Informe de la presidencia sobre la



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ANEXO III

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CP/CAJP-2323/06 add. 5 rev. 2 corr. 1

5 abril 2006

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS Original: español

INFORMES Y PRESENTACIONES DEL SEGUNDO GRUPO DURANTE LA

SESIÓN ESPECIAL SOBRE EL PROGRAMA INTERAMERICANO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, INCLUYENDO LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
16 de marzo de 2006

Salón de las Américas



Washington, D.C.

Informe de la Delegación de Argentina




PRESENTACIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA:

LA EXPERIENCIA NACIONAL EN MATERIA MIGRATORIA

LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS EN EL TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN MIGRATORIA.
Tradicionalmente la cuestión de los migrantes en el derecho internacional general ha sido tratada como materia residual dentro del capítulo reservado a los extranjeros, a través del análisis de ciertos principios generales del derecho de gentes. Asimismo, en términos generales, podría afirmarse que las actividades de los extranjeros son reguladas por el derecho internacional a partir de dos grandes ejes temáticos: por un lado, el acceso al territorio de un Estado y la libertad de circulación en él y, por el otro, las actividades económicas, profesionales y laborales que puedan desarrollar.

Sin embargo, dada la complejidad del fenómeno migratorio en las nuevas circunstancias del contexto internacional y los desafíos que deben enfrentar las personas en el proceso de traslado y en el asentamiento en los países de destino, se estima enriquecedora y pertinente la inclusión de la perspectiva social en la consideración de las migraciones internacionales.

Ello ha traído aparejado que actualmente, la cuestión de los migrantes ha ampliado el marco tradicional dentro del cual el derecho internacional trataba las cuestiones relativas a extranjeros. En este nuevo campo, se inscribe el derecho internacional de los derechos humanos.

Por otra parte, no puede omitirse la relación que existe en el ámbito internacional en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a migraciones, refugiados y seguridad internacional, sobre todo teniendo en cuenta el contexto político actual. Es por ello que resulta imprescindible abordar estos temas desde una perspectiva de derechos humanos, a efectos de que las medidas que se adopten en aras a la seguridad internacional, no incidan sobre la vigencia de los derechos fundamentales.

En efecto, tanto en la a Declaración Universal de Derechos Humanos, como en los principales tratados internacionales de Derechos Humanos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Convención sobre los Derechos del Niño- se menciona el concepto de igualdad en dignidad y derechos, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, religión u origen nacional. Asimismo, varios de estos instrumentos prescriben que todas las personas tienen el derecho a movilizarse libremente en su país o fuera de él y a escoger libremente el lugar donde quieren vivir y trabajar.

MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO NACIONAL
NUEVA LEY MIGRATORIA

El 20 de enero de 2004 se promulga la Ley 25.871 – Ley de Migraciones- que constituye una herramienta para la política migratoria que está desarrollando la República Argentina.

Esta nueva ley, producto del trabajo consensuado de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales, refleja el compromiso que asumido por la República Argentina de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, al tiempo que establece mecanismos de fácil acceso a la regularidad migratoria, entendiendo que dicha regularidad es indispensable para lograr la plena integración del extranjero a la sociedad de recepción.

En el marco de lo arriba señalado merecen ser destacados algunos párrafos del citado cuerpo legal:

  • Respeto de los Derechos Humanos y compromisos internacionales sobre la materia: Art. 3º “Son objetivos de la presente Ley a).... dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes....f) Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina el goce de criterios y procedimientos no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes...g) Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme lo establecido en la Constitución Nacional , los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias...”



  • Derecho a la Migración: Art. 4º “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”.



  • Igualdad de trato: Art. 5º “El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones....” Art. 6º“ El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social” Art. 13º “A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad., ideología, opinión política o gremial, género, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías.



  • Derecho a la Educación: Art.7º “En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea público o privado, nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”.

  • Derecho a la Salud: Art. 8º “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria.....”

  • Derecho a la información : Art. 9º “Los migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de : a) Sus derechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente, b) los requisito exigidos para su admisión, permanencia y egreso.”



  • Promover la integración: Art. 14º “El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia...”



