La responsabilidad social del Contador Público en el contexto de la contabilidad pública


Los contadores, lo público y lo social



Descargar 291.5 Kb.
Página4/4
Fecha de conversión10.12.2017
Tamaño291.5 Kb.
Vistas213
Descargas0
1   2   3   4

Los contadores, lo público y lo social




El interés público y la responsabilidad social en la visión de ifac

La Federación Internacional de Contadores (ifac, por sus siglas en inglés)30 se ha pronunciado expresamente sobre el interés público y la responsabilidad social de la profesión contable.


En su Código de Ética se dice31:
100.1 A distinguishing mark of the accountancy profession is its acceptance of the responsibility to act in the public interest. Therefore, a professional accountant’s* responsibility is not exclusively to satisfy the needs of an individual client or employer. In acting in the public interest a professional accountant should observe and comply with the ethical requirements of this Code.
En IES 4 PROFESSIONAL VALUES, ETHICS AND ATTITUDES32 se señala:
15. The coverage of values and attitudes in education programs for professional accountants should lead to a commitment to:

(a) the public interest and sensitivity to social responsibilities;

(b) continual improvement and lifelong learning;

(c) reliability, responsibility, timeliness, courtesy and respect; and

(d) laws and regulations.
16. While the approach of each program to the learning of professional values, ethics and attitudes will reflect its own national and cultural environment and objectives, as a minimum all programs should include:

(a) the nature of ethics;

(b) differences of detailed rules-based and framework approaches to ethics, their advantages and drawbacks;

(c) compliance with the fundamental ethical principles of integrity, objectivity, commitment to professional competence and due care, and confidentiality;

(d) professional behavior and compliance with technical standards;

(e) concepts of independence, skepticism, accountability and public expectations;

(f) ethics and the profession: social responsibility;

(g) ethics and law, including the relationship between laws, regulations and the public interest;

(h) consequences of unethical behavior to the individual, to the profession and to society at large;

(i) ethics in relation to business and good governance; and

(j) ethics and the individual professional accountant: whistle blowing, conflicts of interest, ethical dilemmas and their resolution.
En el campo específico de la contabilidad pública ifac manifiesta33:
5. The objectives of the IPSASB are to serve the public interest by developing high quality public sector financial reporting standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of financial reporting throughout the world. The IPSASB achieves its objectives by:

• Issuing International Public Sector Accounting Standards (IPSASs);

• Promoting their acceptance and the international convergence to these standards; and

• Publishing other documents which provide guidance on issues and experiences in financial reporting in the public sector.



La responsabilidad social en la formación del contador público colombiano

Se leía en el Decreto NÚMERO 939 DE 2002 (Mayo 10) “Por el cual se establecen estándares de calidad en programas profesionales de pregrado en contaduría pública”:


Área de formación socio-humanística: Comprende saberes y prácticas que complementan la formación integral del contador público, orientados a proporcionar una visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo interdisciplinario y el trabajo con profesionales de otras disciplinas y profesiones. Hace también relación al desarrollo de los valores éticos y morales, dado que su ejercicio profesional incorpora alta responsabilidad social por ser depositario de la confianza pública.
Se lee en la RESOLUCIÓN NÚMERO 3459 DE 2003 (Diciembre 30) “Por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de formación profesional de pregrado en contaduría pública”:
3.3. Área de formación sociohumanística. Comprende saberes y prácticas que complementan la formación integral del contador público, orientados a proporcionar una visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo interdisciplinario y el trabajo con profesionales de otras disciplinas y profesiones. Hace también relación al desarrollo de los valores éticos y morales, dado que su ejercicio profesional incorpora alta responsabilidad social por ser depositario de la confianza pública.

La reforma del Estado

A todo lo largo de la Tierra, el Estado entró en crisis. La opinión pública lo doblegó resaltando su ineficiencia. Consecuentemente el Estado perdió legitimidad. Ya no le bastó su origen legal, porque lo legal no necesariamente era lo justo ni lo eficaz. La Humanidad emprendió la reforma de su inmenso aparato. Se intenta imponer la gobernanza, la cual ya aludimos.



