Informe especial sobre contaminación acústica en Andalucía derivado de actividades recreativas y consumo de bebidas en las vías públicas



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INFORME ESPECIAL SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA DERIVADO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CONSUMO DE BEBIDAS EN LAS VIAS PUBLICAS.

Sevilla, Mayo 1996
INFORME ESPECIAL SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DERIVADA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CONSUMO DE BEBIDAS EN LAS VIAS PUBLICAS


ÍNDICE

PRESENTACIÓN 4

I.- INTRODUCCION. 10

I.1. Planteamiento y motivación. 10

I.2. Metodología. 12

I.3. Delimitación conceptual del ruido. 14

I.4. Focos de emisión de ruidos. 16

I.5. Efectos contaminantes y límites sonoros. 16

I.7. Articulación de la normativa sobre ruido. 23

I.8. Consecuencias jurídicas del derecho a la protección del medio ambiente reconocido en el art. 45 de la Constitución Española. 24

II.- EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS: ASPECTOS NORMATIVOS. EL RAMINP Y EL RGE. 26

II.1. Consideraciones generales. 26

II.2. Articulación normativa. 26

II.3. EL Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 33

II.4. El Reglamento General de Polícia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 37

II.5. Las Ordenanzas Municipales. 40

II.6. Planeamiento urbanístico. 41

II.7. Mapas sonoros como instrumentos de ordenación urbana. 43

II.8. Información y participación ciudadana. 46

III.- CONSIDERACION ESPECIAL SOBRE LOS RUIDOS PRODUCIDOS POR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CONSUMO DE BEBIDAS EN VIAS PUBLICAS. 48

III.1. Consideraciones generales. 48

III.2. Vías de acción de los ciudadanos. 48

III.3.- Posición de las Administraciones implicadas. 51

III.3.1. Consideraciones previas. 51

III.3.2. Administración Municipal (Ayuntamientos). 52

III.3.2.1.- Medios Personales. 53

III.3.2.2. Medios materiales. 53

III.3.2.3. Materias reguladas en las Ordenanzas. 54

A) Sistemas de medida y evaluación de niveles de sonido. 54

B) Control de vibraciones. 54

C) Niveles de ruidos. 55

D) Limitadores acústicos. 63

E) Limitaciones y condicionamientos especiales. 64

G) Consumo de bebidas en la vía pública. 68

H) Regulación de licencias de veladores 68

I) Regulación de Alarmas. 69

J) Zonas saturadas 69

K) Polígonos o zonas de ocio. 70

L) Régimen sancionador 70

M) Regulación de otras actividades molestas. 73

III.3.2.4. Juntas Locales de Seguridad. 74

III.3.2.5. Organización administrativa. 75

III.3.2.6.Ordenanzas Municipales sobre protección del medio ambiente contra ruidos. 78

III.3.3. Administración Provincial (Las Diputaciones Provinciales). 81

III.3.4. Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Gobernación). 84

III.3.5. Administración Central del Estado. 90

III.4.- Posición de Asociaciones de vecinos y de representantes de empresas del sector. 91

III. 5 . Actuaciones y experiencia del D.P.A ante la problemática planteada. 93

II.5.1. Consideraciones generales 93

III.5.2. Locales de Actividades Recreativas. 94

III.5.3. Vías públicas. 100

III.5.4. Horarios de cierre. 104

IV.- GRADO DE COLABORACION DE LAS ADMINISTRACIONES INVESTIGADAS. 113

V.- CONCLUSIONES. 114

V.1. Cuestiones fundamentales que se detectan en la problemática en torno a los ruidos. 114

V.2. Propuestas normativas. 117

V.2.1. Medidas normativas estatales. 117

V.2.2. Medidas normativas autonómicas. 117

V.2.3. Medidas normativas municipales. 118

V.3. Propuestas organizativas. 118

V.4. Propuestas funcionales. 119

VI. ANEXOS-CUESTIONARIOS. 121

VI.1. Protocolo de preguntas formuladas a los Ayuntamientos sobre problemática de la contaminación acústica y otras molestias derivadas del funcionamiento de establecimientos de ocio y diversion. 121

