Juan Andrés Buedo



Descargar 2.57 Mb.
Página14/21
Fecha de conversión10.12.2017
Tamaño2.57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Los enfoques y las fórmulas concretas de articular la participación presentan grados de innovación relevantes: no se reproducen los esquemas tradicionales de participación asociativa estable vía consejo sectorial, sino que se van construyendo nuevos escenarios participativos de voluntad y alcance más amplio, flexible y pluralista. En esta ordenación el nuevo escenario de governance, a las concepciones típicamente jerárquicas del gobierno tradicional, en las que las políticas públicas se toman un sentido bottom-up (de abajo arriba), se añaden también el liderazgo y la gestión de las redes participativas implicadas en esas políticas, que pueden ser de carácter no institucional. Podemos destacar aquí las razonables expectativas de profundización participativa que albergan las experiencias de presupuestos participativos (como por ejemplo en Córdoba y Rubí, procesos de participación que afectarán un instrumento central de gobierno: los presupuestos públicos, que componen uno de los ángulos de gestión más deficientes de la Corporación conquense. Frente a esto, con dicho tipo de experiencias, la innovación democrática pretende realizar un salto de calidad y ubicarse en el centro mismo de las decisiones tradicionalmente monopolizadas por los ejecutivos.

Esas prácticas tan dinámicas son las que encuentro a faltar en Cuenca dentro del terreno de la pedagogía democrática, de la construcción de ciudadanía; así, la mencionada aplicación reclama la puesta en común de personas, colectivos, ideas, recursos, percepciones y conocimientos, que aparecen como factores cruciales y perentorios de cambio hacia nuevas culturas políticas, organizativas y ciudadanas. Aún sin datos concretos ni evaluaciones específicas, Ricard Gomá e Ismael Blanco apuntan que la governance participativa y de proximidad configura espacios / escenarios creadores de compromisos personales y colectivos en el espacio público, creadores por tanto de redes de capital social. Sin embargo, una parte significativa de los procesos participativos (algunos PEL, algunas A21-L), se desarrollan bajo un rígido control político y metodológico por parte de los gobiernos y descansan en un predominio significativo de los actores institucionales. El exceso de gerencialismo provoca resistencias y desconfianzas y, en último término, un alejamiento y una desimplicación de los actores sociales, muy especialmente, de aquellos que deberían aportar mayores elementos de pluralidad y radicalidad democrática a esos procesos. Son riesgos que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca debe examinar con detenimiento y evitar en los sucesivo (podría empezar con la Agenda 21 Local).

En los últimos años hemos experimentado una superinflación de referencias discursivas a la democracia participativa, desde ámbitos diversos (político, académico, social), configurándose así una nueva dimensión de lo políticamente correcto a la que todos parecen querer apuntarse. El discurso sobre la participación contiene un fuerte potencial propagandístico para aquellos con responsabilidades de gobierno, cuyas motivaciones para impulsar procesos participativos frecuentemente residen más en la voluntad de lograr una imagen más simpática y amable ante la ciudadanía que en la voluntad real de transformar los modos de gobierno. No obstante, según se hace patente en demasía, lo políticamente correcto y lo retórico-discursivo contienen un cierto componente de superficialidad, de ingenuidad y de escasa voluntad de problematización de las ideas y percepciones, que sostienen y dibujan un escenario en donde el discurso y la práctica se encuentran excesivamente alejados.

Se trata, afirman Ricard Gomá e Ismael Blanco, de superar la ilusión del “todos para uno y uno para todos”. La gestión de redes debe desarrollarse desde el reconocimiento de la complejidad conflictiva. Ciudadanos, y sobre todo técnicos y políticos, tienen que interiorizar la cultura del conflicto como oportunidad de creatividad social. Y deberían encarar la gestión del conflicto desde la comunicación y el diálogo, pero asumiendo la persistencia de “lo alternativo” y de disidencias como valores que enriquecen la nueva política. De otra parte, la governance en redes concretará nuevas pautas de fractura, puesto que habrá quien se inserte en las nuevas oportunidades de participación, y quien no disponga de recursos de inserción en las redes. En esta perspectiva, las Agendas Locales 21, los Planes Estratégicos, los Pactos Locales por el Empleo, los Proyectos Educativos de Ciudad, los Planes Comunitarios... no han de ser sólo procesos para sumar acuerdos y consensos fáciles entre unos cuantos; sino espacios permeables e inclusivos, donde políticos, técnicos, ciudadanos y movimientos sociales sean capaces de reconocerse en la diferencia, de compartir poder político real desde la aceptación del conflicto y desde la incertidumbre en los resultados del proceso. Unas enseñanzas que pasamos a describir someramente en el próximo apartado.

NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA UNIÓN EUROPEA Y SUS PECULIARIDADES EN LA CIUDAD
César Colino72 (UNED y Universidad Autónoma de Madrid) y Eloisa Pino (Universidad Rey Juan Carlos) han condensado las características del debate sobre la necesidad de renovación democrática en toda Europa, tanto en la práctica política como en la discusión académica. En su investigación advierten de la presencia en Ciencia Política de una preocupación cada vez mayor por la desafección y la falta de implicación política de los ciudadanos; simultáneamente en Ciencia de la Administración la discusión y las aportaciones científicas y prácticas se orientan a la reclamada mejora de la eficiencia en la provisión de los servicios, la calidad de los mismos y los modos de adoptar decisiones orientándose por o incorporando a los ciudadanos. En todos estos debates, según aclaran los observadores, desempeña un papel destacado la participación ciudadana, y su promoción se convierte, más que en una moda pasajera, en un objeto de interés político y científico de primer orden. La participación ciudadana se considera así indispensable para hacer frente a los retos del entorno: procesos de cambio social, restricciones presupuestarias, nuevas demandas, inmigración e integración social, globalización, integración europea, etc. Por su lado, las expectativas crecientes de los ciudadanos en materia de participación y las demandas y las actitudes cambiantes de los empleados públicos llevan a nuevas oportunidades y retos.

Además, el nivel local parece el ámbito donde los cambios se han producido más claramente y donde todas estas nuevas iniciativas se han puesto en práctica. El gobierno local tiene algunas características que lo hacen adecuado para generar iniciativas de participación ciudadana como la identificación de la institución con las peculiaridades y los intereses del colectivo/ del territorio al que atiende. Igualmente las administraciones locales tienen más posibilidades de crear las condiciones para la inclusión de los individuos o de los colectivos interesados en las cuestiones públicas.

Independientemente de cómo se articule esta oportunidad y con independencia también de la eventual utilización de la misma, es importante para los ciudadanos poder disponer de espacios en los que expresar sus juicios y opiniones.

Hay tres propósitos básicos que los gobiernos locales desean conseguir con las medidas de participación:


Información: Proporcionar información y oportunidades a los ciudadanos para estar mejor informados y aumentar su comprensión de las políticas y las prioridades. Estas medidas aumentan la legitimidad y generan hábitos participativos.

Aprendizaje: Escuchar y aprender de los ciudadanos. Estas medidas contribuyen a la mejora de las políticas públicas locales que se benefician de la opinión de los

ciudadanos.

Intercambio: Definir los problemas y debatir las soluciones con los ciudadanos. Estas medidas aumentan la eficacia de las decisiones y la rendición de cuentas.

Co-decisión: Se trata de incluir a los ciudadanos en la adopción de decisiones vinculantes para la comunidad en su calidad de afectados o de ciudadanos
Los instrumentos de participación poseen unos usos e intereses que conviene recordar:


  • El desarrollo de la creatividad y competencia cívica.

  • La activación de las posibilidades escasas de influencia, de implicación o los intereses de un barrio concreto o un grupo definido de la población.

  • El logro de una participación lo más representativa posible de la ciudadanía.

  • La conciliación de intereses divergentes.

  • El cumplimiento de requisitos preceptivos de legislaciones sectoriales.

  • La movilización de la implicación cívica o voluntaria.

  • El perfeccionamiento de la gestión administrativa local y la vida política a través de una mayor información.

  • Establecimiento y mantenimiento de estructuras permanentes de participación.

  • Perfeccionamiento de planes y proyectos.

  • Gestión de situaciones de conflicto producidas anteriormente.

  • Consideración de la visión particular de un grupo concreto de afectados.

  • Combatir la desafección política.

  • Formación de los ciudadanos para la democracia local.

La participación puede ser organizada a través de fórmulas distintas, por medio de unos mecanismos entre los que figuran los siguientes:




  • los referéndum decisorios

  • la creación de comisiones de usuarios de los servicios públicos

  • la cogestión y la gestión directa

  • el presupuesto participativo

  • la creación de estructura financieras a través de fondos iniciados por los habitantes que permiten financiar de forma simple y rápida proyectos individuales o colectivos.

Los métodos tradicionales componen unos mecanismos en las normas procedimentales administrativas habituales de información pública o vecinal o consulta obligatoria a representantes de asociaciones. Estos métodos son normalmente poco activos, pues el ayuntamiento, por ejemplo, debe exponer un plan de ordenación urbana para que se hagan las alegaciones que se estimen oportunas. El ciudadano se incorpora a la adopción de decisiones cuando todo está decidido e introduce normalmente las alegaciones que se refieren a inconvenientes que afectan o lesionan sus intereses individuales. Esta forma de participación es más bien reactiva, pues se acude al ciudadano cuando ya se ha adoptado la decisión, sin que éste se sienta verdaderamente partícipe de la misma.