La información y la reforma del Estado

Varios paradigmas y postulados perdieron vigencia. El Estado debe rendir cuentas a la sociedad, no solamente a sus propios órganos de control político. Las cuentas han de prepararse según reglas que garanticen su calidad, superando las presentaciones meramente presupuestales, limitadas a un período, diseñadas bajo el sistema de caja. Tales cuentas deben ser dictaminadas de acuerdo con estándares técnicos. Atrás deben quedar las doctas opiniones, más hijas de las ideologías y de las conveniencias partidistas que de las disciplinas de la supervisión. Los habitantes deben tener acceso a la información. La confidencialidad o reserva legal de los documentos ha de ser notoriamente reducida. Sin dejar de valorar los esfuerzos, la eficacia y la eficiencia habrán de juzgarse con base en los resultados. Tales resultados deben beneficiar principal y primariamente a los menos favorecidos. La reducción de la pobreza es un objetivo mundial.



La reforma del Estado colombiano

De alguna manera, el Estado colombiano no ha llegado a la madurez. Se suceden en el tiempo, casi sin intermedios, las reformas constitucionales y administrativas. Ni siquiera la gigantesca modificación de 1968 fue suficiente. En la actualidad nos encontramos adelantado un programa de renovación de la administración pública.


Como puede verse en el documento conpes 3248 de 20 de octubre de 200334, el Estado colombiano padecía (para muchos aún padece) de:
A. Proliferación administrativa

B. Desarticulación de los niveles del Estado

C. Complejidad administrativa

D. Ausencia de transparencia

E. Ineficiencia e ineficacia

F. Deficiencia en los procesos estructurales


Se adopta entonces el
(…) Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), en desarrollo de la directiva presidencial No 10 de 2002. Dicho Programa busca adecuar la administración pública a los requerimientos de un Estado Comunitario, racionalizando funciones, redimensionando el tamaño de las estructuras administrativas y fortaleciendo su capacidad para cumplir con sus objetivos esenciales. En conjunto, el programa se propone adecuar la administración pública a las necesidades y a las condiciones del país y contribuir a fortalecer su capacidad para brindar seguridad democrática, sanear las finanzas públicas, promover la equidad, garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenible de la economía. (…)
Nos proponemos un Estado comunitario que se distinga por ser:


  • Participativo

  • Gerencial

  • Descentralizado

Conceptualizamos el Estado participativo así:


(…) El Estado Comunitario parte de la reivindicación de lo público desde la perspectiva de la ciudadanía, buscando un ciudadano más protagonista de la evolución de la sociedad, involucrado en la construcción, la gestión y el control de lo público. El desafío para la gestión pública es construir y multiplicar los espacios de lo público, en procura de procesos abiertos de participación que fomenten una reflexión y una deliberación colectiva, para la realización de los intereses comunes.

El ciudadano no sólo es receptor de los productos y usuario de los servicios del Estado, sino que además es parte activa en la construcción social a través de los procesos integrales de definición, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión pública. (…)



La información y la reforma del Estado colombiano

El seguimiento y evaluación de la gestión pública implica un flujo de información cualificado. En términos del documento conpes que venimos reseñando:


(…) Igualmente, en el Estado Comunitario el ciudadano tiene la responsabilidad política de ejercer el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas y de la gestión estatal, procurando la transparencia y la buena utilización de los recursos públicos. En efecto, ningún esfuerzo del aparato estatal es efectivo si no cuenta con el respaldo ciudadano; y para que este respaldo sea eficaz, el ciudadano debe contar con una información confiable, pública y en tiempo real. (…)
Los sistemas de información son cuestionados:
(…) Las entidades públicas generadoras de información se encuentran desarticuladas y no existe un mecanismo institucional que oriente sus acciones de forma estratégica y coordinada de acuerdo con los fines del Estado y la agenda de gobierno. En consecuencia, la inversión realizada en información es atomizada y dispersa, presentándose un uso ineficiente de los recursos económicos e institucionales.

La inversión total en información entre los años 1996 y 2002 fue de $2.445.211 millones de pesos constantes de 2001; la mayor inversión se presenta en el año 1999 con un 28.1% del total. Así mismo, entre los años 1996 y 1997 se presenta la menor inversión con un 19.5% y 19.9% del total respectivamente. La entidad con mayor inversión en información entre el período 1996 – 2002 fue el DANE, con un total de $218.234 millones de pesos constantes de 2001; la de menor inversión en el mismo período fue el IDEAM con un total de $52.369 millones de pesos constantes del 2001 (ver Anexo No.4).

Esta situación ha generado conflictos de competencias y duplicidad de esfuerzos en la producción, la actualización y la digitalización de la información, implicando una mala utilización del espacio físico y de la plataforma tecnológica.

Como aspectos críticos de la situación actual de los sistemas de información en Colombia se encuentra que: faltan estándares en la información oficial que faciliten su intercambio y uso; no existen criterios ni acuerdos para definir las prioridades y acotar la información oficial básica que se debe producir en el país; no hay claridad en cuanto a los derechos de propiedad y de autor de la información generada por el Estado; no se cuenta con una visión de sector que oriente la ejecución y la prospección de la información oficial básica; la inversión en información no necesariamente responde a las prioridades de los usuarios y del Estado; la información generada no siempre es accesible y utilizable por los usuarios ya que es incompleta, parcial y poco confiable; y no existen líneas base de información concertadas y avaladas por las diferentes entidades productoras de información básica. (…)


Las deficiencias de información alcanzan el sistema contable. Por ejemplo:
(…) La información inmobiliaria del Estado es precaria. De las más de 300 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, la Contaduría General de la Nación cuenta con información reportada para 187 de ellas. Dicha información muestra que las entidades que han reportado al menos una vez, poseen 25.000 inmuebles. (…)
Consecuentemente nos proponemos:
(…) Sistemas de información: El propósito es lograr una gestión pública moderna que tenga como eje la información. La política en este campo incluye una estrategia integral sobre la obtención, la administración y el uso de la información estratégica, incluyendo el esquema institucional recomendable. Con estas reformas el Gobierno propondrá un esquema institucional de racionalización de la estructura institucional, la optimización de la cooperación entre los sectores público y privado, y la transparencia y la confiabilidad de la información resultante.

Igualmente, se procurará garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la aplicabilidad de la información oficial básica relacionada con los aspectos sociodemográficos, el territorio y el medio ambiente. Para esto se estructurará el Sistema Nacional de Información Oficial que reordene las entidades públicas encargadas de la gestión de la información oficial del país, buscando la optimización de su calidad, accesibilidad y uso adecuado. (…)


Organizamos coinfo con los siguientes objetivos35:
1. Definir las estrategias y los programas para la producción de la información necesaria, para lograr una óptima generación de bienes y servicios públicos por parte del Estado. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía del DANE, en la producción de la información oficial básica.

2. Generar los escenarios adecuados que permitan a los ciudadanos tener acceso a la información necesaria para garantizar la transparencia de la administración pública y para que puedan ejercer un efectivo control social. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía del DANE, en la producción de la información oficial básica.

3. Optimizar mediante el uso de medios tecnológicos, la calidad, la eficiencia y la agilidad en las relaciones de la administración pública con el ciudadano, con sus proveedores, y de las entidades de la administración pública entre sí.

4. Establecer mecanismos tendientes a eliminar la duplicidad de solicitud de información o la solicitud de información innecesaria a los ciudadanos.

5. Optimizar la inversión en tecnologías de información y de comunicaciones de la administración pública.

6. Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión pública, mediante la producción, el manejo y el intercambio de información y uso de tecnologías de información y comunicaciones de la administración pública.

7. Asegurar la coherencia, la coordinación y la ejecución de las políticas definidas para la estrategia Gobierno en Línea a través del Programa Agenda de Conectividad.

La Contaduría General de la Nación

En el contexto del Estado al cual pertenece, la Contaduría General de la Nación expresa sus objetivos institucionales de la siguiente manera36:


1. Mejorar la calidad de la información contable y estadística pública reportada por los entes para suministrar una información razonable y socialmente útil.

