La responsabilidad social del Contador Público en el contexto de la contabilidad pública



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La responsabilidad social del Contador Público en el contexto de la contabilidad pública

Hernando Bermúdez Gómez1





La responsabilidad social del Contador Público en el contexto de la contabilidad pública 1

Proemio 2

Conceptos preliminares 2

Concepto de responsabilidad 2

Concepto de responsabilidad social 3

Concepto de contador público 4

Concepto de contabilidad pública 5

Lo público y lo estatal 5

El discurso de la responsabilidad social 8

Los principios de la responsabilidad social 9

Cumplimiento de la ley 9

Respeto de las normas internacionales de conducta 9

Reconocimiento de las partes relacionadas y de sus preocupaciones 10

Rendición de cuentas 11

Transparencia 11

Desarrollo sostenible 11

Conducta ética 12

Prudencia 12

Respeto por los derechos humanos fundamentales 12

Respeto por la diversidad 12

Asuntos contemplados por la responsabilidad social 12

Conceptos relacionados 14

La función social 15

El bien común 16

El interés público 18

La gobernanza 19

Exigencias del Sistema General de Divulgación de Datos 20

Los contadores, lo público y lo social 21

El interés público y la responsabilidad social en la visión de ifac 21

La responsabilidad social en la formación del contador público colombiano 22

La reforma del Estado 23

La información y la reforma del Estado 23

La reforma del Estado colombiano 23

La información y la reforma del Estado colombiano 24

La Contaduría General de la Nación 26

Objetivos de la contabilidad pública en Colombia 26

Informe de auditoría sobre el Balance General 28

Algunas cuestiones para resaltar 29

Gobernanza de la infraestructura 29

Integridad de la información 30

Calidad de la información 30

Oportunidad de la información 30

Difusión de la información 31

Acceso a la información 31

Verificación de la utilidad de la información 31

Reflexión final 31





Proemio

Saludo y agradezco a los asistentes al y a los organizadores del V CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA2, por la deferencia que me permite exponer estas breves reflexiones sobre la responsabilidad social del contador público en el contexto de la contabilidad pública. También agradezco a mis compañeros docentes por la confianza que depositaron en mí.


La naturaleza y duración de esta intervención3 impone la expresión sucinta de muchas cuestiones que, ciertamente, son bastante más profundas de lo que esta presentación hará visible.
Empezaré esbozando el contexto que creo delimita el tema de mi reflexión y terminaré refiriéndome a unas pocas pero importantes cuestiones en que, en el ámbito del sistema nacional de contabilidad pública, es necesario trabajar todos los días en aras de una mayor responsabilidad social.

Conceptos preliminares




Concepto de responsabilidad

El Diccionario de la Real Academia Española recoge una clásica concepción jurídica, conforme a la cual responsabilidad es la


Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente4
En cuanto capacidad, la responsabilidad implica que el respectivo sujeto esté facultado para razonar debidamente. Muchas disciplinas, como la filosofía, la biología, la medicina, la psicología, la antropología, la sociología, la política y el derecho, se preguntan y responden cuáles son las condiciones o circunstancias en que un ser tiene conciencia y dominio sobre sus actos.
En cuanto sujeto activo del derecho, el concepto de responsabilidad comprende tanto a las personas físicas, también llamadas naturales, como a las personas morales, más usualmente aludidas como personas jurídicas. El sustrato de las personas jurídicas suele ser una organización, un colectivo. Mas no toda organización o colectivo es considerada como sujeto activo del derecho.
El reconocimiento y la aceptación de las consecuencias de los propios actos, implica la conciencia. Hablamos así del cargo de conciencia, del examen de conciencia, de la libertad de conciencia, de la objeción de conciencia, de la voz de la conciencia.
La responsabilidad se predica siempre de los propios actos. Este es un tema altamente complejo por virtud de los casos en los cuales una persona es llamada a responder como consecuencia de actos realizados por otros, como sus hijos menores de edad, sus estudiantes, sus empleados, sus subordinados. Pero, insisto, en todo caso se responde por los propios actos.
La responsabilidad presupone la autonomía. Si un ser es sometido por la fuerza, el engaño o por hechos irresistibles (fuerza mayor y caso fortuito), no será responsable. Hasta qué punto los procesos heterónomos implican responsabilidad es otra cuestión de gran complejidad. Se presentan situaciones tan diversas como el deber de responder por las obligaciones legales (que nos son impuestas por el Estado) o la exclusión de la responsabilidad por la intervención de un tercero.