A la hora de la verdad tampoco es que vaya a encontrarse la fórmula de participación ideal, pues todas presentan ventajas e inconvenientes y es difícil decidir cuál de ellas es la más idónea. Algunas dejan respuestas sin resolver, como quién es el responsable de adoptar la última decisión cuando existen puntos de vista irreconciliables, o quién garantiza que los individuos o grupos participantes en el proceso no sean cooptados por grupos de interés organizados, o cuál es el grado de implicación de las personas que viven en una comunidad para poner en marcha este tipo de iniciativas, o simplemente cuestiones como cuál sea la fiabilidad de la selección de personas a través de los medios de comunicación. Pero, en última instancia, lo razonable está en aceptar al menos que la democracia puede funcionar mejor con ciudadanos mejor informados y que la experiencia permitirá solucionar algunos de los problemas expuestos por César Colino y Eloisa Pino. En la sistemática de éstos los instrumentos de promoción de la participación que pueden disponer los gobiernos locales se diferencian según sus fines se dirijan a diferentes grupos (asociaciones, iniciativas ciudadanas, grupos de autoayuda, ciudadanos individuales).

Un primer instrumento básico de la promoción participativa al nivel local es la creación de una unidad administrativa u oficina integrada que esté dedicada a gestionar de manera transversal los intereses de los ciudadanos comprometidos y apoyarles, por una parte, mediante la institucionalización de la promoción participativa como tarea importante y transversal de la política y la administración municipal y, por otra, por la potenciación de una cultura de la participación. Para ello se han usado diferentes tipos de instrumentos por los ayuntamientos de toda Europa:




  • Instrumentos reguladores para asociaciones, como adopción de convenios

  • Organización administrativa del trabajo en el ayuntamiento

  • Instrumentos “blandos” para promover la implicación de los individuos

  • Formación de todos los participantes: Para asociaciones

  • Incentivos monetarios para individuos

  • Potenciación de los sectores ajenos a la participación

La desafección política ha llevado a hablar de crisis de la democracia local, una circunstancia que en los lugares europeos donde esto ha acontecido determina la aparición de reformas orientadas a la revitalización de las instituciones representativas y la legitimidad democrática local basada en la inclusión de los ciudadanos, identificando más democracia con más participación. De este modo, se han observado intentos de reforzar los mecanismos electorales de la democracia representativa.

Existen también diversos programas europeos o internacionales con la finalidad de realizar una política pública (Agenda local 21, Programa Urban, Ciudades Sociales). Por su lado, otras instituciones o fundaciones públicas o privadas comienzan a promover concursos o premios y la acumulación de “buenas prácticas” que lleven a los municipios a experimentar con nuevas fórmulas participativas. Las asociaciones y redes de municipios nacionales e internacionales — por ejemplo la Red Civitas de municipios orientados al ciudadano de la Fundación Bertelsmann en Alemania, o el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa— han desempeñado también un papel importante, en parte a través de Internet y conferencias anuales, en la difusión e intercambio de estas experiencias y en el asesoramiento municipal.

En la diferente implicación de los organismos oficiales puede distinguirse entre aquellos países en los que el interés por las iniciativas participativas procede de los gobiernos centrales o regionales y existen estrategias nacionales, y aquellos otros donde la promoción participativa se abandona a la voluntad e iniciativa de ayuntamientos concretos.


La extensión del discurso participativo está dando lugar a la revisión de los conceptos tradicionales de información, consulta e implicación ciudadana, y a la revisión de los mecanismos previstos en las normas procedimentales administrativas tradicionales de información pública o vecinal como las sesiones de preguntas y respuestas, las audiencias públicas o documentos de consulta, o los mecanismos neocorporativistas de consulta obligatoria a representantes de asociaciones.


Beneficios de la participación y nuevas prácticas de democracia local
Pero el fenómeno novedoso a explicar es la introducción de infinidad de métodos nuevos. Algunos recuerdan a los utilizados por el sector privado en su relación con sus clientes, como los sistemas de quejas y sugerencias, las encuestas de satisfacción con los servicios y otras encuestas de opinión que son algunos de los que dominan el panorama local en el Reino Unido con la introducción del Best Value, y están presentes también en Francia (por ejemplo Bobigny) y en Alemania, donde destaca el sistema activo de gestión de quejas que se introdujo en Arnsberg en 1994 y se extendió a otras ciudades.

Ejemplos de experiencias innovadoras se observan, por ejemplo, en la ordenación urbana y la planificación estratégica, así como la gestión social de barrios con necesidades de renovación, que como destacan C. Colino y E. Pino son frecuentes en Alemania, pudiendo mencionarse los foros o conferencias de barrio de Essen, o las iniciativas de gestión social de barrios en Bremen, Ulm, Tübingen, etc. así como experiencias de community planning como en Walsall o el Borough of Islington en Londres.

También la Agenda Local 21 se ha extendido por muchos municipios en toda Europa. Algunas innovaciones utilizan las nuevas tecnologías de la comunicación como las páginas web interactivas (Reino Unido, Francia). También deben destacarse los paneles permanentes de ciudadanos que en el Reino Unido, que han pasado de ser utilizados por el 18 por ciento de los ayuntamientos en 1997 a un 71 por ciento en 2001. Ciudades como Birmingham, Oxford, Bristol o Leicester han puesto en marcha iniciativas de este tipo con cierta notoriedad.