2. Posicionar los productos y servicios de la CGN como herramienta de gestión de las autoridades económicas y usuarios estratégicos para el análisis de las finanzas públicas.

3. Modernizar los procesos misionales de la CGN, mediante tecnología de punta.

4. Armonizar las normas, procesos y procedimientos en materia de contabilidad pública expedidas por la CGN con los estándares internacionales para la transparencia fiscal.

5. Modernizar la CGN con el propósito de gerenciar con eficiencia y eficacia el talento humano y los recursos financieros, tecnológicos y logísticos de los que dispone.

6. Ampliar la competencia, incidencia e intervención de la CGN conducente a una mayor participación institucional, gremial y de la comunidad contable.


En octubre de 2005 suscribió un plan de mejoramiento, que a marzo del 2007 presentaba un cumplimiento del 67%37
Su informe de gestión respecto del año 2006 reportó un altísimo nivel de cumplimiento de sus metas.38

Objetivos de la contabilidad pública en Colombia

Recientemente la Contaduría General de la Nación actualizó el Plan General de Contabilidad Pública39. De acuerdo con su Marco Conceptual40:


85. Los objetivos de la información contable pública buscan hacer útiles los estados, informes y reportes contables considerados de manera individual, agregada y consolidada provistos por el SNCP, satisfaciendo el conjunto de necesidades específicas y demandas de los distintos usuarios. En este sentido, el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad Pública identifica como objetivos de la información contable los de Gestión Pública, Control Público, y Divulgación y Cultura.

86. Los objetivos de Gestión Pública y Control Público se establecen a partir de las necesidades de los usuarios y de los criterios que delimitan la entidad contable pública en el sistema de contabilidad; mientras que el de Divulgación y Cultura, considera demandas de carácter genérico, aun cuando los usuarios para efectos analíticos o de compilación, requieren información distinta según se trate de uno u otro sector, subsector o entidad en particular.

87. El objetivo de Gestión Pública implica que la información contable sirve principalmente a la entidad contable pública que la produce, y de forma agregada y consolidada para la gestión de los sectores o subsectores a los que pertenece. Dicho objetivo se encuentra asociado a los límites, posibilidad y capacidad de adoptar decisiones, para ejecutar los planes y ajustar su accionar a partir de los resultados obtenidos durante un período determinado; en este sentido, la contabilidad pública produce la información necesaria para adelantar, entre otras, las siguientes acciones:

88. Determinar el patrimonio público.

89. Tomar decisiones tendientes a optimizar la gestión eficiente de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público, de modo que mediante su aplicación y uso, se logre un impacto social positivo en la comunidad.

90. Determinar la producción y distribución de los bienes y servicios de la entidad contable pública.

91. Aportar a la determinación de la situación del endeudamiento y la capacidad de pago de las entidades contables públicas.

92. Permitir el diseño y adopción de políticas para el manejo eficiente de los ingresos y del gasto público, orientados al cumplimiento de los fines del Estado.

93. Apoyar la determinación de los montos de asignaciones presupuestales.

94. Servir de insumo para alimentar subsistemas estadísticos que determinen la producción y distribución de los bienes y recursos explotados por el Sector Público, y su impacto en la economía, facilitando el seguimiento de comportamientos agregados.

95. El objetivo de Control Público permite su ejercicio en dos niveles, interno y externo. Al interior de la entidad, mediante el sistema de control interno y, a nivel externo, a través de diferentes instancias tales como la ciudadanía, las corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de control, inspección y vigilancia. Esto implica la existencia de diferentes modalidades de vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos, como el control interno, político, disciplinario, fiscal y ciudadano. Por lo tanto, se considera que la información contable pública sirve entre otros aspectos, para:

96. Evaluar la aplicación y destinación eficiente de los recursos en los diferentes sectores de la acción social del Estado.

97. Permitir el seguimiento a la gestión y los resultados de las entidades del Sector Público, así como al cumplimiento de la legalidad de sus operaciones, para que los recursos y el patrimonio públicos se utilicen en forma transparente, eficiente y eficaz.

98. Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos del nivel u orden nacional y territorial, en función de los objetivos, metas y prioridades para la política económica, social y ambiental, en concordancia con la ejecución presupuestal.

99. El objetivo de Divulgación y Cultura satisface necesidades generales de información para adelantar estudios e investigaciones que sean de conocimiento público y generación de cultura sobre el uso de los recursos públicos. Para cumplir con dicho objetivo, la información contable pública permite, entre otras acciones: generar cultura sobre el uso de la información que provee el SNCP; divulgar la situación y resultados del sector público; y proveer información para investigaciones de carácter académico.

Informe de auditoría sobre el Balance General

Se lee en el Informe de Auditoría del Balance General de la Nación 2005:41
En cumplimiento de lo establecido en el último inciso del artículo 268 y el parágrafo del artículo 354 de la Constitución, la Contraloría General de la República (CGR) presenta en este informe los resultados de la auditoría al Balance General de la Nación del año 2005, el cual fue consolidado por la Contaduría General de la Nación (CGN) y presentado a la Contraloría para el respectivo examen.

Esta auditoría consiste en un examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, para evaluar y verificar las operaciones que han dado lugar a una muestra de 230 estados contables de las 355 entidades consolidadas en 2005 por la CGN para el nivel nacional, las cuales representan el 90,5% de los activos de la Nación. Las opiniones contables que en virtud de la auditoría se emiten a cada una de las entidades de la muestra, se ponderan por su participación en los activos para dictaminar si el balance general consolidado presenta razonablemente la situación financiera de la Nación.

Por tercer año consecutivo, la situación financiera de la Nación arroja un dictamen con salvedades. Ello obedece a que la mayoría de las entidades, 129 de aquellas a las cuales se les dictaminó su balance, equivalentes al 57,6%, obtuvieron esta calificación. Si bien lo deseable es lograr opiniones contables limpias de observaciones, hay que destacar que esa calificación solamente la lograron 56 entidades, es decir el 28,1% del total de las auditadas. Al sumar las entidades cuyo dictamen obtuvo opinión limpia con aquellas que obtuvieron opinión con salvedades, se obtiene que el 85,7% se encuentra en una de estas dos categorías. Las 45 entidades restantes de la muestra, equivalentes al 14,3%, obtuvieron opiniones contables negativas o con abstención.

En perspectiva, este resultado es positivo si se considera que antes de 2003, durante cinco años consecutivos, el dictamen sobre el balance consolidado de la Nación fue negativo. El notorio mejoramiento de las opiniones contables en 2005 se evidencia al contrastar esos resultados con los obtenidos en la auditoría realizada en 2004. En efecto, el año pasado, el 66,6% de las entidades auditadas obtuvo opiniones contables limpias (15,9%) y con salvedades (50,7%), mientras que 33,4% fueron negativas y con abstención. Así mismo, aunque la magnitud de los hallazgos de los activos se redujo en 2005 en $19,1 billones con respecto a 2004, no sucedió lo mismo con los pasivos, que se incrementaron en $28,9 billones.

Al logro de estos resultados ha contribuido la aplicación por parte de las distintas entidades públicas de las Leyes 716 de 2001 y 901 de 2004 sobre saneamiento contable, ya que esas normas facilitaron la depuración, los ajustes y las reclasificaciones que permiten tener unos estados contables que reflejen con más exactitud la realidad financiera de las entidades públicas. No obstante, a pesar de las bondades de estas normas, su utilización no fue generalizada y en algunas entidades aún persisten problemas que pudieron haber sido resueltos durante la vigencia de estas leyes. Así mismo, hay que destacar que los planes de mejoramiento que las entidades públicas han formulado con base en los informes de auditoría de la CGR han contribuido a subsanar y corregir glosas de tipo contable financiero que en el pasado no permitían un dictamen siquiera con salvedades para muchas entidades.