Concepto de responsabilidad social

Para finales de 2008 se espera la expedición de la iso 26000 que proporcionaría una guía en materia de responsabilidad social5.


Uno de los objetivos del estándar en preparación es presentar una definición del término responsabilidad social. Hasta el momento contamos con borradores que nos muestran cuál podría llegar a ser tal definición. En ISO/TMB/WG SR TG4 N0062 Revised TG4 Draft Text (Input to WD3) 22 May 2007 – Page 1(9)6 se lee:
social responsibility

responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the

environment, through transparent and ethical behaviour that

- is consistent with sustainable development and the welfare of society;

- takes into account the expectations of stakeholders;

- is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and

- is integrated throughout the organization

NOTE Activities include products and services


Nuestra Corte Constitucional sostuvo7:
La responsabilidad social es una manifestación propia del hombre. No sólo es un compromiso tácito del individuo con la sociedad, sino la apertura del hombre hacia los demás. Todo asociado debe responderle, con servicios directos o indirectos, a la sociedad, como retribución proporcionada a los beneficios que ésta brinda a cada uno de sus componentes.

Concepto de contador público

En la actualidad la Ley 43 de 1990 dice:


ART. 1º—Del contador público. Se entiende por contador público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. (...)
Por aquellas cosas que solo resultan comprensibles bajo la luz de la Historia, en Colombia a todo contable le llamamos contador público. Creo que esto fue y es un error.
Hija de concepciones hoy superadas, nuestra ley centra su definición en el concepto de persona natural, mientras el Mundo prefiere referirse al concepto de firma.
Obsérvese que esta definición se remite a lo que hace el contador y no a sus conocimientos y habilidades.
Más aún: resalta una nota que por importante no llega a ser esencial: la función de dar fe pública sobre ciertos actos.
Así también ella pueda admitir censura y mejoramiento, me gusta mucho más la concepción implícita en el artículo 35 de la Ley 43 de 1990, conforme a la cual:
(...) La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. (...)
Sostuvo el Consejo de Estado8:
El ejercicio de la profesión contable y de las actividades atinentes comportan un significativo grado de responsabilidad social, independientemente de que se ejerzan por personas naturales o jurídicas. Su tarea involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe a la estabilidad económica y social de la comunidad.

Concepto de contabilidad pública

Al organizar la Contaduría General de la Nación, la Ley 298 de 1996 se refirió reiteradamente a la contabilidad pública y al sistema nacional de contabilidad pública. Sobre éste y aquélla expresó:


ARTÍCULO 7o. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública es el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad, estructurados lógicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración pública.
ART. 10.—Contabilidad pública. Para efectos de la presente ley, la contabilidad pública comprende, además de la Contabilidad General de la Nación, la de las entidades u organismos descentralizados, territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y la de cualquier otra entidad que maneje o administre recursos públicos y sólo en lo relacionado con éstos.
Se descubre aquí una concepción grandemente enraizada en nuestra cultura política, conforme a la cual lo estatal es lo público o, si se quiere, lo público es lo estatal.
En todo caso se debe ser muy cuidadoso con los términos. Para algunos las expresiones contabilidad nacional, contabilidad pública, contabilidad estatal, contabilidad gubernamental, pueden ser sinónimos. Para otros cada una de esas expresiones puede remitir a cuestiones distintas.