En España, especialmente en Cataluña, se ha asistido al surgimiento de toda una serie de foros o consejos consultivos o deliberativos (Sant Feliú), consejos de representación de jóvenes (Barcelona), consejos ciudadanos (Montornés), etc.

La intensidad de la actividad de todos estos actores, así como la discusión y los programas electorales más recientes en Alemania, Francia, Reino Unido o España hacen pensar en el triunfo de la participación como ideal político de la democracia local. Finalmente, la intensificación de la puesta en práctica de nuevas experiencias participativas en los últimos años no ha hecho que las discusiones acerca de los problemas concretos desplacen el debate clásico sobre la tensión o complementariedad entre democracia representativa y democracia participativa. En este sentido y aunque se encuentran con facilidad posiciones enfrentadas, parece predominar el discurso de los que mantienen que la democracia participativa es sólo posible como complemento de la democracia representativa y, por ende, que “la salud de la democracia representativa y de la democracia participativa están interrelacionadas”.

Al final lo que evidencian estos ejemplos es que en cada experiencia concreta subyace una o varias concepciones de la participación –como compromiso cívico, como contribución al logro de más democracia, como refuerzo del capital social y la cohesión social, como instrumento administrativo de mejora de los servicios e incluso de descarga de los presupuestos municipales—. Participación para algunos es el mero intercambio de información, ascendente o descendente, o cualquier consulta de los ciudadanos; para otros no se puede hablar de tal sin la concertación y diálogo, o la co-gestión o co-producción de los servicios; para otros, por último, las iniciativas de participación son simple política de imagen y legitimación de la acción política, y no será auténtica participación nada más que aquella donde los ciudadanos comparten un poder delegado para adoptar decisiones colectivas que les afectan. Pero a pesar de todas estas visiones, y quizá a diferencia de los desarrollos participativos de las décadas de los sesenta y setenta, más allá de los propios miembros de la creciente policy community, implicada en su promoción, parece haberse extendido el presupuesto básico de que la participación ciudadana es un recurso importante que puede proporcionar al menos tres tipos de beneficios:


a) funcionales: como la responsabilización de ciertas tareas sociales que pueden ser tomadas de la competencia exclusiva de las autoridades —piscinas, museos, centros cívicos, centros deportivos, centros de mayores o juveniles—, la provisión autónoma de bienestar con resultado de mayor productividad social y una incidencia en el empleo —tercer sector— y sus consiguientes efectos de ahorro en el sector público debido a la autoorganización de servicios y otras actividades;

b) sociales: sirve como contrapeso frente a ciertas tendencias sociales anti-cívicas como la extrema derecha u otros movimientos violentos y como compensación de la individualización agresiva o competitiva y de las manifestaciones violentas —criminalidad, exclusión, xenofobia— mediante el fomento de la pertenencia a la comunidad y la integración social, la generación de confianza y capital social sin el que la vida en comunidad es imposible;

c) políticos: con la creación de una esfera de articulación de intereses y cooperación necesaria para el funcionamiento democrático; es además una compensación de la pérdida de legitimidad de la democracia representativa.
Nada quita de nuestro análisis el convencimiento de que hay diferencias en cuanto al modo de abordar y fomentar las nuevas prácticas de democracia local. En el caso de España lo que hay son prácticas descoordinadas de democracia local, fruto de la iniciativa ciudadana y de cargos públicos municipales, con muy poca conexión con las autoridades autonómicas y centrales. Y Cuenca todavía anda con el paso cambiado, dos calles por detrás de la tónica avanzada, con lo que se une a ese trastabillado consenso en demarcar las dificultades y problemas que presentan los nuevos instrumentos de participación democrática en el ámbito local. Le acucian un conjunto de problemas generales -que se dan en todas partes-, como la poca participación general que producen los nuevos instrumentos de democracia local y, más concretamente, la poca participación que en ellos se da de determinados colectivos, como por ejemplo mujeres, jóvenes, personas con escasa instrucción y medios y, sobre todo, inmigrantes, con lo cual habría que reforzar los esfuerzos con estos grupos para que no se quedaran en los márgenes de las nuevas prácticas participativas.

En Cuenca, como ocurre en la mayoría de España, los problemas detectados, además de los anteriores, apuntan a la ausencia de un debate profundo sobre la democracia local, la falta de sensibilidad por parte de los responsables públicos con estos temas o, al contrario, su interés a veces desproporcionado, coyuntural y “cortoplacista” sobre los mismos, la eterna cuestión de la escasez de recursos económicos para sostener las nuevas prácticas participativas, el escaso interés ciudadano demostrado hasta la fecha y la necesidad de proceder de una vez por todas al restablecimiento del que se ha llamado eslabón perdido de la descentralización: el nivel local.

