Informe de la presidencia sobre la


D. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS GRUPOS



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D. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS GRUPOS

La Sociedad Civil y Otros Grupos, Expertos y Académicos conformaron el Quinto Grupo de ponentes que participaron en la Sesión Especial. Las presentaciones de los participantes de este grupo (contenidos en el documento CP/CAJP-2323/06 add. 4), se adjuntan al presente informe como ANEXO V.


i) Sarah Paoletti, Facultad de Derecho de American University: La Profesora Sarah Paoletti de la Clínica Internacional de Derechos Humanos (International Human Rights Law Clinic), de la Facultad de Derecho del American University (American University, Washington College of Law) agradeció la invitación por parte de la OEA a la presente Sesión Especial de la CAJP y felicitó a los participantes anteriores, procediendo a dar inicio a su intervención, denominada “La Protección de los Derechos Laborales de todos los Trabajadores Migrantes en las Américas.”

La Profesora Paoletti sugirió que los Estados miembros de la OEA deben adoptar como política migratoria la opinión Consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva 18, OC-18) respecto al tratamiento de trabajadores migrantes no autorizados y sus derechos laborales. En este sentido recordó que en la OC-18 el referido organismo sostuvo que los principios internacionales de Derechos Humanos prohíben la discriminación en base al status de inmigrante y mencionó que la Corte dejo en claro que si bien los Estados tienen el derecho de decidir en que condiciones admiten la entrada en su territorio a un extranjero, una vez que un trabajador se incorpora a una relación laboral en el mismo, el trabajador adquiere derechos que deben ser respetados y garantizados sin importar su situación de migración.
En su presentación, la Profesora Paoletti sugirió que la OC-18 presenta un antecedente muy importante para los derechos humanos de los trabajadores migrantes que fue recogida en el Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de la OEA en Junio de 2004. Así mismo, mencionó que la Comisión de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la OC 18 en su resolución 2005/47 y señalo que la conclusión más importante que se extrae de la misma es que los estados deben cuidar que los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes estén protegidos en sus políticas de migración sin importar como o cuando una persona ingresó al país.
A continuación, la Sra. Paoletti refirió a las buenas y malas prácticas que existen en los Estados Unidos en relación a los trabajadores migrantes. Los defensores de los trabajadores en este país sostienen que la calida migratoria del trabajador nunca puede ser un punto en cuestión en una reclamación laboral y con esta premisa han desarrollado una serie de herramientas con la Corte y con los sistemas administrativos. Sin embargo, también señaló que si bien varios órganos del Estado estadounidense cuentan con políticas para proteger los derechos de los trabajadores, estas muchas veces son débiles o son utilizadas discrecionalmente, lo que les quita credibilidad. Por tanto sostiene que es menester desarrollar una política específica que regule los derechos de todos los trabajadores en todas las situaciones en todos los países del hemisferio.
La Profesora Paoletti señaló que algunos defensores de los derechos laborales creen que el único camino para verdaderamente hacer cumplir estos derechos, es no permitir que las leyes migratorias obstruyan la implementación de la leyes laborales, esto con el fin de no mezclar ambas condiciones y así promover una cooperación confidencial en el área laboral que proteja a los todos los trabajadores dentro del marco legal. En este sentido, mencionó que existen buenas prácticas a seguir en los Estados Unidos en donde las agencias cuentan con políticas que ofrecen protección a los trabajadores indocumentados cuando estos presentan reclamaciones referentes a condiciones laborales en contra de una empleador, incluyendo protección para casos en donde han sido amenazados por sus empleadores con ser denunciados a las autoridades migratorias si reclaman dichas condiciones. Mencionó que el Servicio de Inmigración y Naturalización (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL), por ejemplo, han suscrito un acuerdo que establece que no se denunciará a un trabajador indocumentado que presentó una reclamación laboral y que establece que la calidad migratoria de dicho trabajador no será objeto de investigación. Sin embargo, la Corte Suprema en su decisión Hoffman Plastic Compounds Inc v. NLRB ha reducido el alcance de esta protecciones, permitiendo que los empleadores acusados de abusos laborales y condiciones inhumanas puedan utilizar el hecho de que un trabajador indocumentado no tiene derecho a hacer un reclamo debido a su estado migratorio.
A continuación, la Profesora Paoletti refirió a las malas prácticas que existen en los Estados Unidos en relación a los trabajadores migrantes señalando que tienen que ver principalmente con que no cuentan con los mismos derechos que los trabajadores nacionales. Por ejemplo, mencionó fallas importantes en los derechos de los trabajadores migrantes especialmente con respecto a las compensaciones por accidentes de trabajo y al derecho a la libertad de asociación. Por otro lado, mencionó que en la práctica, la calidad migratoria y el tipo de trabajos efectuados por migrantes influye en sus derechos al un salario mínimo, al sus horas laborales y compensación por horas extra, y en los derecho a salud y seguridad en el trabajo, etc. Así mismo, mencionó que algunas buenas practicas se ven afectadas por los empleadores que amenizan a sus trabajadores indocumentados, por ejemplo mencionando que su número de seguro social (Social Security Number) no se refleja en las bases de datos gubernamentales, haciendo que hace que los trabajadores teman hacer cualquier tipo de reclamo por violaciones laborales en contra de un empleador que abuse de sus empleados. Mencionó también la práctica cada vez más prevaleciente de que la policía local actúa como agentes de migración. Esto práctica tiene el efecto drástico de que los trabajadores indocumentados no recurran a las autoridades locales bajo ninguna circunstancia por miedo de que sean deportados, contribuyendo a gran impunidad en la violación de derechos de personas de por si vulnerables.
Concluyendo su exposición, la Profesora Paoletti destacó que es necesario asegurar no solamente de que las normas prohíban la discriminación, sino también de que las practicas en los estados aseguren igual tratamiento a todas las personas que trabajen dentro de sus fronteras. En tal sentido, recomendó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incorpore dentro del Programa Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes la manera de evaluar las mejores practicas que muestren los estados en cumpliendo de los principios de equidad y de no discriminación midiendo su desempeño en las áreas en que la Corte señalo que los derechos igualitarios deben ser sostenidos.
La Profesora Paoletti finalizó su presentación enfatizando la importancia de cooperación con la sociedad civil con el fin de educar a la migrantes en esta materia y se puso a la orden en lo que pueda apoyar al Programa, a la Organización de los Estados Americanos y a sus Estados Miembros.
ii) Sra. Cecilia Anicama de la Comisión Andina de Juristas: Finalmente, la Dra. Cecilia Anicama de la Comisión Andina de Juristas, hizo una presentación, agradeciendo primeramente la invitación por parte de la OEA y comenzó su exposición con una introducción sobre las labores de la  Comisión Andina de Juristas, una ONG regional que abarca Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Chile.