VI.2. Cuestiones planteadas a los Delegados de Gobernación de la Junta de Andalucía, considerando su carácter de Presidentes de las respectivas Comisiones Provinciales de Calificación de Actividades y órganos competentes para el control del cumplimiento del RAMINP. (En relación a los años 1991, 1992 y 1993). 123

VI.3. Cuestiones planteadas ante las antiguas Direcciones Provinciales de la Agencia de Medio Ambiente (hoy Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente) sobre la tramitación de los expedientes de licencias y denuncias en la materia. 124

VI.4. Protocolo de preguntas al servicio provincial de asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de tramitación y control de actividades clasificadas. 125

VI.5. Cuestionario de preguntas a la Confederación Andaluza de Asociaciones de Vecinos (CAVA). 126

VI.6. Cuestionario de preguntas a la Asociación Andaluza de Discotecas y Salas de Fiestas. 126

BIBLIOGRAFIA 128

ABREVIATURAS 129

PRESENTACIÓN


Desde 1991, y sobre todo en los años 92 y 93, observamos en la Institución que las quejas de los ciudadanos sobre las molestias y ruidos, que les ocasionaban los establecimientos de ocio y diversión, iban, cada vez más en aumento y las perturbaciones que nos describían en sus denuncias, comenzaban a preocuparnos, seriamente, por la gravedad de los efectos y consecuencias descritas.

Lo que comenzaron siendo molestias e incomodidades más o menos importantes, en cada caso, sin embargo, en el período 93-95, fuimos percibiendo, sobre todo, dos factores que nos alarmó: su progresiva generalización en todas las ciudades y el concurso de diversas causas que agravaban cualitativamente la situación de las familias afectadas.

En efecto, yo mismo confieso que al dirigir en 1992, como Adjunto Primero de la Institución, este tipo de quejas no era consciente de la importancia y extensión de lo que, de forma simplificada, denominamos "las quejas por molestias de ruidos". Más tarde fui comprendiendo, a través de las cartas de las familias afectadas, la importancia de esta auténtica agresión a la intimidad familiar, a la convivencia de las familias, a la perturbación del descanso, sobre todo, nocturno, hasta llegar, en ocasiones, a la depresión y al abandono de sus propios domicilios.

Dado el tipo de clima que disfrutamos y la falta de un desarrollo del urbanismo cuyo diseño no ha tenido, hasta ahora, una excesiva preocupación por la calidad del medio-ambiente urbano, parece como si aceptáramos, pasivamente, vivir en torno a una alta cota de ruidos soportando, con naturalidad, convivir con una serie de fuentes y focos generadores de ruidos producidos por actividades molestas, insalubres y, en ocasiones, peligrosas. No parece que nuestro entorno nos preocupe y la misma sociedad parece poco sensibilizada a exigir y a cumplir las normas necesarias para evitar tales molestias.

El retraso en la regulación de las normas medioambientales precisas, el incumplimiento o pasividad, en muchas ocasiones, de los organismos públicos en su aplicación y la falta de cultura cívica y de respeto a dichas normas, han coadyuvado a que la situación sea cada vez más grave y compleja, dando la sensación de que son hechos consumados, inevitables, sin importancia y propios de nuestra cultura del Sur.

En relación con el medio ambiente urbano, podemos afirmar que es la acústica o sonora una forma de contaminación menos conocida, pero más presente en nuestro quehacer diario. Sus características específicas, quizás expliquen el grado de tolerancia hasta ahora soportado por la sociedad: no es constante en el tiempo y espacio, no mata, no degrada el medio de modo tan evidente como lo hacen otros tipos de contaminación, como los vertidos de aguas residuales o los residuos sólidos.

