Informe de la presidencia sobre la


Programa de documentación para la seguridad jurídico-migratoria de los trabajadores agrícolas guatemaltecos



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Programa de documentación para la seguridad jurídico-migratoria de los trabajadores agrícolas guatemaltecos. El Instituto Nacional de Migración instrumentó el Programa en 1997 con el objetivo de proporcionar la Forma Migratoria para Visitante Agrícola (FMVA), con la cual se autoriza su internación y las actividades que realizarán, bajo la calidad y característica migratorias de no inmigrantes visitantes (Artículo 42 fracción III de la Ley General de Población).
Se expide en todos los puntos de internación del Estado de Chiapas; no causa pago de derechos y su titular puede permanecer en dicho estado hasta por un año, con prerrogativa de entradas y salidas múltiples durante su vigencia. Su portador está autorizado a trabajar únicamente en la finca o ejido determinada y con el empleador señalado. Igualmente autoriza el libre tránsito a su portador sólo en el Estado de Chiapas.
Actualmente el gobierno de México está llevando a cabo negociaciones con las autoridades guatemaltecas a fin de establecer mecanismos ágiles que permitan atender, bajo una perspectiva multidisciplinaria y de corresponsabilidad, las necesidades de estos trabajadores agrícolas. Para el año 2004 se registraron 42,895 visitantes agrícolas. De enero a octubre de 2005 se registraron 36,697.
Promover y ejecutar programas de repatriación voluntaria como alternativa a la deportación o expulsión.
El 17 de mayo de 2005 se firmó el “Acuerdo entre para la Repatriación Ordenada, Ágil y Segura de Migrantes salvadoreños vía terrestre desde México”. Su objetivo es establecer las bases que permitan el retorno ordenado y seguro de los migrantes, de nacionalidad salvadoreña, asegurados en territorio mexicano; establece un trato especial a grupos vulnerables, como menores de 18 años, personas con capacidades especiales, adultos mayores de 60 años o víctimas de trata.
El 10 de junio de 2005 inició el “Programa de Repatriación Voluntaria al Interior” México-Estados Unidos, en la región Sonora-Arizona, cuyo objetivo es avanzar en la consecución de un flujo de personas entre ambas naciones que asegure el respeto de los derechos humanos de los connacionales. Se mantiene la voluntariedad como principio básico, es decir, la aceptación expresa del connacional ante la autoridad estadounidense y confirmada ante el cónsul mexicano de ser repatriado a su lugar de origen en territorio nacional. Asimismo, se da especial énfasis a la atención de los connacionales “en riesgo” como: ancianos, menores de edad, discapacitados, débiles o enfermos, mujeres embarazadas y nacionales mexicanos que han sido rescatados previamente del desierto.
El 28 de junio de 2005 se firmó una nueva versión del “Acuerdo para la Repatriación Segura y Ordenada de nacionales guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en las fronteras de México y Guatemala”. Establece las bases para el retorno ordenado y seguro. Ambos países se comprometen a atender las necesidades básicas de los migrantes.
Expedir documentos de identidad a los migrantes por parte de los Estados de origen en sus representaciones consulares
Desde 1871, el registro de matrícula consular mexicana es un registro oficial del gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior. La emisión de estos documentos es reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Los Consulados mexicanos han otorgado estos certificados a sus nacionales en el extranjero.
En marzo de 2002, el gobierno mexicano diseñó una nueva versión de matrícula consular: la Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) y comenzó su promoción entre la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos.
Además de servir como registro oficial, la matrícula consular mexicana se utiliza como documento de identificación para los mexicanos en el exterior, por ejemplo, ante oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas y, en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo. La utilización de la matrícula consular desencadena una serie de transacciones económicas positivas y permite el acceso a un sinnúmero de trámites de la vida diaria.
Todas las matrículas consulares son emitidas por un periodo de 5 años. Para 2007, se tiene previsto reemplazar las matrículas consulares antiguas por MCAS. A partir de marzo de 2002, en las MCAS se ha incorporado nueva tecnología de punta y nuevas medidas de seguridad, para evitar su falsificación.
El gobierno de México ha desarrollado una base de datos en la cual los consulados pueden tener mayor control de las MCAS. Los empelados consulares han recibido capacitación para detectar los errores típicos de los falsificadores y verificar la información del particular al solicitar la MCAS.
Con el lanzamiento de las nuevas medidas de seguridad, de marzo de 2002 a julio de 2004, el gobierno mexicano ha emitido 2, 214,738 MCAS.
Actualmente, 377 Ciudades, 163 Condados y 33 Estados, así como 178 instituciones financieras y 1180 departamentos de policía en Estados Unidos aceptan las MCAS como una identificación válida.
Las MCAS se han convertido en un instrumento importante para obtener servicios financieros de instituciones que tiene implicaciones positivas en la vida cotidiana. Además las MCAS ayudan a prevenir los delitos, al reducir los canales informales como mercados negros. Las MCAS ayudan a las corporaciones policíacas, al facilitar la comunicación con las comunidades migrantes, asegurando que las personas que denuncian o que son testigos de delitos no tengan miedo a ser deportados. Asimismo, facilita la identificación de personas. Las MCAS reducen la vulnerabilidad de los migrantes a ser víctimas de delito. Antes de ser aceptadas como documentos de identidad en instituciones financieras, los trabajadores indocumentados eran obligados a guardar sus ganancias en efectivo, haciéndolos blanco fácil de delitos como el robo.
