La protección de la dependencia


Servicios prioritarios que es necesario desarrollar



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Servicios prioritarios que es necesario desarrollar





  • Teleasistencia.

Como señalan los especialistas en la materia, uno de los servicios de mayor eficacia es la teleasistencia domiciliaria, cuya cobertura actual es muy limitada. El servicio de teleasistencia es, en unos casos, un eficaz complemento del servicio de ayuda a domicilio (garantizando la atención de posibles situaciones de emergencia durante el tiempo no cubierto por la prestación de ayuda domiciliaria para el caso de personas que viven solas o que pasan solas una parte importante de la jornada), mientras que en otros funciona como solución alternativa (personas cuya situación no hace necesaria una atención domiciliaria permanente, pero en las que pueden presentarse situaciones de riesgo ante las que es necesario actuar), que permite asignar de forma más eficiente los recursos. En todos los casos, el servicio de teleasistencia proporciona a los usuarios la seguridad de respuesta inmediata ante cualquier emergencia y previene eficazmente las sensaciones de inseguridad, soledad y aislamiento que frecuentemente sienten las personas mayores o con discapacidad severa que viven solas.


El Servicio de Teleasistencia tiene un gran potencial de crecimiento debido a su bajo coste unitario y a los desarrollos tecnológicos que hacen cada vez más eficiente su prestación.
Un objetivo razonable de cobertura del Servicio de Teleasistencia sería atender al 30 por ciento de la población dependiente, lo que supondría garantizar la prestación de teleasistencia domiciliaria a cerca de 650.000 personas.
Los usuarios preferenciales de este servicio serán las personas con dependencia moderada, cualquiera que sea su edad, y las personas mayores que vivan solas o pasen solas la mayor parte de la jornada. El servicio de teleasistencia se prestará también como complemento del Servicio de Ayuda a Domicilio cuando sea necesario en función de situación de dependencia y de las circunstancias personales y familiares de los usuarios.

  • Ayuda a Domicilio.

La ayuda a domicilio ofrece un amplio repertorio de servicios (aseo personal, limpieza del hogar, lavado y planchado de ropa, compra y preparación de comidas, cuidados sanitarios elementales, labores de asistencia personal, acompañamiento, etc.) que permiten que la gran mayoría de las personas en situación de dependencia puedan seguir viviendo en sus hogares. Resulta necesario ofrecer una ayuda domicilio de la extensión, intensidad, diversificación y calidad adecuadas, convenientemente articulada con los demás recursos sociales especializados de atención a la dependencia (residencias asistidas, centros de día, estancias temporales, hospitalización a domicilio, teleasistencia, etc.).


La extensión, intensidad, diversificación y calidad actuales de las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio son claramente insuficientes. Ha de tenerse en cuenta que, para cumplir los objetivos definidos para la década de los noventa por el Plan Gerontológico Nacional, aprobado en 1991, la cifra actual de personas atendidas habría de incrementarse en más de 400.000 personas, y que igualarnos a la media de atención de los países de la Unión Europea con servicios sociales más desarrollados supondría incorporar a cerca de 700.000 nuevos usuarios.
Un objetivo razonable, que permitiría compensar el déficit actual de cobertura, sería aumentar la capacidad de prestación de servicios para atender a alrededor de 500.000 nuevos usuarios. Además, habrá que hacer frente al crecimiento futuro de las necesidades. No obstante, hay que tener en cuenta que para garantizar una atención de calidad es necesario incrementar sustancialmente la media de horas de atención y complementarla, cuando sea necesario, con la prestación del servicio de teleasistencia. También es necesario profesionalizar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, por lo que habrá que hacer un gran esfuerzo de formación del personal.


  • Centros de Día y plazas de estancia diurna en residencias.

Los Centros de Día son una alternativa válida para la atención de las personas en situación de dependencia que, por sus circunstancias personales y familiares, pueden seguir residiendo en su domicilio familiar, pero necesitan una atención continuada durante la jornada diurna. Los Centros de Día permiten cubrir el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas, proporcionándoles la atención y los servicios de rehabilitación que necesitan, y permitir a los miembros de su familia compatibilizar su cuidado con la realización de sus respectivos proyectos vitales. El Centro de Día es un recurso para la atención de las personas en situación de dependencia durante el horario diurno, que previene la institucionalización al hacer posible que personas con necesidades de atención frecuente o continuada puedan seguir pernoctando en sus domicilios familiares.