El diferente éxito de las iniciativas participativas y su promoción en Europa posee una serie de factores explicativos, entre los que C. Colino y E. Pino destacaron los siguientes:
- La actitud de las elites políticas y administrativas frente a las iniciativas participativas

- Las barreras institucionales y legales para implementar las iniciativas de participación auténtica

- Ciertos riesgos

- Las actitudes de los ciudadanos


En lo que se refiere a las actitudes ciudadanas, los estudios en Europa muestran una desigual voluntad participativa de la mayoría de los ciudadanos. Sabemos que incluso en los países más avanzados y más entusiastas de los nuevos métodos participativos, el número de ciudadanos incluidos en los procesos de participación no representa nunca un porcentaje superior al 10 por ciento. Frente a una minoría activa creciente, aunque más interesada en el voluntariado o asociacionismo que en el gobierno local, encontramos otra mayoría con escasa voluntad participativa. En el Reino Unido, por ejemplo, se descubrían cinco motivos de ésta que son extrapolables a la mayoría de los países del estudio:
a) una imagen negativa de las corporaciones locales derivada de la percepción de servicios deficientes, altos impuestos, desinterés de los políticos y funcionarios locales o excesiva burocratización;

b) falta de conocimiento de las oportunidades para participar y de los mecanismos

disponibles, por la dificultad realizar este esfuerzo sostenidamente o por falta de facilidades de acceso;

c) ausencia o lentitud de respuesta por parte de las autoridades cuando se les reclama sobre algún aspecto;

d) autopercepción de una eficacia política subjetiva negativa individual o del grupo al que se pertenece, los jóvenes, los blancos, los inmigrantes, los padres solteros;

e) creencia de que el gobierno local no puede solucionar los problemas.


Sin embargo, está demostrado que una vez que los ciudadanos se involucran en alguna experiencia participativa, la mayoría reconocen haber experimentado un enriquecimiento personal y haber mejorado su comprensión de los temas de locales. Parece claro, concluyen C. Colino y E. Pino, que los ciudadanos se comprometen con más facilidad en las experiencias participativas si reciben la invitación formal para hacerlo y si la iniciativa está relacionada con asuntos que tienen interés directo para ellos.
Participación ciudadana en el planeamiento urbanístico: Un ejemplo
En todos los documentos normativos sobre planeamiento se establece que la redacción de los documentos urbanísticos debe hacerse de modo que se cuente con la opinión de ciudadanos y afectados a lo largo del proceso de redacción. Sin embargo en la práctica lo que ocurre es que, a través de los mecanismos de exposición pública y recepción de sugerencias y alegaciones, no se recogen realmente las opiniones y pulsiones de la mayoría de los ciudadanos respecto al modelo de ciudad que ellos desean. Son mecanismos muy imperfectos, poco eficaces y que generalmente sirven casi en exclusiva a aquellos que tienen intereses concretos, como propietarios de suelo o a aquellos que se ven afectados por los cambios propuestos en el Plan.

Por otra parte, los vientos que soplan en las instancias europeas cada vez le dan más importancia a la participación de “todos” los agentes sociales y económicos en la definición y gestión de los problemas urbanos. El programa Urban de intervención en regeneración de barrios en crisis considera como factor fundamental para la concesión de los fondos europeos la existencia de una amplia red de asociaciones sociales de todo tipo, coherente con los objetivos del proyecto, que le de profundidad y conocimiento real de los problemas a los planteamientos iniciales, apoye el desarrollo del proyecto y garantice la continuidad de su impacto a largo plazo. Es sólo un ejemplo: esta exigencia de contar con todas las fuerzas sociales en el desarrollo de proyectos urbanos y de planificación se extiende a la mayoría de los proyectos apoyados por la Unión Europea y a buena parte de la gestión más innovadora y coherente también en España.

Sin embargo, lo que salta a la vista y compone unos usos muy extendidos es que hace falta andar mucho camino aún para conseguir que la participación aporte a los procesos de planificación urbanística en España todo lo que en realidad se espera de ella. “Para conseguirlo”, según comentó Isabela Velázquez73, “hay que emplear esfuerzo y dedicación en elaborar métodos que transformen los procesos participativos actuales, muy imperfectos y centrados sólo en sectores otra vez minoritarios de la población, en experiencias ricas, eficaces, agradables para la gente que participa en ellos y con consecuencias reales en la marcha de los procesos”.

Yo no olvido en muchos de mis paseos por la moldura de Cuenca el proceso de participación en Trinitat Nova (Barcelona), que ha sido desde 1996 un laboratorio de ensayo de diversas metodologías participativas, un proceso creativo del que sus protagonistas, técnicos y ciudadanos, han ido aprendiendo y que ha ido mejorando gradualmente. En sus comienzos la Asociación de Vecinos, muy debilitada, se puso en contacto con el sociólogo Marco Marchioni, impulsor de procesos de investigación participativa en Italia y en España que, junto con un comprometido equipo trabajando en el barrio, propone el desarrollo de un Plan Comunitario para encauzar la participación ciudadana de cara a conseguir una mejor calidad de vida en el barrio de Trinitat Nova. El documento base redactado por Marchioni consta de una reflexión sobre los siguientes temas:




  • La realidad social del barrio: elementos positivos y negativos.

