Juicio ordinario civil federal 1/2000


MINISTRO: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA



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MINISTRO:

ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:
LIC. RAFAEL COELLO CETINA

MDIDS

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2015.
En sesión celebrada el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, los señores Ministros integrantes de este Tribunal Pleno resolvimos la Acción de Inconstitucionalidad citada al rubro, en virtud de la cual me reservé mi derecho para emitir el presente voto particular.
El motivo del mismo es permitirme explicitar las razones por las cuales no coincido con la conclusión adoptada por la mayoría de los señores Ministros integrantes de este Tribunal Pleno, con relación a la invalidez de los artículos 3, fracción III, 10, fracción VI, 16, fracción VI y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, derivado de la supuesta vulneración a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, a la libertad de profesión y oficio, así como el derecho al trabajo digno y socialmente útil, a partir de la regulación de los certificados de habilitación a que dichas normas se refieren.
La mayoría de los señores Ministros sostuvo que las normas de mérito no resistían un escrutinio estricto de razonabilidad, puesto que si bien, dichas normas perseguían un fin constitucionalmente válido, al procurar la integración de este grupo de personas en el ámbito laboral y profesional en un ambiente libre de discriminación, lo cierto es que no se cumplía con el segundo de los requisitos, pues la medida introducida por los preceptos reclamados –la expedición de un certificado de habilitación y la prohibición de denegar la contratación a las personas que lo hubieren obtenido- no se encontraba directamente conectada con el fin perseguido.

Lo anterior porque se interpretó que la protección al derecho humano a la igualdad en su vertiente de no discriminación en favor de las personas con espectro autista, se condicionó a la obtención del certificado de habilitación, en tanto que el artículo 17 de la Ley cuestionada prohíbe denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con dichos certificados, lo que para la mayoría significó que quienes no contaran con ellos podían ser discriminados y negárseles el acceso a oportunidades laborales atendiendo a su condición de discapacidad.


Además se dijo que el hecho de que se pretendiera requerir a un grupo de la población mexicana un documento médico que avalara sus aptitudes para poder ingresar al sector laboral y productivo, se traducía en una medida que, lejos de coadyuvar y concientizar al resto de la población sobre tal discapacidad, tenía un efecto estigmatizante, en tanto contribuía a la formación y fortalecimiento de prejuicios y estereotipos sobre las personas que cuenten con tal discapacidad.
Respetuosamente, no coincido con tales razonamientos, puesto que el análisis referido parte de un enfoque que estimo incorrecto en relación a la naturaleza y función de los certificados de habilitación regulados por la Ley, además de que la inconstitucionalidad de mérito se deriva no de lo que en sí mismo disponen las normas, sino de la interpretación que de ellas se realiza, lo cual en mi opinión es contrario al principio de interpretación conforme.
Para explicar lo anterior, me permito retomar, como punto de partida, lo expuesto en la propia sentencia con relación al alcance del derecho humano a la igualdad.
En efecto, este principio se configura conceptualmente en dos modalidades; (I) la igualdad formal o de derecho; y (II) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
La segunda modalidad -igualdad sustantiva o de hecho- radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.53

Considero que este segundo elemento es el que cobra relevancia en el presente asunto.


