Informe preliminar sobre pobreza


IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


  1. La CIDH considera este informe como un paso todavía inicial en los esfuerzos del sistema interamericano para afrontar la situación de pobreza y pobreza extrema en las Américas, encaminados a mejorar y fortalecer la legislación, políticas y prácticas de los Estados dirigidas a abordar esta problemática y a garantizar que los derechos humanos de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema sean debidamente respetados y protegidos.

  2. De la información recibida a través de los distintos mecanismos de trabajo de la CIDH, y en particular, de la información recopilada como respuesta al cuestionario emitido para el presente informe, de los diálogos y consultas con Estados, Sociedad Civil y Expertos en la materia, así como de las visitas de observación realizadas para tal fin; la CIDH observa con preocupación que la persistente situación de pobreza y pobreza extrema se traducen en graves obstáculos para el goce efectivo de sus derechos humanos, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales; como de los derechos civiles y políticos.

  3. En particular, en sus visitas de observación para la realización del presente informe, la CIDH ha podido observar que las personas que viven en la pobreza frecuentemente tropiezan con obstáculos, de índole geográfica, económica, cultural y social, para ejercer sus derechos. Por ejemplo, en referencia a los obstáculos geográficos, en ocasiones las personas que viven en situación de pobreza viven alejadas de los lugares de trabajo, de las plazas comunales, de los mercados y se les dificulta el acceso a los servicios públicos, tales como agua potable, el acceso a servicios de salud de calidad, centros educativos y a las entidades gubernamentales que prestan servicios sociales. Asimismo, en ocasiones se ven expuestas a recorrer largas distancias y transitar por caminos, infraestructuras y carreteras en mal estado, poniendo en peligro su vida. Dado que muchas veces las personas que viven en situación de pobreza residen en zonas alejadas y remotas, enfrentan dificultades relacionadas al acceso a servicios esenciales, tales como electricidad, saneamiento y servicio telefónico para casos de emergencias592.

  4. Los obstáculos que deben enfrentar cotidianamente las personas, grupos y colectividades que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, se amalgaman entre sí –generando condiciones de trabajo inadecuadas y hasta peligrosas, carencia o condiciones insalubres de vivienda, inadecuada alimentación o desnutrición, riesgo a sufrir enfermedades que podrían ser prevenibles, acceso desigual a la justicia, la falta de participación en los procesos de toma de decisiones que les compete, entre otros- repercutiendo en el goce efectivo de sus derechos humanos.

  5. La CIDH concluye este informe con una serie de recomendaciones generales y de naturaleza progresiva, destacando la obligación de los Estados de adoptar pasos deliberados, concretos y orientados a cumplirlas para avanzar en la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema en las Américas. La Comisión destaca el principio de no regresividad en el cumplimiento de todas estas obligaciones y recomendaciones, y el acceso a la justicia como un eje fundamental cuando ocurren violaciones de derechos humanos en esta esfera.

  6. En el marco de su mandato, la Comisión Interamericana reitera su compromiso de colaborar con los Estados americanos en la elaboración e implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos lograr progresivamente la plena erradicación de la pobreza y la pobreza extrema en el hemisferio. Así como con la protección de los derechos humanos de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, poniéndose a disposición para conocer y evaluar, de conformidad a la normativa interamericana y reglamentaria, posibles violaciones de derechos humanos que se hayan generado por la situación de pobreza en sí misma, o que se hayan generado en el marco de la pobreza como una causa o consecuencia de dicha situación.

  7. En ese sentido, la CIDH considera importante reiterar que “la pobreza inhibe la capacidad de las personas para gozar de sus derechos humanos”, por tanto, los Estados Parte deben en primera instancia respetar todos los derechos y libertades según lo requerido por el artículo 1 de Convención Americana593 y la normativa interamericana concordante, anteriormente referida.

  8. Al respecto, presenta las siguientes recomendaciones referidas al abordaje de la pobreza y la pobreza extrema como un problema de derechos humanos:

Erradicación de la pobreza y la pobreza extrema con enfoque de derechos humanos

  1. La CIDH recomienda el diseño e implementación de políticas públicas integrales, que desarrollen, en forma simultánea acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo con el objeto de erradicar la pobreza y la pobreza extrema en las Américas.

  2. La CIDH exhorta a los Estados a incorporar el enfoque de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de naturaleza social, fiscal, económica, comercial, tributaria, ambiental y, en general, para todo programa o medida que adopte en sus estrategias, para erradicar la pobreza y la pobreza extrema.

  3. La CIDH recomienda dar continuidad y ampliar la cobertura de las políticas públicas y programas que actualmente se encuentran implementando los Estados del hemisferio para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad, de las personas, grupos y colectividades que viven en la pobreza y la pobreza extrema.

  4. La CIDH insta a los Estados a que las estrategias globales para la erradicación de la pobreza que adopten los Estados, incorporen programas especiales que otorguen prioridad al abordaje y tratamiento de la pobreza extrema, a fin de remover de manera prioritaria los obstáculos que impiden el ejercicio de derechos humanos de grupos, personas y colectividades históricamente discriminadas que viven en extrema pobreza.

  5. La CIDH insta a los Estados a reconocer y abordar explícitamente los aspectos de interdependencia entre las políticas económicas, financieras y comerciales, y las políticas sociales; así como el impacto de éstas en los derechos de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema.

