Juicio ordinario civil federal 1/2000


MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA



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MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2015, RESUELTA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.
Al finalizar la sesión pública ordinaria del Pleno de este Alto Tribunal, celebrada el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, voté en contra del considerando quinto, al estimar que en suplencia de la deficiencia de la queja, debió declararse la invalidez general de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista derivada de un vicio transcendente del procedimiento legislativo como lo fue la falta de consulta a personas con discapacidad y organizaciones que los representa; y anuncié voto particular, a fin de explicitar las razones que sostienen mi posición, que enseguida preciso:
Como aspecto preliminar debe tomarse en cuenta, como lo expresamos algunos de los integrantes del Pleno en la sesión del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, que es cierto que no hay lineamientos interpretativos sobre la consulta a personas con discapacidad. El proceso legislativo mexicano no prevé un mecanismo formal de consulta y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (el órgano creado con motivo de la Convención y su Protocolo, y que es el ente autorizado para interpretar ese instrumento internacional) no ha emitido criterios en la materia de participación legislativa.
Sin embargo, hay ejemplos interesantes en otros países, por ejemplo, el Reino Unido. Ahí se llevó a cabo la consulta No voice unheard, no right ignored: a consultation for people with learning disabilities, autism and mental health conditions. Esta consulta se llevó a cabo porque se detectó que no se había tenido avance en la protección de los derechos de estas personas y lograr su adecuado cuidado. El detonador de esto fue un escándalo derivado de malos tratos (abuso físico y psicológico) a pacientes con discapacidad en un hospital privado.
Se hizo una evaluación del sistema de atención a personas con estas discapacidades, se abrió la consulta, se propusieron acciones en tres fases para lograr el debido respeto de sus derechos, incluyendo modificaciones a la Mental Health Act de mil novecientos ochenta y tres.
Se abrió un periodo de consulta (del seis de marzo al veintinueve de mayo de dos mil quince). Se especificó que los cambios legislativos sólo incluirían a Inglaterra, porque cualquier medida legislativa tenía que aprobarse también por la Asamblea de Gales para ser aplicable ahí.
En la experiencia europea también hay órganos que monitorean la implementación de la Convención. Por ejemplo, la European Union Agency for Fundamental Rights ha elaborado indicadores sobre si las personas con discapacidad son involucradas en la toma de decisiones que les afectan (y especialmente en relación con el derecho a su participación política). Esta entidad ha señalado que:


  • En Suecia, la consulta a las organizaciones de personas con discapacidad está prevista en la constitución.

  • En España, Austria, Chipre y Malta se prevé la consulta en la legislación (en Chipre hay una ley que regula específicamente el proceso de consulta).

  • En Alemania, Hungría, Italia, Polonia y Eslovaquia la obligación de consultar con las organizaciones de personas con discapacidad se cumple a través de disposiciones generales que requieren que las partes afectadas y/o el público en general sea consultado en el proceso legislativo o de implementación de políticas públicas.

  • En los 15 restantes países de la Unión Europea, no hay una obligación legal de involucrar a las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones. Sin embargo, en 11 de éstos (Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Latvia, Luxemburgo y el Reino Unido) hay mecanismos establecidos –aunque no a nivel legal– para asegurar que haya consultas de manera sistemática con las organizaciones. Los gobiernos de Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Luxemburgo y Latvia establecieron cuerpos consultivos de personas con discapacidad que incluyen a representantes de organizaciones de personas con discapacidad.

De esta forma, me parece que el hecho de que no haya un proceso formalmente establecido en la ley mexicana para el efecto de llevar a cabo una consulta, no es obstáculo para que ésta se lleve a cabo, en cumplimiento a la obligación del estado mexicano contenida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


