el ‘Diario Oficial de las Cortes Generales’, como finalmente tienen conocimiento del texto definitivo mediante su inserción en el ‘Boletín Oficial del Estado’.” [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 e); y 120/2012, de 4 de junio, FJ 3].

e) Y, en fin, la infracción de una serie de reglas del procedimiento parlamentario, como que los antecedentes que se acompañaron al proyecto de ley no podían calificarse como tales, que se había delegado en una comisión legislativa permanente la aprobación del proyecto de ley cuando ello no era obligatorio, que la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, del Congreso de los Diputados, no había solicitado informes sobre cuestiones que eran competencia principal de otras comisiones, que habían intervenido Diputados de los distintos grupos parlamentarios que no eran miembros de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda sin que constase su sustitución formal o informal, y, en fin, que se había tramitado el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Pues bien, estos vicios fueron rechazados no sólo por no haberse denunciado algunos de ellos ante la correspondiente Cámara sino, lo que es más importante, por no haberse acreditado que su alcance era de tal magnitud que hubiese alterado, ‘no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de una Cámara, habiendo afectado, en consecuencia, al ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario’ [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 10; y 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 f)].”

En suma, por los mismos motivos que fueron expuestos en las SSTC 136/2011, de 13 de septiembre; 176/2011, de 8 de noviembre; 120/2012, de 4 de junio; 209/2012, de 14 de noviembre, y más recientemente en la STC 132/2013, de 5 de junio, FJ 1, procede ahora también rechazar este primer bloque de motivos de inconstitucionalidad de la Ley 53/2002, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social..

Reitera doctrina: SSTC 136/2011, de 13 de septiembre; 176/2011, de 8 de noviembre y 209/2012, de 14 de noviembre


NEGOCIACIÓN COLECTIVA

STC   119/2014, de 16 de julio de 2014

Esta sentencia ya se incluyó en el prontuario de julio de 2014, sin la numeración correspondiente por no disponerse hasta ahora de la misma. La volvemos a incluir con el número de sentencia, dada la trascendencia que la misma tiene, al analizar diversos aspectos fundamentales de la Ley 3/12

Ponente: Andrés Ollero Tassara

Procedimiento: recurso de inconstitucionalidad

Resumen: Negociación colectiva: Ley 3/12: objeto del recurso: (art.4 Ley 3/12): Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores; (art.14.1 y 14.3 Ley 3/12): inaplicación de convenios colectivos(art.82.3 ET); prioridad convenios empresa (art.84.2 ET)

CONTRATO APOYO EMPRENDEDORES (CAE) o DESPIDO LIBRE: El período de prueba es una institución de configuración legal cuyo contenido determina el legislador

-El derecho al trabajo se concreta, en su vertiente individual, en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido sin justa causa (por todas, SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8; y 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4), así como en la existencia de una “reacción adecuada” contra el despido o cese, cuya configuración, en la definición de sus técnicas y alcance, se defiere al legislador (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2).

- El período de prueba admitido y regulado por el legislador puede actuar como una limitación del derecho a la estabilidad en el empleo –mayor cuanto más amplia sea su duración–, y que, por tal razón, entra en conexión con el art. 35.1 CE

-Conflicto derecho del trabajo (art.35) libertad de empresa (art.38): ...exigencias derivadas del art. 38 CE pueden legitimar el reconocimiento legal en favor del empresario de determinadas facultades de extinción del contrato de trabajo integradas en sus poderes de gestión de la empresa (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4) - el desistimiento durante el período de prueba se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la terminación de la relación de trabajo, ratificado por España (“BOE” núm. 155, de 29 junio de 1985);

- El derecho al trabajo: derecho fundamental sujeto a límites: art. 35.1 CE puede entrar en conflicto con otros bienes y derechos constitucionales, lo que podría justificar ciertas restricciones en su reconocimiento. No obstante, conforme a nuestra reiterada jurisprudencia, tales posibles limitaciones, además de tener que gozar de justificación legítima, “no pueden ser absolutas…ni obstruir el derecho fundamental más allá de lo razonable” (SSTC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 110/2006, de 3 de abril, FJ 3), debiendo en todo caso “ser proporcionadas al fin perseguido con ellas” (STC 23 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 15; o SSTC 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 6; 37/1989, de 15 de febrero, FJ 8; 112/2006, de 5 de abril, FFJJ 8 y ss)

- El período de prueba de una año en todo caso del CAE: la justificación como medida e fomento de empleo: es una medida coyuntural, vinculada a una concreta situación del mercado de trabajo de muy elevado desempleo y que, sin duda, conecta con el ya comentado deber de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo (art. 40.1 CE). Pretende ofrecer una respuesta que entiende adecuada a una situación de grave crisis del empleo como la que refleja el preámbulo de la Ley 3/2012, donde se deja constancia de una cifra de paro de 5.273.600 personas. Se justifica por el fomento e la contratación indefinida; se pueden celebrar CAE hasta que la tasa de desempleo esté por debajo el 15%.

El art. 17.3 ET   autoriza al Gobierno a regular medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo, que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores desempleados. 

La constitucionalidad de la perversión de la finalidad propia del período de prueba: "la sostenibilidad económica del contrato" como fin plausible de la prueba: el paso del período de prueba al contrato "a prueba":  que la duración del período de prueba en este tipo de contrato sea en todo caso de un año, medida que cabe interpretar como un instrumento adicional de incentivación de la creación de empleo, que eventualmente puede contribuir a potenciar la decisión empresarial de concertar contratos de trabajo indefinidos; implica en efecto disponer de un período de tiempo, superior en principio al previsto con carácter común, durante el que poder constatar no sólo la aptitud y capacidad del trabajador contratado, sino también la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo creado

El convenio 158 OIT: art. 2.2 de su Convenio núm. 158, por la que se autoriza a los Estados a excluir de las garantías de este Convenio a “los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido". El límite de duración de tal período lo ha fijado la OIT en que no sea “excesivamente largo”.

En el caso de Francia, la Ordenanza núm. 2005-893, apartados 66, 68, 71 y 72; fue aprobado por el Consejo de Administración de la OIT, en la 300ª reunión, noviembre de 2007.



JUICIO DE PROPORCIONALIDAD del período de prueba de un año respecto del derecho al trabajo (art.35 CE)

Finalidad legítima: la fijación en esta modalidad contractual de un período de prueba superior al generalmente previsto para las demás relaciones laborales encuentra justificación; no sólo en la finalidad típica de todo período de prueba sino, sobre todo, en la específica y legítima finalidad de potenciar la iniciativa empresarial como instrumento para contribuir, junto con otras medidas de su régimen jurídico, a promover la creación de empleo estable, de conformidad con el mandato que el art. 40.1 CE dirige a los poderes públicos para llevar a cabo una política orientada al pleno empleo.

Razonabilidad: la cuestionada facultad de desistimiento empresarial durante un período de prueba de un año, queda sujeta a importantes limitaciones o condiciones legales, algunas de las cuales se traducen en paralelas garantías en favor de los trabajadores y del empleo. : carácter coyuntural de la medida: hasta que la tasa de desempleo sea inferior al 15%. "limitada" a empresas de menos de 50 trabajadores (el 99%). Obligación de mantener en el empleo al propio trabajador contratado durante al menos tres años; en caso de incumplimiento, el empresario quedará obligado a reintegrar tales incentivos; compatibilización del salario con prestaciones contributivas por desempleo previamente reconocidas o el mantenimiento del derecho a su percepción a la finalización del contrato y el reconocimiento de que, tras la superación de dicho período de prueba, se consolidará con plenos efectos su condición de trabajador indefinido en la empresa

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Proporcionalidad: supera la regla de adecuada proporcionalidad entre el sacrificio que supone para la estabilidad en el trabajo del trabajador contratado y los beneficios que puede representar para el interés individual y colectivo del fomento y creación de empleo estable

 El período de prueba de 1 año y el derecho a la igualdad (art.14 CE): la finalidad de verificar si el puesto de trabajo es económicamente sostenible y puede mantenerse en el tiempo, es una  finalidad adicional  que justifica que el legislador haya fijado un período de duración de un año para todos los trabajadores, sin distinguir por su categoría o cualificación

El período de prueba de 1 año y el derecho a la negociación colectiva (art.37 CE):  la supresión coyuntural del derecho a negociar o, dicho de otro modo; la negociación como obstáculo a la creación de empleo: el carácter imperativo de la regulación legal impugnada sobre la duración del período de prueba de un año y su consiguiente indisponibilidad para la negociación colectiva goza de la misma justificación legítima, razonable y proporcionada que desde la perspectiva del art. 35.1 CE hemos declarado respecto a la propia medida en sí misma considerada, siendo trasladables aquí las consideraciones allí efectuadas.