El 16 de julio de 2003, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una enmienda que exige al Departamento de Estado regular el uso de las MCAS como instrumento válido de identificación en ese país.
El 1° de octubre de 2003, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos defendió en el Congreso su decisión de permitir que los bancos americanos reconozcan como identificación la MCAS.
Aunado a lo anterior, desde el 16 de abril de 2004, la asociación de compañías de cuidado a la salud, Blue Cross, acepta la MCAS como documento válido de identificación y promueve, a través del Consulado mexicano en Fresno, California servicios de salud entre sus portadores. Gracias a esta decisión, los migrantes mexicanos sin número de Seguro Social podrán acceder a servicios médicos mediante el uso de su MCAS.
Ofrecer campañas de información pública masiva y programas de enseñanza básica y media sobre la no discriminación y la comprensión de la contribución y valoración de los migrantes y sus familias a las sociedades de origen y de destino
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), fue publicada el 11 de julio de 2003. En el texto de la Ley, reitera la prohibición de discriminar por cualquier motivo a la persona y se promueve una nueva cultura de reconocimiento y combate a la discriminación y de respeto irrestricto y universal de los derechos humanos.
Para lograr la aplicación de la LFPED se estableció un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), mismo que tiene por objetivo llevar a cabo acciones para prevenir y eliminar la discriminación y formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato en favor de las personas. Este organismo cuenta con un Consejo Consultivo y una Junta de Gobierno que contemplan una participación tanto gubernamental como ciudadana, la cual recibe e investiga las quejas, en el caso de que se trate de un acto discriminatorio cometido por un particular, o bien reclamaciones en el caso de que sea un servidor público o una autoridad federal quien haya cometido el acto discriminatorio en ejercicio de sus funciones, a que haya lugar por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por servidores públicos y autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.
El Consejo puede dictar medidas administrativas a aquellas personas o instituciones, incluyendo a servidores públicos que resulten responsables por actos discriminatorios. La imposición de estas medidas administrativas a los particulares se sujetará a que éstos se hayan sometido al convenio de conciliación correspondiente.
Además, el Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 16 de julio de 2002, establece en el Título Décimo denominado “Delitos contra la dignidad de las personas” un tipo penal relativo a la “Discriminación”, el cual dispone una sanción de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días de multa al que veje o excluya a alguna persona o niegue y restrinja derechos laborales.
Igualmente, México forma parte de los siguientes instrumentos internacionales relevantes que garantizan la no discriminación: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En materia migratoria, organizaciones de la sociedad civil han manifestado su inquietud por considerar que la legislación en la materia tiende a ser discriminatoria al restringir el derecho de acción en materia civil sobre procedimientos de divorcio entre extranjero/as y matrimonio entre extranjero/as y mexicanos/as, en particular el artículo 67 de la LGP, el cual refiere que para realizar cualquier acto jurídico ante una autoridad federal, local, municipal o notario público, el extranjero debe acreditar su legal estancia en el país. No obstante, el espíritu de dicha disposición pretende evitar que el extranjero cometa o sea víctima de ilícitos como la falsificación de documentos, el tráfico y la trata de personas, en especial los denominados matrimonios serviles
Proveer mecanismos adecuados para los procesos de denuncia y queja presentados por los migrantes y las organizaciones de la sociedad civil por violencia y presuntas violaciones de los derechos humanos, sin perjuicio del derecho de acceder a los mecanismos de protección aplicables de los sistemas interamericano y universal
Asimismo, se ha puesto en marcha un mecanismo de supervisión periódica por parte de personal del sector central, principalmente en las estaciones migratorias más aisladas. Como parte de dicho mecanismo se instaló el 1° de agosto de 2003, a petición del Instituto Nacional de Migración, una oficina permanente dentro de la estación migratoria de Iztapalapa para personal de la CNDH. En la estación migratoria de Tapachula se contará con una oficina permanente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Con respecto al envío de remesas, tomar acciones concretas para promover el establecimiento, lo antes posible, de las condiciones necesarias con miras a alcanzar la meta de una reducción de por lo menos la mitad del costo promedio regional de esas transferencias, de ser posible, a más tardar en el 2008. Asimismo, según sea necesario y apropiado, adoptar medidas ateles como la promoción de la competencia entre los prestadores de estos servicios, la eliminación de obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que afectan el costo de estas transferencias, así como el uso de nuevas tecnologías, manteniendo normas de supervisión financieras efectivas
México no impone restricción alguna a la transferencia de fondos internacionales y ha procurado que la instauración de pagos internacionales sea más eficiente.
La Reserva Federal de los Estados Unidos de América y el Banco de México (BANXICO) establecieron un sistema de “Transferencia Electrónica de Fondos Internacionales (TEFI),” mismo que recientemente entró en operación para transferencias de EUA a México y se espera que en el 2005 funcione de manera bi-direccional para proveer una manera sencilla, segura y barata de transferencias por medio de cuentas de bancos entre ambos países.
México y EUA incluyeron el tema de las remesas en su iniciativa bilateral “Sociedad para la Prosperidad”, creada a finales del 2001 y encaminada fundamentalmente a incrementar la competencia a fin de reducir los costos de dichas transferencias y vincularlas con proyectos productivos. Entre los principales logros de dicha iniciativa destacan: la reducción del costo promedio de las remesas entre 1999 y 2003 de 31 a 14 dólares por transacción, encontrándose hoy alternativas alrededor y por debajo de los diez dólares; la creciente incorporación de los migrantes mexicanos al sector financiero formal de los EUA mediante el uso de la matrícula consular mexicana como identificación; la ampliación y diversificación de productos y servicios financieros innovadores; y la diseminación periódica de información del tipo de cambio y costo de los servicios de envío de remesas.