Además, esta interpretación sería consistente con la recomendación que le hizo a México el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México (documento CRPD/C/MEX/CO/1), este órgano dijo:
7. Al Comité le preocupa que las organizaciones de personas con discapacidad tengan limitada su participación en la implementación y seguimiento de la Convención.
8. El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada.
Me parece que de lo anterior se colige que el Comité está recomendando a México, por lo menos, el establecimiento de algún mecanismo de consulta.
Por tanto es válido sostener como premisa esencial, que conforme lo anterior y lo manifestado por todos los Ministr@s en los debates en el Pleno, no hay duda de que la consulta es obligatoria; insisto, ninguno de las y de los señores Ministr@s señaló que estuviese en desacuerdo con ello.
Ahora bien, varios de ellos, en la sesión del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, sostuvimos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no enuncia cuáles son las características de esta consulta.
Sin embargo, sí puede deducirse, del propio texto del artículo 4.347, que ésta debe ser previa a la expedición o –si se quiere ser restrictivo y dándole un sentido gramatical muy estricto a dicho artículo-, durante la elaboración de las leyes relativas a las personas con discapacidad (como lo son las que tienen alguna condición del espectro autista), pues se afirma que la consulta estrecha debe darse, para el caso de acciones legislativas, “en la elaboración” de las normas; esto es, durante el proceso legislativo, no después de concluido.
Además, para desentrañar el sentido del artículo 4.3 de la Convención citada, también son útiles algunas porciones de su Preámbulo, ya que dan cuenta de la intención de los Estados Partes. Son de particular importancia los incisos n) y o) del Preámbulo, que dicen:
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,
o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente,

[…]
Cabe mencionar que es válido acudir tanto al significado de las palabras, como al preámbulo del tratado y a la finalidad de todo el Convenio referido para interpretar el alcance del derecho a la consulta que contiene. Esto deriva de las reglas interpretativas previstas en los artículos 31 y 3248 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que indican que éstos deben interpretarse en relación con su significado ordinario, con base en su contexto (las normas no deben leerse de manera aislada, sino sistemática) y a la luz del objeto y propósito del tratado (interpretación teleológica).
De la anterior transcripción del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se advierte que un principio que permea en todo el texto del tratado (incluyendo el artículo 4.3) es que no deben tomarse decisiones sin que primero se considere la opinión de las personas con discapacidad. Esta noción deriva de la evolución del tratamiento de las discapacidades, que pasó de un modelo asistencialista (que partía de la premisa de que las personas con discapacidad son sujetos de tutela y caridad por parte de los demás) al modelo social (que parte de la premisa de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y que la discapacidad es una situación en la que se encuentran las personas, no un rasgo individual que las caracterice). Inclusive, el lema de los activistas y del movimiento de las personas con discapacidad es “nada sobre nosotros sin nosotros”. Esto quiere decir que ellos mismos, en los casos en que esto es posible, deben ser quienes tomen o participen en la toma de las decisiones (inclusive legislativas) sobre su condición.
Con base en lo expuesto, mi posición personal es la que la interpretación correcta del multicitado artículo 4.3, la consulta a las personas con discapacidad debe necesariamente ser previa a la toma de decisiones legislativas, ya que sólo así se podrá garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones que les incumben.
Por otro lado, este Alto Tribunal también debe dar contenido a lo que debe entenderse por “consulta estrecha” y por “colaboración activa” con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que los representan” y, en general, deben fijarse cuáles deben ser los principios y reglas mínimos que debe seguir el Estado mexicano para considerar que ha cumplido con su obligación de consultar a las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de legislación y políticas públicas.
Una posibilidad plausible, esbozada por el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena en la sesión del veintiocho de enero, consiste en aplicar las reglas que ya se han desarrollado para las consultas en materia indígena al caso de la consulta para personas con discapacidad (específicamente, con condición de espectro autista).
Me parece que sí es posible aplicar dichas reglas al caso de las consultas que debe hacerse a las personas con discapacidad, quizás adecuándolas, en lo necesario, a las diferencias específicas que presentan las personas y sus organizaciones, interesadas en participar en dichas consultas.
La Suprema Corte, en materia del derecho a la consulta indígena, ha dicho49 que ésta debe ser:


  • Previa a la toma de decisión; no sólo cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. No debe constituir un mecanismo para informar sobre una decisión que ya se adoptó.