La configuración legal como norma de derecho necesario absoluto de la duración del período de prueba de un año en el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores actúa como garantía hábil para evitar que, a través de la negociación colectiva, se pueda reducir o eliminar el potencial incentivo a la contratación indefinida que mediante esta medida ha querido introducir el legislador; la decisión legislativa impugnada contribuye pues a impedir que la actuación de la autonomía colectiva pueda frustrar el legítimo y ya comentado objetivo de creación de empleo estable que se pretende alcanzar a través de esta modalidad contractual y su régimen jurídico.

El período de prueba y el derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 CE): está garantizado el pleno acceso a la tutela de los jueces y tribunales para impugnar las decisiones no ajustadas al régimen jurídico establecido por la Ley; ya sea por el ejercicio del desistimiento una vez transcurrido el período máximo de duración del periodo de prueba, o porque se haya establecido el período de prueba en supuestos en los que la propia Ley lo excluye expresamente (cuando el trabajador haya desempeñado ya las mismas funciones con anterioridad en la empresa). Igualmente para impugnar aquellas decisiones que se hayan adoptado por motivos discriminatorios o contrarios a los derechos fundamentales del trabajador (por todas, SSTC 94/1984, de 16 de octubre, y 166/1988, de 26 de septiembre).

Lo que no garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) es el acceso a la jurisdicción para exigir una justificación causal del desistimiento empresarial en todo caso, o una indemnización en caso de desistimiento; exigencias que la norma sustantiva no contempla en la configuración de la institución considerada

 NEGOCIACIÓN COLECTIVA:  impugnación del apartado uno del art. 14 de la Ley 3/2012, precepto que modifica el art. 82.3 LET, atribuyendo a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, la facultad de acordar la inaplicación (“descuelgue”) de lo pactado por los representantes de los trabajadores y los empresarios en un convenio colectivo de los contemplados en el título III LET

Inexistencia de un "modelo constitucional de relaciones laborales": La argumentación del Parlamento recurrente contra la reforma introducida por la Ley 3/2012 descansa en la insostenible presunción de la existencia de “un hipotético modelo constitucional de relaciones laborales, que la Constitución no diseña, aunque establece las premisas desde las cuales, tanto el legislador como la actuación de las partes sociales, permitan configurar, de forma dinámica, cambiante y abierta, un sistema de relaciones laborales, de los varios que serían compatibles con el orden constitucional” (STC 210/1990, de 20 de diciembre, FJ 2)

 Legislador y negociación colectiva:

El legislador dispone, en consecuencia, de un amplio margen de libertad de configuración en el desarrollo del derecho a la negociación colectiva, aunque esa libertad no sea absoluta

Al legislador le corresponde cumplir un papel activo en la concreción y desarrollo del derecho a la negociación colectiva, dando efectividad y apoyo al proceso de negociación y a su resultado (STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 3), sin perjuicio de que asimismo el legislador pueda establecer restricciones a la fuerza vinculante de los convenios colectivos en aras a la protección o preservación de otros derechos, valores o bienes constitucionalmente protegidos o intereses constitucionalmente relevantes del mismo modo que puede excluir determinadas materias de la negociación colectiva y establecer la sujeción de la negociación colectiva a las normas legales imperativas. El convenio colectivo ha de respetar y someterse a lo dispuesto con carácter necesario en la Ley

La facultad que poseen los representantes de los trabajadores y empresarios de regular sus intereses recíprocos mediante la negociación colectiva no es una facultad derivada de la ley sino que encuentra su expresión jurídica en el texto constitucional (STC 58/85)

La fuerza vinculante del convenio: este Tribunal ha declarado asimismo (por todas STC 225/2001, de 26 de noviembre, FJ 4) que el empresario unilateralmente o en concierto con los trabajadores individualmente considerados podrá incidir en la disciplina de las relaciones laborales. No podrá, sin embargo, hacerlo frente al derecho a la negociación colectiva, lo que incluye el respeto al resultado alcanzado en el correspondiente procedimiento de negociación y a su fuerza vinculante, así como la sujeción a los procedimientos de modificación convencional establecidos. (...)Debe ser en la ley o en los propios convenios colectivos donde se establezca el sistema para su modificación o denuncia.

La negociación colectiva, cuando es ejercida por las organizaciones sindicales, se integra en el contenido esencial del derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE)

 ANÁLISIS DEL NUEVO ART.82.3 (inaplicación CColA decidida por la CNCC):   constituye una excepción a la fuerza vinculante del convenio.

El TC no se pronuncia sobre  la posibilidad en sí de inaplicación del convenio, ni las razones que causalmente la justifiquen de acuerdo con la Ley; tampoco las sucesivas fases del procedimiento de inaplicación que en ella se contemplan, que pueden concluir con un acuerdo entre las partes o bien con el recurso a los procedimientos voluntarios de solución de conflictos previstos en el propio convenio colectivo y en los acuerdos interprofesionales contemplados en el art. 83 LET.

Sólo se pronuncia sobre: la posibilidad reconocida a cualquiera de las partes, en caso de discrepancia, de someter su solución a la CCNCC,  o a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, en última instancia y tras haberse desarrollado sin acuerdo el procedimiento de negociación que a tal fin contempla el precepto legal. Previsión legal que, en último término, contempla la posibilidad de que la CCNCC u órganos autonómicos equivalentes –ya sea por propia decisión o por laudo arbitral de tercero– procedan a resolver la controversia sobre la pretensión de inaplicación del convenio. Tal intervención se activa por la voluntad o solicitud de cualquiera de las partes, sin requerir el acuerdo o aquiescencia de la otra

 JUICIO DE PROPORCIONALIDAD: determinar si la restricción a la negociación colectiva y la fuerza vinculante del convenio colectivo derivada de la cuestionada previsión del art. 82.3 LET responde a una finalidad legítima en aras de salvaguardar otros derechos y bienes constitucionales, y si además de encontrar justificación objetiva, supera los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad

 Finalidad legítima: la intervención de la CCNCC prevista por el art. 82.3 LET resulta constitucionalmente justificada, como la propia medida de inaplicación del convenio colectivo en las materias tasadas: la prioridad de la flexibilidad interna sobre la externa.

(...) al posibilitar la adaptación de las condiciones laborales a las circunstancias adversas que concurran en una empresa, sobrevenidas después de la aprobación del convenio, el propósito perseguido por el legislador con la medida cuestionada ha sido facilitar la viabilidad del proyecto empresarial y evitar el recurso a decisiones extintivas de los contratos de trabajo; esto constituye una finalidad constitucionalmente legítima, atendidos el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y los deberes de los poderes públicos de proteger la defensa de la productividad (art. 38 CE) y de realizar una política orientada al pleno empleo (art. 40.1 CE).



Razonabilidad: existe por:

-sujeción de la inaplicación a límites causales;   

-la inaplicación que en su caso decida la CCNCC u órgano autonómico correspondiente queda exclusivamente limitada a las empresas concretas en que, individualmente, existan tales causas y haya mediado la correspondiente solicitud, por lo que si se inaplica el de sector, éste conserva fuerza vinculante para el resto de empresas

1)La CNCC puede estimar procedente o no la inaplicación en función de la concurrencia de las causas

2) La inaplicación afecta sólo a determinadas materias, no al convenio en bloque

3) La inaplicación está sujeta a límites temporales.