La cobertura actual de plazas de estancia diurna, repartidas entre los Centros de Día y las residencias, es muy escasa (poco más de 8.000 plazas). El 83% de las plazas de estancia diurna existentes son de titularidad pública. La disponibilidad de plazas en las diferentes CC..AA. es muy desigual. Por otro lado, existen muy pocos Centros de Día que se ajusten a las especificidades y necesidades de cada tipo de discapacidad, cuando las personas con discapacidades de gran dependencia se caracterizan principalmente por su enorme diversidad. Eso implica que pocas de estas personas reciben una atención adecuada a sus necesidades.
Para compensar el déficit actual de cobertura habría que aumentar el número de plazas de estancia diurna en unas 100.000. Además, habrá que hacer frente al crecimiento futuro de las necesidades.


  • Servicios residenciales.

Cuando la discapacidad es muy severa, la permanencia de las personas dependientes en su domicilio se hace difícil, sobre todo a medida que los padres envejecen o fallecen. El deterioro de los niveles de autonomía personal, la necesidad de atención permanente, las circunstancias personales y sociales, el equipamiento y estado de las viviendas y la falta de disponibilidad de los servicios de estancias diurnas son factores que pueden hacer necesario recurrir a un servicio residencial, cuyos modelos y bases es, como ya se ha dicho reiteradamente, de todo punto preciso replantearse.


Los servicios residenciales son prestados por diferentes tipos de centros. Los más comunes son los centros sociosanitarios, las residencias asistidas, las residencias de válidos y las viviendas o apartamentos tutelados.


  • Los centros sociosanitarios son los indicados para personas en situación de dependencia que necesitan atención médica permanente. Generalmente son hospitales reconvertidos. Media estancia. Personas convalecientes de procesos hospitalarios.




  • Las residencias asistidas son centros de larga estancia para personas con dependencia total o severa. Media y larga estancia.




  • Las residencias de “válidos” son centros de larga estancia para personas mayores no dependientes o con un nivel de dependencia moderado. Larga estancia. Sustituyen al hogar permanente.




  • Los apartamentos tutelados son viviendas para personas mayores o con discapacidad, con servicios complementarios de apoyo, como restauración, lavandería, servicios médicos y enfermería. Larga estancia. Sustituyen al hogar permanente.

En España, aunque el número total de plazas en establecimientos residenciales para personas mayores supone, en la actualidad, en torno al 3 por ciento de la población de 65 años y más, menos de la mitad de estas plazas (unas 90.000, esto es, 1,4 plazas por cada cien personas de 65 o más años) pueden acoger a personas mayores dependientes. El 73,7 por ciento de las plazas residenciales actuales son de titularidad privada. Alrededor del 18% de estas plazas están incorporadas a la red pública a través de conciertos. Las entidades privadas con ánimo de lucro y las organizaciones religiosas constituyen la mayoría de la oferta residencial privada.


La cobertura actual de plazas en servicios residenciales (3% de la población mayor de 65 años) es insuficiente. El hecho de que más de la mitad de las plazas disponibles no estén preparadas para la atención de usuarios dependientes agrava esa situación. La baja cobertura de la oferta residencial en España se pone de manifiesto cuando se compara con otros países de la UE (13,5% en Dinamarca, 9% en Holanda). Además, la distribución territorial de las plazas residenciales muestra una situación de fuerte inequidad entre las diferentes Comunidades Autónomas.
En el caso de las personas con discapacidad dependientes, la cobertura de plazas en servicios residenciales es aún menor. Aunque algunos Centros Residenciales están gestionados por las Administraciones Públicas, la gran mayoría de las plazas residenciales son de entidades sin ánimo de lucro promovidas generalmente por los propios familiares de las personas con discapacidad. Muchas de estas plazas se han incorporado en los últimos años a la red pública a través de conciertos. La situación y financiación de estas plazas es totalmente desigual entre las distintas Comunidades Autónomas.
Para compensar el déficit actual de cobertura habría que aumentar el número de plazas residenciales en unas 105.000, y reconvertir gradualmente la totalidad de las plazas que actualmente no pueden ser ocupadas por usuarios dependientes. Además, habrá que hacer frente al crecimiento futuro de las necesidades.


