La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim



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XXXI ASAMBLEA DE DELEGADAS OEA/Ser.L/II.2.31

29 – 31 de octubre de 2002 CIM/doc.9/02

Punta Cana, República Dominicana 27 agosto, 2002

Original: Inglés



TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑOS
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO
(Punto IV c. del Diálogo de Jefas de Delegación)

ÍNDICE

Panorama general: Necesidad de una perspectiva global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
I. Introducción: El tráfico en las Américas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
II. El Proyecto sobre Tráfico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
III. Definiciones y Conceptos Fundamentales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IV. Contexto Socioeconómico: Pobreza y Migración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
V. Tráfico Sexual en la Región. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
VI. Mecanismos de respuesta: Política y Legislación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
VII. Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
VIII. Recomendaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
IX. Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

APÉNDICES
Cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A (69)
Cuadro de Ratificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B (74)
Mecanismos Regionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C (76)
Prácticas Óptimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D (77)
Índice de los documentos de Naciones Unidas sobre Tráfico de Mujeres y Niños. . . E (79)
Tráfico en los Medios Televisivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F(105)

PANORAMA GENERAL: NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Para la mayoría de las personas, la esclavitud es una reliquia aterradora del pasado, pero aproximadamente dos millones de mujeres y niños son sometidos a la servidumbre sexual en el mundo, la mitad de los cuales se calcula son traficados por la fuerza, el engaño o la coerción económica. Además, las fuentes sugieren que entre 100.000 y 200.000 mujeres y niños, algunos de apenas seis años de edad, son traficados anualmente a través de las fronteras, con fines de explotación sexual. Muchas de estas personas nunca llegan a la edad de 30 años. Mueren de SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual, de falta de salud, de abuso físico y psicológico, de violencia y de uso indebido de drogas. El tráfico de personas es uno de los problemas de derechos humanos más angustiantes de nuestro tiempo. Sin embargo, esta situación trágica ha despertado una respuesta mínima de parte de la mayoría de los gobiernos del mundo.
El fenómeno se ve incitado por diversos factores, entre los que cabe mencionar la pobreza, los conflictos y la intranquilidad política, y actitudes de género que provocan desigualdad en las oportunidades y una indiferencia general por la suerte de las mujeres y las niñas. El advenimiento de la globalización ha exacerbado el problema creando lo que algunos denominan oportunidades de mercado para los traficantes de seres humanos y quienes los explotan. La liberalización de fronteras y la flexibilización del movimiento de personas a través de ellas ha incrementado las oportunidades para la migración ilegal y, cuando este contrabando ilegal de seres humanos a través de las fronteras se conecta con su venta para la explotación sexual, la actividad se torna sustancialmente más redituable. El tráfico de personas constituye una actividad delictiva internacional que ocupa el tercer lugar por los lucros que genera, después del narcotráfico y el comercio de armas.
Las políticas gubernamentales actuales en los distintos países del mundo sólo estimulan o facilitan el tráfico y hacen más víctimas a quienes lo padecen. Si bien el carácter clandestino del tráfico torna prácticamente imposible el procesamiento de los responsables de este comercio sin la cooperación de las personas víctimas de esta actividad, la mayoría de éstas no encuentran incentivo para cooperar con los gobiernos en la identificación de quienes las explotan. Al dirigirse a las autoridades, arriesgan ser detenidas, su propio procesamiento por prostitución y otros delitos, la deportación involuntaria o la repatriación, y represalias de los traficantes. Raramente reciben asistencia legal, atención médica u otras formas de apoyo. Esta política de penalizar a las mujeres que realizan actividades sexuales no sólo las vuelve a victimizar, sino que, con frecuencia, las obliga a permanecer bajo el control de quienes las explotan.
Debido a la alta rentabilidad de esta actividad, en muchos países se ha tornado parte de organizaciones delictivas pequeñas y grandes. Las pequeñas organizaciones se limitan al contrabando ilegal transfronterizo de personas o combinan esta actividad con la venta de mujeres y niños a otras organizaciones. Las más grandes, que explotan directamente a las personas traficadas, también pueden participar de las actividades de contrabando transfronterizo. Las personas traficadas son vendidas y revendidas como mercancías a otros explotadores.