4) La inaplicación por la CNCC tiene carácter subsidiario, ante el fracaso de los mecanismos propios y previos de autonomía colectiva

5) La composición tripartita de la CNCC; es un órgano que no se encuentra incorporado en la estructura jerárquica del citado Ministerio y, conforme a la regulación reglamentaria, ejerce sus competencias “con independencia y autonomía funcional plenas. Por más que el voto de los representantes de la Administración pública pueda resultar determinante en los supuestos en que las posiciones de los representantes de los empresarios y los trabajadores estén enfrentadas, la posición de la Administración pública nunca tendrá alcance decisorio por sí sola; siempre será necesario el apoyo de parte de los representantes de los agentes sociales en la CCNCC para adoptar la decisión que proceda

6) La decisión de la CCNCC o el laudo arbitral están sometidos a posible control judicial.

 Proporcionalidad: tras la pertinente ponderación de los intereses constitucionales en conflicto y de sus respectivos sacrificios  procede concluir que el precepto legal impugnado contempla una medida razonable, que supera las requeridas exigencias de proporcionalidad, en aras de preservar los bienes constitucionales protegidos en los arts. 35.1, 38 y 40.1 CE

 DIRERENCIAS CON EL ARBITRAJE OBLIGATORIO: 

STC 11/81: El supuesto del art. 82.3 LET ahora enjuiciado no es equiparable al resuelto en dicha STC 11/1981, FJ 24. (declaró inconstitucional el arbitraje público obligatorio como medio de resolución de los conflictos laborales [arts. 25.b) y 26 del Real Decreto-ley 17/1977],

-La CNCC no tiene propiamente la condición de autoridad administrativa laboral, ni siquiera la representación de la Administración goza de capacidad resolutoria por sí sola, al margen de que el precepto autoriza que la decisión no sólo se adopte en su seno, sino también a través de árbitro designado al efecto.

-El arbitraje de la autoridad laboral objeto de la STC 11/1981 se preveía ante cualquier pretensión de modificación de las condiciones de trabajo –singularmente, ante el fracaso de la negociación colectiva–, sin requerir la concurrencia de causas concretas que justificaran la medida y sin establecer límites materiales en cuanto a su alcance; tales limitaciones, por el contrario, sí están presentes en la decisión o arbitraje regulado en el art. 82.3 LET, cuyas circunstancias de aplicación resultan claramente distintas y sí encuentra justificación constitucional como medida dirigida a favorecer la competitividad y viabilidad de las empresas como alternativa a la destrucción de empleo

STC 92/92: el art.41.1 ET reconocía a la autoridad laboral la facultad de aprobar modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo en caso de concurrencia de determinadas causas –técnicas, organizativas o productivas–, este Tribunal declaró la constitucionalidad de la norma, en tanto se interpretara que dicha potestad administrativa de modificación no alcanzaba a las condiciones pactadas en convenio colectivo..Los supuestos no son equiparables porque

- la CNCC no es autoridad laboral

- no se limitaban las materias sobre las que podía recaer la decisión modificativa de la Administración

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y ARBITRAJE OBLIGATORIO: (ART.24.1 CE): De acuerdo con nuestra doctrina el arbitraje obligatorio no resulta conforme al derecho a la tutela judicial efectiva cuando el control judicial sobre el laudo previsto en la ley se limita a las garantías formales o aspectos meramente externos, sin alcanzar al fondo del asunto sometido a la decisión arbitral (SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3; 75/1996, de 30 de abril, FJ 2). Hemos de entender, en cambio, que el arbitraje obligatorio sí resulta compatible con el derecho reconocido en el art. 24.1 CE cuando el control judicial a realizar por los tribunales ordinarios no se restringe a un juicio externo, sino que alcanza también a aspectos de fondo de la cuestión sobre la que versa la decisión

No se conculca el derecho a la tutela judicial efectiva, porque cabe un examen judicial sobre el fondo, tanto del arbitraje como de la decisión de la CNCC:   interpretado el art.82.3 ET en el sentido de que cabe un control judicial pleno sobre la adecuación normativa de la decisión o laudo arbitral de la CCNCC u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, acotado a los aspectos jurídicos propios del conocimiento de la jurisdicción, incluido el control sobre la concurrencia de las causas y la adecuación a ellas de las medidas adoptadas, hemos de descartar que el párrafo octavo del art. 82.3 LET, en la redacción dada por el art. 14.uno de la Ley 3/2012, resulte contrario al derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 CE. Esta interpretación de conformidad se llevará al fallo

 APLICACIÓN PRIORITARIA DEL CONVENIO DE EMPRESA (ART.84.2 ET): el precepto impugnado establece, en primer lugar, la aplicación prioritaria de los convenios de empresa sobre los convenios de ámbito superior en una serie de materias; en segundo lugar, que los convenios de empresa podrán ser negociados en cualquier momento de la vigencia de los convenios de ámbito superior; en tercer lugar, que los acuerdos interprofesionales y convenios colectivos sectoriales, a los que se refiere el art. 83.2 LET, no podrán disponer de esta prioridad aplicativa de los convenios de empresa.

Sobre la negociación colectiva: (art.37.1 CE):

No existe un modelo constitucional predeterminado de negociación colectiva, sino que el art. 37.1 CE se limita a reconocer el derecho de negociación colectiva y a encomendar su garantía al legislador.

1) Tan legítima resulta desde el punto de vista de su constitucionalidad, una política legislativa que se decante por la prioridad del convenio colectivo sectorial o supraempresarial, como aquella que opte por la preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa, pues unos y otros son producto de la negociación colectiva entre sujetos legitimados para ello.

La restricción de la autonomía colectiva al fijar el legislador la estructura de la negociación  tiene la  finalidad  legítima de facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores, procurando favorecer la flexibilidad empresarial en aquellas materias en que el legislador ha considerado que puede ser más necesaria la acomodación a las características de la empresa y de sus trabajadores

2) el art. 84.2 LET no impone una determinada unidad de negociación y, por tanto, no impide seguir negociando convenios colectivos sectoriales. La determinación de la unidad de negociación depende de la voluntad de las partes

3) Negociado un convenio de empresa, la norma impugnada prevé que será de aplicación prioritaria aunque sólo en relación con una serie de materias respecto de los convenios de ámbito superior; lo que supone elestablecimiento de una regla de concurrencia entre convenios colectivos de distinto ámbito que no vulnera el derecho a la negociación colectiva, pues no deriva del art. 37.1 CE que la ordenación de los frutos de la negociación colectiva deba proceder necesariamente de la propia negociación colectiva

4) La regulación impugnada no excluye totalmente la intervención de la negociación colectiva para establecer la estructura de la negociación, pues la ley continúa permitiendo que los acuerdos interprofesionales puedan establecer “cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito”

5) el art. 84.2 LET no prohíbe que los convenios sectoriales regulen las materias sobre las que los posteriores convenios de empresa gozan de prioridad aplicativa. Por ello, las cláusulas de los convenios sectoriales sobre estas materias resultarán de aplicación, con eficacia erga omnes, en todas las empresas de su ámbito que no aprueben su propio convenio de empresa, lo que sin duda sucederá en un buen número de empresas, atendido el hecho notorio de que nuestro tejido empresarial se caracteriza por la abundancia de pequeñas empresas, que carecen de representación tanto unitaria como sindical, y que, por consiguiente, no pueden negociar sus propios convenios

6) La prevalencia del convenio de empresa limitada a determinadas materias hace que los acuerdos interconfederales o convenios colectivos estatales o autonómicos conserven facultades de estructuración de la negociación colectiva, incluso sobre los convenios de empresa.

7) Ante dos convenios colectivos negociados sucesivamente el convenio sectorial y el convenio de empresa la norma determina cuál de ellos debe aplicarse prioritariamente respecto de determinadas materias; opta por el convenio de empresa, pactado de común acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario y dotado asimismo de fuerza vinculante en dicho ámbito. Se privilegia, así, un producto de la negociación colectiva frente a otro sin que ello vulnere el art. 37.1 CE.

8) La prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa no supone necesariamente la postergación de la negociación colectiva de origen sindical como alega el Parlamento de Navarra. Nada impide que las secciones sindicales negocien convenios de empresa estatutarios en los términos del art. 87.1 LET; no debe tampoco olvidarse que el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), como elemento integrante del contenido esencial de la libertad sindical, ha de reconocerse y garantizarse a toda organización sindical, con independencia de su índice de representación (STC 224/2000, de 2 de octubre, FJ.