Sin embargo, la preocupación por el incesante aumento de los focos de ruido es creciente, de manera que se está revelando como una importante preocupación de los ciudadanos por su relación con la salud humana y por afectar, entre otras, negativamente, al desarrollo de las actividades cotidianas: trabajar, estudiar, dormir, descansar. Aun no siendo el principal foco productor de los ruidos, sí es, en cambio, el que provoca mayor preocupación y más motivos de queja de los ciudadanos andaluces ante esta Institución. En el "Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano" de la Unión Europa, se considera el ruido como la forma de contaminación más urbana que afecta tanto a la salud como a la calidad de vida de los ciudadanos. Produce, pues, a los seres humanos distorsiones y perturbaciones que acaban transformándose en una auténtica contaminación por formas de energía, como la acústica, aunque varía, obviamente, según su naturaleza e intensidad y del estado en que se encuentre la persona expuesta; por ello puede agravar ciertas situaciones de dolor o sufrimiento y puede afectar, decisivamente, a rendimientos laborales.

Somos conscientes de que el contenido subjetivo del ruido como sonido que afecta, según las circunstancias personales de los receptores, determinan su calificación y frenan el desarrollo de una teoría sobre el ruido que pudiera aplicarse, universalmente, a cualquier situación de diseño y reflejarse en su regulación normativa al margen tanto de la presión sonora como del receptor. Pero lo que no cabe duda es su influencia esencial como parámetro dentro de la calidad de vida y causa de profundos malestares sociales que afectan, directamente, a la convivencia ciudadana.

Todo ello, pues, nos llevó a abordar, de manera más global y en profundidad toda la problemática que subyace, en torno a lo que podríamos denominar "el conflicto entre dos derechos constitucionales": el derecho al descanso e intimidad familiar y el derecho al ocio. Lo que está en juego, en este Informe, es la colisión que se ha producido entre bienes jurídicos en conflicto. Subyacen el efectivo cumplimiento de las leyes reguladoras de las actividades y establecimientos de ocio y diversión, el desarrollo normativo de los derechos constitucionales en conflicto y la protección de las garantías precisas para que puedan convivir y desarrollarse, en la práctica, con armonía y sólo con las limitaciones necesarias para que ambos derechos puedan ejercitarse sin entrar en conflicto.

Y porque subyacen derechos constitucionales y está en juego la defensa, protección y garantías del efectivo disfrute de tales derechos, es por lo que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz actúa a través de la tramitación de esta clase de quejas y mediante las quejas de oficio realizadas en las ocho capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes que han dado lugar a la elaboración de este Informe Especial que hoy presentamos al Parlamento de Andalucía y que pudiera servir de debate entre los agentes implicados en esta problemática.

Derechos como el de gozar de un medio ambiente adecuado, por cuya protección deben velar los poderes públicos -art. 45 de la Constitución-; el de la salud, bien jurídico protegido por el art. 43, e íntimamente relacionado con la tarea de protección del Medio Ambiente; las intromisiones externas en la esfera de la persona y en el espacio privado, que constituye el domicilio, afectan al derecho a la intimidad personal y familiar, protegida por el art. 18 de la C.E.; el derecho de propiedad, reconocido en el art. 33.2 del texto constitucional; la libertad de empresa, reconocida en el art. 38 C.E., que ampara el derecho al ejercicio de actividades económicas, pero moduladas con la protección del medio ambiente y, finalmente, el derecho al ocio y la diversión, cuya adecuada utilización deben facilitar los poderes públicos, conforme al art. 43.3 de la C.E.

Compaginar, armonizar y ordenar que el ejercicio de tales derechos y el desarrollo de las actividades implícitas en los mismos no colisionen ni supongan alteración de la tranquilidad pública y la convivencia vecinal es el objetivo a cumplir y la finalidad práctica que nos hemos marcado con la realización de este Informe.

