Iniciativa del senador raúl morón orozco



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INICIATIVA DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES






SEN. RAÚL MORÓN OROZCO








El Suscrito, Senador de la República por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES, la cual cuenta con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, al tenor de la siguiente:



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México, un país en deuda con las y los jóvenes.

Los jóvenes son el sector con mayor energía y potencial creativo, con mayor capacidad de imaginación. Son personas con sueños, anhelos y esperanzas. Son el sector más importante para el devenir de la sociedad, pero también juegan un papel crucial en el presente. Las y los jóvenes tienen identidad propia, tienen derechos, tienen dignidad.

Cuando las y los jóvenes se proponen luchar por ideales, nada ni nadie los puede detener. Así está registrado en la historia de México.

Las y los jóvenes han sido actores fundamentales del cambio social y político.

Estamos convencidos que los jóvenes son la esperanza de la Patria.

No obstante, este país está desperdiciando su enorme potencial porque carece de un proyecto que los incluya, que les reconozca su dignidad y sus derechos. México carece de un proyecto que escuche a las y los jóvenes, que tome en cuenta sus opiniones, sus necesidades, sus aspiraciones y sus derechos.

Es urgente repensar el país desde la visión de la juventud. Es urgente construir una Política con carácter de Estado, con visión de largo plazo, que responda claramente al compromiso de reconocer, respetar, proteger y garantizar sus derechos específicos.

Las y los jóvenes reclaman una verdadera política hacia la Juventud, que garantice condiciones para la inclusión plena de la juventud en la vida productiva, política, social y cultural del país.

La desigualdad social es el rasgo más ominoso de nuestro país. México es uno de los países más desiguales de América Latina. Esta desigualdad, repercute de manera directa en la situación de las y los jóvenes.

1) Educación

La educación debería ser el pilar más importante en la construcción de un país moderno, con oportunidades de progreso y vida digna para todos. Pero en este país, para la gran mayoría de las y los jóvenes es prácticamente imposible continuar los estudios en el nivel medio superior y superior. El Estado mexicano, en vez de ampliar la oferta educativa, endurece más y más los requisitos hasta volver prácticamente inalcanzable para la mayoría el acceso a las Universidades Públicas.

El Estado se desentiende ante la deserción y el abandono de estudios, que tiene causas profundas, una de ellas, es la irresponsabilidad de los gobiernos. Esa es la realidad, que es mucho más dura en las zonas rurales y en las comunidades indígenas de nuestro país.

En México, solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de acudir a la Universidad tienen la oportunidad de hacerlo. Según el CENSO de 2010 del INEGI, 1 millón 401 mil 20 de jóvenes de entre 18 y 24 años, de un total de 1,948,965, no tenían la oportunidad de asistir a ninguna institución de educación superior. Es decir, el 71.9% quedará excluido.

Del total estudiantil universitario, las proyecciones indican que sólo el 4% logrará avanzar hacia los estudios de posgrado. Actualmente, las cinco entidades con menor cobertura son: Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo y Guerrero.

De acuerdo con datos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, de cada 100 egresados del bachillerato, sólo 86 logran inscribirse al nivel superior.

La exclusión, el abandono y la deserción se traducen en marginación, en transmisión generacional de la pobreza, en injusticia social, en atraso económico.

La Comisión Europea ha señalado ha señalado las consecuencias del abandono escolar en un plano individual:

“…afectan a las personas a lo largo de sus vidas, y reducen sus oportunidades de participar en la dimensión social, cultural y económica de la sociedad. Asimismo, aumentan su riesgo de desempleo, pobreza y exclusión social. Afectan a sus ingresos a lo largo de toda la vida, a su bienestar, a su salud y a la de sus hijos. También reducen las posibilidades de que sus hijos tengan éxito en sus estudios …”1

En un plano nacional, el mismo organismo ha señalado que:



A escala económica y social en sentido amplio, unos índices elevados de abandono escolar prematuro tienen efectos a largo plazo sobre la evolución de la sociedad y sobre el crecimiento económico. Quienes abandonan prematuramente los estudios suelen participar menos en los procesos democráticos y son menos activos como ciudadanos. La innovación y el crecimiento se basan en una mano de obra cualificada, no solo en los sectores de alta tecnología, sino en toda la economía.

La educación es la herramienta clave que permite a los jóvenes acceder a un trabajo en condiciones dignas, salir de la pobreza y alcanzar un nivel de vida adecuado.

Debemos preparar a las y los jóvenes no sólo para facilitar su inserción en el mercado laboral, sino también, para que puedan generar empresas, para ser investigadores, para acceder a las nuevas tecnologías, al arte y la cultura.