Lo público y lo estatal

Por mucho que esté afincada tal concepción, es indispensable señalar que para las ciencias sociales, especialmente la ciencia política, hace rato que lo estatal no necesariamente es lo público ni lo público necesariamente es estatal. Si se confunde lo público y lo estatal, entre otras cosas es imposible entender el concepto de sociedad civil así como la función de las organizaciones no gubernamentales.


La génesis de la identificación de lo público con lo estatal fue descrita por Cunill así9:
La falacia de la circunscripción de lo público en la esfera estatal

Pertenece a Cicerón la definición de res pública como “cosa del pueblo”, donde por ésta se entiende una sociedad que se mantiene integrada no sólo por los vínculos jurídicos, sino por la utilidad común (Bobbio, 1989:14). A ella se opone la singularum utilitas, o sea la utilidad de los individuos. En la ciudad-Estado griega, por su parte, la esfera de la polis está separada de la esfera del oikos, en la que cada uno ha de apropiarse aisladamente de lo suyo. Sin embargo, esta contraposición entre público y privado pierde validez durante la Edad Media en la medida en que ambas esferas se mezclan en una unidad y pueden ser tratadas como objetos del derecho privado. La oposición sólo remite a elementos comunitarios: lo que es públicamente accesible y de uso común versus lo que es particular – de interés privado – o distinguido con derechos particulares, con inmunidades y privilegios (Habermas, 1986: 45-46).

Existe coincidencia en reconocer que si bien las categorías público-privado eran relevantes en la época antigua, sólo adquieren significación histórica con la separación entre el Estado y la sociedad que acaece en el proceso de construcción de la sociedad moderna. La emancipación del poder político tanto del poder religioso como del poder económico que caracteriza la ruptura con el feudalismo, crea una escisión entre las esferas pública y privada. Lo público es lo que corresponde al Estado, los servidores del Estado son personas “públicas” que tienen un oficio “público”, los establecimientos de la autoridad son “públicos”. Por su parte, la esfera de lo privado alude a la exclusión de la esfera del aparato estatal, a lo que corresponde a los asuntos domésticos y económicos, e incluso religiosos. En sí, la llamada libertad religiosa que tiene lugar con la Reforma, garantiza históricamente la primera esfera de autonomía privada (Habermas, 1986: 50).

La correspondiente polarización del poder soberano comienza a hacerse visible con la separación del presupuesto público respecto de los bienes privados del señor feudal. Con la burocracia y el cuerpo militar se objetivan las instituciones del poder público. A partir de los estamentos, se desarrollan los elementos señoriales, convirtiéndose en órganos del poder público (Habermas, 1986: 51). Este proceso de asimilación del poder político – el Estado – al poder público – lo que es de interés común –, y su consecuente justificación, es el tema que recorre las diferentes doctrinas políticas denominadas iusnaturalistas que se desarrollan desde los inicios del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII. El modelo, aunque abarca teóricos que propugnan distintos tipos de regímenes, e incluso de valores, se caracteriza (Bobbio, 1986a) por un intento de construir una teoría racional del Estado, asumiéndolo como un artefacto acordado – contractualmente – por los hombres para “eliminar los defectos” del estado de naturaleza (inseguridad, inestabilidad, aislamiento, etc.), pero a la vez para preservarlo dado su carácter de sede de los derechos individuales – naturales –, particularmente de la propiedad y seguridad.

Con tales teorías cobran significación, entre otras, dos ideas fuerza: la preeminencia del individuo sobre cualquier forma de asociación distinta del Estado y la representación de la sociedad civil como enteramente privada.