En 2002, el BANXICO emitió una serie de reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito y las empresas que presten el servicio de transferencia de fondos. De esta manera, BANXICO obliga a los prestadores de estos servicios a proporcionar información a fin de transparentarlos y mejorar la contabilidad. Durante 2003, cerca del 98% del total de las remesas hacia México, fueron enviadas por canales formales. Se siguen realizando esfuerzos para hacer más eficientes y efectivas las transacciones formales, a fin de incorporar a los migrantes y a sus familias al sistema financiero con el objeto de que sean beneficiados por la reducción de los costos y puedan canalizar sus recursos a proyectos productivos.
Cabe mencionar que las remesas aumentaron 35.16% en el 2003 en comparación con el año anterior. Los mexicanos residentes en Estados Unidos enviaron a México un récord de 13,265 millones de dólares en el 2003 y más de 16,000 millones de dólares en 2004, con lo que las remesas se consolidaron como la segunda fuente de ingresos externos para México.
Para fomentar los lazos de identidad de los mexicanos radicados en el exterior hacia sus comunidades de origen, promover el uso productivo de las remesas y las iniciativas de los migrantes, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades de origen, el gobierno federal puso en marcha en el 2002 el “Programa Iniciativa Ciudadana 3X1” (Programa 3x1), mediante el cual se busca apoyar y fortalecer las iniciativas ciudadanas para concretar proyectos que conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la concurrencia de recursos de la Federación, Estados, Municipios y las aportaciones de los grupos u organizaciones de migrantes.
El Programa 3x1 se inscribe dentro de la estrategia de microrregiones, pues a través de la generación de infraestructura social básica, que se impulsa mediante los proyectos presentados por los migrantes y la comunidad se contribuye al desarrollo local de las comunidades.
Entre los principales resultados alcanzados por el Programa 3X1 a finales de 2004, destaca su cobertura en 23 Entidades Federativas y en 343 Municipios del país, su apoyo a un total de 1,263 proyectos de inversión; adicionalmente, se han comenzado a entregar becas para los hijos de migrantes y se otorga un mayor impulso a los programas de coinversión.
Ahora bien, en seguimiento a compromisos asumidos por México en el Grupo de Trabajo sobre Migración (GTM) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se organizó, el Seminario Técnico Migración, Remesas y Desarrollo, los días 17 y 18 de noviembre de 2004, con la participación de funcionarios de la OCDE, dependencias gubernamentales, académicos y sociedad civil. Entre las principales conclusiones que se derivaron de dicho Seminario destacan: que a fin de aprovechar el potencial productivo de las remesas, es necesario el diseño de una política de Estado en materia migratoria que sea integral, transexenal e incluyente de la comunidad migrante al considerar las necesidades y aspiraciones económicas, políticas y culturales de esta población, evaluando sistemáticamente las demandas locales a partir de una perspectiva transnacional.
Además, el desarrollo de una política integral debe incorporar como premisas fundamentales, en primer lugar, el contar con un ambiente de confianza, seguridad y certidumbre para que los migrantes puedan invertir en sus comunidades de origen; y, en segundo lugar, el Estado debe acompañar las iniciativas de los migrantes para la optimización de los recursos enviados, a través de la viabilidad de los proyectos, el acceso a financiamiento para la realización de los mismos y el fortalecimiento de los programas ya existentes como el Programa 3X1, en un marco de mayor vinculación institucional entre todos los actores involucrados, sin que ello implique que el Estado elude su responsabilidad en la generación de desarrollo e inversión productiva. Es importante dar a conocer entre la población migrante los programas, iniciativas, opciones y casos exitosos que se tienen para la utilización productiva de las remesas, así como con quien deben acudir para la materialización de los mismos.
Si bien el desgaste del mecanismo de retorno migratorio y la tendencia a una migración de carácter permanente provocan la disminución del monto de las remesas, éstas se han constituido como un factor determinante para detener el desequilibrio macroeconómico al alcanzar en 2004 más de 16,000 mdd y representar el 2.4% del PIB, por lo que es necesario identificar a la población migrante que tiene el potencial económico de invertir en sus comunidades, tomando en cuenta que 1 de cada 4 mexicanos en EUA vive en situación de pobreza y por lo tanto no tienen capacidad de ahorro y de inversión y en su mayoría envían remesas para el sustento de sus familias. Las remesas colectivas para el financiamiento de proyectos representan sólo el 1% del total enviado.



Proporcionar los medios para preservar la salud de todas las personas a través de medidas sanitarias relativas a la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y legal de cada Estado y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable
Con relación a la atención médica urgente de trabajadores migratorios en igualdad de trato con los nacionales, el artículo 36 de la Ley General de Salud dispone que a los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias.
Además de la medicina privada, los servicios de salud en México son proporcionados por instituciones que atienden a población asegurada y no asegurada, IMSS e ISSSTE para el primer grupo, e IMSS-Solidaridad y Secretaría de Salud para el segundo grupo.