  • Las hipótesis de futuro: el barrio como residencia asistida o la reconversión.

  • Una propuesta de plan de desarrollo social y comunitario.

  • El diagnóstico.

  • Los recursos (equipo de trabajo, programas comunitarios, integración social, potenciación del asociacionismo, proyectos comunes).

  • Las áreas de intervención y franjas de población : educación, salud, empleo, infancia y juventud, mujeres, ancianos...

  • Las funciones de la Asociación de Vecinos.

  • Los espacios comunitarios y los locales.

    • Alguna información complementaria: datos básicos, una guía de recursos del barrio, algunos temas no encasillables o una propuesta de logotipo.

Tras este primer paso, el Plan Comunitario comienza por hacer un Diagnóstico participativo de los problemas y oportunidades del barrio. En este diagnóstico se consideran todos los sectores de la vida urbana: educación, cultura, servicios, sociales, vivienda, empleo... Y para definir la situación en cada uno de estos sectores se cuenta no sólo con la opinión de la administración y de los técnicos y profesionales, más la de los líderes vecinales más destacados; sino también con los puntos de vista de un colectivo lo más amplio posible de vecinos y vecinas. El reducido equipo del Plan Comunitario dedicó buena parte de su actividad durante 1997 a contactar con el mayor número posible de actores importantes en el barrio: ciudadanos y ciudadanas, técnicos, políticos, responsables de servicios sociales, miembros activos de la Asociación, etc... El diagnóstico, elaborado con métodos de investigación participativa, fue un primer documento clave para comprender los puntos de consenso respecto a la transformación del barrio y a los problemas más importantes a los que había que hacer frente. Se hizo especial hincapié en acceder a las diversas franjas de la sociedad: infancia, juventud, adultos, gente mayor. Las áreas de intervención tocadas fueron: urbanística, económica, social y del asociacionismo.

El Plan Comunitario (PC) y su desarrollo ha sido factible gracias al trabajo continuado de un equipo reducido de personas, en contacto permanente desde 1996 con los vecinos del barrio: el Equipo Comunitario, que ha estado financiado desde distintos departamentos regionales y municipales. Su trabajo, hecho con especial eficacia y dedicación exhaustiva desde la AA.VV., con apoyos puntuales, ha cubierto una temática muy extensa en áreas de organización y desarrollo comunitarios, proyectos educativos, información interna y externa (población afectada, fuerzas políticas, técnicos, medios de comunicación, etc.) y documentación del proceso.

Ya en 1999, tras un primer acuerdo previo económico entre vecinos y administraciones, comienza el proceso urbanístico con un compromiso verbal de colaboración y participación vecinal, pero con hechos en sentido contrario. El Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Català del Sol (Suelo) convocaron un primer concurso de ideas para la remodelación de una parte del barrio. No se dio ninguna opción a los vecinos a participar ni en las bases del concurso ni en la selección de los ganadores. La administración se desmarcaba del proceso de participación. Era necesaria una prueba de que los vecinos tenían ideas claras respecto al futuro del barrio: abrir un espacio de diálogo.

La respuesta de la AAVV fue organizar su propio «concurso de ideas»: un taller de participación para definir la visión futura del barrio tal y como los vecinos, técnicos, comerciantes e incluso políticos, lo veían. Para ello se empleó una metodología de participación llamada EASW, desarrollada por la Unión Europea a partir de instrumentos de participación usados en países nórdicos, que garantiza que todo tipo de personas puedan discutir en profundidad y en pie de igualdad las ideas de futuro que cada uno tiene y seleccionar las que más consenso obtengan entre los participantes.

El concurso dio lugar a una propuesta arquitectónica que los vecinos rechazaron al no corresponder a ninguna de sus necesidades y deseos. Su coste se acercó a los 10 millones. El taller de participación dio lugar a unas bases claras de lo que los vecinos quieren para su barrio, que ahora se están desarrollando. Su coste a pesar de realizarse dentro del mayor rigor metodológico, no superó las 500.000 pesetas gracias a la participación voluntaria de muchas personas.