En cuanto a los resultados de la auditoría al proceso de consolidación, la Contraloría reitera la observación de los últimos años sobre la necesidad de garantizar mayor estabilidad en la definición de los parámetros que identifican y eliminan las operaciones recíprocas. La determinación exacta y rigurosa de los hechos económicos entre entidades públicas, sus transacciones y las respectivas cuentas para su registro son clave para garantizar un proceso exitoso de consolidación de los estados contables de la Nación. Es deseable que en cada proceso de consolidación si minimicen el número y el monto de nuevas transacciones recíprocas, de tal suerte que se evite el frecuente uso de algoritmos específicos porque ello le resta confiabilidad en la comparación de los consolidados entre un año y otro.

Por otra parte, es importante continuar con los esfuerzos adelantados para garantizar plena revelación de los derechos y obligaciones de la Nación para con terceros. Este es el caso del pasivo pensional, pues si bien la CGN adopta un mecanismo ad hoc para incorporar una estimación en el pasivo, cuyo cálculo proviene del Ministerio de Hacienda, su posterior neutralización en una cuenta de cálculo actuarial por amortizar en el mismo pasivo no permite revelar ningún impacto sobre el patrimonio, toda vez que sobre esas pensiones no existen reservas que las respalden en el activo. No obstante, la CGR comparte el carácter contingente de este pasivo cuando su estimación abarca un horizonte de tiempo de 50 años.

Las discusiones técnicas que alrededor del tema pensional se han adelantado entre la CGR, la CGN y el Ministerio de Hacienda, a la luz de los estándares internacionales de registros contables, han conducido a un consenso institucional en el sentido de que el carácter contingente de las pensiones se puede considerar a partir de un horizonte temporal mayor a los 10 años. Ello quiere decir que el valor de los cálculos actuariales menores a 10 años se debería considerar pasivos ciertos con efecto sobre el patrimonio si no existen reservas en el activo que respalden este pasivo. Si este es el consenso, sería deseable que se materialice en normas y reglas para que las entidades públicas responsables de estas obligaciones las implementen cuanto antes.

Revelar esta situación es alertar sobre las dificultades financieras del futuro inmediato y ello es saludable para que incluso su registro en términos de flujos sea considerado en marco fiscal de mediano plazo

Algunas cuestiones para resaltar

Planteado como ha quedado un contexto para nuestra reflexión, procede centrar la atención en algunas cuestiones, las cuales pretendo únicamente introducir para que, si corren con suerte, sean objeto de mayores disquisiciones futuras:




  • Gobernanza de la infraestructura

  • Integridad de la información

  • Calidad de la información

  • Oportunidad de la información

  • Difusión de la información

  • Acceso a la información

  • Verificación de la utilidad de la información



Gobernanza de la infraestructura

La infraestructura del sistema nacional de contabilidad pública es por demás extensa y compleja. Incorpora una apreciable cantidad de personas, implica grandes recursos tecnológicos, invoca fuertes procesos de articulación y consume una importante cantidad de recursos monetarios.


El concepto de responsabilidad social impone un mejoramiento permanente de la infraestructura.
En primer lugar es necesario que ella sea eficaz. Ha de producir la información que de ella se espera.
En segundo lugar es necesario que la infraestructura sea cada vez más eficiente. Se debe medir expresamente su costo – beneficio.
En tercer lugar es necesario que la infraestructura asigne adecuadamente sus recursos, logrando un resultado equilibrado.
En cuarto lugar la infraestructura debe ser proteger al máximo el medio ambiente
En quinto la infraestructura debe difundir la verdad apoyando así la realización de la justicia.

Integridad de la información

Si se consideran los largos años en que prácticamente no existía contabilidad financiera sino contabilidad presupuestaria, son notorios los avances del sistema nacional de contabilidad pública en cuanto a la incorporación de entidades a la formación de los estados consolidados. Con todo aún quedan entidades por participar debidamente del sistema. La responsabilidad social exige alcanzar y mantener el 100% de cobertura.


De otra parte es también necesario que el sistema logre identificar e incorporar todos los hechos contables.

Calidad de la información

Como en todo sistema contable, la pretensión debe ser la exactitud. Esto debe buscarse de forma sistemática, ajustando el monto de error tolerable.