El Estado está obligado a garantizar el Derecho a la Educación y para ello, debería destinar mayor presupuesto a las instituciones públicas, porque en ello nos jugamos el futuro de México. Debería ampliar el número de centros educativos e instituir un eficiente sistema nacional de becas. Debemos apostar por garantizar la cobertura total en el nivel medio superior y superior, porque ello implica cambiar el destino nacional.



2) Trabajo, seguridad social y vivienda

Por otro lado, vivimos en un modelo económico que cierra las puertas del mercado laboral a los jóvenes. Los pocos que logran ingresar, trabajan sin prestaciones, con salarios precarios; muchas veces, son víctimas de explotación laboral. Esa es la realidad de las y los jóvenes, una realidad que permanece invisible ante los ojos de la autoridad.

Las empresas te castigan por el simple de hecho de ser joven, de no tener experiencia. Tenemos que hacer un gran acuerdo con el sector empresarial de México. Porque a todos nos conviene tener un país con altos índices de crecimiento, con estabilidad, que sea productivo y al mismo tiempo, que genere prosperidad. Por ello, debemos abrir la puerta a las y los jóvenes, invertir en su capacitación y especialización.

El Nobel de Economía, Robert Solow ha dicho que “contra lo que suponen los apologistas de la ortodoxia, cuando las personas intentan una y otra vez conseguir trabajo y no lo logran, no se produce un equilibrio entre oferta y demanda a salarios más bajos, sino que muchos se desalientan y se retiran del mercado de trabajo, para no sufrir más frustraciones”.2

En miles de jóvenes, incluso en aquellos que tienen la fortuna de estudiar una carrera profesional, existe desesperanza y frustración, porque saben que las oportunidades en el mercado de trabajo están reservadas para unos cuantos. De acuerdo con las cifras del INEGI, de 100% de los egresados a nivel nacional, únicamente 30% encuentra empleo en el primer año, y de éstos, sólo 30% labora en la actividad en la cual ha sido formado con sus estudios.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, la desocupación en México se concentra en los jóvenes, ya que el 53% de los desocupados tiene entre 14 y 29 años.

Ello, explica porque, según las cifras del Consejo Nacional de Población, 7 de cada 10 inmigrantes tienen entre 15 y 24 años. Es decir, México esta orillando a su juventud a dejar su país y su familia por la falta de alternativas de progreso.

Sin empleo para las y los jóvenes no habrá opciones de desarrollo, ni se acabará la pobreza. La OIT ha señalado que las estrategias para generar trabajo decente deben ser consideradas como un aporte a la cohesión social, a la paz y a la gobernabilidad democrática.

Las políticas actuales del Gobierno federal y de los gobiernos estatales, tienen alcances muy limitados, se circunscriben al otorgamiento de becas, impartir talleres, crear bolsas de trabajo. La reciente reforma laboral propició despidos, mayor incertidumbre en el trabajo y discriminación hacia los jóvenes.

Las y los jóvenes no tienen protección frente a los riesgos dentro y fuera del ámbito laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que en México, la mayoría de los asalariados de 15 a 24 años inicia su trayectoria profesional en microempresas con una nómina de entre dos a cinco empleados, situación que comparten tanto Argentina, como Perú y Brasil.

De acuerdo con el estudio "Trabajo decente y juventud en América Latina", el hecho de que 40 por ciento de los jóvenes asalariados laboren en empresas pequeñas "es preocupante por la asociación de dichas empresas con sectores de baja productividad, empleos precarios, de baja remuneración y sin acceso a protección social", detalla el estudio de la OIT.

Por lo que hace al acceso a vivienda, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto, sólo el 23% de las y los 14.3 millones de jóvenes que declaran tener un trabajo remunerado cuenta con el derecho de solicitar un crédito para vivienda como una de las prestaciones que tiene en su trabajo.



3) Salud y alimentación

Según la Metodología utilizada por el CONEVAL, se estima que el 22% de los hogares de México presentó una carencia por inseguridad alimentaria en el 2010. Las y los jóvenes constituyen el grupo poblacional más afectado en este rubro.

Más del 25% de las y los jóvenes del país vive en hogares que presentan inseguridad alimentaria. De igual forma, hay mayor incidencia en el subgrupo de menores de edad: alrededor de un 30% de las y los jóvenes entre 12 y 17 años padece de inseguridad alimentaria, mientras que en jóvenes entre 18 y 29 años, el dato oscila entre el 21 y 24%.

En México, la principal prevalencia tanto de sobrepeso como obesidad se presenta a partir de los 18 años. Globalmente, el 24% de las y los jóvenes presenta problemas de sobrepeso y casi el 10% de ellos tiene obesidad.