  • Fácil acceso a la regularidad migratoria: ser nacional de un Estado Parte o Asociado del MERCOSUR como base del acceso de residencia legal. Art. 23 inc. l). El casi 85 % de los flujos migratorios que recibe la República Argentina provienen de los Estados que componen el MERCOSUR, la nueva ley de migraciones establece que el hecho de ser nacional de uno de esos Estados permite al extranjero acceder a una residencia legal en Argentina. Se trata de un mecanismo de facilitación para obtener residencia legal y de esa manera lograr integración plena en la sociedad de recepción.



  • Necesaria Intervención Judicial en los procesos de Expulsión: Titulo V Capítulo. I. Bajo el imperio de la anterior Ley de Migraciones la expulsión del territorio nacional podía ser ordenada y ejecutada por la Dirección de Migraciones sin necesidad de intervención Judicial.

  • Retención del Extranjero para efectivizar expulsión como facultad exclusiva del la Justicia: Titulo V Capitulo II. Bajo el imperio de la anterior Ley de Migraciones la Dirección Nacional de Migraciones se encontraba facultada para detener a un extranjero para proceder a su expulsión sin necesidad de intervención judicial.



  • Penalización del delito de tráfico ilegal de personas. Agravamiento de la pena cuando se hubiera puesto en peligro la vida salud o integridad del migrante o cuando se trate de un menor de edad. Capítulo VI. Por primera vez se tipifica en la legislación migratoria argentina la figura del tráfico de migrantes. Las penas previstas son de prisión de uno a seis años, pudiendo llegar a 20 años cuando se den circunstancias de agravamiento.



La mencionada Ley 25.871 se encuentra en proceso de reglamentación. Las sustanciales diferencias con relación a la ley anterior, que rigió por más de 20 años, hace que la tarea de reglamentación resulte más dificultosa y deba trabajarse sobre situaciones novedosas. Se están realizando interconsultas con todos los sectores de gobierno involucrados así como a las ONGs relacionadas con la materia. Es dable reconocer que la desfavorable situación económica y la tasa de desempleo por la que atraviesa la República Argentina no resulta el escenario más propicio para la reglamentación y aplicación de una Ley de las características señaladas. El trabajo de la reglamentación se está desarrollando bajo la premisa del respeto al principio de igualdad en el goce de los derechos que son inherentes a las personas por su calidad de seres humanos y no por su nacionalidad, y en esa óptica se pretende ser cuidadosos para no caer en situaciones de discriminación inversa, es decir no crear un trato desigualitario en el cual los perjudicados sean los nacionales.

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior y hasta tanto se sancione la nueva reglamentación el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones se han adoptado una serie de medidas tendientes a no desvirtuar el espíritu que llevara al dictado de la referenciada Ley 25.871.

Entre tales medidas son dables de destacar:

  • Suspensión de las expulsiones o conminatorias a hacer abandono del país respecto de los nacionales de países limítrofes. Disposición 2074/04 DNM dictada el 28 de enero del corriente año. Por medio de esta Disposición se pretende preservar los derechos de aquellos ciudadanos de países limítrofes que podrán regularizar su situación a la luz de la nueva ley una vez sancionada su reglamentación. Se exceptúan de esta norma las expulsiones que se hubieren dictado en virtud de la existencia de antecedentes penales.



  • Dejar sin efecto todas las detenciones precautorias o apercibimientos que contengan tal medida, dictados por la Dirección Nacional de Migraciones de conformidad con facultades que le otorgaba la derogada Ley 22.439. Disposición 17.627 DNM dictada el 23 de abril del corriente año. Tal como se informara en párrafos anteriores bajo la vigencia de la Ley 22.439 la Dirección Nacional de Migraciones se encontraba facultada para detener a aquellos extranjeros sobre los que pesaba orden de expulsión. Dicha detención se producía al solo y único efecto de efectivizar la expulsión. La nueva Ley de Migraciones establece que la facultad de retención de un extranjero es facultad exclusivamente de la justicia. En función de ello la Dirección de Migraciones y sin perjuicio que, a partir del dictado de la Ley 25.871, no dispone mas detenciones o apercibimientos en tal sentido, dejó sin efecto todas aquellas medidas de ese tenor que hubieren sido adoptadas bajo el imperio de la ley anterior y que se encontraren pendiente de ejecución.