Por supuesto que existen distinciones regionales en forma, incidencia y manifestaciones. Las modalidades de tráfico de África a Europa difieren de las que se registran dentro de América Latina, el sudeste asiático o el subcontinente indio. Sin embargo, invariablemente, el resultado final es que las mujeres y los niños terminan desesperadamente atrapados en la esclavitud sexual sin grandes posibilidades de escapar a su situación.
Buena parte de la energía que se canaliza para combatir esta horrenda práctica lamentablemente sigue siendo absorbida por el debate permanente en torno al consentimiento, es decir, si una persona puede consentir que se facilite su migración a situaciones de explotación sexual. Algunos argumentan una presunción irrefutable de invalidez de todo acuerdo para prostituirse y otras formas de tareas sexuales, en base al carácter de explotación de ese trabajo. Otros apoyan esta posición en base a su opinión de que los contratos como trabajadoras sexuales es resultado de la coacción económica o el abuso de la vulnerabilidad económica de la persona. Quienes se encuentran del otro lado en este debate, consideran que las mujeres pueden contratar voluntariamente como trabajadoras sexuales y que debe reconocerse esa opción.
A diferencia del caso de las mujeres, existe consenso en cuanto a la incapacidad de los menores para consentir con validez su explotación sexual. Sin embargo, inclusive esta certeza se diluye debido a los distintos conceptos acerca de la mayoría de edad y otros aspectos sociales sobre cuándo un niño adquiere la condición de adulto en las distintas partes del mundo.
Muchos gobiernos se muestran renuentes a reconocer la existencia de la servidumbre y el tráfico sexuales en sus países. Otras naciones evitan el tema para no comprometer a los países en que esa práctica es sustancial pero no se combate. En países donde la prostitución es legal o tolerada, el tráfico sexual queda oculto en una hipótesis generalizada de que la prostitución consiste en la prestación consensual de favores sexuales a cambio de dinero. En consecuencia, la esclavitud sexual tiene apariencia de legitimidad.
La falta de atención y de respuestas concertadas al tráfico en las distintas partes del mundo se explica por distintas razones. Entre ellas, cabe mencionar las siguientes.
Primero, las víctimas raramente denuncian a los traficantes. Las personas traficadas son mantenidas en lugares fuera de las redes de apoyo, con frecuencia se les retienen los documentos que las identifican y los documentos de viaje, y pueden ser amenazadas por sus custodios. Además, los traficantes ejercen poder sobre las víctimas porque en muchas instancias son del mismo país de origen y tienen posibilidades de perjudicar a los familiares de la víctima.
Segundo, las mujeres y los niños traficados con frecuencia provienen de los estratos económicos y sociales más bajos de las sociedades y sus familias carecen de poder económico o político para ejercer presión en las autoridades del Estado y tratar de salvar a sus seres queridos de este horrendo destino. En algunas sociedades, es en efecto la pobreza lo que empuja a las familias a vender a sus niños para lo que consideran son tareas legítimas.
Tercero, las leyes, políticas y las prácticas nacionales han generado una serie de desincentivos contra un combate agresivo del tráfico. La mayor parte de las legislaciones penales nacionales son inadecuadas para hacer frente a este fenómeno contemporáneo. Inclusive cuando esa legislación es suficiente, aspectos de política dificultan la búsqueda de los traficantes, explotadores y proxenetas. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades fiscales de la mayoría de los países ubican a la prostitución como última prioridad en las tareas que les compete. La corrupción entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los que se ocupan de la inmigración contribuye a la falta de investigación y procesamiento. Además, muchas de estas víctimas pueden tener necesidades de servicios médicos y sociales que los Estados se muestran renuentes a suministrar.
Finalmente, los prejuicios económicos, raciales y de género constituyen la premisa informal de la negligencia con que la legislación y las políticas nacionales responden a este fenómeno criminal generalizado. Ello es particularmente así en los países en desarrollo y menos desarrollados, donde las mujeres y los niños son en general los elementos más débiles de la sociedad.
Sea como resultado de condiciones económicas desesperadas o en la esperanza de llegar a mejores niveles, las mujeres y los niños son llevados a creer mediante engaños que las ofertas de trabajo en otros países son legítimas. El atractivo de empleos relativamente bien pagos en el extranjero, que no exigen de conocimiento de idiomas u otras habilidades, como las tareas domésticas, son suficientes para que numerosas mujeres y niños caigan ingenuamente en manos de reclutadores y traficantes.