Por una parte, la dicotomía entre estado de naturaleza y estado civil (3)10 – político – expresa la promesa de un conjunto de individuos que pueden prescindir de cualquier forma de asociación o de entes intermedios. Es el Estado el que representa la unión de los individuos para la defensa de sus intereses. El interés de los individuos resulta así subsumido por el Estado que aparece como el único con derecho y posibilidad no sólo de satisfacerlo, sino de expresarlo. De allí que “en la base de este modelo está por un lado, una concepción individualista del Estado y por otro, una concepción estatista que significa racionalización de la sociedad; los individuos sin Estado o el Estado compuesto por individuos” (Bobbio, 1986a: 137).

Por otra parte, la asimilación de lo público a lo estatal sustrae de la conciencia el hecho de que la denominada esfera privada también tiene una dimensión pública. Con las teorías iusnaturalistas cobra relevancia no sólo la distinción entre el hombre y lo colectivo, sino entre el momento no político y el político. El primero representa el estado de la naturaleza conformado por individuos aislados que actúan en función de pasiones, instintos e intereses, pero que a la vez son libres e iguales. En sí, la libertad e igualdad – para intercambiar – y sus correlatos, la propiedad y el contrato, aparecen como los derechos básicos, a la vez pre-políticos. La sociedad política o Estado se constituye a partir del estado de naturaleza, en tanto sede de esos derechos individuales naturales y encuentra la legitimación de su existencia en el respeto de la “naturaleza” de la sociedad, asumida como no política. Se perfila así una oposición entre lo político-público y lo económico-privado que vela el hecho de que es precisamente en este último ámbito donde se constituye no sólo la condición de realización del capitalismo, sino el fundamento de su específica forma de democratización.

En la práctica, el desarrollo de la sociedad moderna no sólo está signado por la separación entre el Estado y la sociedad, y con ello, entre las esferas pública y privada. Lo que resulta clave es que esta separación no es tajante, en la medida en que es en el ámbito privado-mercantil donde lo público encuentra originalmente su real expresión.


A renglón seguido, Cunill describe cómo es que esa identidad entre lo público y lo estatal se transforma, refiriéndose a:


  • La democratización del Estado como problema y el desarrollo de la esfera pública en la sociedad burguesa: el primer desplazamiento de lo público hacia lo social

  • La crisis de la democracia en el Estado: el segundo desplazamiento de lo público hacia lo social

  • La crisis de la democracia misma: lo público difuminado

Luego Cunill se refiere a La recuperación y ampliación de lo público en lo social y concluye así11:


Recapitulación: las funciones de lo público en lo social

De las consideraciones esbozadas resalta que la recuperación y ampliación de la esfera pública está planteada en términos de la posibilidad de que opere como esfera que medie entre el Estado y la sociedad, ejerciendo sobre aquél una función de crítica y control. Se trata de poner en el tapete, como ha sido enunciado, la cuestión de la organización de la sociedad, en tanto asunto que concierne a ella misma, trascendiendo la visión clásica de la “soberanía popular”. Esta noción requiere ser recreada, sobre todo si se considera que en su despliegue práctico, ha estado acotada a la esfera pública burguesa la que, no obstante su aparente ampliación, ha devenido en el curso de este siglo en su difuminación como esfera separada del Estado, vaciando de contenido el principio de la legitimación democrática del poder.

El supuesto implícito tras la demanda de la recuperación de la esfera pública es que la sociedad pertenece al ámbito privado y que, en este sentido, es analíticamente distinguible del Estado. Por otra parte, el supuesto que sustenta la demanda de ampliación de dicha esfera es que existen, en el seno de la sociedad, sujetos distintos a los tradicionales, con capacidad y posibilidad de influir en las decisiones públicas - estatales.

La influencia en las decisiones públicas, en el marco de la auto-organización de la sociedad, no admitiría, sin embargo, un modelo unilineal. Desde la Teoría Crítica es posible plantear la influencia por vía indirecta, aportando fundamentos normativos distintos a la esfera estatal, de modo tal de contribuir a la generación democrática de opinión y voluntad política. Por otra parte, en el marco de una teoría política de la sociedad civil, también cabe expresar la influencia en forma directa, tanto plasmada en instancias de mediación en la propia institucionalidad estatal como ejercida a través de una política de inclusión de nuevos actores políticos en sus instancias de decisión. Bajo esta perspectiva, resultan interpelados, incluso, la propia conformación y el modo de funcionamiento de la organización burocrática.