La Dra. Anicama mencionó que el fenómeno migratorio es sumamente complejo, no obstante, en los últimos años existe mayor preocupación en los Estados americanos, debido sustancialmente a dos factores que son el envío de remesas a los Estados de origen y la necesidad de captar el voto de los nacionales en el exterior, más no existe un pleno cumplimiento de los estándares de protección de los derechos de los migrantes.

En este sentido recalcó que debido a ello es de suma importancia la implementación del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes y el cumplimiento de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y demás normas internacionales sobre los derechos humanos de los migrantes; así como la adecuación del derecho interno y la implementación de políticas orientadas al cumplimiento de los estándares internacionales sobre derechos humanos de los migrantes son temas prioritarios para la Comisión Andina de Juristas.

Por otro lado, la Dra. Anicama puntualizó que las decisiones adoptadas por los órganos de supervisión internacional de derechos humanos, en particular las opiniones consultivas 16 y 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a pesar de no tener el carácter vinculante que tienen las sentencias de la Corte, deben ser consideradas por los Estados americanos como referentes fundamentales para orientar sus acciones en relación a los derechos humanos de los migrantes. En esta línea, por medio de la Dra. Anicama, la Comisión Andina de Juristas propuso algunas medidas para apoyar la implementación del Programa interamericano:

Primero, la Dra. Anicama propuso apoyar a los Estados para que cumplan con presentar oportunamente sus informes anuales a la CAJP sobre el Programa así como información que sea solicitada por la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos También recomendó la promoción entre los Estados Americanos de la suscripción y ratificación de la Convención sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias.

Por otro lado, la Dra. Anicama enfatizó la importancia del cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General y del monitoreo del cumplimiento de las decisiones emitidas por los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano. Asimismo, subrayó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación con las Defensorías del Pueblo del continente para lograr los objetivos del Programa interamericano sobre migrantes.

También puntualizó la necesidad de crear e incorporar mecanismos específicos para el trabajo de apoyo y asistencia a los sistemas subregionales de integración para el respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y señaló la importantísima necesidad de incorporar la defensa de los derechos de los niños como un elemento fundamental del Programa, en particular en relación a los graves efectos que tiene la migración en la protección de sus derechos humanos.

Finalmente, a nombre de la Comisión Andina de Juristas recordó que para el cumplimiento de los objetivos del Programa Interamericano y su impacto en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes será primordial que exista correspondencia entre las demandas sociales, las opciones políticas y las decisiones de las autoridades públicas, en especial aquellas vinculadas a la asignación de recursos de un Estado. En este sentido destacó la necesidad de trabajar de manera cercana con la sociedad civil en este tema y reiteró la voluntad de apoyo y participación de la Comisión que representa para con el Programa Interamericano de Promoción y Protección a los Migrantes.



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