En el caso de la población migrante mexicana en Estados Unidos, el Programa Nacional de Salud 2001-2006 incorporó el Programa de Acción Vete Sano, Regresa Sano que ofrece un blindaje en salud, a fin de preservarla en el lugar de origen, durante el traslado y en el lugar de destino y retorno. Para tal efecto, se desarrollan actividades de difusión, comunicación educativa, capacitación y atención médica. Entre las acciones instrumentadas se encuentra la creación de una red de servicios en apoyo a las familias de migrantes que contempla la organización de Semanas Binacionales de Salud en los Estados Unidos de América con acciones simultáneas, complementarias y con continuidad en el tiempo para la promoción de mensajes saludables; elaboración de un diagnóstico mesoamericano de salud del migrante entre México y Centroamérica a partir de enero de 2005; diseño y difusión del ABC de la Salud de los Migrantes; y difusión de rutas de migración, con la ubicación de unidades médicas y domicilios.
A la fecha las acciones de salud del migrante han avanzado en diferentes vías: acciones de promoción de la salud buscando el contacto directo con la población, mediante el intercambio de promotoras y profesionales de la salud; con la sistematización de información que pueda resultar útil para los migrantes, así como el apoyo a la investigación binacional en temas de salud del migrante.
El IME cuenta con las llamadas “Ventanillas de Salud” en los Consulados, cuyo propósito es brindar a nuestros connacionales información y asesoría sobre aspectos relacionados con la salud, a fin de que puedan acceder a una atención médica oportuna, independientemente de su status migratorio. Las Ventanillas de Salud han dado buenos resultados, ya que asisten, educan y orientan a los mexicanos con información sobre las clínicas, hospitales y todos los servicios disponibles para ellos y sus familias en Estados Unidos.
Implementar las acciones y programas necesarios para mejorar el acceso efectivo de todos los niños migrantes a los sistemas educativos donde quiera que se encuentren, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y legal de cada Estados y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable
Implementar las acciones y programas necesarios para mejorar el accedo efectivo de todos los migrantes y sus familias en la educación, de acuerdo con e ordenamiento constitucional y legal de cada Estado y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable
Facilitar la participación de los migrantes en la vida cultural de la comunidad
En cuanto al acceso a la educación, conforme al artículo 3 constitucional todo individuo tiene derecho a recibir educación. En la búsqueda de preservar este derecho, nuestro país ha suscrito distintos instrumentos internacionales, entre otros: la Convención de los Derechos del Niño en 1990; el Convenio 138 de la Organización Mundial del Trabajo en 1973; y la Conferencia Internacional sobre Trabajo Infantil en 1997.
Es importante destacar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta desde 1981 con el Programa “Primaria para Niños y Niñas Migrantes (PRONIM)” que ofrece educación básica de nivel primaria a la población infantil en edad escolar que viaja junto con sus familias a diferentes estados de la República Mexicana para contratarse en los campos agrícolas como trabajadores temporales. En 2004 el Programa operó en 15 de las 31 entidades federativas: Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. Las tres primeras entidades, Sinaloa, Oaxaca y Baja California Sur concentran el 54% de la matrícula infantil a nivel primaria con la particularidad de que Oaxaca es al mismo tiempo una de las principales zonas de origen de los migrantes. Este Programa aplica para la migración interna, por lo que contando con los recursos adecuados sería idóneo extenderlo para los hijos de los migrantes internacionales.
Sobre el derecho al acceso a la educación, el IME a través de sus Jornadas Informativas sobre Educación, establece y cultiva una estrecha relación con líderes, autoridades y educadores estadounidenses responsables de los programas de educación dirigidos a los hispanos. Estas Jornadas permiten dar a conocer la oferta educativa que el gobierno de México y las instituciones públicas y privadas desarrollan en Estados Unidos para la población mexicana y de origen mexicano radicada en ese país.
A través del IME también se procura que los trabajadores migratorios y sus familias mantengan los vínculos culturales con México que es su país de origen. En este sentido, este Instituto cuenta con los siguientes programas:
• “Lazos” es un servicio informativo elaborado por el IME, iniciado el 2 de junio de 2003. Se publica en dos versiones: 1) Síntesis informativa: se distribuye de lunes a viernes. Es una selección de las noticias publicadas en la prensa mexicana y estadounidense, sobre la población mexicana e hispana en Estados Unidos. 2) Boletín Informativo: se emite según surjan noticias importantes. Es un reporte sobre los asuntos y sucesos relevantes para la comunidad mexicana e hispana en la Unión Americana.
• También se cuenta con el portal en Internet del IME, que permite al usuario enterarse no sólo respecto a qué es el IME y cómo está conformado, sino que su contenido también ofrece información sobre temas de importancia como el debate migratorio, voto en el exterior, estadísticas, concursos, oferta institucional, entre otros temas, además de reunir todos los sitios de Internet de las diferentes comunidades de mexicanos o de origen mexicano que se encuentran viviendo en Estados Unidos.