En base a los resultados del taller se comenzó a elaborar por parte de un equipo técnico un documento de bases para el planeamiento urbanístico sostenible del nuevo barrio: este documento es el titulado «Trinitat in-Nova», del que me acuerdo a menudo, principalmente cuando el poder general de Cuenca, dedicado a “pasear la vara” –sobre todo en procesiones de Semana Santa-, da la impresión a muchos ciudadanos que encarece unos proyectos que podrían resultar más baratos y más efectivos de contar honestamente con el pueblo y sus organizaciones puntuales.
Un paseo de la vara a sustituir
Las posibilidades de participación política en la Ciudad conlleva asignar las nuevas formas de habitar en la imaginación social y explicar sociológicamente la transformación, casi la alteración, de las relaciones entre centro y periferia que regían las ciudades industriales. Un esfuerzo que choca con la falta de estudios específicos sobre la distribución social en el espacio y las expectativas y comportamientos políticos de los residentes de diferentes estructuras urbanas. Que colisiona ordinariamente con la dificultad teórica de dar cuenta de las transformaciones profundas de la estratificación social, o como dice el sociólogo Félix Tezanos, con “la notable incapacidad interpretativa de la sociología”, cuyo desfase “tapona las posibilidades expresivas de traducción del sentimiento de desigualdad social”. Ese obstáculo no elimina la importancia que posee hablar de posición social cuando se intenta analizar la participación urbana. En verdad, si la ciudad ha sido ante todo el lugar de la política, su crisis debe representar también la crisis de la forma de pensar la política y la democracia. Pero es también la crisis de pensamiento de unas elites que, atadas al centro de las ciudades clásicas, se sienten incapaces de comprender o dar cuenta de la política de las nuevas periferias.

Y esto es flagrante en Cuenca, que se ve agobiada paulatinamente a comprender con urgencia por qué la gente desea vivir fuera de los centros o permanecer en ellos, suponiendo que pueda elegir, qué impulsa la movilidad social que se expresa en movilidad residencial. También aquí es evidente que “estamos ante una configuración política del espacio apoyada y promocionada por las políticas de urbanismo e infraestructura, por los precios del suelo, por la renuncia a la intervención redistributiva por parte del Estado. Pero es también la expresión de una utopía, largo tiempo fraguada, que ha desplazado el acento de lo público a lo privado, llevando a una especie de hipertrofia de la privacidad, cuya máxima expresión espacial es el triunfo de la casa frente a la calle o el barrio”74.

La forma actual de habitar muestra la eclosión de la vida privada y de la felicidad doméstica sobre otras facetas sociales, en general, y sobre el mundo de la política, en particular. Tal triunfo no es fruto del azar histórico, sino que es hijo de un sentido común, que Begoña Pernas ubica en unas ficciones y unos intereses inseparables de la construcción de una cultura de clase media, una utopía de la buena vida elaborada a lo largo de los dos últimos siglos. Esta experta determina que esta poderosa fuerza social explica al mismo tiempo las formas de residir y la conciencia o falta de conciencia política. Una fuerza compleja y en periodo de transición, sometida a diversos cambios que evidencian ciertas paradojas, como resulta en los obstáculos producidos en la estratificación social que se fragmenta en nuevos grupos, sexo, edad, etnia, lo que no impide que la gente se identifique masivamente como `clase media'. Se antepone la casa como lugar de la buena vida, pero ésta se convierte en nudo de una red de comunicación, relaciones y servicios nuevos, mientras se vacía de los elementos familiares y hogareños que conformaron la utopía burguesa. El trabajo, cada vez más desigual y fragmentado en varios mercados diferentes, se vuelve al mismo tiempo más importante para la socialización. Ya no genera conciencia de clase sino valor personal y relaciones sociales, de manera que se reprivatiza, por así decirlo, llenándose de exigencias psicológicas y de cargas morales que antes pertenecían al ámbito de las familias.

Viene a ser una difícil circunstancia que, al estar de por medio la problemática de la participación, hace que pensemos en la hipertrofia de lo privado y en las consecuencias que puede tener sobre el espacio público. Begoña Pernas glosa los valores de la vida privada, destacando su interés por el hecho de que es lo que nos iguala en la posibilidad de ser distintos. Mientras que en el mercado somos intercambiables y en la política estamos agrupados por intereses, identidades colectivas enfrentadas, nacionales, de clase, etc., en la vida privada puede florecer la subjetividad y la única diferencia relevante es la generación, es decir la edad, y el género, ser hombre o mujer. Pernas, amparándose en los estudios de Tezanos sobre estratificación y tendencias sociales, subraya que la clase media se percibe sobre todo como un estilo de vida, en que la gran diferencia se sitúa en la edad. Lo que caracteriza estos datos es una despolitización de la posición social, que aparece como una cuestión personal, propia más del ciclo de vida que de las relaciones sociales. “Borrar los determinantes de clase ha sido la labor esencial de la ideología de clase media en el último siglo. Este trabajo de redefinición del espacio social, basado esencialmente en la construcción y extensión de la vida privada, se plasma en nuestras ciudades sin memoria, donde el espacio común tiende a perderse”, afirma literalmente Begoña Pernas y yo lo compruebo al mirar el presente y recordar la Cuenca de cuando era simplemente un niño, a finales de los años cincuenta.