Esto porque la obligación de alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas –igualdad sustantiva- obliga de manera indefectible a reconocer la existencia de las diferencias, pues solo a partir de su reconocimiento y valoración, es posible colocar a todas las personas en un mismo plano de igualdad material con relación con este goce y disfrute.
En ese sentido Luigi Ferrajoli ha precisado que no es lo mismo la homologación jurídica de las diferencias que la igual valoración jurídica de las diferencias.54
Una homologación jurídica de las diferencias anula las desigualdades; concibe que no hay discriminación en tanto no existen diferencias entre sujetos, lo que se traduce en una absoluta inefectividad de la igualdad.
En cambio, a través de una igual valoración de las diferencias, éstas no sólo no se ignoran o se toleran, sino que se asumen y se valoran a partir del principio de igualdad que norma los derechos fundamentales, esto es, se reconocen las diferencias que identifican a las personas, se advierte que estas diferencias pesan en las relaciones sociales como factores de desigualdad y se implementa una solución en función de ellas a efecto de colocar a las personas en un ámbito de igualdad real o sustantivo.
Este elemento es el que en mi opinión recogen las normas impugnadas, de ahí que lejos de constituir una regulación discriminatoria, en mi opinión lo establecido en ellas se configura como una acción afirmativa establecida en favor de las personas con condición de espectro autista a fin de proteger su derecho a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
En efecto, de la lectura de los preceptos impugnados, advierto que la medida introducida por el legislador federal, esto es la expedición de los certificados de habilitación en favor de las personas con espectro autista y la prohibición de negarles la posibilidad de contratación a quienes los hayan obtenido, no está diseñada como una carga para este grupo de personas, sino como una medida que identifica y reconoce la diferencia que imprime la específica condición de discapacidad, para a partir de ella introducir una herramienta que busca combatir los prejuicios que dicha condición genera en la sociedad y que se constituyen como barreras de entrada en perjuicio de este grupo de personas para acceder en las mismas condiciones de oportunidad al ámbito laboral, tal y como demostraré a continuación.
El artículo 17, fracción VIII de la Ley combatida contiene el núcleo normativo de los certificados de habilitación, en tanto establece que queda prohibido denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con dichos certificados expedidos por la autoridad responsable y que indiquen su aptitud para desempeñar dicha actividad productiva.
A partir de ello, en mi opinión la medida legislativa tiene un objetivo muy claro, puesto que pretende combatir y erradicar una práctica discriminatoria que se encuentra fuertemente arraigada en la sociedad, a partir de la cual se niega a estas personas la oportunidad de trabajar derivado de su sola condición de discapacidad, bajo la idea socialmente preconcebida de que la misma les impide desempeñar de manera eficiente las labores a las que pretenden acceder.
Así, la medida legislativa lo que busca es evidenciar y erradicar esta clase de prejuicios a partir de la introducción de un instrumento objetivo que certifique que la condición de discapacidad no es un impedimento para que el sujeto pueda acceder a un trabajo, en tanto que médicamente se encuentra comprobada su aptitud, así el efecto que con ello se pretende es que la condición de discapacidad no constituya un elemento relevante en la evaluación de la aptitud de la persona para acceder al trabajo solicitado.
Es por ello que considero que los referidos certificados no son instrumentos estigmatizantes, tal y como lo sostiene la mayoría, sino que se configura como una medida proteccionista que abona para erradicar las prácticas discriminatorias, en tanto busca evidenciar y combatir los prejuicios sociales que obstaculizan la integración de las personas con discapacidad al ámbito laboral.

En ese sentido es importante puntualizar que el derecho humano a la igualdad en su vertiente sustantiva no busca la anulación o eliminación de las diferencias entre los distintos grupos de personas, sino que obliga a su identificación y reconocimiento para a partir de ellas garantizar por un lado, que éstas sean respetadas y por el otro, que tales diferencias no se configuren como obstáculos de acceso o plataformas de discriminación.