  • Culturalmente adecuada, conforme a las costumbres y tradiciones. En el caso de las personas con discapacidad, esto podría traducirse en que la consulta se adecue a las necesidades de la persona con discapacidad, por ejemplo, emitir la convocatoria en algún formato de lectura fácil.

  • Informada, pues a las personas o comunidades involucradas se les debe proporcionar la información precisa sobre la naturaleza y consecuencias de la decisión que pretende tomarse (o, en el presente caso, de la ley que regula todo lo relacionado con las personas con la condición del espectro autista y sus consecuencias).

  • De buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Esto no significa que las comunidades tengan un poder de veto respecto de la toma de decisiones; sin embargo, sí deben ser tomadas en cuenta y, en la medida de lo posible, obtener su consentimiento.50

Por tanto, considero que como contenido mínimo del derecho de la consulta para las personas con discapacidad (incluyendo a aquellas con la condición del espectro autista) debe, al menos, cumplir con los siguientes requisitos:


Primero, una convocatoria pública, abierta y previa para que todos los involucrados que señala la propia Convención Internacional puedan participar oportunamente en el tema y dar sus opiniones.
Segundo, relacionado con el punto anterior, debe haber una difusión adecuada, al menos, de la propuesta legislativa inicial ––es decir, de la iniciativa, y de ser el caso, de ser varias las iniciativas, del Dictamen original sobre de ellas de la Cámara de Origen, así como del Dictamen de la Revisora en caso de que haya introducido cambios en relación a la de su colegisladora-, puesto que se trata de un proceso legislativo.
Entiendo que la difusión debe ser adecuada en tanto ha de ser accesible, en un lenguaje entendible, por todos los interesados, dado que en estos procesos deben participar personas y sus organizaciones que las representan, quienes no necesariamente cuentan con la asesoría jurídica idónea para entender el alcance de todos los términos y tecnicismos jurídicos que pueden existir en las leyes.
Tercero, que la convocatoria se haga con los plazos razonables y adecuados para que esta participación pueda ser efectiva.
Cuarto, debe ser de buena fe; esto entendido como un proceso en donde se pretende escuchar, –no nada más oír– a los interesados para incorporar todas aquellas propuestas plausibles que puedan enriquecer el producto legislativo que finalmente se aprobará, partiendo, además, del supuesto de que las opiniones que se viertan no necesariamente resultaran obligatorias para la autoridad legislativa, pero sí que la obligación es escucharlas, tomarlas en cuenta, analizarlas y, en su caso, de ser enriquecedoras para la ley que se pretende expedir, sean tomadas en cuenta.
Por estas razones, reconociendo el esfuerzo por parte del Poder Legislativo, además, el muy importante realizado de forma individual por la Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, es que en mi opinión no puede considerarse que hubo una consulta que llenara los extremos antes señalados.
Es cierto que hay constancia de que la Diputada se avocó a consensuar la ley con algunas organizaciones que representan a personas con discapacidad, antes de la aprobación de la ley y durante el proceso legislativo. Incluso hay evidencia de que hubo buena fe en el contacto con dichas organizaciones y se les escuchó (por ejemplo, se cambió la expresión “trastorno autista” por “condición del espectro autista”, a solicitud de las organizaciones interesadas).
Sin embargo, desde mi punto de vista hay dos elementos que no se cumplen o acreditan para considerar que la consulta fue estrecha o válida: me parece que no fue una consulta debidamente convocada e informada para todos los potenciales interesados.
Dicho de otra forma, no hubo una convocatoria que se hiciera del conocimiento del público en general, debidamente difundida, mediante la cual se diera un plazo para opinar o para participar, si así se deseaba. De esta manera, no hay manera de saber si las organizaciones que participaron en la consulta y las cuales fueron convocadas e incluidas, eran todas o al menos las suficientes para considerarlas representantes legitimados para representar, al menos, a la mayoría de las personas en condición del espectro autista.
Tampoco se advierte que la consulta hubiera sido “culturalmente adecuada” para las personas con ese tipo de discapacidad, pues no estuvo disponible en formatos de lectura o comprensión fácil para, de esta forma, permitir la participación de todas las personas y organizaciones interesadas.
En suma, a mi juicio no puede considerarse que en el presente caso se dio una consulta idónea jurídicamente, toda vez que:


  1. No fue una consulta abierta a todas las personas involucradas o sus organizaciones, pues no hay evidencia de que se hubiera difundido de manera general; y tampoco se tiene constancia de que haya sido lo suficientemente difundida para que todos los interesados pudiesen estar informados de los trabajos legislativos a realizar.