Desde la perspectiva constitucional tampoco es reprochable que un convenio de empresa negociado por la representación unitaria en virtud del art. 37.1 CE entre en concurrencia y goce de preferencia aplicativa sobre un convenio sectorial negociado por los sindicatos, pues del texto constitucional no se deduce que la negociación colectiva sindical haya de tener prioridad absoluta sobre la negociación colectiva realizada por otros representantes de los trabajadores

 Conclusión: la modificación introducida por el art. 14.tres de la Ley 3/2012 en el art. 84.2 LET, tanto en lo relativo a la posibilidad de negociación de convenios de empresa dotados de prioridad aplicativa en cualquier momento de la vigencia de un convenio sectorial de ámbito superior, como en lo referido a la prohibición a los acuerdos interprofesionales y a los convenios colectivos sectoriales de disponer de tal prioridad aplicativa, no vulnera el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE)



VIUDEDAD

STC 115/2014, de 8 de julio de 2014

Procedimiento: recurso de amparo

Ponente: Juan José González Rivas.

Resumen: pensión de viudedad: inexistencia de lesión del derecho fundamental del art. 14 CE por la denegación de la pensión de viudedad a la persona supérstite de una pareja homosexual, que convivió ininterrumpidamente durante largos años con el fallecido como si de un matrimonio se tratase.

Reitera doctrina: STC 92/2014, de 10 de junio, que resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, ante las dudas de constitucionalidad sobre el art. 174 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS) en relación a la prohibición de discriminación contenida en el art. 14 CE, y en la posterior STC 93/2014, de 12 de junio, al resolver el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 6704-2004, en que afirmó que la exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el art. 14 C.E., ni tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994)”.

Concluye que la legislación vigente en 2002 no constituía una discriminación por razón de orientación sexual al no dar derecho a las personas homosexuales a contraer matrimonio y, por esa vía, acceder a la pensión de viudedad


STC 116/2014, de 8 de julio de 2014

Procedimiento: recurso de amparo

Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré

Resumen: pensión de viudedad: inexistencia de lesión del derecho fundamental del art. 14 CE por la denegación de la pensión de viudedad a la persona supérstite de una pareja homosexual, que convivió ininterrumpidamente durante largos años con el fallecido como si de un matrimonio se tratase.

Reitera doctrina: STC 92/2014, de 10 de junio, que resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, ante las dudas de constitucionalidad sobre el art. 174 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS) en relación a la prohibición de discriminación contenida en el art. 14 CE, y en la posterior STC 93/2014, de 12 de junio, al resolver el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 6704-2004, en que afirmó que la exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el art. 14 C.E., ni tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994)”.

Concluye que la legislación vigente en 2002 no constituía una discriminación por razón de orientación sexual al no dar derecho a las personas homosexuales a contraer matrimonio y, por esa vía, acceder a la pensión de viudedad


STC 116/2014, de 8 de julio de 2014

Procedimiento: recurso de amparo

Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré

Resumen: pensión de viudedad: inexistencia de lesión del derecho fundamental del art. 14 CE por la denegación de la pensión de viudedad a la persona supérstite de una pareja homosexual, que convivió ininterrumpidamente durante largos años con el fallecido como si de un matrimonio se tratase.

Reitera doctrina: STC 92/2014, de 10 de junio, que resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, ante las dudas de constitucionalidad sobre el art. 174 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS) en relación a la prohibición de discriminación contenida en el art. 14 CE, y en la posterior STC 93/2014, de 12 de junio, al resolver el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 6704-2004, en que afirmó que la exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el art. 14 C.E., ni tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994)”.

Concluye que la legislación vigente en 2002 no constituía una discriminación por razón de orientación sexual al no dar derecho a las personas homosexuales a contraer matrimonio y, por esa vía, acceder a la pensión de viudedad


STC 124/2014, de 21 de julio de 2014

Procedimiento: recurso de amparo

Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré

Resumen: pensión de viudedad: inexistencia de lesión del derecho fundamental del art. 14 CE por la denegación de la pensión de viudedad a la persona supérstite de una pareja homosexual, que convivió ininterrumpidamente durante largos años con el fallecido como si de un matrimonio se tratase.

Reitera doctrina: STC 92/2014, de 10 de junio, que resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, ante las dudas de constitucionalidad sobre el art. 174 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS) en relación a la prohibición de discriminación contenida en el art. 14 CE, y en la posterior STC 93/2014, de 12 de junio, al resolver el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 6704-2004, en que afirmó que la exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el art. 14 C.E., ni tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994)”.



Concluye que la legislación vigente en 2002 no constituía una discriminación por razón de orientación sexual al no dar derecho a las personas homosexuales a contraer matrimonio y, por esa vía, acceder a la pensión de viudedad

II. TRIBUNAL SUPREMO

ADIF

STS 04/06/2014

ROJ: STS 3321/2014)

Recurso: 1713/2013 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA

Resumen: ADIF: las horas de toma y deje: naturaleza: tienen la consideración de horas extraordinarias y han de ser retribuidas como tales, a tenor del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores .

Importe: las horas de toma y deje, al tener la consideración de extraordinarias, han de ser abonadas con el importe fijado en el convenio colectivo para dichas horas, salvo que el mismo sea inferior al de la hora ordinaria, en cuyo caso han de abonarse con el importe de la hora ordinaria, que es el que ha de aplicarse al supuesto examinado, dada la cuantía que el Convenio aplicable para el año 2009 atribuye a estas horas.

Reitera doctrina: entre otras, en SSTS/IV 20-octubre-2013 -rcud 291/2013 , 13-noviembre-2013 -rcud 2310/2012 , 21-enero-2014 -rcud 1024/2013 , 8-abril-2014 -rcud 3230/2014 , 2-junio-2014 - rcud 1605/2013 , 10-junio-2014 -rcud 3082/2012 ),

STS 30/06/2014

ROJ: STS 3317/2014)

Recurso: 1533/2013 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA

Resumen: ADIF: las horas de toma y deje: naturaleza: tienen la consideración de horas extraordinarias y han de ser retribuidas como tales, a tenor del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores .

Importe: las horas de toma y deje, al tener la consideración de extraordinarias, han de ser abonadas con el importe fijado en el convenio colectivo para dichas horas, salvo que el mismo sea inferior al de la hora ordinaria, en cuyo caso han de abonarse con el importe de la hora ordinaria, que es el que ha de aplicarse al supuesto examinado, dada la cuantía que el Convenio aplicable para el año 2009 atribuye a estas horas.

Reitera doctrina: entre otras, en SSTS/IV 20-octubre-2013 -rcud 291/2013 , 13-noviembre-2013 -rcud 2310/2012 , 21-enero-2014 -rcud 1024/2013 , 8-abril-2014 -rcud 3230/2014 , 2-junio-2014 - rcud 1605/2013 , 10-junio-2014 -rcud 3082/2012 )

STS 30/06/2014

ROJ: STS 3325/2014)

Recurso: 3084/2012 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA

Resumen: ADIF: las horas de toma y deje: naturaleza: tienen la consideración de horas extraordinarias y han de ser retribuidas como tales, a tenor del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores .

Importe: las horas de toma y deje, al tener la consideración de extraordinarias, han de ser abonadas con el importe fijado en el convenio colectivo para dichas horas, salvo que el mismo sea inferior al de la hora ordinaria, en cuyo caso han de abonarse con el importe de la hora ordinaria, que es el que ha de aplicarse al supuesto examinado, dada la cuantía que el Convenio aplicable para el año 2009 atribuye a estas horas.

Reitera doctrina: entre otras, en SSTS/IV 20-octubre-2013 -rcud 291/2013 , 13-noviembre-2013 -rcud 2310/2012 , 21-enero-2014 -rcud 1024/2013 , 8-abril-2014 -rcud 3230/2014 , 2-junio-2014 - rcud 1605/2013 , 10-junio-2014 -rcud 3082/2012 )

STS 16/07/2014

ROJ: STS 3329/2014)

Recurso: 2205/2013 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA

Resumen: ADIF: las horas de toma y deje: naturaleza: tienen la consideración de horas extraordinarias y han de ser retribuidas como tales, a tenor del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores .

Importe: las horas de toma y deje, al tener la consideración de extraordinarias, han de ser abonadas con el importe fijado en el convenio colectivo para dichas horas, salvo que el mismo sea inferior al de la hora ordinaria, en cuyo caso han de abonarse con el importe de la hora ordinaria, que es el que ha de aplicarse al supuesto examinado, dada la cuantía que el Convenio aplicable para el año 2009 atribuye a estas horas.

Reitera doctrina: entre otras, en SSTS/IV 20-octubre-2013 -rcud 291/2013 , 13-noviembre-2013 -rcud 2310/2012 , 21-enero-2014 -rcud 1024/2013 , 8-abril-2014 -rcud 3230/2014 , 2-junio-2014 - rcud 1605/2013 , 10-junio-2014 -rcud 3082/2012 )

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

STS 11/06/2014

ROJ: STS 3300/2014)

Recurso: 1039/2013 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ

Resumen: Contrato a tiempo parcial : cuando un trabajador contratado a tiempo parcial realiza efectivamente una jornada superior a la pactada, y ese exceso no pueda ser calificado como tiempo u hora "complementaria", bien sea porque tal cuestión esté fuera de discusión, bien sea porque no se hayan cumplido los requisitos previstos al efecto, como sucedía, por ejemplo, en la STS 9-3-2011 (R. 87/10 ), todo lo que supere en esa materia el contenido del pacto, constituyen horas extraordinarias y como tal han de ser retribuidas, al margen o con independencia de la prohibición legal para efectuarlas

CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO

STS 01/07/2014

ROJ: STS 3413/2014)

Recurso: 1988/2013 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA

Resumen: Contrato de obra y servicio en fraude de ley: Orientadores laborales del Servicio Andaluz de Empleo: No cabe entender que la obra o servicio objeto del contrato tenga autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, tal y como exige el artículo 15.1 a) ET y el 2.1 del RD 2720/1998, de 18 de diciembre , pues no cabe considerar tal el marco del Plan Extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral, cuyo contenido ha sido examinado con anterioridad, ya que la previsión de contratación de 1500 orientadores, para que elaboren un itinerario personalizado de las personas afectadas, en modo alguno dota de sustantividad propia a la obra o servicio, ya que ésta es la actividad normal de la empresa, sin que se haya acreditado una necesidad temporal de trabajadores, ni las tareas contratadas permiten su individualización dentro de la actividad habitual de la empresa.

No cabe deducir la temporalidad del contrato del carácter temporal del Proyecto, ya que lo que se ha ido concediendo temporalmente han sido las subvenciones para la financiación de las contrataciones, tal y como resulta del contenido de la normativa anteriormente transcrita, pues el artículo 52 e) del ET prevé expresamente la extinción por causas objetivas de los contratos indefinidos formalizados por la Administración para la "ejecución de planes o programas públicos determinados", cuando su financiación proviene de ingresos externos de carácter finalista y devienen insuficiente para el mantenimiento del contrato de trabajo suscrito. Así lo ha entendido la sentencia de esta Sala de 21 de marzo de 2002, recurso 1701/2001 .

Consecuentemente con lo expuesto y de acuerdo con el artículo 9.3 del R.D. 2.720/98 cabe concluir que los contratos suscritos por las actoras de este proceso con el Servicio Andaluz de Empleo deben considerarse celebrados, pese a la literalidad de sus cláusulas, por tiempo indefinido, al no haberse identificado en él su objeto legal con claridad y precisión, ni desvirtuado por el empleador la presunción que nace de tal incumplimiento

Voto particular de Jose Luis Gilolmo Lopez y Maria Milagros Calvo Ibarlucea,.



CONVENIO COLECTIVO

STS 04/06/2014

ROJ: STS 3296/2014)

Recurso: 147/2013 | Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL

Resumen: Convenio Colectivo: aplicación y vigencia del II Convenio Colectivo General del Sector de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos respecto al Servicio de handling de RYANAIR en España".

Es completamente irrelevante que RYANAIR no pertenezca a ASEATA, puesto que la eficacia general de los convenios colectivos estatutarios en el ámbito funcional correspondiente deriva de la representación institucional conferida a los entes negociadores (sindicatos y asociaciones patronales) y no de la representación derivada de la afiliación de trabajadores y empresas a dichos entes negociadores



STS 10/06/2014

ROJ: STS 3301/2014)

Recurso: 104/2013 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA

Resumen: Convenio Colectivo: Convenio de empresa que modifica convenio estatal para mejora en retribuciones, pero que lo hace en contra la obligación de pedir autorización del Ministerio competente. Las Mutuas no están exentas de las medidas de reducción del déficit público que se recogen en el RD-Ley 8/2010 y en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

La especial naturaleza de las MATEP hace que formen parte del sector público y que las retribuciones del personal a su servicio sean contempladas y reguladas por las leyes de presupuestos. A estas leyes son a las que alude el artículo 45 del Convenio Colectivo Estatal de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, para los años 2008 a 2011 sabedor de que esas leyes pueden limitar los incrementos salariales de los empleados de las Mutuas, incluso reducir sus retribuciones, al igual que las del conjunto de los funcionarios.

El rtículo 45 del Convenio Estatal de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, para los años 2008 a 2011, es de aplicación al presente caso. En efecto, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción vigente al tiempo de firmarse el Primer convenio colectivo de la Mutua demandada impedía que las disposiciones de un convenio de empresa modificasen lo dispuesto en el convenio estatal vigente, salvo pacto en contrario, conforme al artículo 83-2 del mismo texto legal . Es cierto que el artículo 7 del Convenio Estatal permitía la negociación en el ámbito de la empresa sobre ciertas materias, como las retribuciones, pero no lo es menos que esa libertad negocial en ámbitos inferiores la limitaba el artículo 45 del convenio para las Mutuas de Accidentes de Trabajo por las razones presupuestarias que enmarcan su actividad. Por ello, debe concluirse que el citado precepto era de aplicación y que las Mutuas de Accidentes debían obtener autorización del Ministerio competente para acordar una mejora de las condiciones retributivas establecidas en el convenio estatal


STS 24/06/2014

ROJ: STS 3042/2014)

Recurso: 225/2013 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ

Resumen: Convenio colectivo: legitimación de asociaciones empresariales: impugnación por falta de legitimación inicial como para negociar.

Tanto en relación con la legitimación inicial que contempla el art. 87.3.c) ET como respecto a la exigible a la mesa o comisión negociadora a la que alude el art. 88, se produjo desde el principio un reconocimiento mutuo por parte de todos los interlocutores, sindicales y patronales. Por ello, al no haber logrado desvirtuar las patronales demandantes las presunción de legitimación de que goza el convenio estatutario publicado se desestima el recurso.



Resume doctrina tras RD-Ley 7/2011: 22

1) que el momento en que ha de existir y probarse la legitimación es el del inicio de las negociaciones del convenio colectivo ( TS 23-11-1993, R 1780/91 , 9-3-1994, R 1535/91 , 25-5- 1996, R 2005/95 , 10-10-2006, R. 126/05 , y 23-11-2009, R. 47/09 , entre otras);

2) que en la impugnación de un convenio estatuario corresponde al impugnante acreditar los vicios que alega, pues estos son hechos constitutivos de su pretensión y la naturaleza especial de dichos convenios, que exigen la intervención de la autoridad laboral, a quien corresponde el control mediato o indirecto sobre su legalidad, les dota de una apariencia de validez sólo desvirtuable por prueba a cargo de quien lo impugna ( TS 510-1995, R. 1538/92, dictada por el Pleno, ratificada, entre otras, en las de 14-2-1996 , R. 3173/95, 15-3-1999 , R. 1089/98, 25-1-2001 , R. 1432/02, 25-5-2006 , R. 20/05, y 1-3-2010 , R. 27/09 ).

