Informe preliminar sobre pobreza


IMPACTO DE LA POBREZA EN EL EJERCICIO DE LOS DESC POR PARTE DE LAS SIGUIENTES PERSONAS, GRUPOS Y COLECTIVIDADES HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS



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IMPACTO DE LA POBREZA EN EL EJERCICIO DE LOS DESC POR PARTE DE LAS SIGUIENTES PERSONAS, GRUPOS Y COLECTIVIDADES HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

  1. Breve referencia a las cifras generales de pobreza y pobreza extrema en América


  1. La pobreza y la pobreza extrema, no sólo suponen la falta de ingresos y recursos económicos, sino que se traducen en obstáculos significativos en el goce y ejercicio de los derechos humanos.

  2. Las Naciones Unidas ha considerado que la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema en todas sus formas constituye uno de los desafíos más granes que enfrenta la humanidad318.

  3. En general, de acuerdo con los parámetros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, América Latina revela actualmente una tendencia al estancamiento en los esfuerzos por la reducción de la pobreza319. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las cifras de pobreza e indigencia -referentes a la falta de recursos para satisfacer la necesidad básica de alimentación- indican que el número de personas que viven en situación de pobreza creció en 2014, hasta alcanzar 168 millones, de las cuales 70 millones se situaron en condición de indigencia. Para el 2015, la CEPAL observó un aumento tanto de las tasas de pobreza como de indigencia, donde 175 millones de personas se encuentran en situación de pobreza por ingresos, 75 millones de las cuales están en situación de indigencia320. Específicamente en Centroamérica, la CIDH ha recibido información según la cual, seis de cada diez hogares se encuentra en situación de pobreza321.

  4. Por otra parte, según cifras oficiales, en Estados Unidos en 2014 el 14,8% de la población (46.7 millones de personas) se encontraban en situación de pobreza, no observándose cambios significativos desde el 2006; de hecho, en 2013 la pobreza alcanzó al 14,5%322. En un sentido similar, en el 2013 en Canadá el 13.5% de la población (4.6 millones de personas) vivía con un ingreso considerado bajo. Entendiéndose como tal cuando el total de los ingresos de una familia era inferior a la mitad del ingreso familiar promedio323.

  5. En términos de desigualdad, resulta preocupante que la región de América Latina y el Caribe continúe siendo la más desigual del mundo, con una brecha de desigualdad económica que refuerza las desigualdades sociales y de género a pesar del crecimiento económico observado en la última década324. En este sentido, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), diez de los quince países más desiguales del mundo se encontrarían en América Latina325. Asimismo, la CIDH ha recibido información según la cual en América Latina y el Caribe, en 2014, el 10% de la población acaparaba el 71% de la riqueza, en comparación con la mitad de la población que se encontraba en situación de pobreza, que solamente habría acumulado el 3.2%. En ese contexto, y en términos más específicos, solo el 1% poseía el 40% de la riqueza326. Estos datos, permiten observar en términos amplios la dimensión real de la desigualdad en esta región.

  6. Con respecto a la situación en el Caribe, de la información disponible se desprende que los Estados con los mayores porcentajes de población viviendo bajo la línea de pobreza serían: Haití (77%), Belice (41.3%), Granada (37.7%), Guyana (36.1%) y Santa Lucía (28.8%). Asimismo, se indica que las estadísticas respecto a niños, niñas y jóvenes demuestran que concentran los índices más altos de pobreza, lo que CEPAL atribuye a los continuamente crecientes índices de desigualdad. A este respecto, se destaca la situación de Belice y Granada, en los cuales cerca de la mitad de su población entre 0 y 24 años de edad se encuentra en situación de pobreza327.
  1. Impactos de la Pobreza y la Pobreza extrema en personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas


  1. La CIDH ha observado mediante sus distintos mecanismos, que los altos niveles de discriminación y exclusión social que sufren ciertos grupos en situación de pobreza, han hecho ilusoria su participación ciudadana, su acceso a la justicia, y han limitado su disfrute efectivo de derechos328.

  2. La Comisión a su vez ha señalado que el crecimiento económico no se plasma automáticamente en una mejora del nivel de vida de las personas y los grupos excluidos y marginados, a menos que se adopten medidas o políticas públicas especiales y adecuadas con un enfoque en derechos humanos para generar condiciones de igualdad real. En este sentido, los avances en la consolidación de la democracia y el estado de derecho en los países de las Américas, aún no se ven reflejados en la plena efectividad de los derechos humanos de las personas que viven en situación de pobreza, pobreza extrema u otras situaciones de marginación y discriminación.

  3. Según lo indicado anteriormente, el derecho a vivir exento o libre de pobreza no se encuentra reconocido en el sistema interamericano, pero el conjunto de sus instrumentos establece una serie de derechos humanos cuya satisfacción guardan estrecha vinculación con la superación de la situación de pobreza y pobreza extrema, como una condición necesaria para el disfrute de sus contenidos mínimos sin discriminación alguna. La CIDH considera importante destacar que este deber acarrea para los Estados una obligación de prestar especial atención a los sectores sociales e individuos que han sufrido formas de exclusión histórica o son víctimas de prejuicios persistentes, y adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir, y eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación en la práctica. Estos principios han sido consagrados en los instrumentos que rigen el actuar del sistema interamericano de derechos humanos.

  4. El objetivo de esta sección es ofrecer una aproximación inicial a formas de discriminación y exclusión social que enfrentan diversas personas, grupos y colectividades que viven en la pobreza y la pobreza extrema en las Américas. La CIDH aborda en esta sección la situación de un conjunto de personas y grupos de los cuales cuenta con información de actores estatales y no-estatales verificando su frecuente situación de pobreza, su experiencia continua de discriminación y exclusión histórica en sus países, y condiciones fijas de vulnerabilidad. Las preocupaciones asociadas a estos grupos y colectividades se ven reflejadas no sólo en el trabajo del sistema interamericano, pero también en el universal, y son pertinentes a todos sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Es importante para la CIDH clarificar que las personas, grupos y colectividades a las cuales hace referencia en esta sección no son las únicas afectadas por la pobreza. En este sentido, la CIDH hace un llamado a actores estatales y no estatales a documentar e investigar en el futuro de forma exhaustiva y minuciosa el problema de la pobreza, y su impacto en grupos de forma amplia, abarcadora y participativa.

  5. La CIDH no sólo presenta en esta sección situaciones preocupantes con una perspectiva individual y grupal, pero también desde un acercamiento interseccional, considerando factores como el sexo, el género, la edad, la raza, la etnia, la discapacidad, la privación de libertad, y la movilidad que pueden acentuar no sólo el nivel de pobreza de estas personas, pero su vulnerabilidad a violaciones continuas de sus derechos humanos. Es fundamental que los Estados consideren los factores de riesgo que enfrentan estas personas y las múltiples formas de discriminación que han sufrido de forma histórica, en el desarrollo de políticas sociales para responder y remediar su situación de pobreza. Este es un componente indispensable de un enfoque de derechos humanos en las medidas estatales, y para generar condiciones futuras de igualdad real.
  1. Mujeres


  1. La Comisión Interamericana ha identificado a las mujeres como un sector social particularmente afectado por la pobreza y en particular desventaja en el ejercicio tanto de sus derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. En su estudio temático sobre Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales329, la Comisión reconoció el carácter inmediato de la obligación de no discriminar y de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, e identificó a las mujeres como un sector tradicionalmente discriminado y excluido en el ejercicio de estos derechos.

  2. La CIDH ha recibido información que apunta a diversas formas de discriminación que las mujeres sufren tanto en la ley como en la práctica con respecto al acceso y control de recursos económicos; la distribución y el control y disposición de estos recursos al interior de la familia y fuera del hogar; así como sobre obstáculos para adquirir los medios para obtener estos recursos, siendo la situación particularmente grave en el ámbito laboral. La Comisión advierte que estas formas de discriminación son variables que contribuyen a la situación de pobreza de las mujeres, a vulneraciones de su autonomía tanto productiva como reproductiva, y a la desprotección general de sus derechos humanos330.

  3. La Comisión ha manifestado su preocupación ante las desigualdades entre los sexos, grupos, y sectores en su acceso a recursos económicos, como causa y factor contribuyente a este ciclo de pobreza331. En dicho marco, las mujeres afrodescendientes e indígenas se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, al sufrir históricamente una triple discriminación en base a su género, pobreza y raza, lo cual les ha impedido ejercer de forma plena sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales332.

  4. Aunque la pobreza afecta a todas las personas, su afectación es diferente para las mujeres, dada su situación de discriminación social y la existencia de cargas adicionales, tales como las funciones familiares, lo cual limita sus posibilidades de acceder a los recursos económicos necesarios para su subsistencia y las de sus familias. Pese a la continua inserción de las mujeres al mercado laboral y al sector educativo, los logros en esta esfera aún son incipientes333. La OIT ha señalado que las mujeres que viven en pobreza y pobreza extrema, se encuentran en situaciones que se caracterizan en general por su alta dedicación en actividades no remuneradas y dependencia económica de sus parejas, así como por su concentración en una reducida gama de ocupaciones principalmente informales, con bajos salarios334.

  5. Por ejemplo, en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica de 2012, la CIDH examinó el marco jurídico de Jamaica para abordar la discriminación contra las mujeres y los obstáculos que las mismas enfrentan en el país. En dicho informe la Comisión señaló el impacto desproporcionado de la pobreza sobre las mujeres, los salarios bajos, las tasas altas de desempleo, y su sub-representación en el proceso político como barreras que enfrentan las mujeres para superar actitudes discriminatorias y estereotipos que persisten en el país335.

  6. Tanto el sistema interamericano como el sistema universal de derechos humanos han identificado una serie de obligaciones pertinentes al derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley de las mujeres en su acceso y control de los recursos económicos, resaltando varios componentes del alcance de los derechos de las mujeres en el ámbito económico, no sólo en tratados y declaraciones, sino también en documentos de consenso respaldados por la comunidad internacional336. Estos pronunciamientos, examinados en su conjunto, establecen:

a) un vínculo estrecho entre la eliminación de la pobreza, y la protección y el ejercicio de todos los derechos de las mujeres;
b) obligaciones de los Estados de garantía de la no discriminación entre los cónyuges en un matrimonio, y en uniones de hecho en la administración de bienes y propiedades, y su protección asimismo en la disolución de la pareja;
c) obligaciones de los Estados hacia las mujeres de garantía en el acceso a la propiedad, tierras, vivienda, créditos, y otros bienes bancarios, tanto dentro como fuera del matrimonio; y
d) obligaciones de los Estados de garantizar el acceso al trabajo por parte de las mujeres, como una fuente vital de recursos y medio para preservar la autonomía económica, y sus derechos económicos en otros ámbitos relacionados como la seguridad social337.


  1. A este último respecto, la Comisión Interamericana identifica con alarma como la división sexual del trabajo continúa teniendo una incidencia directa en la autonomía económica de las mujeres, ya que limita sus opciones de generar ingresos y su acceso y control de recursos necesarios. Propende la feminización de la pobreza, y se agrava en casos de viudez, ruptura matrimonial o desintegración familiar. La división sexual del trabajo también limita severamente el uso del tiempo de las mujeres, dada la sobrecarga de tareas que estas llevan, limitando su capacidad de incorporarse al mercado laboral y a puestos de dirección en ámbitos económicos, sociales y políticos. La CIDH considera que este problema social debe ser atendido con políticas y medidas adecuadas y orientadas a mejorar la distribución de la riqueza, activos, oportunidades laborales y el tiempo de las mujeres. En suma, la división sexual del trabajo es una variable que limita de forma grave y profunda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todas las esferas económicas, sociales, civiles y políticas338.

  2. Una de las problemáticas que más preocupa a la Comisión respecto de la pobreza en mujeres de la región es su vínculo con la violencia de género. Entre las principales formas de violencia que todavía sufren las mujeres en las Américas figuran la violencia doméstica y la violencia sexual perpetrada por conocidos y no conocidos, formas de acoso laboral y sexual en el trabajo, los homicidios, la trata de personas y la violencia institucional. La pobreza, la falta de oportunidades y las barreras al acceso a la educación ponen a mujeres y niñas en situaciones vulnerables, y hacen de ellas objetivos fáciles de reclutamiento para actividades delictivas. De hecho, las mujeres con bajos niveles socioeconómicos y educativos figuran entre las personas con situación de mayor vulnerabilidad en la sociedad aumentando el riesgo de que sean llevadas a participar en operaciones delictivas como victimarias o como traficantes339.

  3. En este sentido, un Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas340, destacó que las mujeres pobres corren un mayor riesgo de sufrir violencia infligida por su pareja y violencia sexual, inclusive la violación. Según el estudio, la correlación entre la pobreza y la violencia contra la mujer señala la necesidad de cambios en las políticas y las prácticas a fin de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos y sociales de las mujeres. En este contexto de violencia, preocupa a la CIDH de forma particular el limitado acceso a la justicia por parte de mujeres en situación de pobreza o pobreza extrema. En su informe sobre Acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales; estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH constató la gran divergencia que existe entre el acceso a la justicia por parte de mujeres que tienen recursos económicos y las que se encuentran en desventaja económica, insistiendo en la necesidad de paliar las situaciones de desventaja económica341. En efecto, esta Comisión ha señalado que las mujeres sólo pueden reclamar sus derechos cuando los conocen y en este sentido reitera que, la falta de información sobre los recursos judiciales disponibles y el hecho de que la violencia y la discriminación todavía sean hechos aceptados en las sociedades americanas, dan como resultado un reducido número de denuncias de actos de violencia contra las mujeres342.

  4. La mortalidad materna continúa siendo un grave problema de derechos humanos que afecta dramáticamente a las mujeres en el mundo y en la región, repercutiendo en sus familias y comunidades. Específicamente, las mujeres que han sido históricamente marginadas por motivos de raza, etnia, posición económica y edad, son quienes tienen menos acceso a servicios requeridos de salud materna343. Esta Comisión ha recibido información que indica que cada año aproximadamente 536.000 mujeres mueren en el mundo por complicaciones en el embarazo y el parto, a pesar de que éstas son generalmente prevenibles y a costos relativamente bajos344. El Banco Mundial calcula que si todas las mujeres tuvieran acceso a intervenciones para atender las complicaciones del embarazo y parto, en especial a cuidados obstétricos de emergencia, un 74% de las muertes maternas podrían evitarse345.

  5. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo referencia a un promedio de 1.500 mujeres y niñas que mueren diariamente como consecuencia de complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo y parto346. Asimismo, por cada mujer que muere, otras 30 mujeres sufren heridas o enfermedades permanentes que pueden resultar en dolores de por vida, discapacidad y exclusión socioeconómica347. Aunque la mortalidad y morbilidad materna afecta a las mujeres de todos los estratos sociales y económicos, la CIDH advierte que un número desproporcionadamente elevado de mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, que en su mayoría residen en zonas rurales, son quienes con mayor frecuencia no disfrutan plenamente de sus derechos humanos respecto de la salud materna.

  6. La Comisión Interamericana también observa que la salud sexual y reproductiva en las Américas se encuentra fuertemente influenciada por las desigualdades sociales a las que está sujeta su población. Particularmente las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, quienes habitan en zonas rurales y las migrantes, son las más afectadas por las restricciones a los derechos sexuales y reproductivos y las que enfrentan mayores obstáculos en su acceso a información para tomar decisiones pertinentes a su salud. En algunos casos las barreras son de tal magnitud que pueden constituir violaciones a los derechos de las mujeres a la integridad personal, vida privada y familiar y a vivir libres de violencia y discriminación en contravención con las obligaciones contraídas por los Estados americanos en materia de derechos humanos348.

  7. En este sentido, en el contexto de las audiencias públicas la CIDH ha recibido información sobre el impacto alarmante que la criminalización del aborto en todas las circunstancias ha tenido en las mujeres de la región. Respecto de El Salvador, por ejemplo, se ha informado que entre 2000 y 2011 por lo menos 129 mujeres habían sido enjuiciadas por los delitos de aborto u homicidio agravado en dicho país349. Durante audiencias, se han mencionado casos de mujeres que han acudido a servicios de emergencia por tener abortos espontáneos en El Salvador y han sido arrestadas y privadas de la libertad, así como otros casos de mujeres que han sido condenadas después de haber sido denunciadas por su médico a las autoridades sin elementos probatorios suficientes.

  8. La información recibida por la CIDH indica que la mayoría de las mujeres que han sido enjuiciadas son jóvenes marginadas afectadas por la pobreza, con un bajo nivel de educación, con grandes dificultades para obtener acceso a servicios básicos de salud350. Asimismo, durante la audiencia Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América del Sur celebrada en el 158º Período Extraordinario de Sesiones, las organizaciones participantes resaltaron la discriminación y los prejuicios de género en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, en particular las mujeres afectadas por la pobreza, que se agrava en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes, políticas y prácticas basadas en estereotipos discriminatorios, y que a su vez funcionan como un aparato reproductor de más violencia contra ellas351.

  9. La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha indicado que las altas tasas de pobreza en América Latina y el Caribe contribuyen a generar una mayor carga de algunas enfermedades infecciosas. En particular, ha indicado que “las enfermedades desatendidas”,352 conocidas estas como el conjunto de enfermedades infecciosas, muchas veces parasitarias, se encuentran directamente y principalmente relacionadas con las poblaciones que sufren mayor marginación y exclusión, como las mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema, los habitantes de los asentamientos urbanos precarios, los trabajadores migratorios, y las poblaciones indígenas353. Este tipo de enfermedades, han sido consideradas por la OMS “tanto una causa como una consecuencia de la pobreza”, en razón que pueden generar afectaciones crónicas que pueden reducir las destrezas para el aprendizaje, la productividad y en consecuencia la capacidad para generar ingresos. Este tipo de enfermedades serian prevenibles, puesto que son el resultado del acceso insuficiente al agua potable y salubre, al saneamiento, la vivienda adecuada, la educación y los servicios de salud354.
  1. Niños, niñas y adolescentes


  1. La Comisión Interamericana destaca la necesidad de profundizar en la evaluación de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y el impacto que tiene en el ejercicio de sus derechos humanos. La Comisión a la vez señala que la medición de la pobreza infantil requiere un enfoque multidimensional, basado en una visión que abarque el acceso de los niños, niñas y adolescentes a un nivel adecuado de servicios que permitan su pleno desarrollo físico, social, mental, espiritual y moral, y les ofrezca la posibilidad de disfrutar de todos sus derechos, alcanzar su pleno potencial y participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad.

  2. La particular preocupación por los niños, las niñas y los adolescentes no solo responde a su sobrerrepresentación dentro de la población pobre, sino también a su dependencia de los adultos para satisfacer sus necesidades materiales básicas y gozar de sus derechos, así como a su singular vulnerabilidad ante las consecuencias de la pobreza y la desigualdad debido a su estadio de desarrollo355.

  3. Actualmente, en América Latina y el Caribe, más de 80 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza o pobreza extrema, lo que significa que más del 45% de la población menor de 18 años vive en situación de pobreza. De acuerdo con las cifras de CEPAL y UNICEF, uno de cada cinco niños vive en condiciones de pobreza extrema, lo que equivale a más de 32 millones de niños y niñas en América Latina y El Caribe. Los niños indígenas y afrodescendientes son los más afectados por la condición de pobreza en la región: 1 de cada 3 niños indígenas y afrodescendientes vive en extrema pobreza y 2 de cada 3 en pobreza356.

  4. Todos los países de la región, independientemente de su nivel de desarrollo y crecimiento económico, enfrentan las consecuencias que derivan de la pobreza infantil. En Canadá, uno de los países con un alto nivel de desarrollo, cerca del 14% de los niños, niñas y adolescentes padecen de pobreza relativa – la cual se mide observando el grado de alejamiento del hogar al patrón de consumo de un hogar típico de la sociedad a la cual pertenece-–, con índices de pobreza que llegan al 40% cuando se trata de niñez indígena357. En Estados Unidos, más de 16 millones de niños, niñas y adolescentes – el 22% de ellos – viven en familias con ingresos menores al nivel federal de pobreza358, viéndose especialmente afectada la población afrodescendiente. La distribución inequitativa de los ingresos en los países de la región es la más marcada si se comparan las diversas regiones del mundo, lo cual implica que el análisis de las cifras macro-económicas de los países no refleja las disparidades entre diversos grupos en el acceso a servicios y disfrute de sus derechos.

  5. Los impactos que la pobreza tiene en los niños y en los adultos son también diferentes, con impactos más profundos y duraderos en los niños que en los adultos. El efecto mayor de la pobreza sobre los niños, niñas y adolescentes se vincula con los derechos que se ven principalmente vulnerados en hogares pobres, como el derecho a la salud, a la nutrición, al agua potable y saneamiento, al acceso a una educación de calidad, a la vivienda digna, y a los cuidados adecuados por parte de la familia y de las instituciones sociales, entre otros. Estos derechos son fundamentales para niños, niñas y adolescentes en una etapa de crecimiento físico, cognitivo e intelectual y ameritan una particular protección por parte del Estado precisamente porque son esenciales como base para lograr el disfrute de todos los demás derechos.

  6. La pobreza infantil, además de significar que los niños se ven imposibilitados a acceder a los estándares básicos de bienestar y a satisfacer sus necesidades básicas en el presente, también les afecta en el futuro, restringiendo sus posibilidades de desarrollar capacidades de acceder a oportunidades futuras, y los condiciona a círculos de transmisión inter-generacional de la pobreza. En este sentido, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en sus Principios Rectores sobre Pobreza Extrema, ha llamado la atención sobre el hecho que incluso períodos breves de privación y exclusión pueden menoscabar de forma dramática e irreversible el derecho del niño a la supervivencia y el desarrollo - causando pobreza en la vida adulta359.

  7. El Ministerio Público de la Defensa de Argentina informó que según los datos del Censo 2010, en la ciudad de Buenos Aires había 163.587 personas que residían en asentamientos precarios, lo cual representa un incremento de 52% respecto del Censo 2001. Informa frente a esta situación se planteó la ejecución de un Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios y de un Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, los cuales indica han sufrido demoras en los procesos de implementación y que los pocos resultados de estos programas de urbanización han llevado al planteo de recursos judiciales para lograr el acceso a servicios básicos frente a la habitual exclusión y discriminación que sufren los habitantes de los asentamientos precarios360.

  8. Por otra parte, se ha informado que en Venezuela las políticas sociales denominadas “Misiones” tuvieron durante algunos años un impacto muy positivo en la reducción de la pobreza, pero estas se mantienen en crisis desde hace al menos cuatro años. Sostienen la necesidad de transformar estas medidas de carácter asistencial en políticas estructurales que incidan en las causas de la pobreza361.

  9. La Comisión ha destacado que, debido a la condición de desarrollo evolutivo de los niños y su dependencia de los adultos para asegurar sus derechos más fundamentales y su bienestar, el papel de las familias es fundamental para su protección. La Corte y la Comisión han señalado que “[e]n principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños (…). Y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar”362. La CIDH ha enfatizado que las políticas sociales de protección a las familias son cruciales para la superación de la pobreza infantil y deben ser una prioridad para los Estados en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos de la niñez.

  10. La CIDH ha identificado con preocupación que en la región, la pobreza es uno de los motivos principales por los cuales los progenitores toman la decisión de renunciar a la guarda de los hijos, entregarlos en adopción, abandonarlos o para que las autoridades decidan separar a los hijos de sus padres e internarlos en instituciones. Al respecto la Corte Interamericana ha establecido que la pobreza no puede ser por sí sola la causa de la separación del niño de sus padres, y la consecuente privación de otros derechos consagrados en la Convención Americana, sino que ha de considerarse un indicio de la necesidad de tomar medidas para apoyar a la familia. Sin embargo, la CIDH ha alertado del elevado número de niños y niñas en instituciones de protección debido a la situación socio-económica de su familia, y de niños abandonados o dados en adopción, debido a las circunstancias materiales de la familia e insta a los Estados a redoblar las políticas sociales de protección de las familias363.

  11. La Comisión también destaca como la pobreza incrementa la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a la violencia, la explotación, los abusos y al maltrato364. En este sentido, la Comisión recuerda que los niños, niñas y adolescentes que viven y crecen en barrios y contextos con limitado acceso a los servicios básicos y con presencia de grupos dedicados a actividades delictivas se ven expuestos a ser captados, utilizados y explotados por los grupos criminales para sus actividades delictivas. En palabras de la CIDH: “las limitaciones que enfrentan los adolescentes en el ejercicio y disfrute de los derechos, y la falta de oportunidades educativas y laborales para que puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo en condiciones de dignidad, contribuye a exponerles a las organizaciones criminales y a sus actividades. La existencia de niños y adolescentes vinculados a grupos delictivos es a juicio de la Comisión un impacto en sí mismo consecuencia de la falta de medidas por parte del Estado que garanticen los derechos de los niños y los proteja frente a diversas vulneraciones a sus derechos, la exclusión y la violencia que enfrentan a diversos niveles”365. La Comisión ha notado que en estos contextos las niñas y las adolescentes, en base a engaños, presiones y ausencia de otras opciones, se ven más expuestas a ser captadas y explotadas sexualmente, identificándose elevados niveles de trata con fines de explotación sexual en la región366.

  12. La CIDH también ha alertado sobre la persistencia de estereotipos que identifican a los adolescentes, especialmente a los varones de los barrios pobres y periféricos, como los principales responsables de la violencia y actividades delictivas. Existe una extendida percepción social que ve a estos adolescentes como potenciales “peligros sociales” que deben ser controlados. Estas percepciones desembocan con frecuencia en prácticas abusivas y arbitrariedades ejercidas por las fuerzas de seguridad del Estado en contra de los adolescentes, además de una penalización y criminalización excesiva de ellos y las extremadamente precarias condiciones de encierro367.

  13. La CIDH observa los grandes avances en la región en la lucha para erradicar la desnutrición infantil, sin embargo, la desnutrición moderada a grave estaría afectando a 2,3 millones de niños de 0 a 4 años en América Latina y el Caribe, lo que representa el 4,5% de los niños en este grupo de edad en la región, y 8,8 millones de niños están afectados por la desnutrición crónica, lo cual equivale a cerca del 16% de los niños. Cabe notar que esta estadística no refleja la heterogeneidad de la situación en los varios países de la región, donde este porcentaje fluctúa notablemente; así en países como Argentina, Chile, Brasil, Jamaica, México, Paraguay y Republica Dominicana, la proporción de niños sufriendo de desnutrición moderada o grave sería de 3,5%, mientras que se situaría por encima del 10% en países tales como Guatemala, Haití, Honduras, Guyana y Surinam. La desnutrición es particularmente peligrosa para niños y niñas por encontrarse en un periodo crucial en cuanto a su desarrollo y crecimiento, siendo un factor que incrementa el riesgo de muerte, que inhibe su pleno desarrollo cognitivo y que puede tener consecuencias irreversibles en el estado de salud durante toda su vida adulta368.

  14. Si bien en América Latina y el Caribe en los últimos años el trabajo infantil se ha reducido sustancialmente, 5,7 millones de niñas y niños trabajan sin haber cumplido la edad mínima de admisión al empleo o realizan trabajos que deben ser prohibidos, según el Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. En su gran mayoría, estos niños y niñas trabajan en la agricultura, otros se desempeñan en otros sectores de alto riesgo, como la minería, los basureros, el trabajo doméstico, la cohetería y la pesca369. Los niños y las niñas en situación de pobreza se ven expuestos al trabajo infantil informal y a situaciones que pueden representar abusos y explotación contra ellos, inclusive de formas modernas de esclavitud. La vinculación de niños y niñas a actividades productivas por motivos económicos es usual en la región y es percibida por las familias como una contribución a la economía familiar. La CIDH ha mostrado su preocupación por: las situaciones de abuso, malos tratos y explotación a la que pueden verse sometidos los niños que realizan algún tipo de actividad productiva; la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran para denunciar este tipo de situaciones; la estigmatización y criminalización de la que son víctimas en muchas ocasiones incluso por las fuerzas de seguridad del Estado; y las dificultades que representa para estos niños completar su educación, con elevados niveles de ausentismo y deserción370.

  15. En la región, uno de los fenómenos preocupantes y que tiene todavía implantación y aceptación social es el trabajo doméstico de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la información recibida por la CIDH, existe un alto número especialmente de niñas realizando trabajo infantil como empleadas domésticas para contribuir a la economía familiar. Ello les dificulta el ejercicio de una serie de derechos, entre ellos su derecho a la educación, a pesar que muchas familias en condiciones socio-económicas precarias envían a sus hijas como empleadas domésticas a las ciudades en la creencia que tendrán un mejor acceso a la educación. Esta condición también las expone a malos tratos, abusos, violencia, negligencia y explotación, facilitado todo ello por la vulnerabilidad producida por la distancia y la falta de contacto habitual con su familia y el limitado contacto con personas de confianza de la niña. Un porcentaje alto de víctimas de trata tienen como antecedente el trabajo doméstico desde temprana edad371

  16. Aun reconociendo los grandes avances registrados en la región en este ámbito, 1,4 millones de niños nunca ha asistido a la escuela, y en algunos países centroamericanos, como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre el 2% y el 4% de los niños en edad escolar nunca ha podido ejercer este derecho. Por otra parte, el 5,6% de los niños de la región ha abandonado la escuela (10 millones). Esta situación es particularmente generalizada en algunos países centroamericanos (Guatemala, Nicaragua y Honduras) y en el Perú, donde más del 10% de los niños de 6 a 17 años no asiste a la escuela372.

  17. Los niños que viven en la pobreza tienen más probabilidades de abandonar los estudios, o de ni siquiera asistir a la escuela, para realizar actividades que generen ingresos o para ayudar en las tareas del hogar. Las consecuencias económicas del abandono de los estudios primarios y secundarios son devastadoras y perpetúan el ciclo de la pobreza. Las niñas se ven privadas con más frecuencia que los niños del derecho a la educación, lo que a su vez reduce las opciones de que disponen y aumenta el empobrecimiento de la mujer373. En los barrios y zonas más afectados por la pobreza la calidad educativa con frecuencia suele ser deficiente y supone que en la práctica la educación no cumpla su importante cometido.

  18. La CIDH reitera que la educación es un derecho humano fundamental y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es un medio fundamental para que las personas desarrollen plenamente su personalidad, sus talentos y sus capacidades, aumenten así sus probabilidades de encontrar empleo y de salir de la pobreza, y pueda participar plenamente en la sociedad. Especialmente, la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de las niñas y las mujeres así como en la promoción y el conocimiento de los niños de sus derechos y en su protección frente a abusos y violaciones a los mismos.

  19. La Comisión observa que los pueblos indígenas en las Américas continúan viéndose desproporcionadamente afectados por la pobreza y la pobreza extrema, en comparación con la población en general. La pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas del hemisferio; cifra que constituye el doble de la proporción del problema en hogares no indígenas374. A su vez, el 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema; es decir la pobreza extrema afecta a estas comunidades 2.7 veces de forma más frecuente que a los hogares no indígenas375.

  20. Entre los factores contribuyentes a estas tasas se encuentran la persistencia de una situación de exclusión estructural e histórica de la población indígena, que genera y facilita la reproducción inter-generacional de la desigualdad y la pobreza. Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que los pueblos indígenas siguen afectados por niveles más altos de analfabetismo, desnutrición, dificultades para acceder a servicios médicos y medicamentos, y obstáculos para acceder servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y viviendas adecuadas. De igual manera, todavía persisten retos que dificultan su acceso a la justicia y menoscaban la efectiva participación y representación política de estas comunidades376.

  21. América Latina ha visto un crecimiento económico acelerado y una reducción de sus tasas de pobreza y de pobreza extrema en la década de 2000, esta reducción de la pobreza no se ha distribuido de manera equitativa377. Al respecto, es importante resaltar que si bien la tendencia regional en materia de reducción de la pobreza también ha beneficiado significativamente a los pueblos indígenas, las tasas de pobreza de los hogares indígenas no han tenido similar reducción a las de los no indígenas378. Por el contrario, la diferencia entre las tasas de pobreza de los pueblos indígenas y de los no indígenas se mantiene invariable, o sigue ampliándose en detrimento de los pueblos indígenas, agudizándose de esta manera la desigualdad379.

  22. Por ejemplo, en Bolivia hubo una importante reducción de la pobreza crónica durante la década de 2000, pero la brecha de pobreza entre los hogares indígenas y no indígenas aumentó un 32%380. Lo mismo ocurrió en Ecuador, con un aumento de 13%, y en Brasil, con 99%381. En Chile, datos disponibles indican que la tasa de pobreza por ingresos entre las poblaciones indígenas es doble en comparación con la de la población no indígena (un 23,4% frente a un 13,5%), y la tasa de extrema pobreza de los pueblos indígenas, también por ingresos, es exactamente dos veces la de la población no indígena (un 8,2% frente a un 4,1%)382. En Paraguay los índices de pobreza entre los indígenas son 7,9 veces más altos que entre el resto de la población383. En Guatemala, entre 2006 y 2014, las personas indígenas afectadas por la pobreza extrema pasaron del 30% al 40% de los miembros de pueblos indígenas384. La brecha entre los indígenas y los no indígenas es particularmente notable en materia de pobreza extrema. Mientras que el 12.8% de la población no indígena se encuentra en una situación de pobreza extrema, el 39.8% de la población indígena si se encuentra en esta situación385.

  23. Si bien se podría pensar que la pobreza que afecta a los pueblos indígenas se encuentra vinculada con su nivel de educación o su residencia en zonas rurales, datos recopilados por el Banco Mundial señalan con cierta claridad que incluso en condiciones similares de educación, situación laboral, localización geográfica y estado civil, los hogares indígenas tienen índices de pobreza más elevados que sus pares no indígenas386. Comparando a hogares similares —donde el jefe de familia ha terminado la escuela primaria, está casado y tiene dos hijos— se ha demostrado que, si el jefe de la familia pertenece a un grupo indígena, la probabilidad de que el hogar sea pobre aumenta un 13%, y la probabilidad de que el hogar sea afectado por la pobreza extrema llega a ser de 15,5%387. Se ha señalado al respecto que el simple hecho de nacer de padres indígenas “aumenta marcadamente la probabilidad de crecer en un hogar pobre, independientemente de otras condiciones, como el nivel de educación de los padres, el tamaño del hogar o el lugar de residencia, creando un círculo vicioso que impide el pleno desarrollo del potencial de cada niño o niña indígena”388.

  24. Además, la Comisión observa que los pueblos indígenas en los países de ingresos medianos y altos también viven situaciones de seria marginación social y económica389, aunque las disparidades que sufren “[tienden] a ocultarse en el plano internacional debido a la falta de datos desglosados y el alto nivel de disfrute de esos derechos por las poblaciones no indígenas en comparación con las indígenas”390. En efecto, las estadísticas en Canadá y Estados Unidos son alarmantes. En su informe sobre la situación en Estados-Unidos, el ex-Relator Especial de las Naciones Unidas sobre esta materia destacó que: “[l]os pueblos originarios, especialmente los que viven en reservas, tienen desproporcionadamente altos niveles de pobreza, que se elevan a cerca del doble del promedio nacional. Además de la pobreza, los pueblos nativos padecen de pobres condiciones de salud, con expectativas de vidas muy bajas y altas proporciones de enfermedades, alcoholismo y suicidios”391. Las estadísticas a su vez demuestran que los pueblos indígenas en Estados Unidos tienen menos años de escolaridad que los no indígenas, así como demuestran que los indígenas tienen tasas de criminalización y encarcelación más altas que la población en general, y que las reservas se ven afectadas por tasas de crímenes violentos que constituyen doble del promedio nacional392.

  25. Por consiguiente, la Comisión destaca que este patrón de pobreza y de pobreza extrema en las comunidades indígenas de la región existe independientemente de su desempeño en contextos urbanos como rurales, en países desarrollados como en países en desarrollo, y en países donde constituyen la mayoría o la minoría de la población393. Dicho de otra manera, ser indígena en sí parece ser una causa de pobreza y pobreza extrema, lo que encontraría su origen en la existencia de un patrón de discriminación estructural y de exclusión social histórica en su contra, lo que termina reproduciendo el ciclo de la pobreza, y afecta su capacidad de ejercer sus derechos fundamentales.

  26. Por otra parte, teniendo en cuenta la noción de interseccionalidad, la Comisión también observa que las mujeres indígenas pueden verse afectadas de forma especial por la pobreza. En este sentido, las mujeres indígenas sufren una discriminación adicional basada en el género, que da lugar a desventajas adicionales, marginación, pobreza, y en los casos más extremos, a violencia, trata, prostitución, y a un acceso restringido a la justicia. Esta exclusión está documentada en todas las cifras o estadísticas disponibles. Lo anterior se observa de manera particular en los elevados niveles de analfabetismo de mujeres indígenas, sus altas tasas de deserción escolar, sus elevadas tasas de desempleo o de presencia en la economía informal, los niveles preocupantes de mortalidad materna, y su vulnerabilidad a la violencia.

  27. La Comisión reitera el hecho de que existe una íntima y documentada relación entre la situación precaria actual de los pueblos indígenas, y violaciones estructurales de sus derechos a la libre determinación, la tierra, y los recursos presentes en sus territorios394. En particular, las comunidades indígenas viven de forma frecuente en condiciones de extrema miseria por la falta de acceso a la tierra y los recursos naturales que son necesarios para su subsistencia. En varios países del hemisferio, muchos pueblos indígenas han sido expulsados de sus tierras, viéndose obligados a vivir en situación de pobreza a los costados de las carreteras o en las ciudades, donde carecen de las condiciones mínimas para una vida digna395. Como resultado de la deforestación grave que ocurre como consecuencia de actividades extractivas o de desarrollo, por la expansión de campos agrarios, como de soya o de palma aceitera, por la invasión de colonos, o por el desempeño de actividades de extracción o de tala ilegal, varios pueblos indígenas se enfrentan a la gradual pérdida de control sobre sus territorios, y a un deterioro de sus condiciones de vida396.

  28. La Comisión también destaca que la marginación continua de los pueblos indígenas es el resultado de una concepción unidimensional del desarrollo con resultados discriminatorios sobre ellos, orientada principalmente a su asimilación, y basada en una estigmatización de sus culturas, de sus sistemas de producción, y de sus concepciones de desarrollo. Esta visión unidimensional del desarrollo ha sido excluyente de los pueblos indígenas, desarrollándose a su expensa, sin su consentimiento libre, previo e informado, privándolos a la vez de sus tierras, territorios y recursos, y de los beneficios económicos y sociales del desarrollo contemporáneo397.

  29. Esta discriminación estructural, la pérdida de sus territorios ancestrales y su exclusión del desarrollo económico son causas de la pobreza y la pobreza extrema que afecta actualmente a los pueblos indígenas, lo que a su vez tiene repercusiones serias en su capacidad de gozar de sus derechos fundamentales, como por ejemplo sus derechos a la educación, la salud y al trabajo.

  30. La Comisión resalta que el acceso a la educación y la capacidad de llevar a cabo estudios a largo plazo son factores que permiten atender, de cierta manera, la situación de desigualdad y exclusión que sufren los pueblos indígenas. Si bien las reformas legislativas en América Latina han logrado un marcado aumento en la asistencia escolar de los niños y niñas indígenas de todos los grupos de edad, persisten brechas significativas entre la asistencia escolar de niños y niñas indígenas o no indígenas398. La probabilidad de que los niños o niñas indígenas terminen la educación primaria y secundaria sigue siendo menor que la de los no indígenas, lo que reduce sus posibilidades para salir de la pobreza, y esta brecha se incrementa en particular a nivel de la educación terciaria399. La Comisión subraya que otro ejemplo de la afectación diferenciada a derechos que enfrentan las comunidades indígenas se manifiesta en los persistentes obstáculos a la realización del derecho a un trabajo digno, a través de barreras marcadas que enfrentan a una formación profesional plena, a oportunidades de empleo digno, y a la seguridad social suficiente.

  31. La Comisión también considera pertinente señalar que las personas indígenas de las Américas siguen padeciendo de persistentes desigualdades en su acceso a los servicios de salud y a la atención en salud. Las tasas de fecundidad de las mujeres indígenas siguen siendo más altas que los promedios nacionales; no obstante, las mujeres indígenas generalmente tienen menos controles prenatales, menos atención profesional en el parto, más partos en el domicilio, y más altas tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil, y desnutrición crónica400. La mortalidad infantil en comunidades indígenas en América Latina es 70% más alta que en el resto de la población401. La desnutrición entre los niños indígenas duplica la que se registra entre los no indígenas402. El acceso a medicamentos suele ser costoso, y el acceso a sus medicinas y prácticas tradicionales de salud está frecuentemente complicado por la ocupación de sus tierras.

  32. Aunque la presente sección no procura realizar un análisis exhaustivo de todas las implicaciones que los fenómenos de la pobreza y la pobreza extrema tienen en los pueblos indígenas del hemisferio, la información presentada permite ilustrar algunas de sus repercusiones de la pobreza sobre el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las comunidades indígenas de las Américas.

  33. La población afrodescendiente en las Américas está conformada por más de 150 millones de personas ‐cifra que equivale aproximadamente al 30% de la población total‐ y se encuentra entre los grupos más empobrecidos del continente403. La literatura académica coincide en afirmar que existe una fuerte correlación entre raza-etnicidad e indicadores de calidad de vida404. En este sentido, las personas pertenecientes a grupos étnico raciales como los afrodescendientes e indígenas se encuentran sobre-representadas entre las personas más pobres de las Américas. Igualmente, pese a que la región ha tenido un crecimiento económico sostenido, un aumento de los niveles de ingresos y ha avanzado sustancialmente en la reducción de la pobreza en los últimos 20 años, persisten enormes brechas entre los afrodescendientes y el resto de la población de las Américas405.

  34. Pese a las dificultades para hallar datos estadísticos que den cuenta de la situación de pobreza de personas y grupos de ascendencia africana a nivel regional, el Banco Mundial ha sostenido que la población afrodescendiente en América Latina representa en promedio, la mitad de los más pobres en la región406. Bajo la noción de pobreza por ingresos, en Colombia, según datos del Censo nacional de 2005, el 60% de los afrocolombianos se encontraba en situación de pobreza mientras que para el resto de la población esta cifra era de 54.1%407. En Ecuador, el cociente de incidencia de pobreza por ingreso es del 30.8% para los afroecuatorianos, mientras que a nivel nacional este porcentaje corresponde al 23.3% y para la población blanca es del 17.1%408. En Estados Unidos, estadísticas del Buró de Censos de 2014409 muestran disparidades significativas de pobreza por ingreso entre grupos raciales: en 2014, el 22.3% de los hogares afroamericanos registraban un ingreso de menos de 15.000 USD mientras que el promedio nacional es de 12.6%.

  35. La pobreza de personas afrodescendientes puede abordarse mediante la noción de geografías racializadas410, que supone que las zonas con una alta concentración de afrodescendientes en la región se encuentran localizadas en áreas geográficas usualmente separadas que coinciden con zonas de marginalización y pobreza - zonas con mayor déficit de vivienda, poco accesibles, mayor exposición al crimen y la violencia411- lo que indica un patrón de separación geográfica entre grupos étnico-raciales. En Brasil, un factor importante de esta desigualdad es que la composición racial de la población brasileña varía según la región, predominando los blancos en el sur y los mestizos en el norte. Así, existe una concentración de blancos en las regiones de mayor desarrollo y de mestizos-mulatos en las que presentan menor nivel de ingresos por persona412. En Colombia, se presenta una correlación entre el porcentaje de población negra en una región, y los índices de pobreza y otros indicadores de bienestar, como lo evidencia la grave situación de pobreza la región Pacífica413 donde la población afrodescendiente es mayoritaria414.

  36. Con base en la Declaración y el Plan de Acción de Durban415, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que las personas de ascendencia africana se encuentran entre los grupos más marginalizados como consecuencia del legado histórico de la trata transatlántica, y las formas persistentes de discriminación actuales416. Fundamentalmente, la situación actual de pobreza de los afrodescendientes se debe, en parte, a un legado inter-generacional de desventajas417 que inició con la esclavitud y continuó con la segregación racial legal o de facto, las políticas de blanqueamiento418, y la segregación racial geográfica.

  37. En el presente, variadas formas de discriminación basada en la raza impiden el acceso igualitario de los afrodescendientes a educación de calidad y empleo419, vivienda adecuada, servicios de salud dignos, el goce pleno de sus derechos territoriales420, entre otros derechos. Por su parte, el Relator Especial para las Formas contemporáneas de Racismo de las Naciones Unidas ha destacado que la pobreza se encuentra inextricablemente ligada a la discriminación y el racismo421. La intersección entre la pobreza y el racismo existe por el legado histórico de regímenes discriminatorios de facto o de jure que “han dejado un gran número de grupos raciales y étnicos atrapados en condiciones de privación continua o crónica de recursos, con opciones limitadas y vulnerables a múltiples violaciones de sus derechos”422. En el mismo sentido, la CIDH, en su Informe sobre la Situación de Personas Afrodescendientes en las Américas de 2011, reiteró que la población afrodescendiente se encuentra marcada por una historia de invisibilidad, exclusión y desventajas sociales y económicas, que afectan el goce de sus derechos fundamentales423.

  38. La CIDH ha sostenido que uno de los principales obstáculos para determinar las condiciones sociales y económicas de la población afrodescendiente y diseñar políticas apropiadas es la falta de información estadística confiable424. Aunque los Estados de las Américas han avanzado en la incorporación de la variable étnico-racial en la recolección de datos estadísticos, la CIDH destaca que persiste la ausencia de estadísticas regionales y reitera la importancia de la incluir la variable de identificación étnico-racial en todos los sistemas de recolección de información estadísticas de los Estados. Asimismo, la CIDH considera que los Estados deben implementar mecanismos adecuados para favorecer la auto-identificación de la población afrodescendiente en la región425. Pese a la ausencia o insuficiencia de la información disponible, la CIDH analizó la realización de algunos derechos como indicadores para evaluar las dimensiones y características de la situación de pobreza de las personas afrodescendientes en este informe.

  39. Con respecto al derecho a la educación, la información disponible evidencia que la discriminación racial hacia las personas afrodescendientes es un determinante en el goce limitado del derecho a la educación, y en la precariedad de canales de movilidad social para este grupo426. Por ejemplo, en relación con el logro educativo, estudios recientes basados en metodología de recolección de información sobre color de piel como el de PERLA427 confirman una correlación entre color de piel y el logro educativo en 23 países de América Latina. La conclusión es que personas con piel de color claro tiene más años de estudios que aquellas de color oscuro. En países como Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, República Dominicana, la diferencia se encuentra entre 1.5 y 2 puntos428. Con relación a los componentes de aceptabilidad y disponibilidad del derecho a la educación, la información disponible evidencia que la infraestructura y la calidad de la educación en zonas mayoritariamente afrodescendientes es deficiente como consecuencia de la segregación geográfica y residencial.

  40. En las Américas persisten múltiples obstáculos para el goce efectivo del derecho a la salud de las personas afrodescendientes en varios componentes. Con respecto a cobertura y disponibilidad del servicio de salud, se presentan disparidades en la tasa de cobertura de seguro de salud a nivel regional. En Estados Unidos, mientras que los blancos tienen 7.6% sin cobertura de salud, para los afroamericanos este porcentaje es del 11.8%429. En el Brasil, Colombia, el Ecuador y Nicaragua, la mortalidad infantil de los afrodescendientes supera en varios puntos a las tasas del resto de la población430. Por otra parte, no existe en la región un enfoque intercultural de tratamientos médicos y de políticas que aborden específicamente las enfermedades que más afectan a las personas afrodescendientes o les prevean medicación específica431. De otro lado, la discriminación racial directa es una constante en la prestación de servicios de salud a afrodescendientes432.

  41. En relación con el derecho al trabajo, a nivel regional, la tasa de desempleo de la población afrodescendiente (6,5%) en 2013 era superior a la de la población mestiza (5%)433. La información disponible indica que la población afrodescendiente ocupa los lugares más bajos de la escala laboral y mayoritariamente realiza tareas informales y de baja calificación.434 Las diferencias en los niveles ocupacionales tienen efectos en el acceso a seguridad social y a la salud, y la informalidad mantiene a las personas afrodescendientes por fuera de la cobertura mínima de salud y afiliación al sistema de pensiones435, acarreando asimetrías en el ingreso, acceso a alimentos y vivienda.

  42. La situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes es de profunda preocupación para la CIDH. Los niños y niñas afrodescendientes presentan mayores tasas de hambre desde la primera infancia. En Colombia, el 5,9% de los menores de cinco años de edad a nivel nacional tuvieron al menos un día de ayuno en la semana anterior a la realización del Censo 2005. Este porcentaje llega a ser dos veces mayor en la población afrocolombiana a nivel nacional436. Las cifras indican que cuatro de cada diez niños no tiene garantizado acceso al agua potable, y que dos de cada diez presentan graves privaciones en esta materia.

  43. Por países, la proporción más alta se aprecia en Ecuador (67,1%), Honduras (58,9%), El Salvador (58,8%) y Belice (53,3%)437. Las cifras son más bajas, pero igualmente significativas, en el Brasil y Colombia donde casi el 40% de estos niños sufren privaciones moderadas o severas. La tasa de mortalidad durante la niñez por cada 1.000 nacidos vivos es también más alta para afrodescendientes que para la población blanca-mestiza, en Ecuador corresponde al 46.7% mientras que para el resto es de 36.2%, en Nicaragua la tasa es del 46.6% mientras que para el resto es de 35.1%438. Durante la visita que realizó la CIDH al estado de Florida en septiembre del 2015 en Estados Unidos, la Comisión constató las múltiples vulneraciones a las que están expuestos los niños y niñas afrodescendientes en las escuelas. Por ejemplo, una joven de Miami Garden reportó haber sido acosada en la escuela y posteriormente suspendida sin razón aparente. Igualmente, un joven denunció haber sido arrestado dentro de la Escuela Central de Miami439.

  44. Por otro lado, la situación de las mujeres afrodescendientes refleja la intersección de las desigualdades de raza y género, pues se encuentran en la escala más baja de nivel educativo, ocupacional y de ingresos440. Por ejemplo, según información estadística disponible en Brasil, entre las trabajadoras domésticas asalariadas, el porcentaje de mujeres afrodescendientes (18,6%) supera en 8 puntos porcentuales a la población de mujeres no afrodescendiente441. Asimismo, la prevalencia de distintas enfermedades es mayor en mujeres afrobrasileras442. En varios países de la región, como Brasil y Ecuador, la proporción de mujeres afrodescendientes que asisten a control prenatal es sustancialmente menor443.

  45. Las dificultades para la titulación, uso y administración de tierras de pueblos afrodescendientes en varios países de América como Brasil y Colombia, ha tenido un fuerte impacto en el goce de derechos básicos, entre ellos el acceso a servicios básicos de abastecimiento de agua, luz eléctrica y saneamiento básico444. En Colombia, la situación de desplazamiento forzado que afecta desproporcionadamente a la población afrodescendiente es un obstáculo para garantizar el derecho al territorio445. En consecuencia, la situación de pobreza de este segmento de la población se ha exacerbado.446 Asimismo, la falta de seguridad frente a la propiedad de la tierra ha generado inseguridad alimentaria y pobreza en la población Quilombola brasilera447.

  46. En línea con el concepto de pobreza multidimensional que reconoce que las privaciones de libertades básicas no sólo se asocian a la falta de ingresos económicos sino con privaciones sistemáticas de acceso a otros bienes, la CIDH encuentra preocupante que, en términos globales, los indicadores sociales y demográficos de varios países de la región revelen una profunda brecha entre grupos étnico-raciales, situando a la población afrodescendiente en la escala más baja del goce efectivo de sus derechos. La situación de pobreza que padecen los afrodescendientes en la región puede leerse en términos de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos como una situación de discriminación racial estructural, entendida como el conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y pautas de comportamiento, tanto de jure como de facto, que dan paso a una situación de inferioridad y exclusión contra un grupo de personas de forma generalizada, las cuales son perpetuadas a lo largo del tiempo e incluso por generaciones, es decir, no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos, sino que es una discriminación que surge como consecuencia de un contexto histórico, socioeconómico y cultural448.
      1. Migrantes


  1. La movilidad humana, ya sea como migración internacional o interna, es un fenómeno de múltiples dimensiones que puede darse de manera voluntaria o forzada. La primera se da cuando la persona migra voluntariamente, sin ningún tipo de coacciones. Mientras que, la migración forzada abarca aquellas situaciones en las que la persona se ha visto forzada a migrar porque su vida, integridad, o libertad han sido amenazadas como consecuencia de diversas formas de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Otras causas de migración forzada son el conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público o desastres naturales o provocados por el ser humano, como consecuencia de violaciones de derechos humanos resultantes de las omisiones de Estados débiles que no pueden o no quieren garantizar dichos derechos.

  2. A lo largo de los años, la Comisión Interamericana ha identificado la pobreza y las desigualdades económicas y de oportunidades, los obstáculos en el acceso a condiciones de vida digna, y las privaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales como factores determinantes de la migración de personas, tanto a nivel interno de sus países449, como a nivel internacional450. La pobreza tiene dos efectos contradictorios sobre la migración de personas. Por una parte, la pobreza genera incentivos para que las personas migren, ya sea como una estrategia de supervivencia. Por otra parte, la pobreza también limita o impide la capacidad de migrar dado que los costos asociados a la migración son demasiado altos, en particular si se trata de migrar a través de canales regulares451. En particular, la Comisión observa que la migración puede no ser una opción disponible para las personas en situación de pobreza extrema452. En el caso de migrantes forzados estas personas parten de una posición de pérdida, incluyendo la pérdida de bienes, familia y comunidad, así como en términos de salud física y emocional453.

  3. En años recientes, la Comisión ha observado como muchos de los principales movimientos de migrantes en situación irregular en la región se encuentran integrados por personas en situación de pobreza. En este orden de ideas, las personas que viven en pobreza extrema y en mayor situación de vulnerabilidad son quienes suelen verse más afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado, tanto interna como internacionalmente en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México. Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), la proporción de gente forzada a abandonar municipalidades violentas en estos países es de cuatro a cinco veces mayor a la de la gente que abandona municipalidades no violentas en condiciones socioeconómicas similares454.

  4. La correlación existente entre la pobreza, desigualdad, violencia y migración explica por qué la mayor parte de los migrantes que transitan por México son originarios del Triángulo Norte de Centroamérica. Los altos niveles de desigualdad y pobreza imperantes en algunos de estos países son factores de empuje determinantes para que muchas personas se vean forzadas a migrar, aun conociendo los peligros que la migración puede representar para su vida e integridad. Un gran número de las personas que se han visto forzadas a migrar de estos países eran personas que vivían en situación de pobreza y que no podían seguir resistiendo las demandas por parte de las maras, carteles del narcotráfico y organizaciones criminales, tales como el pago del impuesto de guerra, renta o piso, o la trata de personas a través del reclutamiento forzado con fines de explotación sexual, prostitución, explotación laboral o con fines delictivos455.

  5. Otra de las principales dinámicas migratorias en la región tiene que ver con la migración de haitianos. Históricamente, la pobreza ha sido uno de los principales factores de expulsión para los migrantes haitianos. Aunado a lo anterior, el terremoto de enero de 2010 tuvo un gran impacto en agravar la situación de pobreza de Haití, y en impulsar la migración de haitianos hacía otros países de la región, tales como Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Las Bahamas456. Para finales de 2013, se estimaba que más de 20.000 migrantes haitianos habían ingresado a Brasil, de los cuales cerca de la mitad habían ingresado de forma irregular457.

  6. Por otra parte, la grave crisis humanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos también ha conllevado a que muchos venezolanos hayan tenido que migrar a otros países de la región. Una de las integrantes de una familia de 19 venezolanos que se desplazó hasta el municipio de Ponedera, en el Departamento del Atlántico en Colombia, en una entrevista con un diario colombiano manifestó que: “Nos acomodamos como podamos, pero por lo menos aquí mis hijos no lloran de hambre458”.

  7. En las visitas realizadas en los últimos años a México459, Colombia460, Honduras461, Estados Unidos462, y República Dominicana463, la Comisión ha recibido múltiples testimonios de personas migrantes que han manifestado que sus principales motivaciones para migrar de sus países eran factores tales como las condiciones de pobreza en las que vivían, la falta de oportunidades, así como su esperanza de tener una mejor vida para ellos y sus familias. De forma errónea, diversos actores suelen denominar a muchas de estas personas como migrantes económicos. A criterio de la Comisión, la gravedad que reviste la situación de pobreza de muchas de estas personas ha conllevado a que se hayan visto forzadas a migrar de forma irregular como una estrategia de supervivencia que les permita a ellos y sus familias preservar su vida e integridad en condiciones más dignas.

  8. A su vez, la Comisión ha observado como en décadas recientes diversos Estados de la región han venido implementando de manera progresiva políticas encaminadas a restringir el derecho a la libre circulación. Aunado a otras políticas de contención migratoria que ya venían siendo implementadas por Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala, la Comisión ha observado como otros Estados de la región han implementado medidas tales como solicitar visas a nacionales de países que antes no les eran solicitadas464, el cierre y la mayor securitización de fronteras465.

  9. La falta o insuficiencia de canales regulares para que muchas personas migren, principalmente personas en situaciones de vulnerabilidad y pobreza, es lo que genera la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito de migrantes es una industria que surge por las barreras e impedimentos que enfrentan muchas personas al momento en que deciden migrar. En ese sentido, la Comisión considera que los Estados deben habilitar canales que permitan migrar de forma legal y segura a las personas migrantes, en especial para aquellos que tienen pocos recursos económicos o que se encuentran en situación de pobreza. Para ello, los Estados pueden hacer uso de programas tales como los enfocados en admisión humanitaria, visados de reunificación familiar, becas estudiantiles, programas de movilidad laboral, patrocinios privados, entre otros. A su vez, este tipo de medidas evitarían que los migrantes tengan que recurrir a rutas peligrosas y dependan de traficantes de migrantes o que terminen siendo víctimas de trata de personas.

  10. La Comisión también ha recibido abundante información sobre diversas situaciones en países de la región que revelan como las personas en situación de pobreza suelen ser mucho más vulnerables a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y/o sexual466. La Comisión ha tenido conocimiento de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que son discriminados por motivos raciales, étnicos, sociales o de otro tipo, y quienes además viven en situaciones de pobreza, lo cual facilita que sean sujetas a diversas formas de trata de personas, trabajo forzoso, y explotación.

  11. En términos normativos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 22 reconoce una serie de derechos de especial relevancia en materia de movilidad humana cuyo goce efectivo pueden contribuir para que las personas en situación de pobreza puedan revertir esta condición o contrarrestar amenazas existenciales asociadas a la pobreza. La Convención Americana en su artículo 22.7 también reconoce que toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. En adición a lo anterior, el artículo 22.8 de la Convención Americana establece que: “En ningún caso el extranjero puede ser devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
      1. Personas privadas de libertad


  1. La Comisión observa que el impacto de la pobreza y de la pobreza extrema sobre la situación de las personas privadas de libertad es bidireccional. De acuerdo a lo señalado por diversos estudios, por un lado, la exclusión social favorece la propensión a cometer delitos cuya consecuencia sea la aplicación de penas de cárcel; y por otro, la estadía en la cárcel empeora las condiciones de vida de las personas privadas de libertad con escasos recursos, quienes ven agudizada aún más su situación de exclusión y enfrentan mayor vulnerabilidad durante la privación de libertad467.

  2. Según lo señalado por la CIDH, las estadísticas que dibujan el mapa de la violencia en el territorio muestran que los niveles más altos de comisión de delitos violentos se encuentran usualmente en las grandes urbes. Las zonas especialmente afectadas por la inseguridad y la violencia son los barrios periféricos pobres, con acceso limitado a servicios básicos, y con una escasa presencia del Estado. Son zonas con población en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizados sus derechos y que integran grupos sociales tradicionalmente excluidos y discriminados. Los bajos niveles de desarrollo, la falta de oportunidades y la escasa presencia institucional en estas zonas facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de organizaciones criminales468.

  3. Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado que el aumento de la violencia y la inseguridad en la región tiene una explicación multidimensional en la que inciden la precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social469. En este sentido, distintas combinaciones de estos factores socioeconómicos en contextos específicos producen entornos de vulnerabilidad que limitan las posibilidades legítimas de ascenso social. En estos ámbitos, y en el contexto de un crecimiento económico fundado en el consumo, surgen individuos o grupos dispuestos a desafiar al orden legítimo que optan por la vía delictiva como forma de vida470.

  4. En este mismo sentido, un estudio emprendido por la Fundación Paz Ciudadana señaló que la mayoría de los reclusos encuestados en cárceles chilenas presentaban de manera previa al encarcelamiento elevados niveles de desventajas en materia familiar, educacional y de salud, junto con pobres prospectos en el mercado laboral. En particular, el estudio constató que los reclusos presentaban mayores índices de pobreza, de haber estado al cuidado de terceros (y de sus padres), y de contar con familiares condenados, que el resto de la población471. Por ejemplo, al comparar los resultados obtenidos en este estudio con parámetros de la población general, los encuestados registraron tasas más altas de analfabetismo (7,3% versus 4,8%) y educación escolar incompleta (86% versus 45,7%). Las dos principales razones esgrimidas por los encuestados para dejar sus estudios fueron tener problemas familiares y la necesidad de trabajar472.

  5. Respecto de la mayor agudización de la situación de exclusión de las personas privadas de libertad con escasos recursos, la CIDH observa que las condiciones de detención de la población interna en situación de pobreza o pobreza extrema en los centros de privación de libertad en la región son peores que las experimentadas por el resto de la población penitenciaria. Lo anterior debido a que la población interna con escasos recursos económicos presenta mayores dificultades para acceder a servicios o beneficios normalmente disponibles pero sujetos al pago de cuotas exigidas por reclusos e incluso por las propias autoridades penitenciarias.

  6. En su Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, esta Comisión expresó su preocupación por la información recibida respecto a que las autoridades penitenciarias exigen el pago de cuotas o la realización de otros actos a los internos para que éstos accedan a sus días de visitas, o para permitirles el acceso a los teléfonos públicos o al envío de correspondencia473. En su informe Situación de los derechos humanos en México, la CIDH señaló que personas privadas de libertad están sujetas a cobros indebidos por parte de personal penitenciario a fin de que sean provistas de servicios y bienes básicos, tales como comida y agua, y salud; también se les exige cuota a fin de que no sean golpeadas y abusadas en los centros de detención474, significando una mayor marginación de los detenidos pobres que no pueden disfrutar de estos derechos y son sometidos a mayores condiciones de inseguridad. Asimismo, en su visita a Paraguay, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue informado del pago de sobornos por bienes y actividades cotidianas y normalmente accesibles, como sentarse bajo un árbol, así como el pago de sumas sustanciales para la utilización de un privado de visitas conyugales475.

  7. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, la ausencia de oferta de camas y la brecha entre la oferta y demanda de las mismas, plantea en los presidios bolivianos el principio de mercado, de tal manera que un espacio para vivienda de aproximadamente dos metros cuadrados adquiere un valor casi igual o más alto que su equivalente en cualquier ciudad de Bolivia, hasta 800 USD. De acuerdo al informe de la Defensoría, los reclusos que no cuentan con estos recursos para realizar ese pago, deben prestar servicios en una especie de régimen de trabajo forzado, desde la limpieza de letrinas hasta labores de seguridad476.

  8. Por otra parte, la CIDH observa que situación de la pobreza o pobreza extrema de personas privadas de libertad, también puede afectar negativamente su disfrute del derecho de visitas familiares cuando son trasladados a centros de privación de libertad alejados de sus núcleos familiares. En particular, la CIDH ha señalado que esta práctica afecta de manera particular a aquellas familias con escasos recursos económicos, para quienes el desplazamiento a lugares distantes resulta excesivamente oneroso477. En su visita a Argentina, el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH constató la práctica por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense de trasladar reiteradamente a los reclusos, llevándolos de una Unidad Penitenciaria a otra en el vasto territorio de la Provincia de Buenos Aires, lo que en la mayoría de los casos los somete a un alejamiento excesivo de sus familias por periodos prolongados de tiempo. En Chile, de acuerdo con información al alcance de esta Comisión, si bien la mayoría de la población estudiada recibía visitas, el 68,6% declaró que producto de la privación de libertad ha finalizado una relación cercana. Dentro del porcentaje de los internos que no es visitado, se plantea que se debe principalmente a que su familia no cuenta con dinero para los traslados (48,8%) y a que no quieren visitarlo en la cárcel (25%)478.

  9. En su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, la Comisión concluyó que el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad479. En este sentido, la Comisión recomendó a los Estados que aseguren que sus ordenamientos jurídicos internos contemplen otro tipo de medidas cautelares que tengan un carácter menos restrictivo480. Al respecto, la CIDH observa que la falta de recursos económicos puede perjudicar el acceso de la población en privación de libertad preventiva a dichas medidas en tanto que el acceso a determinadas medidas procesales para la determinación de la libertad condicional o vigilada están sometidas al previo pago de fianzas, costos procesales o de mantenimiento, pudiendo suponer discriminación respecto de personas en pobreza o con escasos recursos económicos.

  10. En particular, la CIDH advierte que en Perú, mediante el Decreto Supremo N° 002-2015-JUS de 13 de mayo de 2015, se determinó como responsable de cubrir el costo de los dispositivos electrónicos al propio beneficiario de la vigilancia electrónica personal481, con excepción de que ante la imposibilidad económica del beneficiario, el juez lo exima de su cobro482. Sin embargo, esta Comisión advierte que el Estado sólo podrá aplicar esta excepción en un porcentaje no mayor del 3% del total de dispositivos de vigilancia electrónica483. Este mismo criterio se introduce en el sistema de monitoreo electrónico de República Dominicana donde, de acuerdo a información publicada por la empresa prestadora de servicios, se establecería para cada dispositivo un costo de 450 USD mensuales, debiéndose pagar seis meses por adelantado484.

  11. Respecto de la legislación que establece el pago de una cuota a cargo del usuario para acceder al sistema de monitoreo electrónico, la CIDH observa que la misma perjudica a personas que no cuentan con una situación económica favorable, y además que tampoco tomaría en consideración el “ahorro financiero” que supondría para el Estado la no cobertura de los gatos diarios que implica la privación de libertad en centros de detención485. En particular, esta Comisión considera que esta medida resulta discriminatoria cuando no se encuentra al alcance de personas que por su situación de pobreza o por los bajos recursos que perciben, no pueden acceder a ella, y llama a los Estados adoptar las medidas necesarias a fin de que la aplicación de esta medida se adecúe a criterios de igualdad material. La Comisión ha observado también que la aplicación de la fianza afecta de manera extendida y desproporcionada a personas pertenecientes a grupos económicamente más vulnerables, quienes por lo general encuentran obstáculos en el acceso a otras medidas cautelares y no pueden afrontar los gastos que implica la representación de un abogado privado, contando solo con la defensa pública y sus limitaciones486.

  12. Por otra parte, la Comisión también observa que en otros casos los costos procesales perjudican con mayor intensidad a comunidades que no manejan o manejan parcialmente ingresos monetarios, como determinadas comunidades indígenas. En México, por ejemplo, sociedad civil ha señalado que persisten factores circunstanciales y materiales tales como la pobreza que tienen graves consecuencias en la privación de libertad de personas indígenas al carecer de recursos monetarios para pagar una fianza cuyos montos no suelen rebasar los dos mil pesos mexicanos (100USD aproximadamente). Sobre estas comunidades, otros factores como altos índices de analfabetismo, la falta de comprensión del español y la ausencia de interpretación durante el proceso penal también han favorecido altas tasas de encarcelamiento487. Por otra parte, de acuerdo a lo señalado por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, de una muestra que abarca cerca de 2.000 encuestados, se tiene que un 55% no ha solicitado audiencia de revisión de la prisión preventiva porque se encuentra detenida menos de un año y porque no cuenta con los recursos económicos para cubrir ese proceso, es decir, pago de abogados, notificaciones y otros488.

  13. Esta situación se agrava en los casos de mujeres indígenas. De acuerdo a un estudio previo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, todas las mujeres indígenas encuestadas se encontraban en situación jurídica preventiva y en la mayoría de los casos se debía por falta de información, ya sea por su idioma o por contar con escasos recursos, siendo abandonadas por los abogados, llevando como consecuencia que su situación de prevención se prolongue por falta de asesoramiento técnico489. De acuerdo al estudio, además, por sus escasos recursos y ante la imposibilidad de mantenerlos en el establecimiento penitenciario, es común que los hijos o hijas sean derivados a Centros de Acogimiento de Niños, dependientes de las Gobernaciones490.

  14. La CIDH observa que además del riesgo que enfrentan las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, su encarcelamiento genera severas consecuencias para sus hijos y para las personas que se encuentran bajo su cuidado, tales como personas con discapacidad y adultos mayores. Al respecto, esta Comisión ha señalado que la privación de libertad de las mujeres tiene consecuencias graves para los niños y niñas, debido a que generalmente el cuidado de los mismos queda a cargo del pariente más cercano, separando a veces a los hermanos, y requiriéndose en la mayoría de las veces, la intervención de los servicios sociales para apoyar en el bienestar de los niños, o incluso, su institucionalización491. Sobre este punto, la CIDH advierte que de conformidad con informes de sociedad civil, aproximadamente el 10% de los hijos de madres privadas de libertad queda a cargo de sus padres, mientras que cuando se priva de libertad al padre, la mayoría de los hijos continúan siendo cuidados por sus madres492. En este sentido, la ruptura de lazos de protección originada por el encarcelamiento de mujeres, ocasiona que las personas bajo su cuidado, queden expuestas a situaciones de transmisión intergeneracional de la pobreza, marginalidad y abandono, mismas que a su vez, pueden desembocar en consecuencias de largo plazo, tales como involucramiento en organizaciones criminales, o incluso, institucionalización.

  15. Sobre este punto, la CIDH destaca que en diciembre de 2016, el Ministerio de Gobierno, con la asesoría técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentó el “El Diagnóstico y Modelo de Atención de los Hijos e Hijas de las Mujeres Privadas de Libertad en Panamá” que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de políticas sociales que permitan una atención y protección integral de estos niños, mediante el establecimiento de una ruta de atención que resulta acorde con las directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños y niñas493. Al respecto, la CIDH saluda los esfuerzos del Estado panameño en la materia, al constituir el presente diagnóstico, un estudio pionero en las Américas que permitirá identificar claramente los efectos del encarcelamiento en los niños, y el mejor adecuado a fin de evitar su involucramiento en actividades criminales.

  16. Por otra parte, la CIDH observa que uno los problemas más graves y extendidos en la región es precisamente la falta de políticas públicas orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. En particular, considerando los recursos financieros limitados con los que cuentan las personas privadas de libertad, y que su encarcelamiento representa un alto riesgo de desvinculación con la comunidad, resulta imprescindible que los Estados adopten políticas públicas integrales, orientadas a la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados. De no ser así, se corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal494. En este contexto, y siguiendo los estándares fijados por las Reglas de Mandela de las Naciones Unidas, la CIDH llama a los Estados a disponer de servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar a las personas que estuvieron privadas de la libertad, ayuda post-penitenciaria eficaz a fin de disminuir los prejuicios en su contra, y de contribuir en su reinserción social495.
      1. Personas con discapacidad


  1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, actualmente más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad en el mundo, constituyendo aproximadamente el 15% de la población mundial496. En particular, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina y el Caribe, alrededor del 12% de la población tiene una discapacidad, es decir, aproximadamente 66 millones de personas497. A pesar de que estas cifras representan un alto número de personas con discapacidad, se estima que este número es aún mayor considerando la dificultad en la obtención de esta información, debido principalmente a las diferencias que existen en los diversos métodos de censo y de recopilación de estadísticas498.

  2. Históricamente las personas con discapacidad han enfrentado serios obstáculos físicos y sociales para ejercer plenamente sus derechos499. Sin embargo, la CIDH observa que, durante las últimas décadas, ha habido avances significativos en la protección de los derechos de esta población, principalmente con la adopción en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (“CDPD”)500, que establece un cambio de paradigma en relación con el tratamiento de las personas con discapacidad. Con base en dicho cambio de paradigma, las personas con discapacidad dejan de verse como “meros objetos de protección” para ser tratadas como “sujetos de derechos y obligaciones”. Sin embargo, la CIDH observa que, a pesar de los avances significativos a nivel internacional, sigue existiendo una gran brecha en la aplicación efectiva de tales derechos a nivel interno, y las personas que viven con esta condición siguen enfrentando serios impedimentos en el pleno disfrute de los derechos.

  3. Respecto a la condición de discapacidad y la pobreza, las personas que viven con esta condición tienen más probabilidades de experimentar situaciones socioeconómicas adversas, tales como menor nivel de educación, peores condiciones de salud y alto porcentaje de desempleo. En este sentido, de acuerdo con el Banco Mundial, la relación entre la pobreza o pobreza extrema y la condición de discapacidad es bidireccional. Por un lado, la pobreza puede hacer aumentar el riesgo a desarrollar una discapacidad, y por el otro, la discapacidad puede incrementar el riesgo de caer en la pobreza debido a factores como el desempleo o salarios más bajos y el aumento del costo de la vida501.

  4. Por su parte, esta Comisión advierte que, en cualquiera de ambos supuestos, el alcance de la pobreza en las personas con discapacidad es extenso. Al respecto, en una reunión de Estados Parte de la CDPD, celebrada en Nueva York en junio de 2015, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas Aguilar, señaló que más del 80% de las personas con discapacidad en el mundo son pobres y que esta situación no se produce únicamente en los países en desarrollo502. De acuerdo con la Relatora de Naciones Unidas, la pobreza afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, y los costos adicionales de vivir con una discapacidad equivalen a una “barrera infranqueable” para el ejercicio de los derechos de este colectivo. En este sentido, indicó que “la brecha entre las personas con y sin discapacidad que viven bajo la línea de pobreza o están en riesgo de caer en la pobreza es alarmante y debe ser atendida con urgencia”503.

  5. Esta Comisión advierte que la pobreza o la pobreza extrema se presentan como factores ambientales y sociales de riesgo que inciden en el desarrollo de una discapacidad, en la medida que pueden determinar las condiciones de salud para su desarrollo o el no acceso a medidas preventivas. En este sentido, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad del Banco Mundial y la OMS, ciertos factores ambientales como el bajo peso al nacer y la falta de sustancias nutritivas esenciales, como el yodo y el ácido fólico, tienen impacto en la incidencia y la prevalencia de las condiciones de salud asociadas a la discapacidad504.

  6. Por otra parte, la escasez de recursos económicos puede determinar el acceso a los centros de salud y, por tanto, a recibir servicios de prevención y tratamiento505. Al respecto, un estudio conjunto de UNICEF y la Universidad de Wisconsin estableció que los niños de los hogares incluidos en los tres quintiles más pobres de la mayoría de los países están expuestos a un riesgo de adquirir una discapacidad mayor que el de otros niños506.

  7. Esta Comisión observa que tener una discapacidad aumenta la probabilidad de estar en situación de pobreza, debido a que la discriminación que se deriva de vivir con esta condición puede conllevar a la exclusión social, la marginación, la falta de estudios, el desempleo; además de que todos estos factores aumentan el riesgo de pobreza. De acuerdo con un estudio conjunto de la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el panorama sobre la situación educativa y laboral de las personas con discapacidad en América Latina confirma la desigualdad que afecta a este grupo de personas507.

  8. Respecto al ámbito educativo, el informe de la Red Internacional sobre Discapacidad (IDRM) señala que, en Colombia, sólo el 0,32% de los alumnos tienen una discapacidad. Las cifras son similares en Argentina (0,69%) y en México (0,52%), mientras que en Uruguay y Nicaragua se informan porcentajes levemente superiores (2,76% y 3,5%, respectivamente). Al comparar la población infantil con discapacidad estimada con la cantidad de niños inscritos en el sistema educativo, se observa que sólo entre el 20% y el 30% de los niños con discapacidad asisten a la escuela508. En el caso de México, los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, muestran que 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años de edad asiste a la escuela, porcentaje inferior al de la población sin discapacidad (60.5%)509. En particular, en relación con el nivel de escolaridad, 23.1% de la población con discapacidad no tiene instrucción, cifra considerablemente más alta que la que se observa entre las personas sin discapacidad (4.8%). El nivel de escolaridad predominante de la población con discapacidad es el de primaria (44.7%) y le sigue secundaria (15.3%); para el caso del nivel superior el porcentaje de la población sin discapacidad triplica al de la población con discapacidad (5.7%)510.

  9. Asimismo, la CIDH advierte que uno de los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad en la región es el desempleo y la marginación laboral. Según el estudio emprendido por la IDRM, alrededor del 70% de las personas con discapacidad de la región están desempleadas o excluidas de la fuerza laboral511. Entre los factores que menciona el estudio se encuentran la falta de capacitación, la inaccesibilidad de los lugares de trabajo, la falta de transporte accesible, y los constantes problemas económicos que afectan la región, así como la resistencia de las empresas a contratar personas con discapacidad, a pesar que la legislación de varios de los países de la región, contempla incentivos para quienes lo hagan y cuotas mínimas en el caso de los empleos públicos512.

  10. Al respecto, esta Comisión advierte que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mostró su preocupación por la alta tasa de desempleo y subempleo en el Estado peruano de personas con discapacidad, misma que ascendía a casi el 60% y al 35,3%, respectivamente513. Asimismo, esta Comisión toma nota que según el Primer estudio nacional de la discapacidad en Chile, en el año 2004, el 48,1% del total de la población mayor de 15 años realizaba un trabajo remunerado, pero entre la población del mismo rango etario con discapacidad, solo el 29,2% tenía un trabajo remunerado514. Un segundo estudio nacional realizado en 2015 señaló que la tasa de participación laboral en personas sin discapacidad era de 69%, en personas con discapacidad de 56% y en personas con una discapacidad severa de 24,3%515. En México, dicha participación económica de la población con discapacidad en 2014 representaba el 39.1%; lo que equivalía a más de veinticinco puntos porcentuales por debajo de la población sin discapacidad516. En similar sentido se manifiestan la mayoría de las tasas de ocupación de personas con discapacidad en países de la región; en Uruguay según la encuesta especializada realizada en 2003 y 2004 la tasa de actividad de la población mayor de 14 años con una discapacidad era de 19,6% frente al 62,4% de ocupación general517. En 2003, la población con discapacidad en Nicaragua, alcanzaba el 36% de ocupación frente al 54% de la tasa general518.

  11. Por otra parte, la Comisión Interamericana advierte que el acceso a la salud para las personas con discapacidad también presenta un escenario de preocupación en la medida que en gran parte de la región, el acceso al seguro médico depende del estado ocupacional, por lo que las altas tasas de desempleo pueden privar de cobertura a este colectivo519. Según el estudio de la Red Internacional sobre Discapacidad, por ejemplo, el 84% de las personas con discapacidad en Ecuador no tiene ningún tipo de cobertura médica y en Chile solamente el 7% tiene un seguro médico privado.
      1. Personas, grupos y colectividades LGBTI


  1. La Comisión Interamericana observa que existe un fuerte vínculo entre pobreza, exclusión y violencia por prejuicio. Al respecto, en su informe de “Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” de 2015, la Comisión analizó la intersección entre, por un lado, la violencia por prejuicio por motivos de orientación sexual e identidad de género no normativas y, por el otro, la pobreza. En dicho informe, la CIDH destacó que la discriminación estructural contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)520 existente en la región puede contribuir de manera significativa a su vulnerabilidad ante las situaciones de pobreza, lo que a su vez las somete a mayor discriminación521.

  2. En esta misma línea, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos ha indicado que los patrones de discriminación mantienen a las personas en la pobreza, lo que a su vez sirve para perpetuar actitudes y prácticas discriminatorias contra éstas, es decir, que la discriminación causa pobreza, pero la pobreza también causa discriminación522. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos523 ha declarado que la discriminación contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT)524 a menudo resulta exacerbada por otros factores, como la pobreza525. Asimismo, indica que estudios llevados a cabo en el continente americano sugieren que las tasas de pobreza, falta de vivienda, e inseguridad alimenticia son más altas entre personas LGBT. Adicionalmente, el Banco Mundial ha documentado el impacto negativo de la violencia y discriminación basada en prejuicio (referida como “homofobia”) en el crecimiento económico y el desarrollo de los países526.

  3. La Comisión ha sido informada por organizaciones de la sociedad civil que las personas LGBT, especialmente las personas trans y las personas trans de grupos raciales minoritarios527, se encuentran inmersas en un ciclo de exclusión y pobreza que las hace más vulnerables a la violencia. Al respecto la CIDH destaca que son múltiples los factores de discriminación y exclusión que afectan a las personas LGBT, los cuales además se encuentran estrechamente vinculados con las altas tasas de pobreza que enfrentan.

  4. En este sentido la Comisión destaca que la discriminación que afecta a las personas LGBT en las sociedades de la región las inserta en un ciclo de exclusión que tiende a culminar en la pobreza por falta de acceso a servicios, oportunidades y prestaciones sociales que en algunos casos inicia desde la temprana edad. Frente a esto la CIDH ha declarado que la discriminación y violencia contra niñas, niños y jóvenes con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas empieza en el hogar y en las escuelas, donde la familia, los miembros de la comunidad, profesores/as y directivos/as de las escuelas desaprueban su orientación sexual y/o identidad de género528. Las personas LGBT son expulsadas de sus familias y escuelas529, y en algunos casos ni siquiera pueden obtener trabajos que pagan el salario mínimo530. Como resultado, las personas LGBT a menudo enfrentan pobreza, exclusión social, y altas tasas de falta de vivienda531. Esto les empuja hacia la economía informal o a la actividad criminal532. Algunas personas LGBT en estas situaciones participan en trabajo sexual, o en sexo para sobrevivir533, que es el intercambio de sexo por dinero, comida, refugio y otros bienes materiales necesarios para la supervivencia534. Como resultado, las personas LGBT que viven en la pobreza son vulnerables a acoso y perfilamiento policial, y consecuentemente a tasas mayores de criminalización535 y encarcelamiento536.

  5. Al respecto, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas ha establecido que para enfrentar las tasas de pobreza que afectan a las personas LGBTI, los Estados deben incorporar la dimensión de la orientación sexual y la identidad de género los programas sociales, compilar datos estadísticos precisos sobre el número de personas LGBTI dentro del territorio como requisito previo para formular una política eficaz; ofrecer una alternativa a la opción binaria hombre/mujer al momento de realizar censos y/o encuestas; garantizar procesos de cambio de identidad de género que no requieran autorización judicial; y el establecimiento de una institución especializada encargada de examinar, en consulta con los grupos afectados, todas las políticas sociales o de otra índole que haya que reformar a los fines de tener en cuenta las necesidades específicas de las personas LGBTI y asegurar la igualdad de trato537.

  6. De acuerdo con la información allegada por organizaciones de la sociedad civil a la Comisión, en la región las personas trans enfrentan altas tasas de exclusión de las oportunidades de generación de ingresos y programas de bienestar social que frecuentemente las relega al desempleo y hace que estas recurran al trabajo sexual538, enfrentan “un falta crónica de acceso a los servicios educativos y de salud, oportunidades laborales y vivienda adecuada”539, por lo que sufren de empobrecimiento severo la mayor parte de sus vidas540.

  7. De acuerdo a la información recibida por la Comisión Interamericana, el 90% de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe participan en el trabajo sexual como medio de supervivencia y por consiguiente, enfrentan criminalización directa o indirecta541. De la misma forma, la exclusión dificulta el acceso al sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y medicamente supervisadas -necesarias para algunas personas trans en el proceso de construcción de sus identidades-, generando complicaciones de salud e incluso la muerte. Es así que el ciclo de pobreza y exclusión en el cual están inmersas las mujeres trans las hace más vulnerables a las muertes tempranas y prevenibles, y a la violencia de parte de agentes estatales y no estatales. Además, este ciclo en el cual se ven sumergidas se encuentra relacionado con la corta expectativa de vida de mujeres trans en la región, la cual según han indicado organizaciones de la sociedad civil y ha podido corroborar la CIDH a través del Registro de Violencia542 es, en términos generales, de 35 años. En esta línea la Comisión Interamericana enfatiza que la situación que afecta a algunas personas trans relegándolas a círculos de pobreza, exclusión y criminalización se exacerba por la inexistencia de normativas que permitan el reconocimiento de su identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así como también por la falta de transversalización de la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas de los Estados de la región, y la no adecuación de dichas políticas para satisfacer las necesidades de las personas trans.

  8. La Comisión destaca el impacto positivo que tiene en la vida de las personas trans la implementación de normativas que reconocen su identidad de género, no obstante, resalta que, a pesar de los efectos positivos de estas normativas, y los esfuerzos desplegados por varios Estados de la región en implementarlas, su mera existencia no soluciona y garantiza a las personas trans el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a los diferentes servicios sociales. Por este motivo, para lograr una inclusión integral de las personas trans en los diferentes ámbitos, y disminuir las tasas de pobreza que les afectan, la CIDH resalta que es preciso redoblar esfuerzos y llevarlos más allá de la adopción formal de normativas que reconocen la identidad de género, abocándose al diseño e implementación de políticas públicas complementen dichas normativas, que tomen en cuenta las necesidades y diferentes realidades que enfrentan las personas trans, y que tengan como finalidad subsanar las brechas de desigualdad que les afectan, las cuales transcienden en algunos casos los alcances de una ley de identidad de género.

  9. La CIDH resalta la existencia en la región de iniciativas importantes impulsadas por algunos Estados miembros de la OEA, para lograr mayores tazas de inclusión de personas trans en el mercado laboral y educativo. Al respecto cabe destacar que en septiembre 2015 Argentina sancionó la Ley no. 14.783 que crea un cupo mínimo de al menos uno por ciento de los empleos para personas trans en el sector público en la Provincia de Buenos Aires543, y posteriormente, en mayo 2016, se aprobó la ley de cupo laboral para personas trans en la Provincia de Rosario544. Asimismo, en abril 2016 la Asamblea Legislativa de Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo exhortó al Jefe de Gobierno a que instruya a sus dependencias de la Ciudad de México para que contraten dentro de su plantilla laboral a por lo menos el 1 por ciento de personas trans.

  10. La Comisión ha recibido información que indica que parte del ciclo de pobreza que afecta a las personas LGBT se caracteriza por la dificultad en el acceso a vivienda, lo cual las vuelve más vulnerables a sufrir discriminación y ser víctimas de la violencia. En su informe de Violencia contra personas LGBTI la CIDH resaltó que existen estudios en la región que indican que las personas LGBT son más vulnerables a la falta de vivienda. Al respecto, en los Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil estiman que 20-40% de la población joven que no tiene vivienda forma parte del colectivo LGBT. Estas personas se encuentran en un riesgo particularmente alto de ser forzadas a la prostitución545. De la misma manera, la CIDH recibió información de que aproximadamente 40-50% de los jóvenes que no tienen vivienda en las calles de la ciudad de Nueva York se identifican dentro del grupo LGBT. La mayoría de ellos fueron expulsados de sus hogares por su orientación sexual o identidad de género, o huyeron para escapar de la violencia dentro de sus familias546. La CIDH también observa que, de acuerdo al mismo estudio, el 48% de las personas trans que participan en el trabajo sexual reportaron que no tienen vivienda547.

  11. De acuerdo a un informe de la sociedad civil, los jóvenes identificados como LGBT en Jamaica conforman hasta el 40% de la población joven en el país que no tiene vivienda548. Asimismo, la CIDH observa con preocupación que las personas LGBT experimentan discriminación y violencia en los albergues y hogares comunitarios de cuidado para habitantes de calle. Al respecto considera que las altas tasas de falta de vivienda entre las personas LGBT se deben en gran parte a que los sistemas de vivienda y refugio por lo general no son adecuados y/o seguros para las personas LGBT549. Asimismo, la CIDH nota con inquietud que estas instituciones usualmente se encuentran segregadas por género masculino y femenino, lo cual aumenta la violencia y discriminación contra las personas trans y otras personas no conformes con el género. Al respecto, vale destacar que en su Informe de Violencia contra Personas LGBTI en América, destacado anteriormente, la CIDH recomendó a los Estados asegurarse que los albergues sean accesibles para personas trans y aquellas no conformes con el género, incluyendo que se permita que las personas puedan decidir su albergue en función de su identidad de género y la designación de albergues o casas de refugio neutrales en cuanto al género.

  12. La CIDH observa con preocupación la compleja situación que enfrentan las personas LGBT en la región para tener acceso a viviendas y hace un llamado a los Estados a que implementen políticas públicas que garanticen el acceso de personas LGBT a viviendas adecuadas, así como también revisen las regulaciones aplicables a los programas estatales de financiación de viviendas para garantizar que se cuenten con requisitos flexibles capaces de adecuarse a la realidad y necesidades que enfrentan las personas LGBT en las sociedades de la región.

  13. La Comisión Interamericana toma nota de las desigualdades estructurales que enfrentan las personas LGBTI cuando acceden y/o tratan de acceder a servicios médicos de salud. La Comisión ha recibido información preocupante sobre cómo la situación socioeconómica de padres y madres de hijos e hijas intersex en México puede determinar si los doctores le dicen o no a la familia que su hijo o hija es intersex. De acuerdo a un estudio llevado a cabo en México550, cuando los doctores perciben una relación más “equitativa” entre ellos y los pacientes y sus familias, se esfuerzan en traducir la terminología médica en términos comunes y en explicar plenamente la intersexualidad o el posible estatus intersex del niño o la niña. Sin embargo, en otros hospitales o con respecto a otros pacientes donde la percepción de una relación equitativa no está presente, los doctores tienden a no comunicarles el diagnóstico intersex a los padres o madres, al carecer de educación escolar avanzada. De acuerdo a este estudio, existe una creencia generalizada entre el personal médico de que un estatus socioeconómico bajo o una limitada educación de padres, madres o familiares son barreras insuperables para entender el diagnóstico intersex. Esto dificulta un diálogo abierto y efectivo con las familias sobre niños y niñas que nacen intersex, lo que a su vez afecta el consentimiento informado sobre cirugías genitales e intervenciones médicas551.

  14. En la misma línea, la situación socioeconómica de las personas trans determina la calidad de los servicios médicos que reciben, incluyendo las cirugías de afirmación sexual y otras modificaciones corporales relacionadas. La prevalencia en Latinoamérica de procedimientos informales y arriesgados de transformaciones corporales necesarias para la construcción de la identidad y la expresión de género de algunas personas trans ocasiona, por ejemplo, un mayor número de muertes (prevenibles) de mujeres trans552.

  15. La pobreza, discriminación y exclusión que afectan a las personas LGBTI en la región se relaciona a barreras para poder acceder a sistemas educativos seguros y de calidad. La Comisión ha sido informada de que la discriminación sufrida en el ámbito escolar pareciese ser la causa de este abandono. Por ejemplo, en una encuesta realizada en 2014 por una organización de la sociedad civil, la mitad de las personas encuestadas refieren que dejaron de asistir por haber sido discriminados sobre la base de su identidad trans553. Organizaciones de la sociedad civil de Argentina han reportado a la Comisión que en el ambiente educativo la discriminación entre pares o bullying es sufrida por 7 de cada 10 casos y 4 de cada 10 personas trans refieren haber sido discriminadas por directivos y docentes554.

  16. Asimismo, una organización de la sociedad civil de Paraguay informó que el 90% de las personas trans en dicho país no ha completado el nivel básico de la educación, y que esta situación se debe, a que entre otras cosas, no se cuenta con un sistema educativo que permita a las personas trans participar sin tener que ser víctimas de la discriminación, el estigma y el acoso no sólo por parte de compañeras/os, sino también en ocasiones por parte de las/os docentes555. De igual modo resaltan que la falta de reconocimiento de la identidad y expresión de género de las personas trans es otro causal de las altas tasas de deserción escolar, sobre todo los casos de expulsión cuando las personas empiezan la construcción de su identidad556.

  17. Los Estados tienen la obligación de garantizar que sus políticas de educación estén especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres, y para erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que pueden legitimar o exacerbar la violencia por prejuicio557. La Comisión insta los Estados de la región a que adopten medidas para garantizar la continuidad de las personas LGBT en los sistemas de educación formal con miras a que logren alcanzar una capacitación técnica que les permita acceder al mercado laboral, lo cual podría garantizar su estabilidad económica, reducir los niveles de pobreza, mejorar su calidad y aumentar su expectativa de vida.

  18. La Comisión reconoce que son múltiples los retos que enfrentan los Estados de la región para contrarrestar las situaciones de pobreza y exclusión que afectan a las personas LGBTI en el continente. Por este motivo, la CIDH hace un llamado a los Estados miembros de la OEA para que adopten medidas a corto, mediano y largo plazo para contrarrestar estas situaciones que afectan a las personas LGBTI.





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