  2. No fue una consulta adecuada a las personas con la condición del espectro autista o sus organizaciones, ya que no se hizo algún formato de comprensión fácil para todas esas personas y sus organizaciones.

Por lo tanto, estimo que la falta de una consulta que reuniera, al menos, los estándares antes señalados, constituye una violación al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aplicable a la regulación de las personas con la condición del espectro autista, que conduce a la invalidez de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015, por transgredir, en este caso concreto, un requisito formal esencial del proceso legislativo.




A T E N T A M E N T E
MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.



V O T O P A R T I C U L A R

QUE FORMULA EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2015, RESUELTA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN SESIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.
El presente voto particular tiene como finalidad explicar las razones por las cuales no comparto los razonamientos expresados por la mayoría del Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015, sobre algunos de los artículos impugnados de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista.
En primer lugar, considero que, contrario a los sostenido por la mayoría, sí procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación hechos valer por la accionante, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, así como la exposición de motivos de la misma ley.
Así, en la exposición de motivos se dice que:
“… en materia de acciones de inconstitucionalidad se prevén distintas posibilidades de suplencia e intervención a fin de que el asunto se resuelva de un modo integral y completo. Así, al ministro instructor se le confieren facultades para que solicite a las partes o a terceros todos aquellos elementos que estimare necesarios para la solución del asunto, mientras que a la Suprema Corte se le faculta para corregir errores en la cita de preceptos invocados, suplir los conceptos de invalidez y, lo que resulta más relevante, para fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional aun cuando el mismo no se haya invocado en el juicio. En la iniciativa destaca el hecho de que esta última facultad se otorga a la Suprema Corte de Justicia respecto de acciones de inconstitucionalidad, mas no así tratándose de controversias constitucionales. En este sentido, tal distinción obedece a que en las controversias se constituye un auténtico contradictorio y la resolución de un asunto mediante elementos no invocados o conocidos por las partes rompe con un necesario equilibrio procesal, mientras que en las acciones tal contradictorio no se da y, por ello, no es necesario mantener ese equilibrio.”

Por su parte, el artículo 71 de la Ley reglamentaria expresa que:
Artículo 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

Así, conforme a la Ley reglamentaria considero que la Corte puede declarar la invalidez del artículo impugnado por violar el precepto constitucional, se haya o no invocado en su escrito inicial, igualmente se puede fundar la declaración ante la violación de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que México sea parte.