• El IME también organiza concursos para la juventud de origen mexicano en el extranjero, como “Éste es mi México” y “Otra Mirada”. Estos concursos promueven entre la niñez mexicana y mexicano-americana residente en Estados Unidos el orgullo por su país de origen, a fin de estrechar los lazos con sus raíces y tradiciones.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado que en su opinión la LGP y su Reglamento contemplan disposiciones que no son favorables a los migrantes irregulares para la exigencia de sus derechos. También han indicado que se han presentado casos en los que servidores públicos violentan la ley al no facilitar el acceso al registro de nacimiento de los hijos e hijas de trabajadores migratorios indocumentados, no obstante que la LGP permite el registro, en tiempo, de los nacimientos de hijos de extranjeros en el territorio nacional, sin solicitar la comprobación previa de la legal estancia de los padres. La Constitución dispone que la nacionalidad mexicana se obtiene por nacimiento por ius soli o ius sanguini. Además, la LGP establece que cuando los extranjeros tengan hijos nacidos en el país, la SEGOB podrá autorizar su internación o permanencia legal en el mismo.
Cooperar e intercambiar información entre los Estados en torno a las redes de trata de personas y desarrollar estrategias individuales y colectivas dirigidas a la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de estas conductas, así como la protección y asistencia de las víctimas.
Carta de Entendimiento sobre Trata de Personas (LOA). El 18 de agosto del 2005, los gobiernos de México y de Estados Unidos formalizaron un programa para implementar proyectos de cooperación contra la trata de personas y delitos relacionados, a través de la firma de una Enmienda a la Carta de Entendimiento sobre Cooperación contra las Drogas (LOA, por sus siglas en inglés), mediante la cual se hará la aportación de 8.2 millones de dólares en programas de cooperación para el combate a la trata en nuestro país.
En la Carta de Entendimiento se establecieron 7 proyectos de colaboración a fin de fortalecer las actividades dirigidas al combate de la trata de personas. Los proyectos comprenden: investigación de casos, desmantelación de organizaciones criminales, procuración de justicia, atención a víctimas y reinserción social, difusión de información y concientización de la población sobre la trata de personas, apoyo a una red de albergues e instancias de protección a víctimas.
En el marco de la LOA, el 12 de octubre de 2005, se instaló formalmente el Grupo Técnico de Trata de Personas, integrado por funcionarios de ambos países, a fin de establecer los puntos de contacto de las dependencias involucradas y las áreas geográficas prioritarias para combatir el problema de manera conjunta.
El 19 de octubre se llevó a cabo la Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas, durante la cual se acordó comenzar a trabajar de inmediato en la atención de casos específicos, a través del intercambio de información entre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR), el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna de los EUA.
El 28 de noviembre de 2005 se celebró la X Reunión Intersecretarial del Subgrupo de Trata de Personas, durante la cual se acordó que, para el primer bimestre del 2006, se integrará la Comisión Intersecretarial sobre Trata de Personas, con el propósito de coordinar el trabajo de todas las dependencias de gobierno, principalmente en materia de: (i) prevención y atención a víctimas; (ii) capacitación e imposición de sanciones; y (iii) seguimiento a las reformas e iniciativas en el Congreso en materia de tráfico y trata de personas.
El 15 de diciembre de 2005 se llevó a cabo una teleconferencia bilateral del Subgrupo de Trata de Personas en la que México se comprometió a fortalecer los esfuerzos de coordinación contra la trata de personas entre los tres órdenes de gobierno, a través de los Grupos de Coordinación con que cuenta México en las 32 entidades federativas. Por su parte, el gobierno de EUA, a través del Departamento de Justicia se comprometió a designar a su Asesor para brindar asistencia técnica procesal a México. A principios del 2006 habrá una reunión para definir las ONG que participarán en los proyectos bilaterales de cooperación contra la trata de personas.
Programa OASISS (Operation Against Smugglers Initiative on Safety and Security). En lo referente al tráfico de indocumentados, el INM participó activamente en la definición de los términos de implementación del programa OASIS (Operation Against Smugglers (and traffickers) Initiative on Security) y coadyuva con otras instituciones, en el ámbito de su competencia, para hacer un frente común en contra de éste delito.
Del 21 al 24 de junio de 2005 se llevó a cabo una reunión bilateral en Yuma, Arizona, donde participaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), PGR, CISEN y del INM para identificar el esquema de cooperación necesario para procesar penalmente a traficantes y tratantes de personas, en cualquiera de los dos países o en ambos.
El 17 de octubre se efectuó una reunión binacional sobre el Programa OASIS, con el propósito de presentar los resultados actuales del programa y analizar la posibilidad de expandirlo en otros puntos de la frontera.
Entre los resultados del programa OASIS destacan: (i) la conclusión del entrenamiento de funcionarios públicos en California (San Diego) y Arizona (Yuma y Tucson); (ii) la concentración de una base de datos que contiene los puntos de contacto con todos los sectores y puertos de entrada; (iii) la destacada coordinación para la elaboración del comunicado de prensa conjunto para anunciar el programa; (iv) las campañas de prevención a nivel local, a través de anuncios en radio y televisión; (v) los importantes resultados de arrestos, detenidos y enjuiciamientos en ambos países.
Del 1 de enero al 28 de septiembre de 2005, en el ámbito nacional, se llevaron acabo 2 mil 136 operaciones, en el marco de la Operación Permanente Nacional contra el tráfico y trata de personas y delitos conexos.
El 23 de abril de 2004, durante la visita oficial del Presidente Vicente Fox a Guatemala, se suscribió el Memorándum de Entendimiento para la Protección de las Mujeres y de los Menores de edad Víctimas de la Trata y Tráfico de Personas en la frontera entre México y Guatemala, el cual entró en vigor el 22 de febrero de 2005.
El INM y la Cancillería de Guatemala han trabajado conjuntamente en la elaboración de un Programa Anual de Trabajo y un Marco Operativo para la Implementación del Memorándum de Entendimiento.