Por otro lado, nuestra propia jurisprudencia también ha reiterado más recientemente ( SSTS 23-11-2009, R. 47/09, ya citada , y 3-12-2009, R. 84/08 ), con mención de varias resoluciones anteriores, que nuestro ordenamiento configura, y así entendemos que se mantiene en la actualidad, " un sistema de triple legitimación: [a] la legitimación inicial -para negociar-; [b] la llamada legitimación complementaria, plena o deliberante -para constituir válidamente la mesa negociadora del convenio de eficacia general-; y [c], finalmente, la legitimidad negociadora, que es la cualidad de los sujetos que entra en juego a la hora de adoptar acuerdos, de tal suerte que solamente alcanzarán eficacia aquellos que estén avalados con el voto favorable de cada una de las dos representaciones ( art. 89.3 ET )"



DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

STS 11/06/2014

ROJ: STS 3306/2014)

Recurso: 649/2013 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA

Resumen: Derechos de información y consulta: No procede exigir que se de copia de la carta de despido a todos y cada uno de los representantes de los trabajadores, basta con entregársela a uno.

Se ha entregado copia de la carta de despido a uno de los dos Delegados de personal de la empresa, planteándose si con dicha entrega se cumple el requisito exigido por el artículo 53.1 c) del Estatuto de los Trabajadores , o es preciso entregar copia de la carta también al otro Delegado de personal.

El precepto no establece la obligación de entregar copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores, sino que señala que "del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento", precepto que ha sido interpretado por esta Sala en sentencia de 18 de abril de 2007, recurso 4781/05 , en el sentido de que la citada copia de la carta de despido ha de darse a la representación legal de los trabajadores.

No procede exigir que se de copia de la carta de despido a todos y cada uno de los representantes de los trabajadores por los siguientes motivos:

Primero: El tenor literal del precepto establece que "del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento", por lo que del mismo no resulta la exigencia de entrega de copia de la carta de despido, sino del escrito de preaviso.

Segundo: La interpretación jurisprudencial del precepto se ha limitado a establecer que donde la norma habla de escrito de preaviso, ha de entenderse que se refiere a "carta de despido".

Tercero: El tenor literal del precepto se refiere a "la representación legal de los trabajadores", no a cada uno de los representantes de los trabajadores

(...)


En el asunto ahora examinado hay una previsión específica, que es que se entregue copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores, por lo que esta será la forma en la que habrá de realizarse la citada información, siendo suficiente con que se efectúe la entrega a uno solo de los Delegados de personal para poder cumplir las previsiones del apartado 6 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores , es decir, para que los representantes puedan proceder al examen adecuado de la carta, las causas alegadas, en su caso, y número de trabajadores afectados

DESPIDO COLECTIVO

STS 25/06/2014

ROJ: STS 3328/2014)

Recurso: 273/2013

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN

Resumen: Despido Colectivo: Negociación y requisitos formales: el sindicato recurrente pide la nulidad del despido basada en que no se facilitó el detalle de la categoría profesional de los trabajadores afectados ni su desglose por centros de trabajo, provincia o comunidad autónoma.

El TS confirma que el despido está ajustado a derecho porque si bien la empresa inicialmente incluía a toda la plantilla, afectándola de modo genérico, partía de una justificación -la incertidumbre sobre la continuidad de los trabajos- que fue asumida sin dificultad por el banco social, por cuanto, pese a la inicial imprecisión, permitió que se desarrollara el proceso negociador y se produjera la sucesiva concreción de los afectados (hecho probado 8º). La suficiencia de la información finalmente aportada llegó al punto de permitir que se alcanzara el acuerdo. Por tanto hubo posibilidad de negociar y se desestima la petición de nulidad



PERSONAL LABORAL ADMNINISTRACIONES PÚBLICAS

STS 11/06/2014

ROJ: STS 3318/2014)

Recurso: 2100/2013 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN

Resumen: Personal laboral administraciones públicas. Indefinidos no fijos: extinción por amortización de plaza, no hay que acudir a despido objetivo, al no ser aplicable , por razones cronológicas, la Disposición Adicional 20 del ET , pero los trabajadores tienen derecho a percibir una indemnización de ocho días de salario por cada uno de los años al servicio de la empresa.

Reitera doctrina: ,STS 25 de noviembre de 2013 (rcud 771/2013 ), STS 22/07/13 [rec. 1380/12 ]



STS 11/06/2014

ROJ: STS 3303/2014)

Recurso: 1174/2013 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN

Resumen: Personal laboral administraciones públicas: cómputo de antigüedad de personal indefinido no fijo discontinuo: derecho a lucrar el correspondiente complemento salarial por trienios devengados, computándose los mismos desde el inicio de la relación laboral de los trabajadores como personal fijo (indefinido)- discontinuo.

No se computa únicamente el tiempo de prestación efectiva de servicios de forma que sólo quepa entender devengados los trienios cuando la suma de tales periodos alcanza el tiempo mínimo señalado para ello



STS 14/07/2014

ROJ: STS 3319/2014)

Recurso: 1847/2013 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ

Resumen: Personal laboral administraciones públicas. Indefinidos no fijos: improcedencia del despido de personal laboral , que había prestado servicios para la entidad demandada desde el 03/07/08 bajo el amparo de contrato de interinidad por vacante y que fue cesado a virtud de comunicación oficial efectuada el 03/08/12, por amortización del puesto de trabajo a consecuencia de modificación de la RPT.

Para la doctrina tradicional de la Sala -resumida por la precitada STS 25/11/13 -: «a).- La relación laboral "indefinida no fija" ... queda sometida a una condición resolutoria [provisión de la vacante por los procedimiento legales de cobertura], cuyo cumplimiento extingue el contrato por la mera denuncia del empleador y sin necesidad de acudir al procedimiento contemplado en los arts. 51 y 52 ET ... ( SSTS SG 27/05/02 -rcud 2591/01 -; 02/06/03 -rcud 3243/02 -; y 26/06/03 - rcud 4183/02 -).

b).- La doctrina es extensible a los casos en que el puesto desempeñado desaparece por amortización ... porque no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido el presupuesto de la modalidad contractual ( SSTS SG 27/05/02 -rcud 2591/01 -; 20/07/07 -rcud 5415/05 -; y 19/02/09 -rcud 425/08 -).

c).- ... entenderlo de otro modo llevaría a conclusiones absurdas, ya que o bien supondría la transformación de hecho de la interinidad en una situación propia de un contrato indefinido ..., o bien entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un puesto de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ya ha acordado (reproduciendo otras muchas anteriores, SSTS 08/06/11 -rcud 3409/10 -; 27/02/13 -rcud 736/12 -; y 13/05/13 -rcud 1666/12 -). Y

d).- Estas consideraciones son aplicables a los contratos «indefinidos no fijos», pues -como ya se ha dicho- se trata de contratos también sometidos a la condición resolutoria de la provisión reglamentaria de la plaza y -por lo tanto- cuando por amortización no puede realizarse tal provisión, el contrato se extingue ex arts. 49.1.b) ET y 1117 CC ».

3.- Pero en la STS -Sala General- 24/06/14 [rcud 217/13 ] se ha rectificado el criterio precedente y se ha mantenido: a) que los contratos de interinidad por vacante están sujetos al cumplimiento del término pactado [la cobertura reglamentaria de la plaza] y que consiguientemente estamos ante una obligación a término y no ante una condición resolutoria, porque las obligaciones condicionales [ arts. 1113 y sigs. CC ] son aquellas cuya eficacia depende de la realización o no de un hecho futuro e incierto, en tanto que en las obligaciones a término se sabe que el plazo necesariamente llegará, en forma determinada [se conoce que llegará y cuando ello tendrá lugar] o indeterminada [se cumplirá, pero se desconoce el momento].

b).- En la interinidad por vacante estamos en presencia de un contrato a término, siquiera indeterminado, que es el momento en que la vacante necesariamente se cubra tras finalizar el correspondiente proceso de selección;

c).- La amortización de la plaza por nueva RPT -permitida por el art. 74 EBEP -, no puede suponer la automática extinción del contrato de interinidad, pues no está prevista como tal, sino que requiere seguir previamente los trámites de los arts. 51 y 52 ET , aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas [ arts. 7 y 11 EBEP ], y en los que la nueva RPT ha de tener indudable valor probatorio para acreditar la concurrencia de la correspondiente causa extintiva.

d).- La doctrina es aplicable igualmente a los trabajadores indefinidos no fijos, cuya extinción contractual está igualmente sujeta a la cobertura de la plaza y -en su caso- a la amortización.