Nuestros políticos pasean orgullosos la vara del mando municipal sin caer en la cuenta de que la moral dominante y las aspiraciones del pueblo se han alejado del poder, y por tanto de ellos. El desenlace es la apuesta por la vida privada y la realización profesional como promesas de felicidad, y una pérdida de la nitidez física de las relaciones sociales, con lo que no es de extrañar que la política retroceda, dando paso a la identidad como el gran juego político contemporáneo. Las identidades, generacionales, sexuales, étnicas o culturales, son, entre otras cosas, una hipertrofia de lo privado y una invasión de lo público, donde la ética de la igualdad retrocede ante la multiplicidad de diferencias. Y por esto habría, sin olvidar las diferencias, que “repolitizar” las relaciones y los vínculos allá donde se encuentran: en los nuevos espacios periféricos y en los centros; en los hogares y en el trabajo, en las redes de información y comunicación, en las relaciones entre sexos y en las relaciones laborales. ¡Ahí es nada! La labor es inmensa, pues, como señaló Begoña Pernas, “para ello es imprescindible unir a la reflexión sobre el espacio urbano la reflexión sobre el valor social del trabajo y el tiempo de trabajo, las relaciones entre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado, entre el trabajo manual y el intelectual, y crear un nuevo `derecho a la ciudad', es decir a las ventajas de conocimiento, capital y bienestar social que solapadamente se van desplazando sin que nadie pueda reconocerlas”.

7. PRESUPUESTO MUNICIPAL Y CUENTAS CLARAS

Actualmente las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos están adquiriendo una nueva dimensión. La distancia con la que ya hace tiempo los ciudadanos ven a las Administraciones públicas ha abierto un nuevo ámbito de reflexión pública sobre las reformas necesarias para conseguir que los ciudadanos se sientan identificados con sus gobernantes. La transparencia administrativa esta relacionada directamente con la obligación del servidor público a rendirle cuentas a la ciudadanía. El gobernante, elegido por los gobernados para un período de cuatro años, demuestra sus capacidades y voluntad de cumplir sus promesas, informando y permitiendo a los ciudadanos la visibilidad de sus acciones, siendo la transparencia un espejo en el que queda reflejada la pureza de las labores y el conocimiento público de la toma de decisiones ante los ciudadanos. Se trata entonces, a través de esa nitidez y decoro, de mantener permanentemente una estructura administrativa abierta al acceso de la población interesada.

Con este telón de fondo, en el cual se exhiben problemas importantes de gobernabilidad, recursos potenciales y perspectivas algo desleales, llevamos años en Cuenca la ciudadanía viendo el mínimo entusiasmo de la Corporación municipal en el proceso conducente a la elaboración de los presupuestos municipales. Un intervalo y una desidia que es crucial, pues esa ocultación ofrece una imagen de falta de cooperación y de seriedad, como mínimo y entre otras dudas. Carencia y anomalía que se reprodujo el 3 de mayo de 2005, durante la celebración de un Pleno municipal en el que sobrevino la tercera modificación de los Presupuestos Municipales en 2005, aunque, según denunció el portavoz de la Oposición –¡ojo al loro!-, “desde 2000 llevamos cerca de 40 y el Ayuntamiento sigue sin Presupuesto”.

En principio, la ampliación de los cauces de participación en las decisiones políticas municipales deberían responder a una exigencia previa de la ciudadanía a los poderes públicos. Sin embargo, como se ha visto en el capítulo anterior, parece que hoy estamos bastante lejos de poder hablar de una fuerte demanda social en este sentido. La participación ciudadana se presenta hoy limitada a los colectivos organizados en la ciudad, y estos parecen circunscribir dicha participación a los asuntos de su más directa incumbencia.

Contra esta ausencia, en una parte (el gobierno municipal) y en otra (los ciudadanos conquenses y sus organizaciones representativas), lo más conveniente serían unos Presupuestos Participativos.


  • Los Presupuestos Participativos son un programa orientado a acercar la Administración Local a la ciudadanía, orientar la política hacia lo público y tratar de hacer al ciudadano y ciudadana más consciente de la ciudad que habita.

  • No es la representación, sino la participación directa, el núcleo y la forma de los Presupuestos Participativos, esto es, ciudadanía con capacidad y derechos para pensar, proponer, decidir y actuar.

  • El principio de los Presupuestos Participativos será la democracia participativa, elemento central y pivotante del proceso que se abre; también será un proceso abierto, que se nutre de su propio desarrollo, de este modo se entiende que la participación no está cerrada a nadie, se trata de un proceso que pretende revitalizar la participación ciudadana desde y con la propia ciudadanía.  

El movimiento vecinal, principalmente, debe jugar un papel primordial en esta propuesta, que, además, podría ser un buen banderín de enganche para recuperar una actividad tristemente reducida y mejorar una imagen últimamente dañada. Un daño cuyo remedio se encuentra en la adopción urgente de las medidas de transparencia que para estos casos se han adoptado en otros municipios, y que se recogen en el Cuadro 7.


CUADRO 7


Compartir con tus amigos:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad