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Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales


LISTA DE CUESTIONES

QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAR EL TERCERO, CUARTO Y QUINTO INFORMES DE PAÍS SOBRE EL PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PDESC)
I Cuestiones relativas a la Información General.

  1. Sírvanse proveer información sobre la situación de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte. Asimismo, sírvanse proporcionar datos generales y ejemplos concretos, si los hubiera, sobre jurisprudencia en la que se invoquen disposiciones del Pacto como fundamento de las decisiones.

El Salvador ha ratificado el Protocolo Facultativo del PDESC lo que permite que cualquier ciudadano asista a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) o a los Tribunales Internacionales y denuncie la violación por parte del Estado, de los Derechos englobados en el PDESC y además los exija.
Algunos derechos en materia constitucional, penal y contencioso administrativo que se vinculan a los derechos protegidos dentro del PDESC y que han sido presentados en las diferentes Salas del Órgano Judicial son:

  • Derecho al goce del medio ambiente relacionado con el acceso al agua proveniente de mantos acuíferos

  • Derecho a la salud, intereses difusos en el caso particular de los niños, niñas y adolescentes y medida cautelar innovadora.

  • Medida cautelar innovadora: tratamiento médico

  • Protección al medio ambiente y salud, así como a los derechos de audiencia y defensa de las personas que participan en las consultas públicas en el marco de un proceso de evaluación ambiental.

  • Estabilidad laboral de los empleados comprendidos en los regímenes de carrera.

  • El derecho a la salud de los privados de libertad

  • El derecho a la salud y la rehabilitación física del privado de libertad

  • El derecho a la integridad personal y el derecho a la salud frente a la condiciones de los privados de libertad en las bartolinas policiales

  • El derecho a la integridad personal y la salud del privado de libertad en relación con dietas especiales ante enfermedades diagnosticadas

  • Derecho fundamental de los trabajadores permanentes a una prestación económica por parte del patrono, cuando renuncia a su lugar de trabajo

  • Medio ambiente- intervención legislativa

(Ver detalle de casos en Anexo 1)
En cuanto a ejemplos de jurisprudencia donde se han invocado disposiciones del Pacto como fundamento de las decisiones se señalan los siguientes:


  1. Caso con referencia 36-D-2010.

El Juez Segundo de lo Laboral de esta ciudad, mediante sentencia de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil nueve, en síntesis, resolvió: "[...] En el caso en particular, se ha verificado el acto violatorio de las disposiciones constitucionales contenidas en los Artículos 2, 11, 37 y 38 numeral 11 Cn; el Artículo 6.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Artículo 19 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; y el Artículo 7 literal d) del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo San Salvador", y los artículos 55 inciso último; 58 y 119, todos del C.Tr., [...] DECLARASE SIN LUGAR las excepciones de incompetencia en razón de la materia; y, la ineptitud de la demanda, alegadas y opuestas por los licenciados José Benedicto Delgado Rivera y Jorge Antonio Bernal Cuéllar, en su calidad de Apoderados Generales Judiciales del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria . CONDENASE al referido Instituto, a pagar al Trabajador Miguel Ángel Viana Herrera, la cantidad de Diez mil trescientos doce dólares veintitrés centavos de dólar (10,312.23) [...] "(sic).


  1. Caso con referencia 41-D-2010.

El Juez Segundo de lo Laboral de esta ciudad, mediante sentencia de las catorce horas y treinta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil nueve, en síntesis resolvió: "[...] en el caso en particular, se ha verificado el acto violatorio de las disposiciones constitucionales contenidas en los arts. 2,11, 37 y 38 numeral 11 de la Constitución de la República; el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales; el art.19 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; el artículo 7 literal d) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo San Salvador"; y los artículos 55 inciso último; 58 y 119, todos del c.tr. Precedentes jurisprudenciales referencias 162-c-2004, 189-c-2005 y 55-c-2005. [...] DECLARASE SIN LUGAR la excepción de incompetencia en razón de la materia alegada y opuesta por el licenciado José Indalecio Funes Ramos, en su calidad de Apoderado General Judicial de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados; ii) CONDENASE a la Administración demandada, a pagar al trabajador Julio Cesar Rosales Mejía la cantidad de dieciséis mil quinientos veinte dólares diecinueve centavos de dólar ($ 16,520.19) "[...] (sic).


  1. Caso con referencia 136Z-4F3-13

Con base en las consideraciones anteriores, disposiciones legales citadas y artículos 1, 2,3, 11, 12, 13, 14, 15, 27 Inc. 3º, 172 Inc. 1º y 3º y 181 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 3, 6, 7 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 32, 36, 42, 43, 52, 53, 58 No 1 y 3, 62, 63, 66, 68, 72, 114, 27 N° 2, 114, 115, 116, del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 47, 53, 57, 82, 105 N° 1 y 2, 106, 107, 144, del 174 al 179, 202, 244, del 366 al 374, 378, del 380 al 383, del 386 al 392, del 394 al 398 y 500 del Código Procesal Penal; 34 inciso 2 Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas; en nombre de la República de El Salvador en todo lo planteado y deliberado, este Tribunal de Sentencia falla: a) DECLÁRASE a Oscar Armando B. V., de generales expuestas al inicio de esta sentencia, RESPONSABLE PENALMENTE por el delito de Posesión y Tenencia, tipificado y sancionado en el artículo treinta y cuatro inciso segundo de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en perjuicio de la SALUD PÚBLICA, en consecuencia, CONDÉNASELE a Tres Años de Prisión Formal, asimismo se le condena por igual período de la condena total impuesta, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta en lo que se refiere a la pérdida de los derechos de ciudadano y a la capacidad para obtener toda clase de cargo o empleo público; b) Continúe en la detención provisional en que se encuentra el enjuiciado Oscar Armando B. V.; c) Una vez firme esta sentencia, remítanse certificación a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, a la Unidad de Registro y Control Penitenciario de la Dirección de Centros Penales y al Tribunal Supremo Electoral; y, d) en cumplimiento del Art. 500 Pr.Pn., ORDÉNASE LA DEVOLUCIÓN a Oscar Armando B. V., del teléfono celular color negro [...]; MÁNDASE OÍR la opinión de la Fiscalía General de la República sobre la propiedad de los objetos incautados [...]; ORDÉNASE LA DESTRUCCIÓN inmediata de la droga Marihuana incautada al enjuiciado de autos, para lo cual gírense las correspondientes órdenes y comunicaciones; todo de conforme al oficio de remisión de la causa agregado a folios 63.

(Ver detalle de casos en Anexo 2)


2. Sírvanse indicar al Comité si el Estado parte tiene previsto adoptar un plan de acción nacional global de derechos humanos, de acuerdo al Programa de Acción de la Declaración de Viena, a fin de aumentar la sensibilización y la coherencia de políticas en materia de derechos humanos.
Sin información hasta el momento.


3. Sírvanse aclarar si existe en el Estado parte un mecanismo legal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas como tales a obtener títulos de propiedad sobre tierras (A/HRC/24/41/Add.2, para. 38). Faciliten información sobre las consultas que ya se hayan celebrado con las comunidades indígenas afectadas por las actividades extractivas antes del inicio de esas actividades y ejemplos concretos, si los hubiera, de cómo esta participación ha podido modificar los proyectos referidos y mejorar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades o aminorar los riesgos de afectarlos. Sírvanse asimismo informar de las intenciones del Estado parte en ratificar el Convenio 169 de la OIT.

La Legislación salvadoreña hace hincapié en la supremacía de la Constitución Política de la República, la cual ampara la igualdad de derechos para todas las personas salvadoreñas (Artículo 3 de la constitución: Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión) Sin embargo, al momento no existen mecanismos legales específicos que beneficien o perjudiquen directamente a los Pueblos Indígenas para el acceso a tierras.
Sin embargo, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ha beneficiado con títulos de propiedad a los miembros de las siguientes asociaciones:

No.

NOMBRE DE LA ASOCIACION

BENEFICIARIOS

1

ASOCIACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE EL SALVADOR – ACCIES

112

2

ASOCIACION DE INDIGENAS SALVADOREÑO- ANIS

83

3

ASOCIACIONES UNIDAS DE TRABAJADORES INDIGENAS SALVADOREÑOS- AUTIS

68

4

ASOCIACION COOPERATIVA NUJGUAPAN SINJCHIN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

44

TOTAL

307

Y actualmente, las Instituciones que trabajan el tema indígena se encuentran en la etapa de formulación, junto con la Sociedad Civil, de una Política Pública para Pueblos Indígenas, dentro de la cual se establecen los primeros lineamientos de apoyo en el tema de tierras.

Respecto al Convenio 169, se informa al Comité que el Estado Salvadoreño aún no lo ha ratificado, pero está dando pasos importantes para ello, tal es el caso de la reforma constitucional aprobada en fecha 25 de abril de 2012 por la Honorable Asamblea Legislativa, por medio de la cual se incorporó un inciso al Artículo 63 de la Constitución de la República que dice: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”. Dicha reforma constitucional necesita la aprobación de la siguiente Asamblea Legislativa para que entre en vigencia.

Asimismo, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), ha elaborado el análisis jurídico de dicho Convenio y lo ha sometido a Consulta Tripartita de las organizaciones nacionales de trabajadores y empleadores, en cumplimiento al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Consulta Tripartita de las Normas Internacionales de Trabajo; a través de la instancia tripartita legalmente constituida, como lo es el Consejo Superior del Trabajo (CST) y de igual manera, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), se encuentra realizando las consultas respectivas para la generación de una recomendación definitiva para la adhesión por parte de El Salvador a dicho Convenio.



4. Sírvanse informar en qué estado se encuentra el proyecto de reforma de la Constitución que reconoce la identidad de los pueblos indígenas. Sírvanse informar de las consecuencias normativas que haya tenido la declaración del Presidente Funes de 2010 en el Primer Congreso Nacional Indígena, "terminamos a partir de este día, oficialmente, con esa negación histórica de la diversidad de nuestros pueblos y reconocemos a El Salvador como una sociedad multiétnica y pluricultural".
Actualmente el proyecto de reforma constitucional, consistente en el inciso segundo del Art. 63 de la Constitución que reconoce la identidad de los pueblos indígenas se encuentra pendiente de su ratificación.
En cuanto al marco normativo generado tras la declaración del Presidente Funes cabe señalar lo siguiente:


  • Se ha conformado un Equipo Multisectorial que ha trabajado una propuesta de Política Pública sobre pueblos indígenas, la cual tiene entre sus objetivos, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena y sus familias, mediante el impulso de la industria artesanal, la promoción del empleo formal y de formación laboral que permitan la obtención de un ingreso a través de un empleo digno, desde la perspectiva de desarrollo local, teniendo como base el ser y el pensar de los pueblos indígenas.




  • La Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA), ha considerado en el proyecto de Ley de Cultura, un apartado especial sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas y a través de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural, entidad encargada de velar por la conservación, fomento y difusión de los derechos de los pueblos indígenas, ha promovido la conformación de un Equipo Multisectorial donde concurren las instituciones del Estado y las organizaciones y comunidades indígenas para desarrollar su propia agenda de trabajo



  • Existen dos ordenanzas municipales en los municipios de Nahuizalco e Izalco (departamento de Sonsonate) que recogen los principios de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La ordenanza municipal de Izalco fue creada en 2012.

Actualmente los municipios de Panchimalco (departamento de San Salvador) y Cacaopera (departamento de Morazán) se encuentran pendientes de la aprobación de ordenanzas similares.


  • El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) dispone en el Capítulo II del Instructivo para la elaboración de Reglamentos Internos de Trabajo, de la siguiente disposición: “La empresa adoptará dentro de sus procedimientos de selección todas las medidas necesarias a fin de garantizar la igualdad de contratación y acceso al empleo de los trabajadores y trabajadoras; así como de aquellas personas pertenecientes a pueblos indígenas”.


5. Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir y combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública así como sus efectos negativos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, sírvanse proveer información sobre el número de casos de funcionarios de alto nivel juzgados y condenados por esta conducta.

El Gobierno del presidente Mauricio Funes, desde su plan Quinquenal de Gobierno 2010-2014, implementó una Política de Transparencia y Rendición de cuentas que contribuye a la prevención y al combate de la corrupción, además de fomentar la cultura de transparencia de la administración pública, por lo que en cada institución del Estado se gestionaron mecanismos de denuncia y espacios que permiten a todas las personas contar con una puerta abierta hacia los actos y gestiones realizadas por el gobierno.