Independientemente de cómo sean reclutadas estas mujeres y niños, se encuentran transportados a través de las fronteras hacia países que no conocen, donde carecen de apoyo o de contactos y, en la mayoría de los casos, donde hablan el idioma. Son entonces obligados a la servidumbre sexual en lugares como burdeles, bares y casas de masaje, de los que la mayoría no puede salir. Sus explotadores los golpean, los maltratan y deciden qué tipo de servicios sexuales deben desempeñar y la manera en que deben hacerlo. Les suministran vestimenta, alimento, comodidades para dormir y todo lo que se relaciona con su vida. Estos gastos son habitualmente cargados a las víctimas, lo que aumenta su deuda con los explotadores. Los dueños de los burdeles o bares determinan si deben recibir tratamiento médico, cuándo deben recibirlo y de qué tipo será, en los casos de enfermedad, dolencias venéreas y gravidez. Los propietarios también venden a sus víctimas a otros explotadores sexuales. En la mayoría de los casos estas mujeres y niños nunca pueden romper esta relación de esclavitud. Una práctica común de los traficantes es enviciar a las víctimas con drogas como forma de someterlas y de utilizar su dependencia para obligarlas a trabajar. En pocas palabras, la esperanza y la promesa de un empleo legítimo se torna una aborrecible forma de esclavitud moderna.
Algunas veces, estas mujeres y niños se rebelan, sea antes de ingresar al ciclo de dependencia o en el curso del mismo. Si se rebelan, pueden sometidas por sus captores a graves golpizas y actos aterradores tales como las violaciones, que incluyen una tortura física adicional. Si la resistencia continúa y la víctima es asesinada, nadie la cuestiona; se les considera seres humanos desechables.
Los explotadores gozan de una impunidad casi total. Las víctimas no tienen a quién pedir ayuda. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con frecuencia actúan en colusión con los traficantes y explotadores. Inclusive si la víctima logra huir, los agentes de los que busca protección con frecuencia la devuelven a sus captores. El desaliento y la desesperación resultantes son indescriptibles.
La inexistencia de datos empíricos ha permitido que los gobiernos nieguen este fenómeno delictivo y la violación sistemática de derechos humanos. Los Estados Unidos es uno de los pocos países que ha adoptado medidas ambiciosas para erradicar el tráfico en todas sus formas a través de sus fronteras. Después que un informe de la CIA calculó que se traficaban ilegalmente a Estados Unidos para su explotación sexual unas 50.000 mujeres, el Congreso reaccionó con una nueva legislación destinada a penalizar a los traficantes, proteger a las víctimas y evitar futuras actividades de este tipo. La ley de protección de las víctimas del tráfico resultante de esa acción fue promulgada en 2000. En consecuencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha establecido una nueva oficina dotada de expertos para controlar esta actividad en el exterior y elaborar mecanismos para combatirla. En junio de 2002, el Departamento de Estado emitió su segundo informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo. Estos y otros empeños similares deben ser totalmente respaldados mediante el financiamiento y una dotación de personal adecuados, y estimulados como modelos para otras naciones.
En diciembre de 2000, las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional contra el Delito Organizado que incluye un Protocolo para Evitar, Eliminar y Sancionar el Tráfico de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños. Al abordar todas las formas de tráfico de personas, incluida la explotación sexual, el trabajo forzado y la extirpación de órganos, el Protocolo constituye el instrumento internacional más completo que se ha elaborado hasta la fecha. Pese a su aplicabilidad restringida al tráfico de carácter transnacional que involucra a grupos delictivos organizados, constituirá una herramienta valiosa contra estas prácticas. Lamentablemente, ni la Convención ni el Protocolo están vigentes. Hasta la fecha, sólo 16 naciones han ratificado la Convención y 13 han ratificado el Protocolo, de las 40 ratificaciones que se requieren para que entre en vigor.
Otras convenciones referentes a la esclavitud, a prácticas vinculadas a la esclavitud, al tráfico de personas y la explotación internacional de la prostitución han demostrado ser inadecuadas. Un signo elocuente es que sólo un 25% de los países del mundo ha ratificado la Convención de 1949 para la Eliminación del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Parlamento Europeo han expresado su preocupación, al igual que una serie de gobiernos, y ello ha despertado un reciente interés en combatir este fenómeno a nivel mundial. Esta atención debe incorporar programas para documentar mejor las realidades del tráfico. Los datos empíricos permitirán a los gobiernos enfrentar este fenómeno delictivo y el terrible costo que significa para las vidas y la dignidad de los segmentos más vulnerables de la población mundial: las mujeres y los niños. Sólo una mayor indignación de la opinión pública puede poner fin a esta forma cruel de esclavitud humana moderna.