Creemos que es posible lograr que el ejercicio libre de estos derechos protegidos por nuestra Constitución pueda llevarse a cabo en armonía, sin más limitaciones que las necesarias para evitar que la aplicación de uno lesione o impida el ejercicio de otro. Compaginar la convivencia de ambos derechos, mediante un ejercicio racional y ponderado del derecho al descanso y a la diversión, es la clave y la filosofía de este Informe. Clave, pues, de "conciliación" y de libre ejercicio de las actividades comerciales o industriales y no de "represión" de las mismas. Somos firmes partidarios de armonizar tales derechos porque estamos convencidos que es posible, adoptando las medidas necesarias, lograr un disfrute y ejercicio de los mismos en paz y convivencia pacífica.

La metodología utilizada en este Informe combina, como es habitual en nuestra ya considerable experiencia en este tipo de investigación los elementos de comprobación directa de los datos de la realidad con la confección de los distintos Protocolos y cuestionarios a los organismos públicos con competencias en la materia; amén de obtener la información necesaria de los agentes implicados, como la Confederación Andaluza de Asociaciones de Vecinos y Asociaciones Provinciales de Empresarios de Discotecas y Salas de Baile. Hemos valorado, sobre todo, la comprobación de los datos obtenidos y cotejado la información proporcionada por los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, a través de los propios Alcaldes, Concejales Delegados de Medio Ambiente, Urbanismo, Policía Local.

Asimismo, obtuvimos información, al respecto, de cada uno de los Delegados de Gobernación de la Junta de Andalucía, de las Direcciones Provinciales de la A.M.A. (hoy Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente) sobre la tramitación de los expedientes de licencias y denuncias sobre actividades clasificadas, así como de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente y de la Dirección General de Política Interior, en relación con la normativa autonómica en materia de ruidos y de establecimientos recreativos y espectáculos públicos, respectivamente; actividades, en su mayor parte, conectadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Las entrevistas personales con los jefes de las unidades responsables de la gestión y tramitación de las licencias de actividades clasificadas así como con los Jefes de la Policía Local, nos permitieron completar nuestro conocimiento de los servicios, los medios personales y materias disponibles y sus puntos de vista sobre las posibles soluciones de estos problemas.

La muestra seleccionada creemos es suficientemente representativa: los municipios consultados representan a un total de 3.542.722 habitantes, lo que supone, aproximadamente, un 50 por ciento del total de la población andaluza; además, los consultados son los Ayuntamientos de todas las capitales de provincia y todos los de más de 50.000 habitantes.

Si a ello sumamos toda la información suministrada por los ciudadanos, sobre todo, en la aplicación práctica del control de tales actividades, a través de las numerosas quejas recibidas a lo largo de los últimos cuatro años, creemos, sin lugar a dudas, que constituye una base adecuada para afrontar, con fundamento, la ordenación racional de dichas actividades.

Apuntadas estas consideraciones sobre el planteamiento general y amén de otras, como la delimitación conceptual y los focos de emisión de ruidos, expuestas en el trabajo, el Informe Especial aborda el campo de la regulación normativa y su articulación, a través de los distintos ámbitos competenciales: el estatal, autonómico y local.

Se constata, años atrás, bastante dispersión en la regulación de esta materia con una considerable escasez de normas que, el propio desarrollo e importancia de estas actividades ha imprimido un cierto grado de obsolescencia. Podemos afirmar que nos encontramos ante un sector ambiental con notables carencias en el campo normativo. Articular, pues, la perspectiva de conjunto y el análisis y consecuencias jurídicas que ha ido elaborando el legislador, en los distintos ámbitos competenciales, sobre la protección del medio ambiente, forma parte del capítulo dedicado al control de las actividades recreativas.

A nivel estatal, destaca la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana; el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (tantas veces citado RAMINP) y el R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, que aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

El segundo de ellos, -RAMINP- ha tenido un relevante papel en sus más de 30 años de vigencia, pese a sus aspectos, hoy obsoletos. En Andalucía, el Decreto 297/95, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental ha sustituido al RAMINP en la aplicación de esta materia. Además de la importancia reglamentaria que ha tenido hasta ahora dicha norma, la traemos a colación, pese a la pérdida de su vigencia, en nuestro ámbito autonómico, porque el Informe abarca un ciclo cronológico de materias que datan de 1992 y hacían válida su aplicación. De ahí que en el Informe aparezcan aplicaciones normativas e, incluso, órganos competentes que al cierre de esta edición han sufrido modificaciones, que en cierto modo, hemos tratado de significar al lector.

