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INFORME No. 7/14

CASO 12.739

FONDO

MARÍA INÉS CHINCHILLA SANDOVAL Y OTROS



GUATEMALA


I. RESUMEN 0

II. TRÁMITE POSTERIOR AL INFORME DE ADMISIBILIDAD No. 136/09 1

III. POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE EL FONDO 2

A. Posición de los peticionarios 2

B. Posición del Estado 3

IV. ANÁLISIS SOBRE EL FONDO 4

A. Determinaciones de hecho 4

B. Determinaciones de derecho 42

VI. CONCLUSIONES 66

VII. RECOMENDACIONES 66



CASO 12.739

FONDO


MARÍA INÉS CHINCHILLA SANDOVAL Y OTROS

GUATEMALA



2 de abril de 2014

I. RESUMEN





  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió el 23 de marzo de 2005 una petición presentada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, a través de su representante legal Alejandro Rodríguez Barrillas (en adelante “el peticionario”), en contra del Estado de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”) por los hechos relacionados con la muerte de María Inés Chinchilla (en adelante “la presunta víctima”), ocurrida el 25 de mayo de 2004 presuntamente como consecuencia de la falta de atención médica adecuada en el centro donde se hallaba privada de libertad.




  1. El peticionario señaló que a pesar de que el Estado tenía conocimiento de los padecimientos y enfermedades sufridos por la señora Chinchilla, no le proveyó atención médica adecuada, lo cual ocasionó que fuera hospitalizada en múltiples ocasiones. Señaló que el juez negó en varias ocasiones permisos para que la señora Chinchilla pudiera acudir a citas médicas y que el día de su muerte tampoco le brindó una atención médica adecuada. Indicó que el Estado no ha investigado de forma diligente la muerte de la señora Chinchilla. Por su parte, el Estado señaló que no es responsable ya que otorgó la atención médica adecuada. Indicó que las enfermedades que padecía la señora Chinchilla no son atribuibles a la situación de detención y que se le autorizaron múltiples salidas a citas médicas y se le llevó a la emergencia cuando fue necesario. Indicó que el día de su muerte la señora Chinchilla recibió atención adecuada por parte de una de las enfermeras del Centro de Orientación Femenino (en adelante “el COF”) y, al tratarse su muerte de una causa “natural”, no había delito que perseguir.




  1. Tras analizar los fundamentos de hecho y de derecho presentados por las partes, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval, así como de los derechos establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención en perjuicio de los familiares que se detallan en la sección respectiva del informe. Todos estos derechos en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención.



II. TRÁMITE POSTERIOR AL INFORME DE ADMISIBILIDAD No. 136/09





  1. Tras recibir la petición inicial, la Comisión procedió a la apertura de la petición 321-05 e inició el trámite. El 13 de noviembre de 2009 la Comisión declaró el caso admisible mediante la adopción del Informe No. 136/091. El 2 de diciembre de 2009 la Comisión transmitió el Informe de Admisibilidad a las partes y otorgó un plazo de dos meses al peticionario para presentar sus alegatos sobre el fondo. En la misma comunicación, la Comisión se puso a disposición de las partes a fin de lograr una solución amistosa del asunto.




  1. Las observaciones sobre el fondo del peticionario fueron recibidas el 3 de marzo de 2010 y las del Estado el 13 de julio de 2010. El 26 de febrero de 2010 el peticionario informó a la CIDH que las señoras Marta María Gantenbein Chinchilla y Luz de María Juárez Chinchilla, hijas de la señora María Inés Chinchilla Sandoval, manifestaron su voluntad de participar en el proceso como víctimas del caso. Además, la CIDH recibió información adicional de los peticionarios el 27 de octubre de 2010. Dicha comunicación fue debidamente trasladada al Estado. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado el 24 de marzo de 2011. Dicha comunicación fue debidamente trasladada a los peticionarios. El 24 de enero de 2014 la CIDH solicitó al Estado copia de la investigación preeliminar seguida por la muerte de la señora Chinchilla, dicha información fue proporcionada por el Estado el 20 de marzo de 2014.


III. POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE EL FONDO




    1. A. Posición de los peticionarios





  1. El peticionario indicó que la señora María Inés Chinchilla Sandoval fue condenada a 30 años de prisión por los delitos de Hurto Agravado y Asesinato, pena que debía cumplirse en el Centro de Orientación Femenino. Indicó que en virtud de las múltiples enfermedades y padecimientos que se agravaron en su estancia en el COF, la señora Chinchilla fue hospitalizada y llevada a la emergencia de hospitales en varias ocasiones.




  1. Sostuvo que para el 25 de mayo de 2004 la señora Chinchilla se movía en una silla de ruedas y se cayó de una grada hacia las 8:30 am. Indicó que tras solicitar la presencia del jefe de servicios médicos del Sistema Penitenciario, éste no se apersonó al lugar, y la persona que prestó atención fue una enfermera quien constató que la señora Chinchilla presentaba la presión muy alta e indicó que debía ser trasladada a un centro hospitalario. Sin embargo, falleció alrededor de las 11: 30 horas sin haber sido trasladada.




  1. El detalle sobre los hechos y el proceso de investigación relacionado con la muerte de la señora Chinchilla Sandoval será referido en el análisis fáctico de la Comisión, sobre la base de la información aportada por ambas partes. En esta sección se efectúa un resumen de los principales argumentos esbozados por las peticionarias respecto de los derechos establecidos en la Convención.




  1. En cuanto al derecho a la vida, el peticionario indicó que en el COF la señora Chinchilla no recibió medicamento, tratamiento, ni una dieta adecuada, lo que agravó su condición diabética, por lo cual, el Estado incumplió con su deber de garantizar su derecho a la vida. En cuanto al derecho a la integridad personal, el peticionario indicó que la falta de atención médica constituyó una forma de trato cruel, inhumano y degradante que unido al maltrato derivado del agravamiento de su enfermedad, debe ser considerado como tortura. Indicó que para que la señora Chinchilla fuera atendida en las clínicas del Hospital era necesario realizar un largo trámite para que el juez autorizara su salida, perdiéndose así algunas citas por falta de autorización o por no contarse con condiciones para llevarla al hospital.




  1. En cuanto al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, señaló que la investigación del ministerio público relacionada con la muerte de la señora Chinchilla se limitó a pedir la desestimación del caso, por considerar que no existía acción delictiva que perseguir al tratarse de una muerte natural. Indicó que los familiares nunca fueron notificados de las diligencias ni se les ofreció ayuda para poder llevar a cabo acciones legales. Asimismo, indicó que el hecho de que los recursos internos no sean efectivos ha provocado la violación del derecho a obtener justicia en un plazo razonable. Señaló que el Ministerio Público tenía la carga de investigar y establecer si la causa de la muerte correspondía o no a negligencia médica, lo cual no fue realizado. Finalmente, indicó que los incidentes de libertad presentados fueron desestimados sin tomar en cuenta las condiciones de salud de la señora Chinchilla.






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