Según las cifras del CONEVAL, más del 36% de las y los jóvenes carece de algún tipo de seguro médico; es decir, no cuentan con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército, Marina) y servicios médicos privados.Para los grupos de edades mayores a 17 años, dicha tasa alcanza hasta un 45%.

Por otro lado, 10% de la población de jóvenes vive en hogares que carecen de acceso al agua. Un porcentaje similar carece de infraestructura de drenaje y más del 13% carece de combustibles adecuados (gas o electricidad) para cocinar.



4) Acceso a las tecnologías de la información

El acceso a la información es vital para el desarrollo de las y los jóvenes, así como para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades. En este tema también se muestra claramente la desigualdad. Según resultados de INEGI, en 2012 el 32.2% de los hogares del país contaba con una computadora. Sólo el 26.0% de los hogares contaba con una conexión a Internet, el servicio más característico de las TIC. Para 2013, aun faltaban cerca de 70 millones de mexicanos de conectarse a la red de internet.



5) Un Estado que estigmatiza y criminaliza a sus jóvenes.

Diversos analista han reconocido que los jóvenes en México son detenidos no porque comentan delitos, sino por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por pertenecer a un grupo de construcción de identidad. Criminalizar a los jóvenes, implica colocarles no sólo estereotipos, sino también etiquetamiento y estigmas.



En suma, México está en deuda con su Juventud, que hoy enfrenta, en su mayoría, una realidad de incomprensión, exclusión, discriminación y ausencia de oportunidades de progreso y vida digna. Con base en lo expuesto, podemos afirmar que existe una situación generalizada de violación sistemática de los derechos humanos de las y los jóvenes.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Objetivo:

Establecer la normatividad que permita al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, sin perjuicio de los mecanismos de protección o tutela de dichos derechos establecidos en otras leyes. De manera específica, se establece como objeto de la Ley:


I. Reconocer a las y los jóvenes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo lo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
III. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de las y los jóvenes así como las facultades, competencias, concurrenda y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y
IV. Establecer el Sistema Nacional de Indicadores de Derechos de las y los jóvenes;

Se consideran como sujetos de la Ley las personas que tengan entre 12 y 29 años de edad. Cabe señalar que actualmente la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud contempla el mismo rango de edad. Esta decisión nos parece más atinada que la edad que señala la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que contempla a las personas entre 15 y 24 años de edad.



Perspectiva de Género

En primer lugar, la presente Ley está escrita en lenguaje de género. Podemos discutir si es atinado o no, en términos de las reglas de gramática. Pero lo que nadie puede negar, es que en este país son las mujeres, especialmente las jóvenes, quienes enfrentan mayores violaciones a sus derechos humanos, quienes padecen más la exclusión, la discriminación y la cancelación de sus sueños y sus anhelos. Son las jóvenes las primeras que deben luchar por la igualdad y por sus derechos.

Si queremos construir un futuro distinto, hay que avanzar en la lucha contra la desigualdad entre los géneros.

El enfoque de Derechos Humanos

Nuestra propuesta de Ley, se aparta de otras iniciativas, de las visiones de siempre, porque las y los jóvenes no deben ser vistos nunca como sujetos de tutela, de protección, mucho menos, como destinatarios de la ayuda del Estado.

Nuestra propuesta reconoce a las y los jóvenes como Sujetas y Sujetos plenos de Derechos.

Derechos que implican una obligación correlativa de las instituciones del Estado, que están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar, así se los exige el artículo 1º de la Constitución.

Rechazamos contundentemente la visión asistencialista, porque ello atenta contra los derechos y la dignidad de las y los jóvenes.

Por eso planteamos, que debe quedar claro cuáles son los derechos que tienen. Deben hacerse explícitos. Son Derechos universales, exigibles y justiciables.

Planteamos también que sean esos derechos la base y el objeto de las políticas públicas hacia las y los jóvenes. Es decir, todas ellas deben buscar que se haga realidad el acceso a una vida digna de las y los jóvenes.

Transversalidad

La ley plantea que las políticas públicas, medidas, acciones, programas dirigidos a las y los jóvenes sean complementarios entre sí. Que se alcances los mayores niveles de coordinación e integralidad para el cumplimiento de objetivos y metas.

Ello, tiene que ver con las características de los derechos que son universales, indivisibles e interdependientes. El ejercicio de un derecho está condicionado por la observación de diferentes circunstancias. Por ejemplo, la ONU ha señalado que “el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana”. Más específicamente, el derecho a la salud se extiende a “los determinantes fundamentales de la salud, como son el acceso al agua limpia y potable y las condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, la nutrición y la vivienda adecuadas, unas condiciones de trabajo seguras y sanas, un medio ambiente sano y el acceso a la información y la educación sobre cuestiones relacionadas con la salud”3


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