La posibilidad de alterar la institucionalidad pública surge además asociada a la demanda que se gesta en la sociedad en términos ya no sólo de su auto- organización política, sino social. La esfera pública resulta en este caso movilizada hacia la conquista de poderes sociales y, específicamente, hacia la reivindicación de espacios autónomos en torno a la configuración de la vida social.

Al añadirse a la función de crítica y control sobre el aparato estatal por parte de la esfera social, una función de producción de bienes públicos, surgen analíticamente ámbitos diferenciados de la “publicidad” desde el punto de vista de sus efectos sobre la política. Resultan también tematizadas dos cuestiones centrales. Una, concierne a la propia función de crítica y control; la otra, refiere a la reforma del Estado vista desde la perspectiva de la sociedad.

Con relación a la primera, habida cuenta de que existen asociaciones privadas satisfaciendo necesidades públicas y un traspaso de servicios públicos a su ámbito, además de poderes sociales, es posible interrogarse sobre si las funciones de la “publicidad” no deben estar también referidas a la esfera social misma. La función de crítica y control a través de la cual la esfera pública social media entre la sociedad y el Estado, ¿no debe acaso ser ejercida por la propia sociedad respecto de aquellas organizaciones sociales que cumplen funciones públicas? El Habermas temprano ya reclamaba dos funciones de la publicidad: la racionalización del poder político, pero también la racionalización del poder social. Si la demanda de democratización y de exposición pública de las asociaciones privadas está planteada respecto de aquellas que actúan políticamente en relación al Estado, no hay razones para afirmar que no pueda ser extendida sobre aquellas que satisfacen necesidades públicas, especialmente respecto de las que median sobre la colectividad misma y, más aún, de aquellas que actúan con recursos públicos. Si ello es así, la cuestión que está abierta, parafraseando a Habermas, es la reconstrucción de la “publicidad” política tanto respecto del Estado como de la propia sociedad en sus funciones políticas pero también sociales.

La consideración de la esfera pública en términos de su doble función, puede contextuar además el contenido de las demandas aparentemente contradictorias, de limitar y a la vez de fortalecer el poder estatal. La ampliación de la esfera de producción de bienes públicos desde la sociedad, si bien planteada en principio en términos de restringir el poder del Estado, exigiría, bajo los parámetros de la “publicidad”, del fortalecimiento del Estado en términos de su representatividad, capacidad institucional y responsabilidad pública, de modo tal que la reducción de su ámbito de acción cree condiciones de posibilidad al propio fortalecimiento de la sociedad y no sólo de un segmento de ella, la mercantil. A su vez, la construcción de viabilidad al ejercicio de influencia de la sociedad en las decisiones públicas coloca también una demanda de “publificación” en el Estado. Esta demanda, sin embargo, ha sido analizada fundamentalmente desde el ángulo de la democratización del complejo parlamento - sistema judicial. Pero bajo los términos especificados surge también la necesidad de constituir en objeto de problematización la relación entre burocracia estatal y democracia.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en la actualidad aparece crecientemente reclamado el desarrollo de un esquema de cooperación entre Estado- sociedad, en ambas dimensiones de la publicidad esbozadas, cabe interrogarse acerca de la medida en que el modelo envuelto puede reforzar la institucionalidad pública o, al revés, asentar un mayor grado de corporativismo en lo que concierne a la producción de las decisiones públicas-estatales, así como fomentar la dilución de la responsabilidad pública en la producción de bienes públicos.

En lo que sigue, adoptando el esquema de análisis sugerido, y haciendo especial referencia a América Latina, se analizarán tales cuestiones intentando establecer algunas de las condiciones en que la esfera pública puede resultar fortalecida






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