  6. La CIDH recomienda a los Estados la implantación progresiva de medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, grupos y colectividades que viven en la pobreza.

  7. La CIDH además llama a los Estados a que establezcan metas concretas en plazos específicos en las políticas y planes que adopte para erradicar la pobreza, y que en épocas de crisis económica y recesión no apliquen recortes a las políticas y programas destinados a las personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas, como las mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, entre otros.

  8. Adoptar legislación y políticas públicas laborales, educativas y económicas que tomen en cuenta la intersección de los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos. Se deben tener en cuenta las especificidades de la población a beneficiarse, tomando en cuenta las características particulares de las niñas, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las migrantes, y las personas con discapacidad, entre otros grupos en particular riesgo a violaciones de sus derechos humanos.

Igualdad y no discriminación

  1. Los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales deben analizar todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establezcan diferencias de trato basadas en condiciones sociales o que puedan tener un impacto discriminatorio en los términos definidos en este informe, así como adoptar las medidas y acciones necesarias para garantizar condiciones de igualdad real para las personas, grupos y colectividades que viven en situación de discriminación histórica.

  2. La CIDH recomienda la adopción de políticas públicas destinadas a eliminar estereotipos de discriminación y exclusión relacionados con la situación de pobreza en la sociedad.

Realización progresiva y no regresividad de los DESC

  1. La CIDH reitera que, en virtud del principio de progresividad, le está vedado al Estado adoptar políticas, medidas y sancionar normas jurídicas, que sin una justificación adecuada empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.

  2. La CIDH insta a los Estados a rendir cuentas sobre cómo se han movilizado hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna.

Acceso a la Justicia

  1. La CIDH recomienda diseñar una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que a las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema tengan un acceso pleno a una adecuada protección judicial.

  2. La CIDH recomienda crear instancias y recursos judiciales idóneos y efectivos en zonas rurales, marginadas y en desventaja económica, con el objeto de garantizar un acceso pleno a una tutela judicial efectiva, así como incrementar el número de abogados de oficio disponibles.

  3. La CIDH recomienda promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden el acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación y políticas integrales de prevención.

Empoderamiento y participación

  1. La CIDH reitera que los Estados deben desarrollar estrategias coordinadas de forma intersectorial en las áreas de acceso a los recursos, y con relación a los derechos al trabajo digno, salud, alimentación, vivienda, y educación, orientadas a garantizar el empoderamiento económico y social de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, mediante el ejercicio efectivo de sus derechos.

  2. La CIDH recomienda desarrollar espacios para consultar con las personas que acceden a programas de las políticas públicas para la satisfacción de sus derechos, a fin de que resulte posible por medios institucionales tomar en cuenta sus experiencias y perspectivas.

Rendición de cuentas:

  1. Las políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza y la pobreza extrema en las Américas deben ser sustentables y sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación ciudadana.

  2. La CIDH recomienda poner en funcionamiento procedimientos que hagan efectiva la rendición cuentas de todas las autoridades con responsabilidad en políticas relativas a lograr la erradicación de la pobreza a partir de mecanismos de control internos y externos, favoreciendo de esa manera la institucionalidad democrática y la transparencia en el ejercicio de la función pública; y las medidas para enfrentar impunidad y la corrupción.

Producción y acceso a la información

  1. La CIDH recomienda a los Estados adoptar programas estatales encaminados a recopilar estadísticas desagregadas por género, raza y etnia, situación de pobreza y pobreza extrema, y sistemas de indicadores con enfoque interseccional, que permitan realizar diagnósticos con la finalidad de adoptar las políticas públicas pertinentes y medir la progresividad en el cumplimiento de las obligaciones de los Estados.

Libertad de expresión

  1. Adoptar un marco legal y regulatorio que promueva los derechos de distintas personas y grupos al acceso y uso de medios y tecnologías digitales para difundir sus propios contenidos y recibir contenidos relevantes producidos por terceros.

  2. Realizar esfuerzos para cerrar progresivamente la brecha digital existente -sobre todo en acceso a Interent, telefonía móvil y dispositivos adecuados- entre la población con acceso a las tecnologías digitales y los sectores que aún no la tienen. El acceso a internet apareja al menos tres tipos de medidas que deben adoptarse de manera progresiva: i) medidas positivas de reducción de la brecha digital; ii) esfuerzos de desarrollar planes para asegurar que la infraestructura y los servicios tiendan a garantizar, progresivamente, el acceso universal; iii) así como medidas para prohibir el bloqueo o la limitación al acceso a Internet o a parte de esta.

Recomendaciones específicas para personas, grupos y colectividades que viven en pobreza y pobreza extrema:

Mujeres:

  1. La CIDH recomienda procurar que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las indígenas, afro-descendientes, y las que viven en zonas rurales. También destaca el carácter prioritario de adoptar medidas para asegurar que las mujeres tengan un acceso pleno a servicios de salud materna adecuados y políticas para prevenir toda forma de violencia contra las mujeres. Los Estados deben crear las condiciones necesarias para que las mujeres – y en particular las que viven en situación de pobreza y que sufren múltiples formas de discriminación – puedan tener conocimiento básico de sus derechos y de la legislación existente, de programas sociales destinados a superar su situación de pobreza, y de los recursos judiciales disponibles para obtener un remedio cuando violaciones a sus derechos humanos ocurren.

Niños, niñas y adolescentes:

  1. La CIDH recomienda a los Estados a que en atención al interés superior de los niños consideren de forma prioritaria los impactos que la pobreza tiene en los niños, niñas y adolescentes. La CIDH exhorta especialmente a los Estados a que fortalezcan las políticas sociales de protección a las familias y amplíen su cobertura, así como a que fortalezcan los sistemas nacionales de protección de la niñez y sus servicios a nivel local. En particular, la CIDH destaca la importancia de fortalecer la incorporación de estrategias de lucha contra la pobreza en los sistemas educativos y de salud.

Pueblos indígenas:

  1. La CIDH recomienda para avanzar hacia la superación de la pobreza y la pobreza extrema en las comunidades indígenas de las Américas, mediante la adopción de medidas multidimensionales para eliminar las brechas de desigualdad entre comunidades indígenas y no indígenas, en cuanto a los impactos de la pobreza y la pobreza extrema.

Personas afrodescendientes:

  1. La CIDH recomienda a los Estados adoptar medidas de acción afirmativa que prioricen la inclusión de la población afrodescendiente en el mercado de trabajo, en todas sus instancias, y en los espacios educativos, en todos sus niveles, en los ámbitos públicos y privados. Asimismo, la CIDH insta a los Estados a adoptar un enfoque étnico-racial en las políticas sociales de combate a la pobreza de manera que atienda la situación particular de los afrodescendientes, y en particular, de las mujeres, niños, y niñas.

Migrantes:

  1. La Comisión estima que las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos deben contemplar las necesidades especiales de protección que presentan ciertos migrantes que se han visto forzados a salir de sus países de origen debido a amenazas existenciales frente a las que no tienen acceso a un recurso o resolución interna. En lo que concierne al desarrollo de estándares, los órganos del Sistema Interamericano también han ido desarrollando de forma progresiva conceptos como el relativo al derecho a la vida digna, así como identificando diversas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este tipo de avances jurisprudenciales deben ser tenidos en cuenta al momento de determinar si la migración de personas en situaciones de pobreza se ha dado como consecuencia de vulneraciones a estos conceptos. A su vez, la Comisión considera que la utilización de conceptos como el del derecho a la vida digna y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes pueden ser la base para prevenir la devolución o deportación de migrantes en situación de pobreza cuyos derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo de violación.

Personas privadas de libertad:

  1. La CIDH recomienda a los Estados a adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia legal pública a aquellas personas en privación de libertad preventiva o que cumplen condena y que están en situación de poder solicitar revisión de la privación de libertad o beneficios penitenciarios, a fin de evitar que por falta de recursos económicos no accedan a los mecanismos de revisión o beneficios que la legislación aplicable establezca. A su vez, la CIDH insta a los Estados a que determinen cuáles son las enfermedades infecciosas desatendidas prioritarias en el contexto carcelario. La CIDH también sugiere que los Estados deben regular mediante ley todos los aspectos relacionados con el régimen de visitas de forma tal que se promueva y garantice el mantenimiento de las relaciones familiares de las personas privadas de libertad, con independencia de la condición socioeconómica de las mismas. Finalmente, recomienda a los Estados el adoptar las medidas necesarias a fin de que la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, se adecúen a criterios de igualdad material.

  2. Tomando en cuenta las consecuencias diferenciadas que enfrentan las mujeres privadas de libertad, y las afectaciones que generan a sus hijos, la CIDH insta a los Estados a contar con una perspectiva de género en la creación, implementación y seguimiento de las reformas legislativas y políticas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva; en particular, los exhorta a adoptar las medidas necesarias para fomentar la aplicación de medidas alternativas a la misma.




  1. Disponer de servicios públicos o privadas a fin de proporcionar a las personas que estuvieron privadas de la libertad, ayuda pospenitenciaria eficaz que permita contribuir en su reinserción social.

Personas con discapacidad:

  1. La CIDH recomienda a los Estados garantizar en toda estrategia relacionada con el tema de discapacidad, que se tenga como base el cambio de paradigma consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representen sean consultadas a fin de realizar un examen sistemático de la legislación, las políticas y los programas a la luz de los derechos humanos de las personas con discapacidad. También la CIDH destaca que los Estados deben revisar leyes, políticas o programas que entrañen una distinción, restricción o denegación de los derechos de las personas con discapacidad en razón de su situación de pobreza o pobreza extrema, o que ocasionen la inaccesibilidad de servicios o prestaciones a las personas con discapacidad por su condición económica.

Grupos LGBTI:

  1. La CIDH destaca la necesidad de incorporar la dimensión de la orientación sexual y la identidad de género en los sistemas nacionales de recolección de información, políticas públicas y programas sociales; adoptar medidas garantistas, incluyendo medidas legislativas y en materia de políticas públicas, que garanticen la protección social de personas trans, lesbianas, gay, bisexuales e intersex, con especial énfasis en lo relativo al acceso a la educación, vivienda, trabajo y salud; adoptar medidas de carácter presupuestario para dotar a dichas políticas públicas de erogación presupuestaria acorde a la problemática que intentan atender, para garantizar así la efectividad e idoneidad de las mismas; y adoptar medidas efectivas, en consulta con las organizaciones de sociedad civil y personas afectadas, que permitan el mejoramiento de la atención y el acceso a los servicios de salud por parte de las personas LGBTI, con miras a garantizar de forma integral su derecho a la salud.

1 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L/VII.110 doc. 52, 9 marzo 2001, párr. 5

2 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, OEA/Ser./L/VII.110 doc. 52, 9 marzo 2001, párr. 17; CIDH, El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales; OEA/Ser.L/V/II.143. Doc. 59, 3 de noviembre de 2011, párr. 1. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresdesc2011.pdf .

3 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L/VII.110 doc. 52, 9 marzo 2001, párr. 4 Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Paraguay01sp/cap.5.htm#_ftnref1

4 CIDH, Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay 2001, Capítulo V, párr. 10. Ver, Informe sobre Desarrollo Humano 2000, ob. cit., pág. 8.

5 Naciones Unidas, Banco Mundial: El cambio climático podría añadir 100 millones de pobres.

6 CIDH, Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.83
Doc. 16 rev, 1 junio 1993. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala93sp/indice.htm

7 Naciones Unidas, CEPAL, Desarrollo Social Inclusivo: “Una nueva generación de Políticas para superar la Pobreza y Reducir la Desigualdad en América Latina y el Caribe”. Enero de 2016. Publicación emitida con posterioridad a la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Lima 2 a 4 de noviembre de 2015. Capítulo 1.

8 NU, Proyecto final de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, presentado por la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, A/HRC/21/39, 18 de julio 2012, párr. 6.

9 Naciones Unidas, Proyecto final de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, presentado por la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, A/HRC/21/39, 18 de julio 2012, párr. 6.

10 Magdalena Sepúlveda, De la retórica a la acción. Los elementos esenciales para garantizar que las políticas públicas tengan enfoque de derechos.

11 Naciones Unidas, Proyecto final de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, presentado por la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, A/HRC/21/39, 18 de julio 2012, párr. 5.

12 Revista CEPAL, Víctor Abramovich, Una aproximación al enfoque de derechos, en las estrategias y políticas de desarrollo.

13  NU, Proyecto final de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, presentado por la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, A/HRC/21/39, 18 de julio 2012, párr. 7.

14 Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución Aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015: Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. 21 de octubre de 2015.

En el año 2015 se cumplió el término establecido con la adopción de los ocho “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM)–contenidos en la Declaración del Milenio, que fue suscrita por 189 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante la Cumbre del Milenio del año 2000. Reconociendo los logros alcanzados y que era necesaria una nueva agenda de desarrollo para después de 2015, los países acordaron en el año 2012 en Río+20, establecer un grupo de trabajo abierto para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Después de más de un año de negociaciones, el Grupo de Trabajo Abierto presentó su recomendación para los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, en la actualidad existen 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con 169 metas, a diferencia de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con 21 metas.



15 NU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones Sustantivas que se Plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 1.

16 Naciones Unidas, Los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Hay diez principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Cada uno de estos tratados han establecido un comité de expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los Estados Partes. Algunos de los tratados se complementan con protocolos facultativos relativos a preocupaciones específicas.

17 El artículo 11 del PIDESC y el artículo 25 de la Declaración Universal consagran el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende el acceso a la alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como el derecho al agua y la mejora continua de las condiciones de existencia. Ver, NU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones Sustantivas que se Plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 10. Además, Comité DESC, Observación general Nº 15, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párr. 3.

18 NU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones Sustantivas que se Plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 1.

19 ONU, Comité DESC, Observación general Nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados Parte (párrafo 1 y 2 del Pacto), párr.10.

20 ONU, Comité DESC, Observación general Nº 14, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, párr. 47.

21 Naciones Unidas, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos: el Relator Especial es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos. Concretamente, se indica que el Consejo de Derechos Humanos ha encargado al experto la tarea de examinar las iniciativas adoptadas para promover y proteger los derechos de quienes viven en la pobreza extrema, e informar a los Estados miembros al respecto. Ejerce el cargo a título honorario y no forma parte del personal de las Naciones Unidas ni percibe un sueldo por el desempeño de su mandato. Es de indicar que en la actualidad y desde junio de 2014, el Sr. Philip Alston desempeña dicho mandato. El mismo fue precedido por la Sra. Magdalena Sepúlveda Carmona (mayo 2008-junio 2014), el Sr. Arjun Sengupta (agosto 2004-abril 2008) y la Sra. A. M. Lizin (abril 1998-julio 2004).

22 Naciones Unidas. Mandatos Temáticos. Lista Completa de los mandatos.

23 Naciones Unidas, Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos. Principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. A/HRC/RES/21/11.

24 Naciones Unidas, Los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

25 Naciones Unidas, Asamblea General, Declaración del Milenio, Quincuagésimo quinto período de sesiones Tema 60 b) del programa, 13 de septiembre de 2000.

26 Naciones Unidas, Podemos erradicar la pobreza: Objetivos de desarrollo del milenio y más allá del 2015. Ver Cumbre del milenio.

27 Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo del milenio: informe 2015. 15 de septiembre, 2016. Págs. 4-7.

28 Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo del milenio: informe 2015. 15 de septiembre, 2016. Págs. 4-7.

29 Naciones Unidas (2010). Objetivos de desarrollo del milenio. El progreso de América Latina y el Caribe hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. 19 de septiembre de 2016, Pág. 8.

30 Naciones Unidas (2010). Objetivos de desarrollo del milenio. El progreso de América Latina y el Caribe hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. 19 de septiembre de 2016, Págs. 8-11.

31 Naciones Unidas (2010). Objetivos de desarrollo del milenio. El progreso de América Latina y el Caribe hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. 19 de septiembre de 2016, Págs. 8-11.

32 Naciones Unidas (2015). Resolución No. 70/1, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 25 de septiembre de 2015. Pág. 3.

33 Naciones Unidas (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015: Transformar el Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1 21 de octubre de 2015.

34 Naciones Unidas (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. 19 de septiembre, 2016. Pág. 1.

35 Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución Aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015: Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. 21 de octubre de 2015. Introducción.

36 Naciones Unidas (2015). La agenda de desarrollo sostenible. 19 de septiembre, 2016. Pág. 1.

37 Naciones Unidas (2015). Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 19 de septiembre de 2016. Pág. 1.

38 Naciones Unidas. Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 19 de septiembre, 2016. Pág. 1.

39 Naciones Unidas. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 19 de septiembre, 2016. Pág. 1.

40 Naciones Unidas. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 19 de septiembre, 2019. Pág. 1.

41 Naciones Unidas. Agenda de Desarrollo Sostenible. 19 de septiembre, 2016. Pág. 1.

42 OEA, Plan de Acción de Santiago, 1998.

43 OEA, Comunicado de Prensa No C-197/03: Declaración de Margarita Afirma compromiso Del Hemisferio en el Combate a la Pobreza.

44 OEA, Aportes desde la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) del Departamento de Inclusión Social (DIS) de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE). Respuesta al Cuestionario de la CIDH sobre Pobreza y Derechos Humanos.

45 OEA, Aportes desde la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) del Departamento de Inclusión Social (DIS) de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE). Respuesta al Cuestionario de la CIDH sobre Pobreza y Derechos Humanos.

46 OEA, Declaración y Plan de Acción de Mar del Plata, 2005.

47 OEA, Declaración y Plan de Acción de Mar del Plata, 2005.

48 OEA, Carta Social de las Américas, Aprobada en la segunda sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, celebrada el 4 de junio de 2012. Artículo 3.

49 OEA, Carta Social de las Américas.

50 OEA, Declaración de Asunción: Desarrollo con Inclusión Social. Aprobada en la Segunda sesión plenaria celebrada el 4 de junio de 2014.

51 OEA, Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2878 (XLV-O/15): Plan de Acción de la Carta Social de las Américas (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 16 de junio de 2015).

52 OEA, Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2878 (XLV-O/15): Plan de Acción de la Carta Social de las Américas (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 16 de junio de 2015).

53 OEA, Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2878 (XLV-O/15): Plan de Acción de la Carta Social de las Américas (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 16 de junio de 2015).

54 OEA, Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2878 (XLV-O/15): Plan de Acción de la Carta Social de las Américas (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 16 de junio de 2015).

55 OEA, Carta de la Organización de los Estados Americanos. Carta Democrática Interamericana. Asimismo, resulta importante destacar que, en el marco de las Cumbres de las Américas, los Estados han reconocido la universalidad, indivisibilidad, e interdependencia de los derechos humanos, como fundamental para el funcionamiento de las sociedades democráticas. Quinta Cumbre de las Américas, Puerto España, Trinidad y Tobago, Declaración de Compromiso de Puerto España, 17-19 de abril del 2009, párr. 82; Tercera Cumbre de las Américas, Ciudad de Quebec, Canadá, 20-22 de abril de 2001, Plan de Acción, página 5.

56 CIDH, Consideraciones sobre la ratificación universal de la Convención Americana y otros tratados interamericanos en materia de derechos humanos, párr. 10.

57 OEA, Declaración para la Promoción y Fortalecimiento de la Carta Social de las Américas AG/DEC. 85 (XLVI-O/16) Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016.

58 OEA, Declaración Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas AG/DEC. 81 (XLVI-O/16). Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de junio de 2016.

59 OEA, Declaración Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas AG/DEC. 81 (XLVI-O/16). Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de junio de 2016.

60 OEA, Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS). Aprobado en la tercera sesión plenaria celebrada el 3 de junio de 2016.

61 OEA, Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS).

62 OEA, Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS).

63 OEA, Resolución de la Asamblea General: Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, AG/RES. 2882 (XLVI-O/16). Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016.

64 OEA, Resolución de la Asamblea General: Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, AG/RES. 2882 (XLVI-O/16). Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016.

65 Periódico: La Prensa, “OEA aprueba Programa para el Desarrollo Sostenible”, 4 de junio de 2016.

66 OEA, Aportes desde la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) del Departamento de Inclusión Social (DIS) de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE). Respuesta al Cuestionario de la CIDH sobre Pobreza y Derechos Humanos.

67 OEA, Aportes desde la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) del Departamento de Inclusión Social (DIS) de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE). Respuesta al Cuestionario de la CIDH sobre Pobreza y Derechos Humanos.

68 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L/VII.110 doc. 52, 9 marzo 2001, párr. 2. Citando a Cançado Trindade, Antonio A., "La Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano internacional", publicado en Revista Lecciones y Ensayos, 1997-98, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 80.

69 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, OEA/Ser./L./VII.110 doc. 52, 9 de marzo de 2001, párr. 17, citando Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10-89 del 14 de junio de 1989, Serie A, No. 10.

70 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

71 Ambos tratados reiteran lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

72 El articulo 11 referido al derecho a un medio ambiente sano del Protocolo de San Salvador dispone:

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.



2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

73 OEA, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", adoptada el 6 de septiembre de 1994.

74 OEA, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, adoptada el 6 de julio del año 1999 en la Cuidad de Guatemala, Guatemala. Vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. La Convención entró en vigor el 14 de septiembre del año 2001.

75 OEA, Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Adoptada en la ciudad de Antigua, Guatemala el miércoles 5 de junio de 2013 en el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Al momento de elaboración del presente informe aún no había entrado en vigor (Entrada en vigor: el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos).

76 OEA, Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia. La referida convención aún no ha entrado en vigor al momento de elaboración del presente informe. La misma fue adoptada el 15 de junio de 2013 en el marco del Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, y entrará en vigencia tras el depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión.

77 OEA, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 15 de junio de 2015.

78 OEA, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores no ha entrado en vigor al momento de elaboración del presente informe. La misma fue adoptada el 5 de junio de 2015 en el marco del Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, y entrara en vigencia tras el depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión.

79 OEA, Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en el marco del 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2016.

80 OEA, Carta de la Organización de los Estados Americanos. Carta Democrática Interamericana.

81 OEA, Carta Social de las Américas, Aprobada en la segunda sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, celebrada el 4 de junio de 2012. Artículo 3.

82 En virtud del artículo 29.b) de la Convención ninguna disposición de ésta puede ser interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”.

83 CIDH, “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití 1979”, Capítulo VIII (Derecho a la educación y derecho a la preservación de la salud y el bienestar) y Capítulo IX (Derecho al trabajo y a una justa retribución). Conclusiones, para. 10.

84 CIDH, Cuarto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Capítulo I: El Contexto y Los Derechos Socio-Económicos y la Accion Gubernamental, Sección Conclusiones.

85 CIDH, Cuarto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Capítulo I: El Contexto y Los Derechos Socio-Económicos y la Accion Gubernamental, Sección Conclusiones.

86 Por ejemplo, Corte I.D.H. Caso Servellón García y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Honduras, párr. 117.

87 Corte CIDH, Caso Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Alegatos de la CIDH, párr. 181.

88 Véase, inter alia, CIDH Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, Capítulo VI. Lo mismo puede afirmarse, en general, en el ámbito de la ONU, conforme a lo establecido por el Comité de Derechos Humanos: “La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos” (ONU. Comité de Derechos Humanos. Recomendación General No. 18. No discriminación. CCPR/C/37, 10 de noviembre de 1989, párr. 1).

89 Declaración Americana, Preámbulo.

90 CIDH, Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OEA/Ser.L/V/II.132, 19 de julio de 2008, parr. 48. Este principio ha sido avanzado asimismo de forma reciente por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, ver Organizacion de los Estados Americanos, Indicadores de Progreso para Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.L/XXV.2.1/GT/PSSI/doc.2/11, 11 de marzo de 2011, párr. 43.

91 CIDH. La Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc.62, 5 de diciembre de 2011, párr. 89, citando, inter alia, CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas v. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 80. Respecto de las dos concepciones citadas del derecho a la igualdad y a la no discriminación, véase una explicación más detallada en CIDH. La Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas, párrs. 90-95.

92 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 224; Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 78; y Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 53.

93 Véase, respecto de la distinción entre los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana, Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 226.

94 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), Observación General No 20: La Discriminación y los Derechos Económicos, Sociales y culturales (articulo2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Párrafo 27.

95 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), Observación General No 20: La Discriminación y los Derechos Económicos, Sociales y culturales (articulo2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Párrafo 35.

96 Organización de los Estados Americanos, Indicadores de Progreso para Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.L/XXV.2.1/GT/PSSI/doc.2/11, 11 de marzo de 2011, parr. 44. Ver analisis relacionado a este tema asimismo en CIDH, Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OEA/Ser.L/V/II.132, 19 de julio de 2008, párr. 48.

97 CIDH, Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OEA/Ser.L/V/II.132, 19 de julio de 2008, parrs. 53, 55; véase discusión sobre este tema asimismo en, Organización de los Estados Americanos, Indicadores de Progreso para Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.L/XXV.2.1/GT/PSSI/doc.2/11, 11 de marzo de 2011, párr. 63.

98 Naciones Unidas, Cuestiones Sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Declaración aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 4 de mayo de 2001 (E/C.12/2001/10), párr. 11.

99 Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, A/63/274, Agosto 2008, párr. 29.

100 CIDH, Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas, párrs. 89-99.

101 CIDH, Informe No. 36/09 (Admisibilidad y Fondo), Caso No.12.440, Wallace de Almeida (Brasil), 20 de marzo de 2009, párrs. 145, 147.

102 CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ecuador 1997, Capítulo II. B, Garantías Jurídicas e Institucionales en la República del Ecuador.

103 Corte CIDH, Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencias de 8 de Septiembre de 2005, Serie C. No. 130, párr. 141.

104 CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ecuador 1997, Capítulo II. B, Garantías Jurídicas e Institucionales en la República del Ecuador.

105 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214. Parr. 265.

106 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214. Parrs. 270 y 271.

107 CIDH, Informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una perspectiva de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69 del 7 de junio de 2010.Parrafo 87.

108 CIDH, Informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una perspectiva de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69 del 7 de junio de 2010.Parrafo 87.

109 Corte CIDH, Caso Gonzales Lluy y Otros vs. Ecuador, XIII Puntos Resolutivos.

110 Corte CIDH, Caso Gonzales Lluy y Otros vs. Ecuador, párr. 290. En este sentido, de conformidad con el voto concurrente del Juez Juan Eduardo Ferrer Mac-Gregor, la jurisprudencia por primera vez utiliza el concepto de “interseccionalidad” y profundiza sobre los alcances del principio de no discriminación, teniendo en cuenta que en el presente caso se configuró una discriminación múltiple asociada al carácter compuesto en las causas de la discriminación.

111 Corte CIDH, Caso Gonzales Lluy y Otros vs. Ecuador, párr. 290.

112 Corte CIDH, Caso Gonzales Lluy y Otros vs. Ecuador, párr. 290.

113 Corte CIDH, Caso Ximenes lopes vs. Brasil, Sentencia del 4 de julio de 2006, serie C, núm. 149, párr. 104.

114 CIDH, Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas, párr. 118.

115 CIDH, Informe Jorge Odir Miranda Cortez y Otros. El Salvador. 20 de marzo de 2009. Párrafos 70 y 74.

116 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párrs. 217-219. 

117 CIDH, “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador 1978”, Capítulo XI, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dicha oportunidad la CIDH señalo que: “El exceso de la oferta de la mano de obra en el campo, junto con la baja productividad de las pequeñas propiedades rurales, contribuyeron a los escasos ingresos del campesinado. Por otra parte, indicó que la dispareja distribución de la tierra y el énfasis en la exportación de los productos agrícolas incidieron en la pobreza que vive una gran parte de la población”.

118 CIDH, “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador 1978”, Capítulo XI, Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

119 CIDH, Informe Temático “Violencia, Niñez y Crimen Organizado”. OEA/Ser.L/V/II. Doc.40/15 párr. 52. 11 de noviembre de 2015.

120 CIDH, Informe Violencia, niñez y crimen organizado, párr. 576.

121 Por ejemplo, CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jamaica, OEA/Ser.L/II.44, 10 de agosto 2012, párrs. 214, 216, 218. En dicho informe, la CIDH indicó “que los  sectores  más  pobres  y  excluidos  de  la  población  se convierten,  en  medida  desproporcionada,  en  víctimas  de  la  situación  general  de inseguridad.   De  manera  análoga indicó que, las  profundas  desigualdades  que  predominan  en  la sociedad  jamaiquina  se  ven  exacerbabas  por  las  medidas  inadecuadas  del  Estado  para proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  las  mujeres,  los  niños  y  otros  grupos vulnerables” (párr. 6).

122 ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, A/HRC/32/42, 19 de abril de 2016, párr. 38.

123 ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, A/HRC/32/42, 19 de abril de 2016, párr. 38.

124 CIDH, Informe Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Columbia Británica, Canadá. OEA/Ser.L/V/II. 21 de diciembre de 2014. Párrafo 175.

125 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América, OAS/Ser. L/V/II.rev.2. Doc.36. 12 de noviembre de 2015. Para. 371.

126 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América, OAS/Ser. L/V/II.rev.2. Doc.36. 12 de noviembre de 2015. Para. 371.

127 Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 21 de septiembre de 2006, Serie C No. 152, párr. 117.

128 Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 21 de septiembre de 2006, Serie C No. 152, párr. 117., párr. 116.

129 Corte I.D.H. Caso Servellón García y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Honduras, párr. 112.

130 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.Parr.169.

131 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.Parr.201.

132 Corte IDH, Caso Gonzales y otras, (“campo algodonero”) vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párr. 113.

133 Corte IDH, Caso Gonzales y otras, (“campo algodonero”) vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párr. 258.

134 CIDH, Informe: ”El Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas”, 20 de enero de 2007, párr. 42.

135 Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249. Párrafos 133-143.

136 Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249. Parra. 204.

137 La parte pertinente del artículo 4 de la Convención Americana establece el derecho a la vida, indicando que:

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. (…).



138 Corte IDH, Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros vs. Paraguay (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 21 de septiembre de 2006, párr. 144. Además, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 162.

139 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cap. VI.1 y 2. Véase También CIDH, Informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia, 7 de agosto de 2009. Párrafo 271.

140 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 144 y 191. Al respecto, resulta relevante mencionar las palabras de los jueces de la Corte Interamericana, Antonio Augusto Cançado Trindade y Alirio Abreu Burelli, en su voto concurrente en el mencionado caso, en el cual se señala:

En los últimos años, se han ido deteriorando notoriamente las condiciones de vida de amplios segmentos de la población de los Estados partes de la Convención Americana, y una interpretación del derecho a la vida no puede hacer abstracción de esa realidad. (…)

El proyecto de vida es consustancial del derecho a la existencia, y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona humana. (…)

La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos. (Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y Otros (Caso de los “Niños de la Calle”), sentencia de 19 de noviembre de 1999, voto concurrente de los jueces Antonio Augusto Cançado Trindade y Alirio Abreu Burelli, párr. 6, 8, 9, 2, 3 y 4).



