Informe no. 2/16 caso 12. 484



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INFORME No. 2/16

CASO 12.484

FONDO


LUIS ROLANDO CUSCUL PIVARAL Y OTRAS PERSONAS CON VIH/SIDA

GUATEMALA



13 DE ABRIL DE 2016


  1. RESUMEN





  1. El 26 de agosto de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL, la Red Nacional de Personas que Viven con el VIH/SIDA, la Asociación Gente Unida, el Proyecto Vida, la Fundación Preventiva del SIDA Fernando Iturbide y la Asociación de Salud Integral (en adelante "los peticionarios"), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala (en adelante “Guatemala”, “el Estado” o “el Estado guatemalteco”) como consecuencia de la falta de atención médica respecto de 39 personas que viven con VIH/SIDA1: Luis Rolando Cuscul Pivaral, Francisco Sop Gueij, Corina Robledo, Petrona López González, Aracely Cinto, Olga Marina Castillo, Israel Pérez Charal, Karen Judith Samayoa, Juana Aguilar, Darinel López Montes de Oca, Luis Rubén Álvarez Flores, Audiencio Rodas, Luis Edwin Cruz Gramau, Martina Candelaria Álvarez Estrada, Maria Felipe Pérez, Sayra Elisa Barrios, Felipe Ordóñez, Santos Isacax Vásquez Barrio, Ismera Oliva García Castañon, Guadalupe Cayaxon, Sandra Lisbeth Zepeda Herrera, Cesar Noe Cancinos Gómez, Santos Vásquez Oliveros, Maria Vail, Julia Aguilar, Sebastián Emilia Dueñas, Zoila Pérez Ruiz, Santiago Valdez, Pascula de Jesús Mérida, Iris Carolina Vicente Baullas, Reina López Mújica, Marta Alicia Maldonado Paz, José Cupertino Ramírez, José Rubén Delgado, Elsa Miriam Estrada, Ismar Ramírez Chajón, Félix Cabrera, Silvia Mirtala Álvarez y Facundo Gómez Reyes. Posteriormente, los peticionarios incluyeron diez presuntas víctimas adicionales: Alberto Quiché Cuxeva, Rita Dubón Orozco, Ingrid Janeth Barillas Martínez, Luis Armando Linares, Mardo Luis Hernández, Jorge Armando Tavárez, Miguel Lucas Vail, Dora Marina Martínez, Melvin Geovanny Ajtún y Teresa Magdalena Ramírez Castro.




  1. Según los peticionarios, el Estado no habría brindado ningún tipo de atención médica a favor de las presuntas víctimas desde que fueron diagnosticadas con VIH/SIDA, entre la década de 1990 y hasta el 2006. Señalaron que el recurso judicial presentado a efectos de remediar esta situación no resultó efectivo. Los peticionarios indicaron que, recién entre los años 2006 y 2007, las presuntas víctimas empezaron a recibir atención médica por parte del Estado. Precisaron que esta atención continúa siendo sumamente deficiente y no es integral, debido a la falta de acceso a medicamentos antirretrovirales y la falta de accesibilidad a centros de salud públicos. Indicaron que ello ha generado que la situación de salud de las presuntas víctimas se hubiera deteriorado y que incluso ocho de estas personas hayan fallecido producto de esta situación2.




  1. El Estado reconoció que en un primer momento las presuntas víctimas no recibieron atención médica pública en respuesta a su condición de personas que viven con VIH/SIDA. Indicó que, no obstante, estas personas se encontraban recibiendo atención médica por parte de una organización internacional sin fines de lucro. El Estado alegó que posteriormente implementó diversas medidas generales de atención integral para todas las personas con VIH/SIDA en Guatemala. Alegó que a la fecha las presuntas víctimas se encuentran recibiendo una atención médica integral y adecuada a cargo de entidades públicas.




  1. Tras analizar la información disponible, la Comisión concluyó que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial establecidos en los artículos 4.1, 5.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de las personas indicadas en el presente informe. Con base en tales conclusiones, la CIDH formuló sus recomendaciones al Estado de Guatemala.



  1. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN





  1. El 26 de agosto de 2003 se recibió la petición inicial. El trámite desde la presentación de la petición hasta la decisión sobre admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad 32/05 de 7 de marzo de 20053. En dicho informe la CIDH concluyó que la petición era admisible respecto de los derechos contenidos en los artículos 4 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Asimismo, la Comisión declaró la inadmisibilidad de los derechos establecidos en los artículos 8, 24 y 26 de la Convención Americana.




  1. El 16 de marzo de 2005 la CIDH envió una comunicación a las partes notificándoles el informe de admisibilidad y poniéndose a su disposición para iniciar una solución amistosa. Los peticionarios presentaron observaciones el 13 de mayo de 2005 solicitando que se continuara con la etapa de fondo. Asimismo, los peticionarios presentaron observaciones de fondo el 5 de septiembre de 2005; y el 26 de abril, 18 de mayo y 22 de agosto de 2006. Por su parte, el Estado presentó observaciones sobre el fondo el 16 de mayo y 6 de octubre de 2005; y el 21 de abril, 28 de junio y 2 de octubre de 2006.




  1. Posteriormente, la Comisión convocó a las partes a una audiencia que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2006 durante su 126° Período de Sesiones.




  1. Luego de ello, los representantes presentaron observaciones el 30 de agosto de 2007; 24 de marzo, 27 de junio y 20 de septiembre de 2008; 7 de agosto de 2009; 16 de marzo, 13 de septiembre y 10 de diciembre de 2010; 30 de septiembre y 20 de octubre de 2011; 1 de marzo, 8 de marzo, 16 de marzo y 4 de julio de 2012, y 7 de diciembre de 2015.




  1. Por su parte, el Estado presentó observaciones el 9 de enero, 30 de abril y 5 de agosto de 2008; 23 de marzo y 11 de septiembre de 2009; 22 de enero, 26 de agosto y 5 de octubre de 2010; y 28 de febrero y 26 de noviembre de 2012.


Medidas cautelares


  1. El 26 de agosto de 2003, junto con la petición inicial, los peticionarios presentaron una solicitud de medidas cautelares a favor de las 39 presuntas víctimas indicadas en su petición inicial. En fecha 21 de abril de 2004, la Comisión comunicó al Estado su decisión de otorgar medidas cautelares a las 39 personas objeto de dicha solicitud, en virtud de que las mismas no estarían recibiendo los medicamentos adecuados por parte del sistema de salud público de Guatemala. Dicha medida cautelar fue incorporada a las MC No. 321-024. A la fecha las medidas cautelares se encuentran vigentes y la CIDH continúa monitoreando su cumplimiento.






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