En el Órgano Judicial, por ejemplo, existe dentro del Departamento de Investigación Judicial, un mecanismo para facilitar la denuncia de actos de corrupción, el cual ha dado como resultado las siguientes cifras:

  • año 2010: 241 denuncias ingresadas: 51 resueltas y finalizadas y 190 pendientes;

  • año 2011: 219 denuncias ingresadas, 27 resueltas y finalizadas y 192 pendientes;

  • año 2012: 209 denuncias ingresadas, 18 resueltas y finalizadas y 191 pendientes;

  • año 2013: 220 denuncias ingresadas, 20 resueltas y finalizadas y 200 pendientes; y,

  • lo que va del año 2014: 20 denuncias ingresadas y todas pendientes de resolver a la fecha.


Respecto a la infracción del Régimen Disciplinario Judicial y resoluciones emitidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los resultados fueron:

  • año 2010: 1 amonestación;

  • año 2011: 5 suspensiones y 2 remociones;

  • año 2012: 1 amonestación y 3 remociones;

  • año 2013: 2 amonestaciones, 10 suspensiones y 4 remociones;

  • lo que va del 2014: 2 suspensiones.

Mediante la aprobación en marzo de 2011 y entrada en vigencia en marzo de 2012 de la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto Legislativo No. 539), se crearon las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) u Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), donde cualquier ciudadano puede obtener información pública sobre las actividades y el quehacer general de cualquier institución.

Además, con este mismo propósito y para hacer transparente la gestión pública, mediante la conducción de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, se crearon en las páginas web institucionales el portal Gobierno Abierto y el periódico digital Transparencia Activa.

Se promulgó mediante Decreto Legislativo No. 873 del 13 de octubre de 2011, la nueva Ley de Ética Gubernamental, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012.

Actualmente, existen en El Salvador tres instituciones vinculadas directamente en el esfuerzo anticorrupción como son: el Tribunal de Ética Gubernamental (2006), la Sub Secretaría de Transparencia y Anticorrupción (agosto de 2009) y el Instituto de Acceso a la Información, el cual comenzó a funcionar en febrero de 2013. Estas instancias, junto a la Corte de Cuentas de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en general el Órgano Judicial, así como la Fiscalía General de la República (FGR) constituyen las oficinas gubernamentales que investigan, sancionan y previenen los actos de corrupción y los excesos del poder público.

Respecto a funcionarios de alto nivel condenados por actos de corrupción, se informa al Comité que se tienen registrados dos.



Objeto: Cuestiones relativas a las Disposiciones Generales del Pacto (artículos del 1 al 5)

Artículo 2, párrafo 1.

6. Sírvanse informar sobre el Plan de Austeridad y su impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, tomando en cuenta las recomendaciones establecidas en la Carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida a los Estados partes del Pacto por el Presidente del Comité, sobre medidas de austeridad

El gobierno de la República mantiene dentro de sus objetivos impulsar una administración honesta, eficiente y transparente del gasto público. Según el Art. 226 de la Constitución de la República corresponde al Ramo de Hacienda la dirección de las finanzas públicas y la conservación del equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. Para cumplir con dicho mandato el Ministerio de Hacienda hace uso de instrumentos que permiten a las instituciones públicas del gobierno central implementar medidas para el uso racional y la optimización de los recursos asignados a través del Presupuesto General del Estado.

Ha implementado una Política de Austeridad Fiscal, pero sin afectar los servicios sociales. En ese sentido, se adoptaron medidas para hacer más eficiente la asignación de recursos del Estado en los rubros de gasto corriente como remuneraciones (no incrementos salariales y creación de plazas nuevas) y algunas prohibiciones en la adquisición de bienes y servicios.

En ese sentido, en coherencia con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, y lo que establece la Ley del Presupuesto General, todas las instituciones que se rigen por la Ley de Administración Financiera del Estado deben aplicar medidas que contengan la Política Especial de Ahorro y Austeridad del Sector Público, la cual fue emitida por el Órgano Ejecutivo.

El objetivo General de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público es generar ahorros que permitan el fortalecimiento de las finanzas públicas para el cumplimiento de las prioridades nacionales y metas institucionales, que contribuyan al logro de un país próspero con óptimos niveles educativos, libre de pobreza, exclusión, discriminación y orientado hacia el bien común y al desarrollo social inclusivo.

Las principales medidas en relación con los gastos están orientadas a promover mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan ejecutar un programa anual de compras conjuntas en bienes de consumo o servicios estratégicos de acuerdo a las necesidades reales determinadas, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Asimismo, se deben implementar mecanismos que permitan dar seguimiento y control efectivo a los contratos de obras, bienes y servicios, con el propósito de garantizar el estricto cumplimiento de las cláusulas acordadas en los respectivos contratos.