Es por ello que considero que el análisis de validez de las normas impugnadas no debió dejar de advertir que la medida legislativa en estudio es una acción afirmativa, lo que implica que por su propia naturaleza y configuración, esta clase de acciones introducen una trato diferenciado en favor de determinado grupo de personas situadas en una especial situación de desventaja frente al resto de la comunidad, a efecto de situarlas de manera efectiva en un plano de igualdad material con relación al goce y disfrute de determinados derechos.
De ahí que si reconocemos que las normas impugnadas introducen una acción afirmativa en favor de las personas con condición de espectro autista –tal y como se sostiene en el proyecto-, entonces en mi opinión esta diferenciación que se tilda de discriminatoria, lejos de estigmatizar a esta clase de sujetos, busca garantizar de manera efectiva su acceso a las mismas oportunidades de empleo, lo cual desde luego abona a la integración de este grupo vulnerable en la sociedad.
En esa medida, no dejo de reconocer que la sola instauración de esta acción afirmativa –como la de cualquier otra- no resuelve el problema de discriminación y exclusión estructural que padecen este tipo de grupos vulnerables, pues lo ideal en un plano de igualdad sustantiva es que la condición de discapacidad no fuera un elemento determinante en la definición de oportunidades. Sin embargo en el camino hacia dicha finalidad y acorde con la naturaleza de estas acciones afirmativas, en mi opinión la medida legislativa sí constituye una herramienta que abona para la protección de su derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, de ahí que no se comparta la inconstitucionalidad propuesta.
Tampoco desconozco que pudieran existir otro tipo de medidas que pudieran proteger de una forma mayormente óptima a esta categoría de personas, sin embargo la existencia de medidas más idóneas que la analizada, no torna en automático en inconstitucional ésta última, pues es innegable que en su diseño, el legislador cuenta con libertad configurativa, la cual si bien no es absoluta en tanto que la misma resulta justiciable en función del principio de proporcionalidad, lo cierto es que sí le permite adoptar de un cúmulo de opciones, determinadas acciones, políticas o directrices que resulten acordes con elementos de naturaleza social, económica y política, lo que podría generar la adopción de medidas que si bien no son las más idóneas, sí contribuyen a avanzar en la eliminación de este tipo de barreras sociales.
De ahí que la sola circunstancia de que la medida analizada no sea la mejor para la protección de un determinado derecho, no puede conducirnos a sostener que la medida no resulta idónea y por tanto inconstitucional.55

Por el contrario, estimo que este estándar de idoneidad se encuentra satisfecho, puesto que si lo que se pretende con esta regulación, es permitir la integración de las personas con discapacidad a la sociedad, a través de la eliminación de las barreras de acceso en el ámbito laboral, en mi opinión el establecimiento de estos certificados de habilitación permite avanzar en la consecución de dicho objetivo, puesto que a través de dicha herramienta se evidencian y erradican los prejuicios sociales generados en virtud de dicha condición, a efecto de que la misma no constituya un elemento relevante en la evaluación de la aptitud de una persona para acceder al trabajo solicitado.


Lo anterior además, tomando en cuenta que la Ley combatida establece que es un derecho para cualquier persona con condición de espectro autista solicitar y obtener estos certificados de habilitación, imponiendo la obligación a las instituciones públicas de atender y garantizar este derecho, lo que la convierte en una medida accesible para cualquiera que lo necesite.56
Ahora bien, me parece sumamente relevante puntualizar que la introducción de este tipo de certificados no implica reconocer que sólo los sujetos que tengan el certificado cuentan con la protección que les otorga el derecho a la igualdad y al trabajo digno, de suerte que quienes no los hayan obtenido puedan ser discriminados. Las normas impugnadas no establecen en forma alguna tal situación.
En efecto, tal y como ya señalé, el núcleo normativo de las disposiciones cuestionadas radica en la prohibición de denegar la posibilidad de contratación laboral a las personas con condición de espectro autista que cuenten con los certificados de habilitación, lo cual en mi opinión debe ser entendido como una medida proteccionista que pretende combatir, como una medida provisional, la situación de discriminación estructural que enfrenta este grupo de personas en el ámbito laboral, pero de ninguna manera implica que la tutela derivada de la prohibición de discriminación se encuentre condicionada a la obtención de dicho certificado.
Esto es así porque si una persona con espectro autista con o sin certificado de habilitación, es discriminada por su condición de discapacidad para efectos de acceder a un trabajo, tal conducta es plenamente sancionable al tratarse de un acto discriminatorio, violatorio de derechos humanos y en consecuencia prohibido expresamente por la Constitución General, lo que significa que la existencia o inexistencia de los certificados de habilitación en nada alteran la fuerza y los alcances de la prohibición de discriminar.
En consecuencia, en mi opinión resulta incorrecto sostener que la creación de este tipo de certificados de habilitación introduce ámbitos diferenciados de protección frente a la prohibición de discriminación, de suerte que quienes cuentan con ellos están protegidos frente a los actos de discriminación en materia laboral, en detrimento de quienes no los tienen, lo que los sitúa en un contexto de desamparo.
Reitero, en mi opinión esto no es así, puesto que la proscripción de discriminación opera en favor de todas las personas, y en el caso, en favor de todas las personas con condición de espectro autista, independientemente de que cuenten o no con el certificado de habilitación, pues lo único que éstos instrumentos pretenden es fungir como una herramienta adicional que contribuya a eliminar las barreras de acceso a las que se enfrentan este grupo de sujetos, lo que me lleva a concluir que estos certificados de ninguna manera se erigen como una condicionante al goce y disfrute del derecho humano a la igualdad.
Sostener lo contrario en mi opinión no solo deja de tener en cuenta la naturaleza de este tipo de medidas como acciones afirmativas, sino que además atenta contra el principio de la interpretación conforme, el cual obliga al juez constitucional a preferir de entre los distintos sentidos normativos que pudieran otorgarse a determinadas normas, aquél que sea más acorde con los principios reconocidos en nuestra Constitución y no por el contrario, interpretar dichas normas en tal sentido que provoque su invalidez por su incompatibilidad con la Ley Suprema, tal y como sucede en el presente caso.
En efecto, este Alto Tribunal ha establecido que la regla interpretativa que impone la interpretación conforme opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional.
En esta lógica, se ha dicho que el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse, es decir, debe procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma por lo que de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción.57