En nuestra experiencia obtenida a través de la tramitación de los numerosos expedientes de queja y también, mediante las entrevistas con los distintos responsables de los organismos públicos competentes, se constata, con claridad, la insuficiencia y la falta de apoyo normativo que, tanto en el ámbito autonómico, como en el local, disponían las autoridades responsables para un efectivo control y respuesta adecuada a la creciente demanda social exigida por los ciudadanos.

Hasta fecha reciente, en el marco de la Comunidad Autónoma, solamente era de aplicación el, tantas veces citado Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, RAMINP y, en los Ayuntamientos, sólo regían algunas Ordenanzas Municipales, la mayor parte de ellas, desfasadas por su antigüedad. Ello hacía imposible disponer de elementos normativos adecuados que fundamentaran un efectivo control y aplicación de la protección ambiental demandada por los ciudadanos.

Nuestro empeño constante consistió desde 1992, en Recomendar y Sugerir, tanto a los órganos autonómicos, como a los de Administración Local, la aprobación del marco normativo adecuado para afrontar con rigor el control de dichas actividades. De ahí que propusiéramos al Consejo de Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma la aprobación de una norma-marco que sirviera de base a las Corporaciones Locales Andaluzas, para la elaboración, o en su caso, adecuación de las Ordenanzas Municipales, reguladoras de los ruidos y vibraciones.

Por fin, aunque con notable retraso, la aceptación de dicha Resolución se ha plasmado en una Ley, mucho más ambiciosa y completa, que analizamos en dichas páginas, y fundamenta, con el correspondiente desarrollo reglamentario que se viene aprobando, la actividad del control normativo y la necesaria adecuación de las correspondientes Ordenanzas Municipales. Esta Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,, entró en vigor el 31 de Agosto del mismo año y han sido desarrollados en esta materia, dos aspectos importantes de la misma: el Reglamento de Calificación Ambiental, por Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre y el Reglamento de Calidad del Aire, por Decreto 74/1996, de 20 de Febrero, cuya medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones lo completa la Orden de desarrollo de 23 de Febrero de 1996.

En el Cuadro que se incorpora, en esta parte del texto del Informe, se citan los Municipios que disponen de Ordenanzas sobre protección del medio ambiente urbano contra la emisión de ruidos y vibraciones y la fecha de su aprobación. Como, fácilmente, puede colegirse, es necesario extender dichas Ordenanzas a un buen número de Ayuntamientos que, no disponen de ella, o no han procedido a su adecuación, incorporando las normas sobre la fijación de los niveles de emisión e inmisión y las de medición, evaluación y valoración aprobadas, a nivel autonómico, que actualicen este sector ambiental para que sean homogéneas y fidedignas; así como las normas sobre planeamiento urbanístico municipal.

Completa el análisis sobre la articulación del marco normativo, la incorporación de los criterios jurisprudenciales, básicamente del Tribunal Supremo y algunas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia.

La tercera parte del Informe Especial se centra en la aportación de los datos reales que configuran la base material de la investigación realizada. En ella figuran el tratamiento y la posición de las Administraciones competentes en la gestión de las actividades recreativas y valoración del planeamiento urbano, así como el cumplimiento de los ciudadanos respecto del medio ambiente urbano. Esta parte pone de relieve la gestión y los resultados obtenidos en el control y seguimiento de tales actividades y la propia experiencia de la Institución en la problemática planteada.