Luego, en la especie, el accionante no adujo expresamente el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que prevé la obligación de los Estados de consultar a las personas con discapacidad sobre cuestiones relacionadas con ellas e incluso de apoyarlas para que puedan ejercer ese derecho; sin embargo, conforme a lo arriba señalado, la Suprema Corte tiene la facultad de fundar la declaración de invalidez aduciendo dicho instrumento internacional, el cual forma parte del bloque de constitucionalidad, por tanto es válido hacer el “test de constitucionalidad” con dicho precepto internacional, de conformidad con el artículo 1º constitucional.
Que se permita suplir los conceptos de invalidez, tiene como finalidad que la declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional—aun cuando no haya sido invocado en el juicio—sea fundada y se proteja el orden constitucional al que se aspira restaurar mediante este control abstracto.
Ahora bien, estimo que no obstante sí procede la suplencia, ésta únicamente se circunscribe al tema de las normas expresamente impugnadas; sin embargo según lo previsto por el artículo 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria mencionada, si en una acción de inconstitucionalidad se declara inválido un artículo, dicha invalidez podrá expandirse por un tema de relación lógica con los artículos concretos impugnados.
En este sentido, si en suplencia de la queja se observa que un vicio de inconstitucionalidad se expande hacia toda la ley debe entenderse que por razón de efectos si puede haber una declaratoria de invalidez, como es el caso del procedimiento legislativo y en casos de competencia. Lo anterior, se ha establecido ya en el tema de arraigo local, materia de reforma educativa y electoral.
Por lo que atañe al derecho a la consulta establecido en el artículo 4.3 de la de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad51, considero que su alcance de la consulta debe interpretarse en el marco de la Convención y de los principios que la inspiraron. Uno de los principios rectores de la Convención que incide directamente con la obligación de consultar a las personas con discapacidad es el de incluirlas en igualdad de condiciones que las demás personas en los procesos de consulta, pues quienes tienen esa condición forman parte de la diversidad humana.
La política regulatoria, judicial y gubernamental se ha regido en esta materia (personas con discapacidad) bajo el criterio absoluto de la heterorregulación, lo cual es causa, en éste como en otros terrenos, del divorcio entre la forma (legal, judicial, etcétera) y las necesidades reales de la sociedad o, como en este caso, de los grupos vulnerables. Por ello, la consulta actualiza el lema de las personas con discapacidad que dice: “nada acerca de nosotros, sin nosotros”.
Ciertamente, las personas con discapacidad son un colectivo difuso que no tiene autoridades propias, además de que las asociaciones que las representan no abarcan a todas las discapacidades, ni a todas las personas con discapacidad. Sin embargo, su carácter difuso y la dimensión asociativa no impiden que se lleve a cabo la consulta prevista en el artículo 4.3 de la Convención: únicamente se debe imprimir a la consulta de ciertos rasgos particulares derivados precisamente de las características mencionadas.
La consulta debe reunir al menos las siguientes características para que sea acorde con la Convención y con los principios que la inspiran:


  1. Debe ser previa –en este sentido se ha manifestado la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el informe de 12 de enero de 2016– pues de ese modo se garantiza la plena y eficaz participación de las personas con discapacidad en las cuestiones que les atañen (legislación, políticas y programas). Para ello, es preciso que se establezcan mecanismos formales ad hoc y cauces institucionales en todos los niveles (ya sea mesas redondas, diálogos participativos, audiencias y consultas públicas en línea, etc.).




  1. Otro rasgo esencial que debe revestir la consulta es su accesibilidad, de modo tal que permita la participación de las personas con discapacidad cualquiera que sea su discapacidad. Los mecanismos de consulta deben ser flexibles, con marcos de tiempo adecuados y asistencia técnica necesaria para garantizar la participación efectiva. Para ello, se requiere que existan formatos de lectura fácil, información en lengua de señas, además de la accesibilidad de los edificios en los que lleve a cabo la consulta, etcétera. En este aspecto debe tomar en cuenta los apoyos y ajustes necesarios para garantizar la intervención de todas las personas con discapacidad en la consulta.




  1. La consulta debe ser pública y transparente con plazos razonables y objetivos específicos; debe informarse ampliamente sobre el procedimiento a seguir, la materia a regular, la naturaleza, necesidad, contenido y pertinencia y debe dirigirse a todas las personas con discapacidad y no sólo a un tipo de discapacidad cualquiera que sea la materia. En otras palabras, debe facilitarse que las personas con discapacidad cuenten con los elementos necesarios para expresar su opinión.

Tomando en cuenta lo expresado en los párrafos precedentes, llego a la conclusión que en el proceso de creación de la Ley General cuestionada no se respetó el derecho de consulta, pues del análisis de la iniciativa presentada por los legisladores en la Cámara de Diputados se desprende que, a pesar de que los legisladores que suscribieron la iniciativa han mantenido contacto permanente con diversas organizaciones de la sociedad civil y que se celebró –a iniciativa de la entonces diputada presidenta de la Subcomisión de Grupos Vulnerables del órgano legislativo en cuestión— el Segundo Encuentro Internacional sobre Autismo, celebrado en San José del Cabo, Baja California Sur los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2014, en el cual participaron tres expertos europeos, un latinoamericano, cinco mexicanos y siete representantes de los secretarios de salud, educación, trabajo y previsión social, y hacienda y crédito público del gobierno mexicano, ello no implica que tales eventos hayan cumplido con requisitos de publicidad y transparencia suficientes para que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan hubieran podido enterarse del proceso y expresar su opinión52.