Además, se promueve la utilización de tecnologías informáticas como medio de comunicación, a efecto de reducir el gasto de papelería, materiales de oficina y otros de uso diario, y promover la cultura del reciclaje y rotación de recursos de aquellos bienes que pueden ser nuevamente aprovechados por otras dependencias.

Por otra parte, se aplican medidas administrativas que permiten alcanzar ahorros institucionales en la ejecución de los planes de trabajo y cumplir las metas, optimizando el uso de la capacidad instalada y el uso de los recursos financieros disponibles.

Entre las medidas específicas, las instituciones del Órgano Ejecutivo deben aplicar una política de gastos sustentada en criterios de austeridad y racionalidad que permita, como se señaló anteriormente, optimizar el gasto corriente para incrementar los niveles de inversión social y económica, dando prioridad al desarrollo humano. Las medidas están focalizadas en racionalizar el uso de servicios básicos como agua, energía eléctrica, servicio telefónico, así como racionalizar el gasto en remuneraciones, adquisición de bienes y servicios básicos, alimentos, combustibles y lubricantes, papelería de oficina, atenciones oficiales, pasajes y viáticos, arrendamiento de bienes inmuebles, entre otros.

Como medidas especiales las instituciones que ejecuten proyectos financiados con fondos externos y/o del Fondo General, también deben aplicar medidas de austeridad del gasto; por ejemplo, las oficinas de los proyectos financiados con recursos externos deberán estar ubicadas dentro de las instalaciones de las instituciones correspondientes, a fin de ahorrar el pago de alquiler. Asimismo, para los procesos de adquisiciones de insumos u otro tipo de erogaciones comprendidas en los proyectos y programas financiados con recursos externos, deberán ejecutarse con base a la normativa contenida en los convenios respectivos.

La Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2013 fue aprobada por la Presidencia de la República según Decreto Ejecutivo No. 18, con fecha uno de febrero de 2013, y está vigente a la fecha. Esta política también está enmarcada en el Acuerdo para la sostenibilidad Fiscal y el desarrollo social del país.

Todas las economías que se generen durante la ejecución del presupuesto, en los rubros de adquisición de bienes y servicios, gastos financieros, y otros, como de las transferencias corrientes, podrán transferirse para el financiamiento de gastos imprevistos, las cuales servirán para atender necesidades prioritarias no previstas dentro de las mismas instituciones.

El Gobierno de El Salvador, gracias a las medidas anteriores, ha mantenido su apoyo financiero en la ejecución de programas especiales que constituyen iniciativas específicas dentro del Sistema de Protección Social Universal, orientados a reducir la pobreza y proteger a las personas más vulnerables, que están excluidas de los sistemas contributivos de protección social.

Así, en el período 2010-2013 se destaca la transferencia de recursos del Ministerio de Hacienda para el financiamiento de los programas sociales: Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas, que incluye Bonos a la Salud; Bonos al Adulto Mayor y Bonos a la Educación.

Asimismo, se ha financiado el programa Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) y los Programas: Paquete escolar (dotación gratuita de uniformes y útiles escolares); Vaso de Leche y Alimentación Escolar, el Programa Agricultura Familiar (con paquetes agrícolas), el programa Ciudad Mujer y acciones que han contribuido a mejorar el acceso a la salud, como la gratuidad de los servicios de salud y la Ley de Medicamentos.

En el siguiente cuadro se muestra la inversión realizada en programas sociales, realizada por el gobierno desde el año 2005 al año 2014. Nótese el salto en la inversión realizada a partir del año 2010, en relación a los años anteriores:


Inversión en el Sistema de Protección Social Universal

En millones de $

En la presente administración, se ha invertido entre 2010 a 2013 un total de $647 millones, en programas de protección social. Dichos programas representan un promedio anual del 0.73 % del PIB, para el período.

Por otra parte, con el objeto de contribuir a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población más vulnerable, el gobierno ha mantenido y fortalecido el programa de subsidios básicos (energía eléctrica, gas licuado de petróleo, transporte público de pasajeros), alcanzando un promedio de $329.2 millones; como porcentaje del PIB que fueron equivalentes a 1.7% para el año 2012.

En la tabla siguiente se muestra la evolución de los subsidios durante el período 2009 -2013:



Gastos en Subsidios 2009- 2013, en millones de $



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