La gestión del medio ambiente se desenvuelve en tres frentes: prevención, vigilancia y corrección, a través de la llamada policía ambiental. Y es el Municipio sobre el que recae una amplia gama de facultades en esta materia. Pese a la confluencia de varias Administraciones Públicas, el control de la contaminación acústica urbana debe abordarse, sobre todo, desde el ámbito municipal, organización administrativa más cercana, directamente, a la vida de los ciudadanos. El Estado la va a complementar, en materia de seguridad ciudadana, y la Administración Autonómica, en la de medio ambiente, espectáculos públicos y actividades recreativas.

En general, nuestra experiencia en los expedientes tramitados revela una cierta tolerancia y falta de rigor de los Ayuntamientos y, en su defecto, de las Delegaciones de Gobernación en la aplicación de la normativa existente. Asimismo, se constata la carencia de suficientes medios técnicos y personales en los Ayuntamientos más grandes y ausencia de ellos en los pequeños, lo que exige una más eficaz asistencia y mejor coordinación de los servicios asistenciales de las Diputaciones Provinciales y Agencia de Medio Ambiente, en su caso.

Echamos en falta normas de planeamiento urbanístico y coordinación de las distintas Delegaciones Municipales en las licencias de apertura de establecimientos de ocio y de pequeñas industrias o talleres en edificios residenciales; control de inspección de los locales después de su apertura; dilatada tramitación y falta de rigor de las mismas; ejercicio de actividades, en los bares, distinta a la licencia concedida, incumplimiento de horarios de cierre; permisividad y excesiva tolerancia en el efectivo cumplimiento de las órdenes de clausura cautelar y las órdenes de cierre, produciéndose, en muchos casos, la rotura de los precintos y reanudación de la actividad clausurada... etc. Son éstos y otros muchos los desafíos que demanda la experiencia real y que, de manera ordenada, y, según las obligaciones que imponen las normas, explican la posición de las distintas Administraciones que actúan en este sector medioambiental y que vienen reseñadas en las páginas centrales de este Informe en la parte específica que estamos presentando. A su vez, dan lugar a un listado de conclusiones que forman el núcleo de las disfunciones e incumplimientos legales, cuyo eficaz control y cumplimiento permitirían, a nuestro juicio, ordenar, racionalizar y evitar las consecuencias de las molestias y el origen de los conflictos vecinales, en este campo. Están recogidas en el Capítulo V.

Si se ejerciera, con los medios adecuados, un mayor y mejor control y sincronización entre los instrumentos urbanísticos y las medidas medioambientales y una adecuada preparación e información a los destinatarios de las mismas, sobre la voluntad decidida de los organismos competentes de cumplir y gestionar, con eficacia, las normas de protección de este tipo de contaminación en pro de una mejor calidad de vida, estamos convencidos que habríamos comenzado a caminar en la buena dirección que todos los ciudadanos ansían.

El Informe Especial, que presentamos, termina, lógicamente, con una larga serie de medidas y de propuestas que pretenden encauzar los problemas que hemos venido detectando y que nos ha sido demandada por la información solicitada y recibida. Las hemos estructurado en tres bloques que constituyen, juntos, un abanico racional y coherente y en los que son posibles otras que la experiencia concreta y los medios disponibles las hagan posible. Son, pues, propuestas en el campo normativo, otras de tipo organizativo y las últimas, funcionales.

Marcan una dirección, demandan una reflexión y coordinación sobre las que, gradualmente, se pueden ir aplicando y requieren, en fin, una decidida voluntad política de ponerlas, estas u otras análogas, en marcha, de arbitrar los medios personales y materiales precisos y de implicar a los ciudadanos en un empeño tan armónico, como el de aumentar la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades.

Para finalizar esta ya extensa Presentación, creo que es urgente analizar, en profundidad, un aspecto, en cierta medida colateral, quizás más coyuntural y disperso que los derivados de los establecimientos recreativos, pero mucho más intenso y de creciente gravedad, como el producido por lo que, coloquialmente, se ha ido denominando el fenómeno de "la movida".