En consecuencia, una consulta estrecha debería estar organizada sobre la base mínima de los principios de publicidad, transparencia e igualdad, esto en el sentido de que todas las organizaciones que representan a las personas con condiciones del espectro autista deberían tener la oportunidad de estar suficientemente enteradas de reuniones cuyos fines sean los de preparación de trabajos sobre diseño de legislación, su aplicación y creación de políticas públicas en la materia. Además, tal convocatoria debería ser expedida por las autoridades legislativas correspondientes asegurándose de que las organizaciones puedan estar por enteradas en circunstancias de igualdad. Por lo tanto, en cuestiones de accesibilidad a la consulta, la pregunta no debe ser si todas las organizaciones acudieron a la consulta, sino si éstas estuvieron en condiciones de asistir al estar enterados de la misma. Lo anterior es así ya que se respeta la libertad de elección de las asociaciones en sentido positivo y negativo, pues estas podrán decidir si acudir o no ante tal llamado.
Asimismo, no obstante que la iniciativa mencione que la ley en cuestión se expide con base en la Convención ya mencionada, en ningún momento se hace alusión explícita al artículo 4.3, o bien, a las consideraciones que en este precepto convencional se invocan. Ante lo cual, es posible concluir que el legislador federal no se acató a las directrices, límites y obligaciones internacionales a las que de propia voluntad el Estado mexicano ha sometido su margen de actuación.
Si no fue debidamente publicitada, considero que menos aún puede decirse que hubiese sido accesible: no se conoce que hubiera formatos de lectura fácil, plataformas tecnológicas, ni tampoco que los edificios fuera físicamente accesibles, por mencionar algunos de los aspectos que incluyen la accesibilidad.
Aunado a lo anterior, es de considerar, como lo señala la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su informe de 12 de enero de 2016, el enorme beneficio que tiene la consulta para las personas con discapacidad en orden al mejor desarrollo de sus habilidades de promoción y negociación que les permiten expresar sus puntos de vista, y así conseguir un trato más incluyente y participativo.
Ahora bien, no convengo con el proyecto tampoco en cuanto a que declara la validez del artículo En este aspecto, encuentro este precepto es violatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente del artículo 12, cuyo enunciado establece “Igual reconocimiento ante la ley”.
El artículo 12, punto 2, señala: “Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. El punto fino del artículo radica en la frase “igualdad de condiciones”. Así, bajo esta lente, habría que cuestionarse si la materia es federal o local; es decir, si la capacidad es materia civil y consecuentemente materia estatal, debería corresponder a los Estados la regulación de la capacidad de todas las personas bajo la premisa convencional de igualdad de condiciones. Admitir que sea materia federal implica una violación a este princio de igualdad de condiciones, pues se generaría una materia de capacidad con una condición diferenciada de cualquier otro ciudadano: es en este punto en el cual se origina la violación al punto 2 del artículo 12 de la Convención.
En esta misma línea argumentativa, el artículo 12.4 de la Convención establece:
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas mediadas afecten a los derechos e intereses de las personas.
Así pues, no encuentro en la ley impugnada el cumplimiento de estos extremos que establece el punto 4 del artículo 12 de la Convención. Más aún, considero que los artículos en cuestión no son acordes a la obligación de proporcionar salvaguardias adecuadas y, por el contrario, estimo que subyace en ellos un modelo de sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad. En ese sentido, disiento de lo sostenido por la mayoría del Tribunal Pleno, y me parece que los artículos 6, fracción VII, y 10, fracción XIX de la ley impugnada no cumplen con los extremos señalados en el artículo 12.2 y 12.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por tanto, tendrían que haberse declarado inconstitucionales.




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