  • Disminución de las tasas que migratorias que deben abonar los extranjeros que tramiten su residencia ante Consulado Argentino. Disposición DNM 21.085 dictada el 17 de junio de 2004.



Respondiendo a la política migratoria arriba señalada la Dirección Nacional de Migraciones, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y 20 de julio del 2004 otorgó 34.182 residencias (de las cuales el 79,5% corresponden a nativos de países limítrofes). En el mismo período se denegaron 565 pedidos de residencia.

Sin perjuicio de las cifras arriba mencionadas es dable reconocer que la Dirección Nacional de Migraciones arrastra un remanente histórico de atraso y que la reciente normativa requerirá de la implementación de nuevos procedimientos así como de refuerzo y capacitación del personal. En función de ello el Poder Ejecutivo sancionó, con fecha 7 de julio del corriente año, el Decreto 836/04 destinado a paliar la situación descripta.

Entre las medidas previstas en el citado Decreto 836/04 caben ser mencionadas:

  • Declara la emergencia administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones por un período de 180 días.



  • Ordena una evaluación integral del funcionamiento de las delegaciones de la Dirección de Migraciones en el interior del país.



  • Ordena la creación de un Área de Asistencia e Información del Migrante.



  • Establece que la tramitación actuaciones de petición de residencia que se inicien en el futuro no podrá superar el plazo de TREINTA (30) DÍAS .



  • Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, siendo sus objetivos:



  1. Creación del marco de nuevas políticas migratorias orientadas a la inserción e integración de la población migrante.

  2. Regularización de la situación de los migrantes.



  • Faculta a la Dirección de Migraciones a proponer las ampliaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes para el cumplimiento de las acciones derivadas del Decreto.

REFUGIO Y ASILO

Hasta la fecha la República Argentina carece de una Ley sobre refugio. El proceso de elegibilidad de refugiados se rige en la actualidad por el Decreto 464 dictado en el año 1984 y por disposiciones normativas de menor jerarquía.

Existen varios proyectos de Ley sobre Refugio en diferentes estadios de tratamiento. Entre ellos el que a principios de julio de este año se elevara, desde la Dirección Nacional de Migraciones a la órbita del Ministerio del Interior con intención de que sea presentado ante el Congreso Nacional como propuesta del Ejecutivo. El citado proyecto fue elaborado por el Comité de Elegibilidad para Refugiados refleja la experiencia recogida en los casi 20 años de existencia del Comité, de su contenido resulta ilustrativo destacar:

- Dentro del mismo instrumento se regula la situación de los apartidas fijando el procedimiento para su determinación a la luz de la Convención sobre Apatridia.

  • Identifica los elementos principales que son necesarios para tomar una decisión justa y eficiente a la luz de los principios internacionales sobre protección de los refugiados.

  • Se fijan procedimientos de admisibilidad, incluyendo los que se realizan en frontera, incluyendo los procedimientos acelerados para dar respuesta a las solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas.

  • Determina las instancias recursivas a nivel administrativo y acceso a la vía judicial, fijando plazos más expeditos en aras a la seguridad jurídica del solicitante.

  • Contempla los principios que deben respetarse en el caso de mujeres y niños no acompañados.

Sin perjuicio de lo dicho en los párrafos anteriores es dable señalar, que si bien no existe una norma con jerarquía de Ley que regule el procedimiento de reconocimiento de refugiados y que se está trabajando en ello, rige sobre la materia el Decreto 464 que desde el año 1984 reglamenta, junta con otras normas de menor entidad la temática del refugio en la República Argentina y que responde a las previsiones de la convención de 1.951 y al Protocolo de 1967.

Producto de la actividad desarrollada por Comité de Elegibilidad para Refugiados creado por el mencionado Decreto 464/84, desde 1985 a julio del corriente año se computan 2.210 peticiones reconocidas, 3735 peticiones denegadas de las cuales 675 se encuentran en etapa recursiva, 266 renuncias, 1694 en archivo provisorio por falta de actividad del peticionante, y 1244 en diferentes etapas previas a la resolución.