Introduzco aquí la pretensión de exactitud en su doble vertiente de clase y cuantía.
Resalto que las técnicas de clasificación y de valuación permanentemente son mejoradas, de manera que es normal enfrentar replanteamiento de los métodos y reexpresiones de los datos.
En el mundo moderno la calidad de la información se asocia con la aplicación de estándares de general aceptación.

Oportunidad de la información

La periodicidad de la información ha sido cuestionada y, de alguna manera, superada. Hoy se quisiera saber de los hechos cuando ellos suceden. Las herramientas tecnológicas han revolucionado lo que es posible hacer en esta materia. Por ello el final del camino es la información “en línea”.



Difusión de la información

Primero la información era confidencial. Luego esporádica. En muchos casos tenía que ser solicitada. Hoy la información debe ser enviada oficiosamente, no simplemente puesta a disposición.



Acceso a la información

Todos deben poder usar la información, sin tener que sortear obstáculos. La información del Estado debería ser gratuita para el usuario. Se deben mantener las series documentales.


Verificación de la utilidad de la información

Sistemáticamente debe medirse la cantidad de usuarios, realizarse estudios de lecturabilidad y evaluaciones de costo – beneficio para los usuarios.



Reflexión final

Contribuir al bien común es un imperativo social. El sistema nacional de contabilidad pública tiene la función social de contribuir a la formación de un Estado cuya contribución al bien común sea adecuada y significativa. Su apoyo, imprescindible en la rendición de cuentas, es condición que hace posible el ejercicio pleno del derecho a la información, pilar básico de la transparencia. La información permite tomar conciencia de lo hecho y lo por hacer, principio de la responsabilidad social.


Muchas gracias por su atención.
Bogotá, 24 de junio de 2007.

1 Abogado javeriano. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y Asesor del Vicerrector Administrativo en la Pontificia Universidad Javeriana. Consultor independiente. Miembro del Colegio de Abogados Javerianos. Socio honorario de la Sociedad de Contadores Javerianos.

2 V CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, “Expresiones Socioeconómicas de la Contabilidad Pública”, Bogotá, 10, 11 y 12 de julio de 2007

3 Los organizadores del Congreso han previsto una intervención oral de 45 minutos.

4 Véase http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=responsabilidad (consultada el 24 de mayo de 2007)

5 Véase http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=4451259&vernum=0 (consultada el 24 de mayo de 2007)

6 Véase http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/4590938/4590941/N0062_Revised_Draft_Text_for_Input_to_WD3__22May07.pdf?nodeid=6450811&vernum=0 (consultada el 28 de mayo de 2007)

7 Sala Novena de Revisión. Sentencia T-224 de junio 15 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 6063 de diciembre 6 de 2001, Consejero Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

9 Nuria Cunill Grau. Repensando lo público a través de lo social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – clad. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela 1977, páginas 27 y 28.

10 (3) Es preciso recordar que la oposición se refiere a “no Estado” y Estado. Para los iusnaturalistas el Estado es equivalente a sociedad política o sociedad civil. Como lo remarca Bobbio (1986a:55) “en cuanto antitético al estado de naturaleza, el estado civil es un estado ‘artificial’, producto, se diría hoy, de la cultura y no de la naturaleza (donde viene la ambigüedad del término ‘civil’ que significa al mismo tiempo ‘político’ de civitas y civilizado de civilitas”.

11 Nuria Cunill Grau, obra citada, páginas 67 a 69.

12 Véase http://www.unit.org.uy/misc/responsabilidadsocial/pNT-21_WD2_ISO_26000.doc (consultada el 28 de mayo de 2007)

13 Véase http://www1.us.es/pautadatos/publico/asignaturas/12949/8349/%c9tica%20de%20la%20empresa,%20no%20s%f3lo%20responsabilidad%20social.pdf (consultada el 28 de mayo de 2007)

14 Véase http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/4591396/4591399/ISO_TMB_WG_SR_TG5_N_065_Draft_ISO_26000_clause_6__guidance_on_SR_core_issues___incomplete__24_may_2007.pdf?nodeid=6449800&vernum=0 (consultada el 28 de mayo de 2007)