Así, considero respetuosamente que la conclusión adoptada por la mayoría de los señores Ministros no se compadece de este criterio interpretativo, pues en mi opinión la razón que invalida las normas cuestionadas no deriva de su texto, sino de la interpretación inconstitucional que de ellas se realizó.


Por todas estas razones es que no puedo compartir el enfoque a partir del cual la mayoría de los señores Ministros abordaron la presente problemática concluyendo con la invalidez de las normas, pues el análisis de discriminación realizado en la sentencia pareciera tomar como punto de partida la consideración de que los sujetos con condición de espectro autista se encuentran en un plano de igualdad material en relación con las demás personas frente a las oportunidades de acceso al trabajo, por lo que los certificados de habilitación, al introducir una condición diferenciada, se erigen como una carga y en esa medida provocan una discriminación en perjuicio de este grupo de sujetos.
Desde mi punto de vista, la adopción de la medida legislativa tiene como punto de partida un enfoque completamente contrario, esto es, la introducción y regulación de los certificados de habilitación parte, como ya lo he expuesto, del reconocimiento de una realidad: la discriminación que sufren las personas con discapacidad para acceder a un empleo, de ahí que ante el reconocimiento de esta realidad la medida busca contribuir a superar dicho contexto de discriminación, por lo que lejos de ser una carga, constituye una medida de protección que atiende al principio de igualdad en su vertiente sustantiva.58
En esa tesitura, en mi opinión la medida legislativa desarrollada en los preceptos reclamados persigue un fin constitucionalmente válido, como correctamente se reconoce en la sentencia, y también resulta idónea, en tanto combate un prejuicio arraigado en la sociedad con relación a la discapacidad, pretendiendo eliminar las barreras de acceso que sufren este grupo de personas en el campo laboral, sin que dicha medida se torne desproporcional o estigmatizante, en tanto que lejos de constituir una carga o una condicionante para el goce del derecho, se configura como una acción afirmativa que partiendo del reconocimiento de las diferencias que imprime la condición de discapacidad, pretende colocar a este grupo de sujetos en un misma plano de igualdad frente a las oportunidades de empleo.
Por estas mismas razones tampoco comparto la conclusión establecida en la sentencia de mérito, en cuanto se dice que la circunstancia de requerir un documento que avale las aptitudes de una persona con condición de espectro autista constituye un obstáculo injustificado para poder acceder a una vida productiva en las mismas condiciones y oportunidades que el resto de la población, lo que se traduce en una violación a los derechos humanos de libertad de profesión y oficio, puesto que en mi opinión tal conclusión es consecuencia de dejar de tomar en cuenta que lo que se está tutelando es el derecho a la igualdad en su vertiente sustantiva a partir de la introducción de una acción afirmativa.
Es por estas razones que de manera respetuosa, no comparto la decisión adoptada por la mayoría de los señores Ministros integrantes de este Tribunal Pleno, con relación al presente tema.