I. INTRODUCCION: EL TRÁFICO EN LAS AMÉRICAS
El tráfico es un fenómeno mundial. Si bien se cuenta con estudios que brindan aportes sobre las características generales de este problema, en el presente estudio se procura pasar de lo general a lo específico. En la presentación de conclusiones, hemos procurado pasar de lo mundial a lo regional y a países concretos. El enfoque de una región geográfica específica, como es este caso, y de países particulares dentro de la región, revela la interacción dinámica entre la legislación y la práctica, que comparte y a veces tolera esta actividad aborrecible.
El tráfico de mujeres y niños para su explotación comercial sexual no es un fenómeno nuevo en las Américas. Después de la Primer Guerra Mundial, la Liga de las Naciones se embarcó en una investigación de tres años sobre el tráfico de mujeres en el mundo. Se llegó entonces a la conclusión de que “América Latina es el mercado de tráfico del mundo...”1/ Los mercados han variado con el tiempo, pasando el comercio a través de distintas regiones, pero la práctica está muy arraigada y sigue siendo un problema sustancial en el continente.
Pese a su larga historia en la región, el tráfico de personas no ha merecido atención de los gobiernos ni ha sido objeto de una acción coordinada para su erradicación. Los primeros empeños de la comunidad internacional para combatir el tráfico de mujeres con fines de prostitución, mediante la aprobación de la Convención para la Eliminación del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución (1949), prácticamente no fueron percibidos ni contaron con la participación de los Estados de América Latina y el Caribe. De los ocho países incluidos en el presente informe, sólo Honduras ratificó la Convención.
El hecho de que los gobiernos de la región no reconozcan o no respondan a la actividad del tráfico ha determinado prácticamente su invisibilidad en la política, en los registros oficiales y la acción del Estado. Ninguno de los países incluidos en el presente estudio cuenta con mecanismos que permitan registrar con precisión la actividad de tráfico. Esta ausencia de registros ha fortalecido un desconocimiento deliberado de la realidad y las prioridades de política han seguido la máxima de “si no lo veo, no existe”.
Este estudio trata de romper ese ciclo de inercia, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de nuevas estrategias para combatir el tráfico formuladas por la comunidad internacional en cooperación con organizaciones de derechos humanos de otras regiones del mundo. Se trata de una labor de exploración, cuyas conclusiones se basan en investigaciones documentales y entrevistas generales con autoridades de los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, expertos independientes y particulares.
El informe comienza con una introducción al estudio y su metodología en la Parte II. En la Parte III se examinan las definiciones y el marco conceptual utilizado en la elaboración de la investigación y el análisis. En la Parte IV se ofrece un perfil socioeconómico de la región y las modalidades generales de la migración en el territorio, cuyas características de muchas maneras informan la actual actividad de tráfico. En la Parte V se ofrece un panorama general de las características del tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual en la región de Centroamérica. Se exploran las rutas del tráfico, los factores de riesgo, las causas de fondo, las condiciones y consecuencias. En la Parte VI se analizan los compromisos internacionales, las políticas nacionales y la legislación nacional pertinente, conjuntamente con las fragilidades detectadas que constituirán los principales obstáculos a un efectivo combate del tráfico en la región. En las Partes VII y VIII se presentan las Conclusiones y Recomendaciones. Se anexan al informe análisis de países en profundidad, que contienen información más detallada sobre la naturaleza del tráfico en cada país, las instituciones responsables y las acciones de la sociedad civil.

II. EL PROYECTO SOBRE TRÁFICO
Desde 1998, el Instituto de Derecho Internacional en Materia de Derechos Humanos (IHRLI) de la Facultad de Derecho de DePaul University ha controlado el creciente problema del tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual comercial. Los estudios preliminares revelaron una sorprendente escasez de datos confiables y completos sobre el fenómeno del tráfico, pese a la creciente atención internacional prestada al tema. En respuesta a esta deficiencia, el IHRLI, en cooperación con la Organización de los Estados Americanos, emprendió una iniciativa de investigación destinada a ofrecer a los gobiernos, los órganos regionales, las organizaciones y los defensores de los derechos humanos la información necesaria para formular planes concretos de acción a efectos de combatir el tráfico y sus efectos en todo el mundo (el Proyecto sobre Tráfico). El estudio de las Américas es realizado con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano del Niño (IIN) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Proyecto sobre Tráfico procura información sobre las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones universitarias y los particulares directamente involucrados y afectados por las prácticas de tráfico, a fin de presentar un análisis social, económico, político y jurídico del tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual comercial. Desde el punto de vista temático, el estudio explora dos preocupaciones de derechos humanos diferentes: primero, el tráfico de mujeres y niños, y, segundo, la explotación sexual comercial. Las categorías más generales del tráfico de personas y la explotación sexual comercial (prostitución, pornografía, turismo sexual, etc.) han sido objeto de un análisis internacional reciente y de la legislación correspondiente, y numerosas organizaciones han destinado esfuerzos al examen de problemas individuales. El IHRLI y sus colaboradores de la OEA, sin embargo, decidieron adoptar un enfoque compuesto debido al carácter interrelacionado de estos problemas. En abril de 2000, después que el IHRLI realizara un relevamiento y un análisis amplio de las leyes, tratados e informes gubernamentales y de la ONU en relación con el tráfico, dicho instituto y la Comisión Interamericana de Mujeres organizaron una consulta de expertos para examinar el tema del tráfico en las Américas y pedir recomendaciones sobre la metodología del proyecto. Los participantes incluían representantes del gobierno de Estados Unidos, expertos de organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, y funcionarios de los organismos y las misiones de la OEA. Con las contribuciones de esta reunión, se formuló un proyecto piloto para estudiar nueve países: Brasil y una subregión amplia de Centroamérica (Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). El proyecto tenía el propósito de evaluar la existencia del tráfico sexual en América Latina y el Caribe, realizar un relevamiento de las políticas y programas existentes en respuesta al problema e identificar las necesidades locales y regionales para formular estrategias efectivas de combate de este flagelo.
A. Metodología
El Proyecto sobre Tráfico incluye cuatro elementos fundamentales: 1) colaboración con las organizaciones de contrapartida en cada país participante; 2) iniciación de un debate público sobre el tema del tráfico mediante una consulta nacional en cada país participantes; 3) evaluación general del tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual, y 4) uso de las conclusiones del estudio para recomendar medidas concretas a nivel regional y nacional, en respuesta al tráfico. En la implementación real del proyecto, se separó la región ampliada de Centroamérica del Brasil. En el presente informe figuran únicamente los resultados del estudio de Centroamérica y la República Dominicana.
Entre marzo y mayo de 2001, se mantuvieron Consultas Nacionales en cada país participante para introducir el proyecto, conceptualizar y examinar sus términos, identificar las posibles fuentes de información y crear conciencia en la opinión pública sobre el tema del tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual. Esas reuniones incluían la participación de ONG nacionales, organismos del Estado, organizaciones internacionales, universidades y medios de prensa.
Después de las Consultas Nacionales, las contrapartes de cada país, con excepción de Belice, iniciaron un período de investigación de nueve meses en relación con el tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual en cada uno de sus países. Las contrapartidas recogieron todo el material escrito disponible sobre el tráfico y aspectos afines, incluidas la legislación y la cobertura de prensa pertinentes. Además, los investigadores procuraron información de los representantes de instituciones gubernamentales, ONG, instituciones de enseñanza y otras que pudieran tener información pertinente. Las entrevistas se basaron en un cuestionario común elaborado para el Proyecto sobre Tráfico.2/