  • Rehabilitación domiciliaria o en el entorno

Existe un número importante de personas con discapacidad severa que por la ausencia de servicios de rehabilitación próximos a su lugar de residencia o imposibilidad familiar para acercar al usuario a estos servicios, no reciben la atención que precisan.


Dichos problemas se acrecientan en el medio rural, especialmente en las zonas donde la población está muy diseminada. La atención rehabilitadora, sobre todo en las primeras etapas de la vida, es fundamental para conseguir el mayor aprovechamiento de las cualidades y aptitudes.
Para retrasar o evitar su institucionalización o el cambio de lugar de residencia de la familia, y por tanto de su entorno social, se precisan servicios de rehabilitación, en algún caso, y de habilitación, en su mayoría, a personas con discapacidad severa pertenecientes al medio rural y poblaciones dispersas, consistentes en proporcionar tratamientos de fisioterapia, logopedia, atención psicológica, atención social, terapia ocupacional y apoyo educativo en el lugar de residencia del usuario.


  • Otros servicios y prestaciones.

La atención integral de las situaciones de dependencia supone el desarrollo de un amplio y complejo repertorio de programas y servicios, entre los que se encuentran los siguientes:




  • Servicios de respiro: estancias temporales en período veraniego de vacaciones, emergencias, estancias nocturnas o en fines de semana...




  • Servicios de comida y lavandería a domicilio.




  • Asistentes personales: personal de apoyo y acompañamiento a personas con discapacidad severa que con ese recurso pueden llevar una vida normalizada.




  • Hospitalización a domicilio.




  • Ayudas técnicas y tecnologías de apoyo asistivas para la autonomía personal y la vida independiente.




  • Ayudas para la adaptación y accesibilidad del domicilio y del entorno.




  • Servicios de Atención temprana.




  • Servicios de habilitación/rehabilitación ambulatoria.




  • Programas de información y formación para familiares cuidadores




  • Programas de formación en servicios sociosanitarios para profesionalizar la atención prestada.

  1. LA COBERTURA DE LA DEPENDENCIA: UNA ALTERNATIVA DE MODELO DE ATENCIÓN.




  1. La configuración del modelo.

Los poderes públicos serán determinantes a la hora de configurar el modelo futuro de atención de la dependencia en España. Aunque existen incertidumbres respecto de cómo será ese modelo, lo más probable es que el diseño del sistema de protección de la dependencia sea parecido al que se propugna para las pensiones y la asistencia sanitaria, esto es, un sistema universal y público como pieza básica de la protección, y otro privado complementario. El nuevo Informe sobre seguimiento del Pacto de Toledo incluye estas ideas, al tiempo que ha iniciado sus trabajos una denominada Comisión de Expertos para el análisis de la dependencia.


Como ha quedado señalado, recientemente el Congreso de los Diputados parte de la necesidad perentoria de configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la globa­lidad, el fenómeno de la dependencia, de modo que se proceda a la regulación de los mecanismos de lucha contra las consecuencias de la dependencia, en la que se recoja la definición de dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección, teniendo en cuenta la distribución de competencias entre las distin­tas administraciones públicas, garantizando los recur­sos necesarios para su financiación y la igualdad de acceso, incluido, en algunos casos, la participación de los usuarios en la financiación de los servicios.


  1. El papel de los diversos agentes.

En la articulación de los mecanismos de cobertura contra los efectos de la dependencia, se hace imprescindible la participación de la sociedad en su conjunto. Por ello, no dejaba de ser sorprendente que en el Acuerdo Social de 2001 únicamente se hiciese mención a la participación de las Administraciones Públicas; sin embargo, en las nuevas Recomendaciones del Pacto de Toledo, el Parlamento parte de la necesidad de que confluyan todos los agentes y actores sociales, al proponer la participación activa de toda la sociedad y con la implicación de la Administración Pública a todos sus niveles




  • Administraciones públicas.

Además del papel regulador que corresponde a los poderes públicos (en sus distintos ámbitos territoriales: Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) a través de la potestad legislativa y reglamentaria, las Administraciones Públicas participan directamente en el sector de la atención a las personas en situación de dependencia como proveedores de servicios. De hecho, las Administraciones, consideradas en su conjunto, siguen siendo el principal proveedor de servicios de atención a estas personas. En los últimos años, sin embargo, el crecimiento de la oferta directa de recursos públicos se ha ralentizado, y cada vez es más alto el porcentaje de recursos públicos que se dedican a la concertación de servicios con la iniciativa privada social y mercantil.