MINISTRA

NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

EAM



1 Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;

[…]


XI.- Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y

2 Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007. Página: 1513

3 El referido informe puede consultarse en su versión digital en el siguiente enlace:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/172324/1/B133_4-sp.pdf?ua=1

4 Circular de trece de enero de dos mil catorce, signada por la Diputada María Paloma Villaseñor Vargas, Secretaria de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, y dirigida a las siguientes organizaciones:

-Centro de Orientación Temprana Infantil.

-Comunidad Educativa Asunción.

-Asociación de Integración y Rehabilitación de Autistas de Ensenada.

-Asociación Pro Autismo.

-Centro Interdisciplinario de Atención al Autismo.

-Pastos Centro Psicopedagógico.

-Pastos Preescolar Especial.

-Centro de Atención al Niño Autista de Mexicali.

-Instituto del Niño Autista Aceptación Comunicación.

-Centro de Atención Múltiple.

-Centro de Entretenimiento Psicológico Infantil.

-Red Autismo.

-Ángeles Clima Chiapas.

-Centro de Atención de Alteraciones del Aprendizaje y la Comunicación.

-Centro Regional Autismo Rotario.

-Esperanza para el Autismo.

-Instituto José David.

-APAC Hellen Keller.

-Asociación Emmanuel en Pro de Niños Autistas.

-Albatros Centro de Desarrollo Integral.

-Fundación Mexicana Tato para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo.

-¿Y quién habla por mí?

-Apoyando a Angelitos con Autismo.

-Apoyo y Rehabilitación.

-Asperger México.

-Avanza Centro de Terapia de Lenguaje y Conductual.

-Caritas de Amistad.

-Centro Educación SCOPRIRE

-Centro Hacer para Ser

-Centro Jerome

-Centro Psicoeducativo Centro Belén

-Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo

-Coconéh Autismo

-Colegio de Educación y Desarrollo Integral

-Comunidad Educativa y Psicopedagógica Integral

-CRIT Ciudad de México

-Cuba México por la Vida

-Fundación CEDIC

-Iluminémonos de Azul

-Los Ángeles de Aura

-Monarch Terapy School

-Sociedad Civil Unique

-Amiga Dame tu Mano

-Fundación un Guardián Alado

-Todos Sumemos Rosas

-Centro de Atención Integral para Personas con Autismo

-Centro de Orientación Temprana Integral Infantil Guanajuato

-Centro de Rehabilitación Celaya

-Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo Filial Bajío

-Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo Filial Irapuato

-Asociación Integral de Asistencia a los Trastornos del Espectro Autista

-Deseos del Corazón Apoyando al Autismo

-Fundación HACE

-Imagina en Movimiento

-Pasitos de Luz

-Amigos de Otro Planeta

-Asociación de Autismo y/o Discapacidad Intelectual Miradas de Ángel

-Caleidoscopio Cultural

-Capacitación y Desarrollo Integral

-Caritas de Amistad-

Centro Autismo Teletón

-Centro de Atención a Trastornos del Espectro Autista y Discapacidad Intelectual

-Creciendo Juntos CETI

-Derechos Humanos Realidad Social

-Fundación un Nuevo Compromiso

-Grandes Valores que Transforman

-Terapia de Autismo y Desarrollo Especial

-Aprendee

-Asocación Regiomontana de Niños Autistas

-Centro de Orientación Temprana Integral Infantil

-Centro de Rehabilitación Infantil HOGA

-Centro Educativo Castello

-Centro Ocupacional Logros

-Instituto Autismo y Rehabilitación “BIYA NAA DIUSHI”