Durante el primer trimestre de 2006 se prevé la realización de la I reunión de la Comisión Técnica Binacional responsable de instrumentar el programa de trabajo anual. Está pendiente que se nos notifique de la constitución de la Comisión por parte de Guatemala.
El 17 de mayo de 2005 se firmó con El Salvador el “Memorándum de Entendimiento para la protección de las personas, especialmente mujeres y menores de edad víctimas de la trata y tráfico ilícito”. Tiene como objetivo llevar a cabo acciones de colaboración entre ambos países para proteger a las víctimas de la trata y tráfico ilícito de migrantes.
Se encuentran en proceso de negociación dos Memoranda con Brasil y Ecuador, para el combate al tráfico y a la trata de personas.
Desarrollar programas de información y asistencia dirigidos a los migrantes y sus familias que regresan a sus países de origen.
Proteger la integridad física de los migrantes y tomar las medidas pertinentes para prevenir, combatir y erradicar la violencia y otras formas de delito, tales como el fraude, la extorsión y la corrupción, cometidos contra los migrantes.
Grupos Beta. Los Grupos de Protección a Migrantes, Grupos “Beta”, dependientes del Instituto Nacional de Migración fueron creados en 1990. Han desempeñado un importante papel en la protección de todos los migrantes que se enfrentan a serios peligros en el intento de cruzar la frontera por lugares de mayor riesgo para su integridad física.

Actualmente se encuentran en operación 17 grupos de Protección a Migrantes: 13 Grupos “Beta” en la frontera norte: Tijuana, Tecate, Mexicali en Baja California; San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Sásabe y Agua Prieta en Sonora; Piedras Negra y Cd. Acuña en Coahuila; Ciudad Juárez y Puerto Palomas en Chihuahua y Matamoros en Tamaulipas y 4 en la frontera sur: Comitán y Tapachula en Chiapas; Tenosique en Tabasco; y Acayucan en Veracruz. Asimismo, se cuenta con 4 suboficinas en Naco, Sonora, y Tuxtla, Pijijiapan y Cd. Cuauhtémoc en Chiapas. Cabe señalar que los Grupos Beta de Puerto Palomas, Cd. Acuña y Acayunan se encuentran en proceso de formalización entre los tres niveles de gobierno.



Los Grupos Beta están conformados por médicos especialistas en traumatología de reconocido prestigio y el nuevo personal operativo que se ha venido incorporando, corresponde al perfil de paramédico y/o rescatista, todo ello con el fin de ofrecer al migrante protección en un sentido eminentemente humanitario.
El INM con el apoyo de la Cruz Roja Mexicana estableció el Programa de Ayuda Humanitaria a Población Vulnerable, que consiste en la instalación de dos clínicas móviles, operadas por técnicos de urgencias médicas y socorristas, mismas que cubren de manera alterna la zona de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Sásabe y Naco en el estado de Sonora, zona en la que se presenta el mayor número de decesos de migrantes en toda la frontera con los Estados Unidos.
El Grupo Beta cuenta con equipo de radiocomunicación de alta tecnología, consistente en 460 radios MATRA entre móviles y portátiles y se instaló en la región del Sásabe en Sonora una torre de telecomunicaciones en abril de 2004, previéndose próximamente la instalación de una estación repetidora en la localidad de Tubutama, Municipio de Saric. Ello permite cubrir la ruta Altar-Sásabe, de gran flujo migratorio, para acceder a la Red Nacional de Radiocomunicación de Seguridad Pública; facilitando la coordinación Interinstitucional para una protección más eficaz de los migrantes en todo el territorio nacional.
Se han establecido los mecanismos de control necesarios, para que todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que sean atendidas por los Grupos Beta se canalicen a la autoridad respectiva. Asimismo, en los casos en los que se encuentren involucrados servidores públicos, las denuncias son turnadas a la Secretaría de la Función Pública para los efectos procedentes. Por otra parte, se realizan Reuniones de Coordinación Interinstitucional en las que asisten todas las corporaciones de seguridad pública, en donde se expone la situación observada en el radio de acción de los Grupos Beta, con el objeto de que se tomen las medidas necesarias para evitar que los migrantes sean agredidos física y patrimonialmente.
Los Grupos Beta realizan la instalación y el mantenimiento permanente de Señalamientos Preventivos, en zonas de alto riesgo y flujo migratorio, que alertan a los migrantes sobre los riesgos climatológicos y orográficos a los que se enfrentan en su tránsito a los Estados Unidos, todo ello a fin de evitar en lo posible daños a la integridad física de los migrantes. Asimismo, los Grupos Beta realizan la actualización periódica del Atlas de Riegos y de las Rutas de Flujos Migratorios.
En las zonas desérticas del estado de Baja California, en especial Tecate y Mexicali, se instalaron 25 depósitos de agua, los cuales están siendo operados con la ayuda de organizaciones humanitarias de carácter internacional, garantizando que se mantengan limpios y tengan suficiencia de agua para los migrantes que transitan por esa zona desértica.
Como resultado de las labores de rescate y salvamento emprendidas por los Grupos Beta, durante el año 2005, destacan:
En de enero de 2005 se llevó a cabo la suscripción del Acuerdo de Coordinación de Acciones Tendientes a la Protección de Migrantes y del Convenio Específico de creación del Grupo Beta Cd. Juárez, entre los tres niveles de gobierno en la ciudad de Chihuahua.