Las características principales de la oferta pública de servicios sociales para personas en situación de dependencia son la dispersión de competencias, los elevados costes de gestión y la buena calidad de los servicios. Por ello, las Administraciones Públicas juegan un importante papel como reguladoras de la oferta, aunque la descentralización de competencias diluye un tanto el impacto de ese poder regulador. Así, por ejemplo, los precios de referencia para la concertación de servicios (y, consecuentemente, los estándares de calidad correspondientes) difieren significativamente de unas Comunidades Autónomas a otras.
Todo parece indicar que se intensificará la actual tendencia a la “externalización” de la gestión, a través de conciertos, y aparecerán nuevas fórmulas de colaboración entre el sector público y los operadores privados dirigidas a incrementar la disponibilidad y a garantizar una mayor asequibilidad de los recursos sociales para la dependencia. Las Administraciones Públicas deberán abordar responsablemente la estandarización de los servicios y la fijación de los precios que se pagan por ellos, que han de responder a los costes reales.
El Sistema de atención a la dependencia debe sustentarse en la responsabilidad pública como garante del adecuado funcionamiento de los servicios, extremando las medidas de control y seguimiento, especialmente sobre la intervención de las empresas con ánimo de lucro, ante los riesgos de indefensión de los atendidos y favoreciendo la igualdad de oportunidades. Los costes de los servicios destinados a la discapacidad severa son elevados porque requieren una atención integral que incida en todos los aspectos de la persona. Las Administraciones Públicas deben reconocer también la diversidad de situaciones y dotar de los recursos suficientes para una atención digna, verificando la calidad de los servicios y prestaciones.
Las Administraciones públicas también deberán velar por los derechos propios de las personas con discapacidad severa, especialmente de ancianos de gran dependencia o sin familia, y por la calidad de los servicios que reciben.


  • Los “gestores”.

Los gestores serán, sin duda, los actores claves en el proceso de crecimiento del mercado de la atención de la dependencia. En el ámbito de los servicios residenciales se percibe ya una tendencia a la aparición de “cadenas” con una imagen de marca común, y con una calidad de prestaciones similar en todas sus residencias. Otra tendencia clara es la especialización en la gestión, sin comprar inmuebles. La opción de las administraciones públicas por la externalización, no sólo de la gestión, sino también de la inversión, abrirá nuevas perspectivas para los gestores, siempre que dispongan de la capacidad de inversión necesaria, y contribuirá a la estandarización de los servicios y de los precios a pagar por ellos, de manera que respondan a los costes reales (de lo contrario la calidad se resentiría).


La gestión de servicios para personas en situación de dependencia no implica necesariamente grandes inversiones en inmuebles y equipo: algunas empresas han descubierto que lo fundamental es disponer de un equipo humano adecuadamente preparado y ser capaz de ofrecer una gama de servicios adaptada a las necesidades de los usuarios.
Los gestores habrán de realizar una importante inversión en formación y en la diversificación y especialización de los tipos de productos y servicios que ofertan. Cada vez más gestores ampliarán su ámbito de actuación, actualmente circunscrito en la mayoría de los casos a mercados locales y autonómicos para operar en el mercado nacional y en los mercados internacionales.
En el ámbito de la atención a personas con discapacidad de gran dependencia, los principales gestores de los servicios han sido y son las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro, principalmente promovidas por los propios familiares. En los últimos años se han ido incorporando a este mercado empresas, cooperativas de profesionales y otras entidades con ánimo de lucro, atraídas por una creciente rentabilidad de estos servicios, fruto seguramente de la mejora en las condiciones concertación de plazas por las administraciones públicas, y de la tendencia a la externalización de la gestión, anteriormente mencionada.


  • Promotores inmobiliarios y empresas constructoras.

Los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras irán ganando en importancia como actores dentro del sector de la atención a personas en situación de dependencia (servicios residenciales) conforme se vaya desarrollando el sector. Para introducirse, lo harán de la mano de los gestores. Sus clientes serán los inversores inmobiliarios, que necesitarán promotores y constructores que les ofrezcan las máximas garantías y sean capaces de acordar con los gestores contratos de explotación del patrimonio inmobiliario en condiciones interesantes para todos los actores implicados.