-Centro Rotario de Intervención para Niños y Niñas con Autismo

-Los Hijos de las Hadas

-Fundación Paner México

-Vínculos para Lograr la Recuperación Autista en Puebla

-Centro de Orientación Temprana Integral Infantil Querétaro

-Centro para la Atención del Autismo y Desórdenes del Desarrollo

-Komodo


-Centro de Terapia Infantil y Educación Especial

-Centro Educativo en Apoyo al Espectro Autista

-Asociación Unicornio de Padres de Niños Autistas

-Asociación Sonorense de Padres de Niños Autistas

-Inclúyeme en tu Mundo

-Fundación Hans Asperger

-Asociación de Autismo y Déficit de Atención de Xalapa

-Centro Educativo DIAA

-Centro Estatal de Detección y Atención del Autismo, DIF Estatal de Veracruz

-Fundación Danitos

-Ver Autismo

-Centro Ayuda

-Enlace Autismo

-EDUKE


-ANÁN

-Aprender Jugando

-Centro Educativo Terapéutico y de Estimulación

-Comprende Mi Mundo

-Asociación de Padres de Niños Autistas Carmelitas

-Centro de Integración Sensorial

-SINSERA

-Padres de Hijos Autistas de Durango

-Fundación Autismax

-Centro de Atención Integral

-Centro de Recursos para la Atención Integral al Espectro del Autismo

-Centro de Neurodesarrollo y Apoyo a la Familia.



-CTEDI

5 Consultable en la página 448, Tomo XXVII, junio de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.


6 Consultable en la página 645 Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.

7 Visible en la página 427, Tomo XXXI, abril de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.

8 Consultable en la página 603, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.

9 Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) VS. Costa Rica. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de septiembre de 2012. 134, párrs. 285 y 286.

10 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr 253.

11 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr 199.

12 Artículo I. 2. a).

13 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 1, de enero de 2013, página 630.

14 Informe presentado por la Cámara de Diputados, a través del Presidente de su Mesa Directiva. Foja 103 del expediente de la presente acción de inconstitucionalidad.

15 Las características referidas se extraen del Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, intitulado “El estigma y el ejercicio de los derechos humanos al agua y el saneamiento”. Consultable en su versión digital en el siguiente enlace: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../A-HRC-24-44_sp.doc


16 Observación General Número 5, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. párr.22.

17 Consultable en la página 514, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.

18 Visible en la página 1103, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.

19 Consultable en la página 1102. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.

20 "Observación General sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley". párr. 9. Emitida por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

21 Tesis P. LXVIII/2009, consultable en la página 6, tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

22 Tesis: P. XVIII/2011, consultable en la página 29, tomo XXXIV, agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

23 Tesis: P. XVIII/2011, consultable en la página 32, tomo XXXIV, agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

24 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Página: 1192. Décima época

25 Observación General Número 5, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. párr.34.

26 Artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este Título.
La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.


27 Firmado el 30 de marzo de 2007 y ratificado el 17 de diciembre de 2007 por el Estado Mexicano.

28 ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial.

29 Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial de México (15 de septiembre a 3 de octubre de 2014): CRPD/C/MEX/CO/1

30 Resulta necesario decir que si bien me refiero al artículo 4.3 de la Convención como norma internacional, lo hago por cuestiones prácticas. Sin embargo, en virtud del artículo 1º constitucional esta norma es, sin más, derecho interno y es obligatoria ad intra del sistema jurídico mexicano.

31 Russian Conservative Party of Entrepreneurs v Russia, Apps nos 55066/00 and 55638/00 (ECtHR, 11 January 2007); Golder Case (ECtHR )


32 Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa v Paraguay [Fondo, Reparaciones y Costas] (CoIDH, 29 de Marzo de 2006) párr. 117.

33 Sólo el Ministro Eduardo Medina Mora en su intervención sostuvo que la realización de las consultas no condiciona la validez del proceso legislativo que da lugar a una ley de implementación de los derechos de las personas con discapacidad.

34 Al respecto, el artículo 71 de la Ley Reglamentaria expresamente prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

35 Los Estados Partes en la presente Convención,

(…)




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