Todos, en estos momentos, somos conscientes de las consecuencias negativas que están produciendo la alta concentración de personas, preferentemente jóvenes y, en muchos lugares, menores de edad, en las vías públicas, destacando, de manera especial, el alto nivel de consumo de bebidas alcohólicas. Bien en torno a algunos bares o establecimientos especiales y "ad hoc", bien en régimen de autoservicio, en los propios vehículos aparcados en la vía pública el consumo de bebidas alcohólicas adquiere especial relieve y significación.

Los ruidos derivados, lógicamente, de tan alta concentración de personas y las consecuencias negativas de un excesivo grado de consumo de bebidas alcohólicas, provocan, en ocasiones, perturbaciones de la tranquilidad y del descanso de los vecinos, conflictos internos y destrozos del equipamiento urbano, recogidos, en muchas ocasiones, en los medios de comunicación locales.

Creemos necesario un análisis y reflexión, en profundidad, sobre este fenómeno porque no es ni por el camino de la represión, ni por el de la "estigmatización" de la juventud, por donde pueden encontrarse soluciones.

A nuestro juicio, esta situación no se identifica con la anterior descrita, respecto de los ruidos producidos por los establecimientos de ocio y diversión. Es una modalidad especial de aquélla, con características propias. Hace, más bien, de especie, respecto de las que llamaríamos clásica y general, lo que hemos denominado "ruidos" por actividades molestas, que actúa de género.

Si se controla y articula, del modo expuesto, la primera, habríamos avanzado notablemente. En cambio, la "movida" de los fines de semana constituiría un aspecto especial, muy concreto, que presenta características específicas y que debe abordarse en su propio contexto.



A mi modo de ver, presenta tres notas singulares: el tipo de lugar en el que se mueve; el alto grado de consumo de bebidas alcohólicas y la masiva presencia de chicos muy jóvenes.

El debate sobre los lugares adecuados de diversión de los jóvenes, la prohibición de la expedición y consumo, en la vía pública, de bebidas alcohólicas a los menores y el control de horario de los establecimientos de ocio y diversión, según el tipo de establecimiento, forman parte obligada y fundamental de cualquier clase de medidas que se quiera establecer.

Ni se puede generalizar, ni estigmatizar ni, tampoco, implantar unas medidas adoptadas desde "arriba", porque pueden estar condenadas, de antemano, al fracaso. Es necesario, reflexionar y debatir con los propios protagonistas implicados, las propuestas concretas que concilien el derecho al descanso, a la salud y a la intimidad familiar, con el derecho al ocio y a la diversión. Encontrar "lugares", diversificar hábitos saludables, establecer horarios, cuidar y respetar las condiciones de salubridad en las vías públicas y controlar el consumo de alcohol por los menores, son premisas a debatir y acordar con los jóvenes, asociaciones y colectivos vecinales, organizaciones sindicales, movimientos pedagógicos y de juventud, etc.., con la finalidad de encontrar soluciones pactadas, aceptadas y, por tanto, con vocación de permanencia y garantía de su efectivo cumplimiento. Es precisa la colaboración de todos los colectivos implicados: organismos públicos, policía, empresarios y propietarios de los establecimientos "ad hoc", vecinos, clientes y las propias organizaciones juveniles para encontrar salidas alternativas a los jóvenes y formas autónomas de diversión que desarrollen, en sus distintos niveles, la búsqueda y realización de sus aspiraciones, evitando, con ello, la inclinación a satisfacer y apagar, falsamente, en los excesos descritos, en los fines de semana, las frustraciones y miedos de las aspiraciones no resueltas en su propio ámbito.

Sirvan estas líneas introductorias para animar a la lectura, al análisis y al debate del contenido de este Informe Especial que sólo persigue concienciar a los agentes implicados en esta problemática y estimular la participación y colaboración de todos los estamentos de la sociedad, sin cuyo esfuerzo no es posible mejorar la calidad de vida. Conciliar ambos derechos, el ocio y el descanso, del que deben gozar todos los ciudadanos, se explica sencillamente cuando son respetados.


Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Andalucía, Mayo de 1996




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