En febrero, se pusieron en operación 22 nuevas camionetas todo terreno en zonas para incrementar el patrullaje en las zonas de alto riesgo. Asimismo, durante el mes de mayo inició en la zona sur una ambulancia para asistir en casos de emergencias médicas de migrantes heridos y lesionados.
En abril se inauguro la operación del segundo Módulo de Atención para Menores Migrantes Repatriados en Sonora, en coordinación con el DIF Estatal, en las instalaciones de la delegación local del INM en Nogales Sonora, a fin de dar asistencia social humanitaria a esta población vulnerable.
Se actualizó el Atlas de Riesgos y Rutas de Flujos Migratorios que contiene información técnica confiable sobre las zonas geográficas por las que cruzan los migrantes hacia los Estados Unidos y establecer patrullajes permanentes en los sectores de riesgo y de tránsito masivo de migrantes.
En junio iniciaron operaciones los Grupos Beta Puerto Palomas, Chihuahua y Cd. Acuña, Coahuila, en proceso de formalización.
Con objeto de reforzar los operativos de rescate, primeros auxilios y asistencia social humanitaria, en agosto se incorporaron 15 nuevos Agentes Protectores de Migrantes; 9 para apoyar en la frontera norte y 6 en la frontera sur.
Como parte del proceso de profesionalización en labores de rescate, salvamento y protección efectiva de los derechos humanos, se impartieron 31 cursos a 261 personas, destacando la realización en los meses de marzo y abril del Taller de Actualización Técnica-Jurídica-Operativa en la ciudades de Tijuana, Piedras Negras y Comitán, dirigido al personal operativo de los Grupos Beta en temas como Derechos Humanos, Primeros Auxilios, Rescate en el Desierto, Intervención en Crisis, Reanimación Cardio-pulmonar, Efectos Nocivos del Frío y del Calor y Fracturas e Inmovilizaciones. Asimismo, se realizaron en dos Academias Binacionales México Estados Unidos, relativas a temas de Búsqueda y Rescate de migrantes en situación de riesgo en las ciudades de El Centro, Cal. y Comitán, Chiapas con participación de personal especializado de la Patrulla Fronteriza.
Durante los meses de junio y septiembre de 2005, se llevo a cabo el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, a fin de reducir los decesos de migrantes en la región de Sonora-Arizona. Al efecto se repatriaron 20 mil 590 connacionales por vía aérea desde Tucson a la Cd. de México y por vía terrestre a sus comunidades.
Se estableció el Programa de Verano 2005 en la Frontera Norte con objeto de prevenir riesgos y salvar vidas en el corredor de alto riesgo Sonora-Arizona, catalogado como el de mayor flujo de migrantes.
En los meses de julio y septiembre se implementó el Plan Emergente de Protección a Migrantes en la Frontera Norte, con acciones tendientes a la protección efectiva de su integridad física, dadas las altas temperaturas registradas durante ese período.

En Diciembre, se instrumentó el Programa de Invierno de Protección a Migrantes en la Frontera Norte cuyas estrategias y líneas de acción proveen mayores y mejores recursos a los Grupos Beta para enfrentar los efectos de las bajas temperaturas y estar en capacidad de brindar protección efectiva a los migrantes.


En cifras, entre las acciones relevantes realizadas por los Grupos Beta para la atención de migrantes durante el año 2005 destacan: el rescate de 5,839 migrantes, la atención de 1,530 migrantes lesionados o heridos; la asistencia social de 143, 563, la repatriación de 120,002 migrantes y la atención a 96 migrantes mutilados.
Programa Paisano. Tiene como objetivo asegurar un trato digno y conforme a derecho, para los mexicanos que ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de información y difusión sobre sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; protección de su integridad física y patrimonial; sensibilización y capacitación de servidores públicos y sociedad; y, atención y seguimiento de quejas y denuncias. Desde el inicio de la administración del Presidente Fox, Paisano es un programa permanente, preventivo y de orientación.
Entre sus principales logros destaca:

Generó confianza en el gobierno de México por el combate a la corrupción; la protección de bienes y personas; la simplificación de trámites; y la atención personalizada.

Desarrolló y realiza una importante labor de educación de la comunidad mexicana en EUA, para que conozca sus derechos y obligaciones al visitar México.

Creó y promueve una cultura de prevención y cumplimiento de las normas nacionales entre los paisanos, cubriendo un vacío de información entre ellos y las instituciones.



Cuenta con gran aceptación y arraigo entre la comunidad de origen mexicano en EUA y vincula sus demanda con los trámites y servicios las dependencias y entidades.
Motivó a los gobiernos estatales a crear programas para sus oriundos que viven en EUA.
El nivel de coordinación interinstitucional permite una estructura pequeña con costos mínimos que no generan presupuestos adicionales.
Como principales resultados de las acciones realizadas en el año 2005, resalta la iniciativa de Información personalizada. En el 2005, se informó personalmente a 56 mil 761 paisanos vía telefónica, correo y en las oficinas del programa; se ha capacitado sobre trámites y atención y calidad en el servicio a tres mil 579 servidores públicos y personas de la sociedad civil que tienen contacto directo con los connacionales. Adicionalmente se realizaron 106 mil 903 consultas a la página www.paisano.gob.mx.