Es dable destacar que en virtud del Decreto 942/95 se exime del pago de tasa retributiva de servicio a todos los trámites que los refugiados deban efectuar ante la Dirección Nacional de Migraciones.
PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. ASPECTOS MIGRATORIOS.

La Cancillería Argentina juntamente con el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y la Secretaría de Derechos Humanos -Ministerio de Justicia, coordinaron la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación, adoptado por Decreto Nacional 1086/2005 del 8 de septiembre 2005., en seguimiento de los compromisos asumidos en la “Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia” (Durban 2001).

Una de las características particulares de la preparación de dicho Plan es que su elaboración no se realizó exclusivamente como un proyecto académico, sino que fue fruto del trabajo interdisciplinario entre organismos gubernamentales y no gubernamentales, que participaron en su confección,9 y más de 300 entrevistas en diversos puntos del país con víctimas y grupos victimizados que sufren discriminación. A su vez, el Plan contiene una serie de propuestas concretas para la implementación de medidas en combate a la discriminación.
PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION. TRATA DE PERSONAS, EN PARTICULAR MUJERES.
En lo que respecta a la cuestión de la trata de mujeres, el Plan Nacional contiene algunas referencias. en el capítulo dedicado a la discriminación por género. En él se señala que “La trata y tráfico de mujeres con el fin de prostituirlas es un negocio tenebroso que va en aumento en nuestro país. Dos redes de trata fueron descubiertas en los últimos años: una que traficaba con mujeres dominicanas y otra con mujeres paraguayas10. En general, se trata de mujeres jóvenes que son tentadas con la ilusión de conseguir trabajo en nuestro país y cuando llegan aquí se les quitan los documentos y se las reduce a condiciones de esclavitud y servidumbre sexual. También son objeto de tráfico mujeres provenientes de las provincias argentinas. No existen en nuestro país mecanismos institucionales adecuados y suficientes que se ocupen de manera sistemática de la prevención, investigación y sanción de la trata y tráfico de personas, ni tampoco de las mujeres que son explotadas sexualmente.”

Entre las propuestas previstas en el Plan Nacional sobre el tema de la trata y tráfico de personas, se destacan las siguientes:


p.24. “ Promover la sanción de una ley que incorpore al Código Penal la figura penal de tráfico y trata de personas según los criterios establecidos en la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizado y su Protocolos para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente mujeres y niños, otorgándole el carácter federal a dichos delitos”

p. 49. “Crear una fiscalía especializada en la investigación del delito de tráfico y trata e personas, especialmente de mujeres y niños.”


P 92. “Desarrollar políticas públicas destinadas a prevenir, investigar y castigar el tráfico y la trata nacional e internacional de mujeres, garantizando la protección y la rehabilitación física y psicológica de las víctimas, mediante el establecimiento de mecanismos de reinserción laboral y económica. “

Teniendo presente la vinculación de la lucha contra la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, con la cuestión de las migraciones, cabe señalar que la Argentina ha adoptado las siguientes medidas y normas:


La República Argentina es parte de los principales instrumentos internacionales en la materia y mantiene una activa participación en los foros internacionales -especialmente en el plano regional del MERCOSUR- en favor de una mayor cooperación y trabajo conjunto.
En el ámbito nacional, favorecemos una amplia articulación interinstitucional, tendiente a que los distintos actores gubernamentales con competencia en el tema realicen un trabajo coordinado, optimizando capacidades y recursos. En este sentido, a fines de 2004 se concretó un importante avance con la designación del Punto Focal Nacional en Trata de Personas, que recayó en la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, dependiente de la Procuración General de la Nación. En cumplimiento de sus funciones en este carácter, en agosto de 2005 el señor Procurador General de la Nación remitió a la Honorable Cámara de Senadores el Proyecto de Ley de Represión de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (ref.Expte. OV 230/05)
Entre otras acciones recientes realizadas en relación con este tema, señalamos las siguientes:

I. Acciones en el ámbito regional – MERCOSUR

  • La trata de personas, especialmente de mujeres y niñas/os, fue considerada en la IX Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR –REM- (Asunción, 22/ 23 de mayo del 2003). Como resultado estos trabajos, se obtuvo la inclusión del párrafo 9) del Comunicado Conjunto de fecha 18 de junio de 2003, de los Presidentes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, cuyo texto es el siguiente:

Manifestaron su gran preocupación por el problema creciente de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, el que además de constituir una violación a los Derechos Humanos, está estrechamente vinculado a amenazas tales como el tráfico ilegal de personas, el tráfico de drogas y la expansión de organizaciones criminales internacionales. En este sentido, recomendaron a las instancias competentes del MERCOSUR, incluir este tema en las agendas e iniciar un acercamiento entre las mismas, con miras a la realización de un trabajo coordinado y conjunto en esta materia.”