  • La incidencia de los Inversores.

En la actualidad no existen, en la práctica, inversores especializados en edad avanzada y atención a personas en situación de dependencia en España. Las inversiones necesarias han venido siendo realizadas, como norma general, por los propios gestores.


Sí existen, sin embargo, grupos inversores especializados en el extranjero, que podrían operar a corto plazo en nuestro país. Estos inversores ven en España un prometedor futuro para la inversión en recursos residenciales para la edad avanzada y personas en situación de dependencia, y están buscando gestores con los que asociarse. Los inversores emergerán como nuevos actores importantes en el sector de servicios para estas personas. Se introducirán grupos extranjeros y se crearán en España inversores especializados en el sector, que firmarán acuerdos con varios promotores y gestores, en una estrategia de diversificación.
Dentro de los inversores, destacarán los Fondos de Inversión Inmobiliaria (en España, la Ley favorece este tipo de inversión), las Sociedades de Inversión Inmobiliaria y los Fondos de Capital Riesgo.


  • Organizaciones empresariales y asociaciones de usuarios.

Hay ciertas organizaciones empresariales y diversas asociaciones y federaciones de potenciales usuarios (personas mayores y personas con discapacidad) que están tomando parte activa en el desarrollo del sector de prestación de servicios a las personas con dependencia. Su papel en este momento es intentar cubrir las carencias que el sector ofrece por su actual estado de precariedad. Desarrollan programas de formación, presentan iniciativas ante la Administración, proporcionan asistencia técnica a los gestores, gestionan sus propios Centros y Servicios, etc. Entre las asociaciones de usuarios podemos distinguir dos grandes grupos: las que nuclean a personas mayores y las organizaciones del sector de la discapacidad.


Las organizaciones de mayores cuentas con el Consejo Estatal de Mayores como órgano de representación e interlocución con la Administración. El movimiento de mayores está bastante fragmentado, pero se perciben señales de que se está produciendo una reorganización que puede llevar a que las 6.500 asociaciones de mayores que existen legalmente registradas en toda España alumbren finalmente cinco o seis confederaciones con la suficiente capacidad de reivindicación, interlocución y negociación con las distintas Administraciones.
Las organizaciones de personas con discapacidad han conseguido, a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, una gran capacidad de interlocución que sin duda aprovecharán para intervenir de forma activa y propositiva en el debate social sobre la protección de la dependencia que ha de desarrollarse en los próximos años en España. Un ejemplo de dicha capacidad de propuesta es el presente informe.
Las asociaciones empresariales y las asociaciones de usuarios y familiares desempeñarán un papel de defensa de los respectivos intereses que representan, vigilando el funcionamiento del sector, identificando las carencias de los distintos actores del mercado y presentando propuestas activas dirigidas a lograr una adecuada cobertura de las necesidades. Las personas ancianas constituyen un grupo muy vulnerable dentro de la sociedad. Un papel relevante tendrán las asociaciones de familiares en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad severa, ya que, en determinados casos, estas personas no están en condición de poder reivindicarlos por sí mismos.
Aparecerán nuevas organizaciones de integración que llenen las lagunas de representatividad actualmente existentes, que ya se han hecho evidentes, por ejemplo, en el subsector de la ayuda a domicilio


  • Compañías de seguros, mutualidades y planes de pensiones.

Los aseguradores, mutualidades y planes de pensiones son también actores interesados en el desarrollo de los servicios de atención a la dependencia. Necesitan responder a las demandas de sus asegurados y partícipes, crecientemente preocupados por la cobertura de sus necesidades futuras en este campo, y están comenzando a implicarse de una forma activa, diseñando productos rígidos específicamente a asegurar esa cobertura, como se detalla en el capítulo dedicado al seguro de dependencia.


Las mutualidades, en su condición de entidades aseguradoras sin afán de lucro y con gestión democrática, están llamadas a desarrollar un papel muy destacado en la prestación de servicios de atención a las personas dependientes, tanto de forma directa como asegurando el pago de los gastos que estas situaciones comportan. Los planes de pensiones (que en la actualidad cuentan con más de 4,5 millones de partícipes y una capitalización de unos 40.000 millones de euros) son otro actor clave en este campo.




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