141 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 142, párr. 161; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párrs. 194 a 217.

142 Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr.162. Adicionalmente, en este caso la Corte hizo referencia concreta al impacto de las afectaciones al acceso al agua en el derecho a una vida digna:

Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural (párr.167).



143 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr.162.

144 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 175.

145 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 73.

146 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 178.

147 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120. Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 108, 110. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 71], como extrema pobreza o marginación y niñez”. [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 154].

148 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 194 -217.

149 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 187.

150 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr.158 (c).

151 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakee Axa vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, sentencia 17 de junio de 2005, Serie C No. 125, párr. 163.

152 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakee Axa vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, sentencia 17 de junio de 2005, Serie C No. 125, párr. 163.

153 Corte CIDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, serie A, núm. 17, párr.86. Concretamente se indica:

En suma, la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos.



154 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 2 de septiembre de 2004, párrs. 160 y 161.

155 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de septiembre de 1997. Serie C No. 32. Párrs 190 y 191.


156 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, parr. 106; CIDH, Informe No. 38/09, Caso 12.670, Admisibilidad y Fondo, Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y otras (Perú), 27 de marzo de 2009, parr. 130; CIDH, Informe No. 25/04, Petición 12.361, Admisibilidad, Ana Victoria Sánchez Villalobos y otros (Costa Rica), 11 de marzo de 2004, parrs. 52-70; CIDH, Informe No. 27/09, Fondo, Caso 12.249, Jorge Odir Miranda Cortez y otros (El Salvador), 20 de marzo de 2009, parrs. 77 y 79; CIDH, Informe No. 100/01, Caso 11.381, Milton García Fajardo y otros (Nicaragua), 11 de octubre de 2001, parr. 95.; CIDH, Informe No. 121/09, Petición 1186-04, Admisibilidad, Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) (Honduras), 12 de noviembre de 2009, parr. 50.

157 Cfr. Christian Courtis, “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en Christian Courtis, Denise Hauser y Gabriela Rodriguez Huerta (comps.), Protección internacional de los derechos humanos: nuevos desafíos, Ed. Porrua-ITAM,Mexico, 2005, pp. 8-29. En el mismo sentido, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano, IIDH, San Jose, 2008.

158 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 100.

159 CIDH, Informe de Admisibilidad y Fondo No 38/09, Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y Otras, 27 de marzo de 2009. Párrafo 139.

160 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 101.

161 CIDH, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, párr.68.

162 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 101.

163 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 103.

164 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 101.

165 CIDH, Informe de Fondo No 40/04, Comunidades Indígenas Mayas Del Distrito De Toledo, Belice (caso 12.053), octubre 12, 2004, párr. 150.

166 CIDH, Informe de Fondo No 40/04, Comunidades Indígenas Mayas Del Distrito De Toledo, Belice (case 12.053), octubre 12, 2004, para. 150.

167 CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc.56/09. Diciembre 30, 2009, para. 204.

168 CIDH, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, párr.6. Ver también CIDH, Informe Jorge Odir Miranda Cortez y Otros. El Salvador. 20 de marzo de 2009. Párrafos 105 y 106.

169 CIDH, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, párr.6. De la obligación de realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, es pertinente indicar que el Comité DESC ha derivado también una prohibición prima facie de adoptar medidas deliberadamente regresivas, denominada “prohibición de regresividad” o “prohibición de retroceso”. Ver Christian Courtis, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales; apuntes introductorios” y Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2006.

170 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3: La Naturaleza de las Obligaciones de los Estados Parte, 1990, párr. 1.

171 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3: La Naturaleza de las Obligaciones de los Estados Parte, 1990, párr. 1.

172 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3: La Naturaleza de las Obligaciones de los Estados Parte, 1990, párr. 1.

173 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3: La Naturaleza de las Obligaciones de los Estados Parte, 1990, párr. 2.

174 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3: La Naturaleza de las Obligaciones de los Estados Parte, 1990, párrs. 3-5.

175 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3: La Naturaleza de las Obligaciones de los Estados Parte, 1990, párr. 10.

176 Naciones Unidas, Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Aprobados por el Consejo de Derechos Humanos por consenso el 27 de septiembre de 2012 en la Resolución 21/11. Párr. 48.

177 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V.II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, párr. 5.

178 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. párr. 172; y Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5. párrs. 181, 182 y 187.

179 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134. párrs. 111 y 112.

180 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134. párrs. 111 y 112.

181 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. párr. 123.

182 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. párr. 123.

183 CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997.

184 Entre los asuntos conocidos por la CIDH, se encuentra por ejemplo el caso del pueblo Yanomami en Brasil, resuelto en 1985, en el que se alegó que actividades privadas de extracción de mineras se producían en afectación de los derechos de este pueblo (CIDH. Caso No. 7.615 – Pueblo Yanomami (Brasil), Resolución No. 12/85, 5 de marzo de 1985); el caso de las hermanas Mary y Carrie Dann, integrantes del pueblo indígena Western Shoshone en el Estado de Nevada, Estados Unidos de América, referido a la autorización de actividades privadas de prospección aurífera dentro del territorio tradicional de los Western Shoshone (CIDH. Informe de Fondo No. 75/02, Caso 11.140 – Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002); el caso de Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otras familias mapuches presentado con motivo del desarrollo de un proyecto hidroeléctrico llevado adelante por una empresa nacional



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