  • En oportunidad de la XI Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR (Buenos Aires, 15/16 de abril de 2004), por iniciativa argentina las Delegadas acordaron “introducir la problemática de género en las áreas de frontera y pasos fronterizos, a fin de comenzar a trabajar con acciones focalizadas en esta materia, especialmente en las áreas de salud, ambiento, violencia y trata de personas.”



  • En cumplimiento de este acuerdo distintos Comités de Frontera han incorporado dicha temática, en cuyo tratamiento participan las autoridades del área mujer de las localidades respectivas y la Cancillería.



  • A propuesta de la XIII Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR (Asunción, mayo de 2005) se incluyó en el Comunicado Conjunto de Presidentes de MERCOSUR Y ASOCIADOS del 20/6/05 el siguiente párrafo relativo al combate a este flagelo:

Destacan la labor de las instancias competentes del MERCOSUR que abordan en sus agendas el grave delito y creciente problema de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, con miras a lograr mediante un trabajo coordinado y conjunto el fortalecimiento de políticas para combatir este flagelo, vinculado a la expansión de organizaciones criminales transnacionales.”
FORO DE CONSULTA Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
El Mercosur y Estados Asociados vienen avanzando en ambiciosos acuerdos en materia migratoria. Muchos de estos acuerdos son, posteriormente, “bilateralizados” entre los diversos miembros.
Bilateralización del “Acuerdo de Residencia para Nacionales de Estado Partes del Mercosur”

Durante la “Reunión de Tratamiento de Temas Fronterizos y Migratorios entre Argentina y Brasil”, llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de julio de 2005, se trató la aplicación en forma bilateral del “Acuerdo de Residencia para Nacionales de Estado Partes del Mercosur”.


El 29 de noviembre de 2005 se firmó, en Buenos Aires, el “Acuerdo Operativo entre la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina y el Departamento de Extranjeros de la República Federativa del Brasil para la aplicación del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur”, el que entrará en pleno vigor el próximo 3 de abril de 2006.
El referido Acuerdo prevé la libre circulación y permanencia para los nacionales de ambos países, en un plano de igualdad con el nacional del país donde reside. Asimismo, representa un cambio sustancial en la política migratoria de los países de la región, al verificarse que por primera vez se avanza decididamente en permitir la libertad de circulación y residencia para los ciudadanos de los Estados parte, invocando únicamente su nacionalidad.
Merece destacarse la importancia y el avance en materia migratoria que está llevando adelante la región, siendo oportuno señalar la necesidad de la suscripción y pronta puesta en vigencia del Acuerdo de Residencia para los nacionales del Mercosur, Bolivia y Chile.
Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria (Patria Grande).

La República Argentina, de conformidad al artículo 17 de la Ley de Migraciones N° 25871, dispuso las medidas conducentes a regularizar la situación de los migrantes extranjeros. Dicha iniciativa se plasmó en el marco del “Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria”, a través de la Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones N° 53253/2005, siendo beneficiados todos los extranjeros nativos de los estados Parte y Asociados del Mercosur, siendo el criterio de regularización la nacionalidad del solicitante.


Cabe señalar que Ley de Migraciones de la República Argentina (25871) y los Acuerdos de Residencia y Regularización del Mercosur, se complementan armónicamente con la Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones N° 53253/2005 (Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria para Ciudadanos Nativos de Países Parte y Asociados al Mercosur), denominado también "Patria Grande", que tiene como criterio de regularización y residencia, la nacionalidad. Es decir, la de ser miembro nacional de un Estado parte del Mercosur o asociado a éste.

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