4.- Por ello, tanto en los supuestos de nuda interinidad por vacante, como en los de su transformación en indefinido no fijo por el transcurso del plazo máximo [ arts. 70.1 EBEP y art. 4.2 b) del RD 2720/1998 ]: a).- La amortización de la plaza desempeñada por modificación de la RPT no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos, porque no está sujetos a condición resolutoria, sino a término; y b).- Para poder extinguir los contratos sin previamente haber cubierto reglamentariamente las plazas, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET [cauce ya previsto por la DA vigésima ET ].

Reitera doctrina: STS SG 24/06/14 [rcud 217/13 ]


PRESCRIPCIÓN

STS 10/06/2014

ROJ: STS 3314/2014)

Recurso: 1409/2013 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN

Resumen: Prescripción: salarios de tramitación: indebida declaración de prescripción de los salarios de tramitación. no prescriben a los tres meses sino al año.

los salarios de tramitación correspondientes al despido, esto es, los contenidos en el fallo de la sentencia y que comprenden los habidos desde la fecha del despido hasta los de la notificación de la sentencia, constituyen una cantidad concreta, susceptible de ejecución independiente, de manera que para el ejercicio de la acción de ejecución a ellos referida se habrá de estar a lo que se dispone con carácter general para tal tipo de condenas, esto es, al artículo 241.1 LPL (actual 243.1 de la LRJS ), en el que se dice que, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 277 (279 de la vigente LRJS ) , el plazo para instar la ejecución será igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda ..." y se añade en el número 2 que "en todo caso, el plazo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de reclamar la entrega de sumas de dinero será de un año".



La sentencia recurrida infringió los citados preceptos puesto que declaró prescrita la acción de ejecución de la sentencia de despido improcedente que se dictó a favor de la demandante, en todos su extremos, al haberse presentado más allá de los tres meses a que se refiere el artículo 277.2 LPL ( 279.2 de la LRJS ) , cuando debió distinguirse, como se ha razonado antes, entre la no readmisión y la indemnización que de ella se derivase, y los salarios de tramitación contenidos en la sentencia, que sí resultarían susceptibles de ser ejecutados, al haberse presentado la petición o acción para ello antes de que transcurriese un año, a contar desde la firmeza de la sentencia"

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

STS 14/07/2014

ROJ: STS 3412/2014)

Recurso: 3038/2013 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA

Resumen: Prestaciones de Seguridad Social: compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente absoluta en dos regímenes distintos de nuestro Sistema de Seguridad Social cuando ha existido sucesión en actividades laborales que dieron lugar al alta en dos regímenes diferentes de la Seguridad Social (primero el REM y después el RGSS) y si el beneficiario reúne los requisitos legales exigidos en cada uno de ellos y con independencia de que se tengan en cuenta para la agravación dolencias ya valoradas en la incapacidad permanente declarada en el otro Régimen. Reitera doctrina: SSTS/IV 15-marzo-1996 (rcud 1316/1995 ), 11-mayo-2010 (rcud 3640/2009 ), 15-julio-2010 (rcud 4445/2009 ), 22-noviembre- 2010 (rcud 233/2010 ) y 20-enero-2011 (rcud 708/2010 )

RECURSO DE SUPLICACIÓN

STS 09/06/2014

ROJ: STS 3299/2014)

Recurso: 2866/2012 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ

Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía y de interés general para recurrir: inadmisión:

una vez que la base reguladora fue reconocida en 579,73 €/mes y que la prestación reconocida a cargo de España ascendía al 62,84% y la pretendida -declarada por la sentencia recurrida- lo era del 82%, es incuestionable que la cuantía litigiosa asciende a 111,08 €/mes y que los atrasos solicitados -desde el 14/01 al 29/12/10- no alcanzarían ni de lejos el límite cuantitativo que permite el acceso a la Suplicación [los 3000 € que seña el art. 191.2.g LRJS ya aplicable al supuesto]. De otra parte también ha de excluirse la concurrencia de la circunstancia de generalidad, habilitante del acceso a la suplicación, puesto que la misma no puede equipararse a todo supuesto de interpretación de una norma de carácter general [los que se denuncian como infringidos], siendo así que no se trata de tomar en consideración el alcance o trascendencia de la interpretación de una disposición legal, sino de averiguar «si la concreta cuestión debatida afecta a todos o a un gran número de trabajadores» (así, entre tantas otras precedentes, SSTS 01/02/10 -rcud 587/09 ; 21/12/10 -rcud 1286/10 -; y 25/01/11 -rcud 1750/10 -), por lo que ha de reiterarse que «la afectación general no está en la proyección teórica del problema debatido o de la disposición aplicada, sino en la amplitud de la conflictividad que se desarrolla en torno al objeto del litigio» ( STS 07/10/11 -rcud 3338/09 -). Conflictividad ausente en el supuesto debatido, como lo prueba el hecho de que -salvo error- la Sala no haya todavía resuelto directamente la cuestión que se suscita en las presentes actuaciones



REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

STS 05/06/2014

ROJ: STS 3323/2014)

Recurso: 9/2013 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO

Resumen: Revisión de sentencias firmes: se desestima al no haberse recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de suplicación que se pretende revisar, por lo que se incumple el requisito de subsidiariedad establecido en el art. 236.1, párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS )

Documento posterior: que el documento en el que se basa sea de fecha posterior a las sentencias que en este procedimiento pretende revisar impide pensar en que tales sentencias fueran ganadas injustamente como el propio sentido de la revisión exige según lo antes visto, pues al no haber tenido el Juez la posibilidad de conocer tal documento por inexistente no puede imputarse a su sentencia la condición de "injusta" a estos efectos

STS 09/06/2014

ROJ: STS 3360/2014)

Recurso: 32/2012 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ Resumen: Revisión de sentencias firmes: documentos recobrados (Art.510.1a) LEC) : no pueden calificarse de documentos recobrados las sentencias de cualquier Orden Jurisdiccional recaídas con posterioridad a la que se quiere rescindir, porque -tal como con acierto recuerda el Ministerio Fiscal- es doctrina jurisprudencial consolidada que los documentos a que hace referencia el art. 510 LECiv «han de ser de fecha, necesariamente, anterior a la propia de la sentencia que se pretende revisar, pues este es el sentido literal y lógico que hay que dar al verbo "recobrar", desde siempre utilizado en la redacción de este motivo revisorio de sentencias firmes.

Determinación de contingencia divergente en dos resoluciones judiciales: El posible acierto o desacierto en la primera calificación en manera alguna predetermina el de la segunda; y menos rescindir una resolución judicial que con todo acierto apreció excepción de cosa juzgada en el reexamen judicial de la calificación que ahora se pretende -inadecuadamente- por esta excepcional por vía rescisoria

TRABAJOS DE COLABORACIÓN SOCIAL

STS 11/06/2014

ROJ: STS 3305/2014)

Recurso: 1772/2013 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA

Resumen: Trabajos de colaboración social: una Administración Pública no puede lícitamente utilizar la figura del denominado "contrato temporal de colaboración social", regulado en los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio , que estableció diversas medidas de fomento del empleo, y en el art. 213.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS ), para contratar trabajadores que van a desarrollar tareas normales y permanentes de la Administración contratante.

Cuando los servicios prestados se corresponden con las actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación durante más de dos años a partir de sucesivas prórrogas. Por ello, la contratación efectuada no tiene amparo en el art. 213.3 LGSS ni en el Real Decreto 1445/1982 y, en consecuencia, no juega la exclusión de laboralidad prevista en el primero de tales preceptos y, al no existir tampoco causa válida de temporalidad, la denuncia extintiva formulada por la empresa constituye un despido improcedente.