Un segundo período de investigación se realizó entre el 4 y el 13 de febrero de 2002 y el 7 de abril y el 14 de junio de 2002, mediante visitas a los países a cargo de los investigadores del Instituto de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos de DePaul University y de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Se dedicaron a cada país entre cuatro y diez días, en el curso de los cuales los investigadores se reunieron con una amplia gama de protagonistas del Estado (funcionarios policiales y de migración, jueces, fiscales, oficinas de defensores de los derechos humanos, instituciones de bienestar infantil y asuntos de la mujer, ministerios de trabajo y de salud, parlamentos y consulados extranjeros); ONG que actúan en el campo y organizaciones internacionales tales como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Migración, INTERPOL y Save the Children. En los casos en que ello fue posible, los investigadores visitaron las zonas más afectadas por el tráfico, tales como los puntos fronterizos y los puntos de reclutamiento y explotación.
El estudio en la región ampliada de Centroamérica tenía el propósito de evaluar el tráfico en base a la información y los datos disponibles. Sin embargo, la recolección de datos precisos planteó un gran desafío para los investigadores. En primer lugar, a raíz de la violencia, el abuso, la coacción, los traumas y estigmas vinculados al tráfico, las víctimas tienden a mantener silencio, como es común en la mayoría de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Siguen existiendo desincentivos institucionales tales como las políticas que penalizan y no protegen a las víctimas y procedimientos judiciales que tienden a volver a hacer víctimas a las personas traficadas, nuevos elementos que estimulan el silencio. En segundo lugar, las denuncias públicas por parte de líderes sociales y dirigentes políticos son muy raras. Como tabú social, la industria del sexo se mantiene oculta. Análogamente, normas culturales que incluyen conceptos de sexualidad y género fomentan la aceptación de la explotación sexual en el tráfico. Estos elementos, en conjunto, aseguran que el conocimiento de la actividad de tráfico no pase de lo anecdótico. En tercer lugar, como es característico del mercado negro, la información esencial se mantiene en secreto. Los traficantes están siempre un paso más adelante que los encargados de hacer cumplir la ley, cuya capacidad de indagación es sumamente limitada debido a las restricciones humanas, técnicas y financieras. La corrupción de la policía, de los funcionarios de inmigración y de otros funcionarios del Estado y de los sectores más poderosos de las comunidades, que en ciertos parajes han demostrado que participan en el comercio, también protegen la información. Por último, los escasos datos que llegan a las oficinas gubernamentales con frecuencia se pierden debido a una gestión y una coordinación deficiente e insuficiente.
La información más confiable y sistemática de que dispusieron los investigadores provenía de los consulados que con frecuencia intervienen directamente en casos de tráfico internacional que afectan a sus nacionales, y de los proveedores de los servicios de salud (gubernamentales y no gubernamentales) que tiene acceso periódico y contacto con las personas en la industria del sexo, incluidas las personas traficadas y los traficantes. Pero inclusive estas fuentes admiten que no pueden ofrecer un panorama completo del problema. En general, los consulados ven sólo a las personas que han huido a su experiencia con el tráfico; los funcionarios del sector salud, por su parte, asisten sólo a la población más visible que trabaja en la calle, en los parques, los mercados, los bares relativamente abiertos y otros establecimientos. A partir de todos los indicios, el sector que incluye el mayor número de casos de tráfico –mujeres y menores que son atrapados y/u obligados a permanecer ocultos- es el menos accesible.
En el presente estudio se procuran examinar las características fundamentales del tráfico para la explotación sexual en la región. Ello incluye las causas y vulnerabilidades de fondo como las redes de tráfico, sus rutas, las respuestas que han dado las instituciones gubernamentales y la sociedad civil y la legislación nacional e internacional aplicable. Si bien las respuestas del gobierno y de la sociedad civil al tráfico han sido mínimas, los investigadores detectaron un gran interés y una gran voluntad de parte de estos grupos de participar en la formulación e implementación de estrategias para erradicar este flagelo. Muchas de las propuestas ofrecidas por los entrevistados están reflejadas en las recomendaciones regionales y específicas de cada país. Esta iniciativa de investigación fue un primer paso para sacar a luz la brutal realidad del tráfico sexual en América Central y el Caribe. Sigue siendo necesario realizar una investigación más focalizada para fortalecer y completar nuestra comprensión de esta moderna práctica de esclavitud.



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