Se realiza una atención personalizada y oportuna de las quejas y denuncias, canalizándolas a los órganos internos de control de las dependencias y las contralorías estatales, informando a los afectados el seguimiento y resultado. En el 2005 se recibieron 129 quejas y denuncias, mismas que fueron atendidas.
La Guía Paisano se confirma como un instrumento trascendental de información. Su enriquecimiento y actualización es producto de la participación de 20 entidades de la administración pública federal. La claridad en los textos fue lograda con la participación de sus usuarios, quienes modificaron y aprobaron el lenguaje, haciendo más sencilla su lectura. La edición 2005-2006 consta de un tiraje de 2 millones de ejemplares, de los cuales ya se están distribuyendo de la siguiente manera:
Consulados: a través de la red consular de Estados Unidos y Canadá con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hasta la fecha se han distribuido 722 mil 400 ejemplares.
En la República Mexicana se distribuye principalmente a través de las 32 delegaciones regionales del Instituto Nacional de Migración, quienes a la fecha han repartido 569 mil 040; además del apoyo de las delegaciones estatales de SECTUR que repartieron 45 mil 120 y de SEDESOL con 42 mil 720 ejemplares. Además de que otras dependencias como la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Salud a través del Programa “Vete Sano Regresa Sano” también se suman a la tarea de distribución de la Guía.
El INM refuerza el trabajo con tres operativos de observadores efectuados en las temporadas de semana santa, verano y fin de año. Para su coordinación se llevaron a cabo 119 reuniones de comité estatal, local y técnico, así como de la Comisión Intersecretarial. En dichos operativos se informó y orientó a casi un millón 500 mil personas en los módulos Paisano, instalados en los puntos de ingreso a México, atendidos por tres mil 230 personas de la sociedad civil. Esto permitió bajar los índices de corrupción.
Realizar los mejores esfuerzos para obtener el cumplimiento de las leyes laborales haciendo hincapié en la situación y condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes creando transparencia, conocimientos y profesionalismo y compartiendo mejores prácticas
Los trabajadores migratorios que laboran en nuestro país tienen los mismos derechos que los nacionales en lo concerniente a la remuneración. La Constitución Política señala que: “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”.
En congruencia con lo anterior, el procedimiento de fijación de los salarios mínimos generales es de aplicación general en la República, independientemente de la condición migratoria de la persona.
En caso de violación del principio de igualdad jurídica o de otros derechos laborales, los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos, cuentan con los recursos legales que la LFT les concede a fin de hacer valer sus derechos laborales. La Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores (PROFEDET) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ofrece a los trabajadores y sus sindicatos servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica promoviendo la cultura de la prevención, privilegiando la conciliación como forma de solución expedita de los conflictos. De ser necesario, la PROFEDET también representan a los trabajadores, a sus beneficiarios y a sus sindicatos ante los tribunales laborales, los organismos jurisdiccionales, administrativos y cualquier otra institución pública y privada.
En cuanto a la seguridad social, no existe prohibición alguna para que un trabajador migratorio pueda afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siempre y cuando los trabajadores que cumplan con los requisitos que la Ley del Seguro Social establece.
La Ley de Seguro Social es de utilidad pública y comprende seguros de invalidez, de vejez, de vida, de enfermedades y accidentes y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares sin distinción entre nacionales y extranjeros.
Cabe mencionar que corresponde a los patrones inscribir a sus trabajadores en el IMSS proporcionándole a dicho Instituto la Clave Única de Registro de Población del trabajador, además de, previamente, constatar la calidad migratoria de los extranjeros que contraten y verificar si están autorizados por la autoridad competente para dedicarse al ejercicio de la actividad lucrativa de que se trate.
Si los trabajadores migratorios se encuentran registrados en el IMSS serán propietarios de los recursos depositados en sus cuentas individuales, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, tomando en consideración que las personas que se pensionen, o que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro.
Aunado a lo anterior, el IMSS celebró un Convenio de Seguridad Social con el gobierno de España firmado el 25 de abril de 1994 y en operación desde el 1° de enero de 1995, mismo que se aplica a los trabajadores nacionales de cada una de las Partes que acrediten estar o haber estado inscritos en el sistema de seguridad social correspondiente, así como a los miembros de sus familias reconocidos como beneficiarios. El Convenio establece que en México se aplicará a los regímenes obligatorio y voluntario contemplados en la Ley del Seguro Social, relativos a las pensiones derivadas de riesgos de trabajo, seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. En España se aplica al Régimen General y a los Regímenes Especiales, relativos a pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y pensiones de invalidez, vejez, muerte y supervivencia.
El 27 de abril de 1995 México suscribió un Convenio sobre Seguridad Social con el gobierno de Canadá que se aplica, igualmente, a cualquier persona que esté o haya estado sujeta a la legislación en la materia de cualquiera de los dos países. Asimismo, el 29 de junio de 2004, México y Estados Unidos firmaron un Convenio sobre Seguridad Social, que se encuentra en proceso de ratificación por el Senado de la República y actualmente se está negociando la eventual firma de un Convenio para la Exportación y Control de Beneficios de Seguridad Social con el gobierno de los Países Bajos.
En cuanto a los trabajadores mexicanos que laboran en el extranjero y que no se encuentran beneficiados por los convenios antes referidos el artículo 28 de la LFT, inciso c), señala que el trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las instituciones de seguridad y previsión social a los extranjeros en el país al que vaya a prestar sus servicios, así como el derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo.

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