Reitera doctrina: STS 22 de Enero de 2014


TRABAJOS DE CATEGORÍA SUPERIOR

STS 07/07/2014

ROJ: STS 3411/2014

Recurso: 2519/2013 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ

Resumen: Trabajos de categoría superior: la trabajadora demandante, que tiene reconocida la categoría profesional de cuidadora auxiliar, grupo IV, categoría 4, no puede percibir las retribuciones referidas al grupo III, categoría 99, con arreglo a lo previsto en el V Convenio Colectivo único de la Xunta de Galicia. La razón es que el V Convenio, y como consecuencia de una situación histórica anterior a la prestación de servicios que inició la demandante , recoge en el mismo Anexo II y en el Grupo III, con un nivel retributivo superior al de la demandante y con el número 99 la categoría de " Cuidador/a a extinguir" . Se trata de personas que habían desempeño y desempeñan funciones similares a las de la actora, y las de otras trabajadoras que han presentado reclamaciones semejantes, a quienes se les reconoció esa condición, esa categoría, reflejada después en la negociación colectiva como una categoría a extinguir, vinculada con las personas que la habían obtenido, pero no así para quienes se sujetaron después en el momento de su ingreso a las previsiones del V Convenio, razón por la que nunca les fue aplicable aquél sistema transitorio derivado de una situación anterior, temporalmente destinado a su paulatina desaparición por su especialidad



STS 09/07/2014

ROJ: STS 3367/2014

Recurso: 2507/2013 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN

Resumen: Trabajos de categoría superior: la trabajadora demandante, que tiene reconocida la categoría profesional de cuidadora auxiliar, grupo IV, categoría 4, no puede percibir las retribuciones referidas al grupo III, categoría 99, con arreglo a lo previsto en el V Convenio Colectivo único de la Xunta de Galicia. La razón es que el V Convenio, y como consecuencia de una situación histórica anterior a la prestación de servicios que inició la demandante , recoge en el mismo Anexo II y en el Grupo III, con un nivel retributivo superior al de la demandante y con el número 99 la categoría de " Cuidador/a a extinguir" . Se trata de personas que habían desempeño y desempeñan funciones similares a las de la actora, y las de otras trabajadoras que han presentado reclamaciones semejantes, a quienes se les reconoció esa condición, esa categoría, reflejada después en la negociación colectiva como una categoría a extinguir, vinculada con las personas que la habían obtenido, pero no así para quienes se sujetaron después en el momento de su ingreso a las previsiones del V Convenio, razón por la que nunca les fue aplicable aquél sistema transitorio derivado de una situación anterior, temporalmente destinado a su paulatina desaparición por su especialidad



STS 15/07/2014

ROJ: STS 3331/2014)

Recurso: 2001/2013 | Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL

Resumen: Trabajos de categoría superior: los actores trabajan, con la categoría de Técnicos Auxiliares, en varios Centros de Menores de Ejecución de Medidas Judiciales que son gestionados por la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. A consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores (posteriormente modificada por L.O. 7/2000, de 22-12, por L.O. 9/2000, de 22-12 y por L.O. 8/2006, de 4-12) y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30-7, vienen desarrollando tareas de un nivel superior, propias de la categoría de Técnicos Especialistas, como consecuencia de las nuevas necesidades de los Centros derivadas del cumplimiento de esos textos normativos.

El TS considera que hay que incardinar a estos trabajadores en la categoría de especialistas y no en la de meros auxiliares, por mucho que continúen haciendo algunas funciones comunes a ambas categorías

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

A 1/09/2014 no constan en la web del TJUE sentencias posteriores a la de 17/07/2014 recaída en el asunto C169/14, promovido por Juan Carlos Sánchez Morcillo y María del Carmen Abril García frente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., que se recogió en el prontuario de julio 2014

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RESÚMENES NORMATIVOS


Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (BOE 17 de septiembre): ASPECTOS AFECTANTES AL ORDEN SOCIAL

MODIFICACIÓN DE LA LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO

PRECEPTO AFECTADO

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

Artículo 13. Competencias (del Servicio Público de Empleo Estatal ) (art 16 de la Ley): MODIFICACIÓN DE LA LETRA f)

El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:

(…)


f) Potenciar el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal con una red en todo el territorio del Estado, que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo, en coordinación con los distintos Observatorios que, en su caso, establezcan los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas

El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:

(…)


f) Gestionar el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, con una red en todo el territorio del Estado, que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo, en colaboración con las Comunidades Autónomas

MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

PRECEPTO AFECTADO

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

Artículo 10. Funcionarios interinos (art. 28 Uno y Dos de la Ley): MODIFICACIÓN DE LA LETRA c) DEL APARTADO 1 Y ADICIÓN DE UN NUEVO APARTADO 6

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses


1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses.

(…)


6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos (art. 28 Tres de la Ley): MODIFICACIÓN DE LA LETRA k)

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

(…)


k) Por asuntos particulares, cuatro días cada año

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

(…)


k) Por asuntos particulares, cinco días al año

AFECTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PERMISOS A CONVENIOS, PACTOS Y ACUERDOS EXISTENTES

Disposición adicional duodécima. Límites al permiso por asuntos particulares derivados de los Acuerdos, Pactos y Convenios suscritos por las Administraciones Públicas.

La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva redacción dada al artículo 48, letra k), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la presente Ley



Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas (art. 28 Cuatro de la Ley): MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino



RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA PREVISIÓN ANTERIOR

Disposición transitoria novena. Régimen aplicable al cese de los funcionarios de carrera que hayan obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Lo previsto en el artículo 28, apartado cuatro de esta Ley, por el que se modifica el artículo 84.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a la obligación de la Administración de origen de asignar un puesto de trabajo a aquellos funcionarios de carrera pertenecientes a la misma que hayan sido cesados en un puesto de trabajo en otra Administración Pública obtenido por el procedimiento de libre designación, será de aplicación a los funcionarios de carrera que obtengan un puesto de trabajo por dicho procedimiento en otra Administración Pública a partir de la entrada en vigor de esta Ley.



En este sentido, los funcionarios de carrera que habiendo obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública antes de la entrada en vigor de esta reforma fueran cesados en dicho puesto o el mismo fuera objeto de supresión, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración

ADICIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL DUOCÉCIMA

- - - -

Disposición adicional duodécima. Personal militar que preste servicios en la Administración civil.

1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración civil en los términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa.

2. Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de aplicación la normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo; vacaciones, permisos y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación del servicio sólo podrá imponerse por el Ministro de Defensa.

No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración civil.

Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en su condición de militares de carrera, y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar no conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado.

Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera.

Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la Administración civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la Administración militar en la situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación los criterios existentes en estos supuestos para el personal funcionario civil

MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL, SOBRE HABILITACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

PRECEPTO AFECTADO

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

ADICIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA (Disposición final décima de la Ley)

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Disposición adicional única. Régimen jurídico de los consorcios sanitarios.

1. Los consorcios sanitarios cuyo objeto principal sea la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud están adscritos a la Administración sanitaria responsable de la gestión estos servicios en su ámbito territorial de actuación y su régimen jurídico es el establecido en esta disposición y, subsidiariamente, en aquello no regulado en esta Ley, la normativa que regula con carácter general el resto de consorcios administrativos.

2. Los consorcios sanitarios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración sanitaria a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración sanitaria a la que este adscrito el consorcio.

3. El personal al servicio de los consorcios sanitarios podrá ser funcionario, estatutario o laboral procedente de las Administraciones participantes o laboral en caso de ser contratado directamente por el consorcio. El personal laboral contratado directamente por los consorcios sanitarios adscritos a una misma Administración se someterá al mismo régimen. El régimen jurídico del personal del consorcio será el que corresponda de acuerdo con su naturaleza y procedencia

OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES

PERÍODO TRANSITORIO DE DOS AÑOS PARA EL USO DE CERTIFICADOS NO ELECTRÓNICOS EN MATERIA DE DESEMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Disposición adicional octava. Aplicación del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a determinados órganos de la Administración General del Estado

1. Durante un período transitorio de dos años, podrán seguir utilizándose certificados no reconocidos en los procedimientos y servicios del Servicio Público de Empleo Estatal y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, existentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, sin que, durante el referido plazo, les resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, respecto a la admisión de los certificados reconocidos incluidos en la lista de servicios de confianza.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán exigir la acreditación previa ante sus oficinas de la identidad y, en su caso, relación de representación de los interesados para la realización de trámites por vía electrónica en los procedimientos que así lo requieran


ENTRADA EN VIGOR: 18 de Septiembre de 2014

Disposición final undécima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado





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