15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-595 de agosto de 1999, magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz

16 Véase http://www.thesocialagenda.com/espanol/articulo4.htm#10 (consultada el 10 de junio de 2007)

17 Sala Plena, sentencia No 86, julio 25 de 1991. Expediente 2273. Magistrados Ponentes: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez - Dr. Pablo J. Cáceres Corrales

18 Sala Plena, sentencia C-145 de marzo 23 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero

19 (29) El interés público como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires, Depalma, 1989, págs. 237-238.

20 (30) Los derechos en serio. Trad. De Marta Guastavino, ed. Ariel, Barcelona, 1984, pág. 196.

21 (31) DE JUAN ASENJO, Oscar. La constitución económica española. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1984, págs. 81-82.

22 Véase http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/09254061966870928610046/008587_4.pdf (consultada el 10 de junio de 2007)

23 Véase http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=gobernanza (consultada el 10 de junio de 2007)

24 Véase LA GOBERNANZA EUROPEA UN LIBRO BLANCO Bruselas, 25.7.2001 COM (2001) 428 final en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf (consultada el 10 de junio de 2007)

25 3 Véase la Comunicación de la Comisión sobre un nuevo marco de cooperación para la política de información y comunicación de la Unión Europea, COM (2001) 354, de 27.6.2001.

26 4 www.europa.eu.int

27 Véase http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/datas.htm (consultada el 11 de junio de 2007)

28 Véase http://www.fsforum.org/compendium/key_standards_for_sound_financial_system.html (consultada el 11 de junio de 2007)

29 Véase http://dsbb.imf.org/vgn/images/pdfs/gdds_oct_2003.pdf (consultada el 11 de junio de 2007)

30 Véase http://www.ifac.org/ en la cual se lee: “IFAC is comprised of 155 members and associates in 118 countries, representing over 2.5 million accountants. Member bodies participate in IFAC's Member Body Compliance Program, demonstrating their commitment to promoting high quality standards for the world's accountants. Over 150 responses to Part 1 and more than 120 responses to Part 2 of the Compliance Program have been posted to IFAC's website. A complete list of IFAC member bodies and their contact information may be obtained by clicking here.” (consultada el 10 de junio de 2007)

31 Véase http://www.ifac.org/Members/DownLoads/2005_Code_of_Ethics.pdf (consultada el 10 de junio de 2007)

32 Véase en http://www.ifac.org/Members/DownLoads/IES_4.pdf (consultada el 10 de junio de 2007)

33 Véase 2007 IFAC HANDBOOK OF INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD PRONOUNCEMENTS en http://www.ifac.org/Members/DownLoads/2007_IPSASB_Handbook.pdf (consultada el 10 de junio de 2007)

34 Véase en http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3248.pdf consultada el 23 de junio de 2007. Las citas de esta sección se refieren todas a este documento conpes.

35 Véase el Decreto 3816 de 2003 en http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/coinfo_%20Institucionales/decreto3816_2003.pdf (consultada el 23 de junio de 2007)

36 Véase http://www.contaduria.gov.co/InfoGeral_Objetivos.htm (consultada el 23 de junio de 2007)

37 Véase http://www.contaduria.gov.co/PlanesMejoramiento/Planmejoramiento31-03-07.pdf (consultada el 23 de junio de 2007)

38 Véase http://www.contaduria.gov.co/Metas/Infogesdic2006.pdf (consultada el 23 de junio de 2006)

39 Véase http://www.contaduria.gov.co/RegimenContabilidadPublica/res222.pdf (consultada el 23 de junio de 2007)

40 Véase http://www.contaduria.gov.co/RegimenContabilidadPublica/plan_general.pdf (consultada 23 de junio de 2007)

41 Véase en http://www.contraloriagen.gov.co:8081/internet/central_doc/Archivos/286/Auditoría_2005_1.pdf (consultada el 24 de junio de 2007)





Compartir con tus amigos:
1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos