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Informe del Departamento de Cumbres



Extracto de la comunicación del Director del Departamento de Cumbres

al Presidente de la CAJP
SG/SAS/061/06

Washington D.C., 10 de marzo de 2006

Apreciado Embajador Villagrán:
De la manera más atenta me es grato saludarle y acusar recibo de su comunicación del día 17 de febrero de 2006, en la que nos invita a participar en la Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) relativa al Programa Interamericano para la promoción de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que se llevará a cabo el día 16 de marzo de 2006, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En este sentido, le ruego me excuse de participar en tan importante evento ya que deberé viajar a Isla de Margarita, con el fin de asistir y apoyar técnicamente a los Estados Miembros y la sociedad civil en la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, que se realizará del 14 al 17 de marzo de 2006.
(Ver Informe Anexo)
Hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta estima y consideración.

Luís Alberto Rodríguez

Director

Departamento de Cumbres de las Américas



El Departamento de Cumbres de las Américas y Director, doctor Luís Alberto Rodríguez, se permite dar alcance a su comunicación SG/SAS/061/06 fechada el 10 de marzo de 2006 en relación a la Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) relativa al Programa Interamericano para la promoción de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que se llevará a cabo el día 16 de marzo de 2006, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Como es de su conocimiento, el tema de trabajadores migrantes es de especial importancia en la región, ya que los Jefes de Estado y de Gobierno desde la Segunda Cumbre de las Américas han expresado su preocupación frente a las crecientes manifestaciones de discriminación que los trabajadores migrantes son victimas en muchos casos. Por esta razón, en la Tercera Cumbre (2001), Cuarta Cumbre (2005) y aún en la Cumbre Extraordinaria celebrada en Monterrey (2004), los líderes de las Américas acordaron políticas para asegurar la protección y promoción de sus derechos.
En la Cuarta Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina el pasado 4 y 5 de noviembre de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a tipificar la conducta de tráfico ilícito de personas, aplicar de manera efectiva la legislación nacional para enfrentar el trafico de personas, y fortalecer las instituciones y la capacitación de los cuadros técnicos para estar en mejores condiciones de investigar, perseguir y enjuiciar a los responsables, prevenir el delito y proteger y asistir a las victimas de este crimen.
En ese sentido, en la Declaración de Mar del Plata los Jefes de Estado acordaron la implementación de políticas por parte de los Estados miembros para proteger plenamente los derechos humanos de todo migrante y observar plenamente los derechos laborales que les aplican sin importar su condición migratoria;  implementar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores; promover el trabajo decente para los trabajadores migrantes en el marco de la Declaración de Nuevo León suscrita en la Monterrey en enero de 2004, y en ese orden de ideas diseñar y adoptar políticas que promuevan el trabajo decente para los migrantes de acuerdo con el Programa Interamericano adoptado en la Resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05) de la Asamblea General de la OEA.
Los Jefes de Estado y de Gobierno en Mar del Plata convinieron en la importancia de reducir la migración indocumentada mediante la cooperación y el diálogo entre países y promover los procesos migratorios de acuerdo con los marcos legales de cada país, para lo cual se comprometieron a trabajar en la reducción del costo y facilitar las transferencias de remesas (tarea que está realizando el Banco Interamericano de Desarrollo, BID), crear políticas para combatir el tráfico ilícito de migrantes y trata personas, y diseñar un programa de cooperación para intercambiar mejores prácticas sobre programas bilaterales en esta materia.
En el Plan de Acción de Mar del Plata los Presidentes y Jefes de Gobierno de la región resaltaron la necesidad de mejorar las condiciones para investigar, perseguir y enjuiciar a los responsables del tráfico ilícito de migrantes y de trata,  tipificar la conducta de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, proteger y asistir a las víctimas de estos crímenes y fortalecer las instituciones y capacitar a los cuadros técnicos que se ocupan de este flagelo.
Se comprometieron también a aplicar  normas básicas tales como las establecidas en la Declaración de la OIT relativa  a los Principios y  Derechos Fundamentales en el Trabajo adoptada en 1998 y llamaron la atención de la OIT para que le brinde asesoría técnica a los Estados en este asunto.
Finalmente, llamaron la atención de realizar actividades de cooperación regional para dialogar sobre el fenómeno de la migración teniendo en cuenta los instrumentos internacionales,  acción que se viene realizando en el seno de la OEA; sin embargo, convendría designar a un área que técnica para que, aparte del seguimiento que realiza el Departamento de Cumbres, se encargue de efectuar el monitoreo de las acciones que se efectúen en materia de cooperación regional, le brinde de alguna manera asesoría a los Estados miembros con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, y de ser posible ponga en marcha programas de asistencia técnica en la región que aseguren la implementación efectiva de los mandatos de la Cumbre Extraordinaria de las Américas y de la Cuarta Cumbre de las Américas.
Washington D.C., 11 de marzo de 2006

Informe del Departamento para la Promoción de la Democracia




SESIÓN ESPECIAL SOBRE EL PROGRAMA INTERAMERICANO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES INCLUYENDO LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
Informe del Departamento para la Promoción de la Democracia

Subsecretaría de Asuntos Políticos
Washington, D.C. 16 de marzo de 2006

Introducción

La relación entre migración y democracia es un tema que cobra cada vez más importancia en las Américas, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, por el incremento continuo en el número desplazamientos poblacionales que se presentan en la región, sino también por las consecuencias que estos flujos traen en el ejercicio de derechos políticos fundamentales como la ciudadanía, la representación política y la participación en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Existe, por tanto, una gran distorsión en el origen mismo de la relación entre migración y democracia, porque mientras la primera tendencia implica el desempeño del individuo en un nuevo orden transnacional y globalizado, la segunda le continúa limitando la vigencia de sus libertades básicas al ámbito territorial de los Estados y la soberanía de los países.

La experiencia internacional –la europea en particular-, parecería demostrar que los procesos de integración política son el prerrequisito para corregir esta distorsión, sin embargo, son éstos precisamente los que transcurren con mayor dilación en las diferentes subregiones de las Américas. Cabe resaltar, sin embargo, que el hemisferio ha realizado avances notables en mecanismos innovadores como el voto en el extranjero, la homologación de legislación aplicable a migrantes y la creación de comisiones binacionales que atienden las problemáticas particulares de estos grupos poblacionales, sobretodo en áreas fronterizas. Sin duda, la vinculación de una dimensión político-democrática en el tema de la migración, robustece el Programa Interamericano adoptado por los países miembros en la AG/RES. 2141 y complementa los esfuerzos que se vienen realizando desde otros campos como los derechos humanos, la seguridad y la economía.

Informe de actividades específicas 2005-2006

Aunque el Departamento para la Promoción de la Democracia (DPD) no contó durante el año anterior con programas que atendieran de manera exclusiva los migrantes, el DPD inició una incorporación transversal de esta temática en algunas de las actividades de fortalecimiento institucional que llevaron a cabo los cuatro grupos que componen el Departamento: asuntos electorales, partidos políticos, poderes legislativos y financiación de la política. La puesta en marcha de esta estrategia de transversalidad ha permitido aprovechar los recursos humanos y financieros ya existentes en el DPD para responder a algunas de las demandas que los Estados miembros, sin incurrir en costos adicionales. Este enfoque también ha facilitado al DPD ir ampliando con flexibilidad su acervo de conocimiento, metodologías y lecciones aprendidas en materia migración y democracia.

Asimismo, para dar continuidad a los insumos que el DPD ha venido presentando a los distintos Grupos de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el DPD intentó utilizar los cuatro mecanismos de cooperación incluidos por los países miembros dentro del texto final del Programa Interamericano:


  • Estudios comparativos sobre legislación relativa a la partición política de los migrantes y el voto en el exterior

  • Asesoría técnica a los poderes electorales, parlamentos y partidos políticos en temas como identificación, registro electoral, legislación migratoria e inclusión de sectores subrepresentados en las instituciones representativas.

  • Cursos de capacitación a migrantes para promover su participación en los procesos democráticos.

  • Campañas informativas en los países de origen, tránsito y destino para motivar el ejercicio de los derechos políticos de los migrantes y promover una adaptación digna a los nuevos entornos.

Área Electoral

Esta área ha realizado un proceso de sistematización de las experiencias de voto electrónico en las Américas. A la fecha, 9 de los 34 países han aprobado esta modalidad de participación entre lo que se destacan Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Honduras, Perú, México, Estados Unidos y Venezuela. Otros 5 países han generado algún tipo de provisión en la legislación pero por concepto de constitucionalidad o trámite legislativo aún no se encuentra en funcionamiento. Tal es el caso de países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y la República Dominicana. Los prácticamente 20 casos nacionales restantes aún no cuentan con el dispositivo del voto en el exterior. En el último año el área electoral también ha venido recopilando información sobre los retos que implica la instauración de un sistema de voto en el extranjero, sobretodo en términos de registro de votantes, participación política y costos logísticos y financieros.

Adicionalmente, dentro de los programas de asistencia técnica a las autoridades electorales, el área ha promovido el fortalecimiento de los procesos de identificación y registro electoral de ciudadanos en el exterior. Por ejemplo, en el marco de las tres reuniones interamericanas de autoridades electorales en las que el DPD ha servido de secretaría técnica, se han discutido distintos mecanismos para aprovechar las ventajas que ofrecer las nuevas tecnologías de la información y se ha fomentado la cooperación horizontal entre los órganos electorales para compartir experiencia y adelantar procesos de transferencia de tecnología en materia de voto en el extranjero. Finalmente, el área continúa desarrollando metodologías para evaluar el impacto del voto en el extranjero dentro de los manuales y demás actividades de las Misiones de Observación Electoral de la Organización.

Área de Parlamentos

El tema de la migración y la integración regional siempre han sido parte de la agenda interamericana de modernización parlamentaria que promueve el DPD tanto a nivel de las legislaturas nacionales, como en los diferentes foros interparlamentarios. En este sentido, los integrantes del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL) expresaron su interés de contar con el apoyo del DPD en el tratamiento de los derechos humanos de los migrantes a través de su Comisión de Reforma Política y Electoral. Esfuerzos similares se han llevado a cabo en Centroamérica y el Caribe en temas como terrorismo y lucha contra la corrupción, incluso en coordinación con instituciones como las Naciones Unidas y el Parlamento Centroamericano.



Área de Partidos Políticos

El Foro Interamericano sobre Partidos Políticos que es la estrategia principal que tiene el DPD para adelantar procesos de reforma y modernización de los partidos políticos, ha incluido como uno de sus ejes de acción la inclusión de sectores poblacionales tradicionalmente subrepresentados en la competencia política y las estructuras partidarias. Como resultado de las recomendaciones que fueron realizadas por los países miembros, éste Foro ha identificado a los migrantes como uno de los grupos que requieren especial atención junto con los indígenas, las mujeres, los jóvenes y las comunidades afrodescendientes.

La problemática fue aborda en el Primer Foro Caribeño de Partidos Políticos que se realizó en mayo del año anterior en Montego Bay Jamaica, así como en la reunión del capítulo centroamericano de éste programa que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana en la primera semana de marzo del presente año. Más allá de los mecanismos de acción afirmativa que han demostrado gran efectividad para incrementar la cantidad de líderes de sectores subrepresentados en los parlamentos y los partidos políticos, estas dos reuniones sirvieron para hacer de la capacitación y la democracia interna en los partidos instrumentos que contribuyan a garantizar la calidad y sostenibilidad de estas nuevas formas de representación en el largo plazo.

La facilitación de espacios institucionalizados de diálogo interpartidario ha demostrado ser de gran utilidad para alcanzar consensos básicos sobre temas de interés nacional como la inclusión. Esta experiencia ha sido de gran utilidad en el caso de Guatemala donde el DPD sirve como secretaría técnica del Foro Permanente de Partidos Políticos y ha contribuido a crear redes interpartidarias de mujeres, jóvenes e indígenas que defienden como bancada la protección de sus derechos fundamentales. Este mecanismo ha sido propuesto por diferentes líderes partidarios de CARICOM y la República Dominicana para estrechar los vínculos y la cooperación regional de cara a los retos que enfrenta Haití después de las elecciones. En este caso particular, el tema migratorio ha sido identificado por los mismos actores como una de las prioridades en una eventual agenda de diálogo subregional.



Área del financiamiento de la Política

A partir de los mandatos de la Tercera Cumbre de las Américas y la promulgación de la Carta Democrática Interamericana, el DPD ha asumido la promoción de sistemas de financiamiento políticos equitativos y transparentes como una de las actividades prioritarias para el fortalecimiento de la democracia representativa. Por una parte, las tendencias modernas del quehacer político como el costo creciente de las campañas electorales y la extremada mediatización de la política han tendido a elitizar la política, limitando las oportunidades de vincularse a ella a los sectores vulnerables de la población como los migrantes. Esto es así, no sólo en sus países de origen, sino también por circunstancias obvias en sus lugares de destino. No obstante, el aumento inusitado en el poder adquisitivo de buena parte de estas comunidades y su acceso a nuevos círculos de poder internacional han reactivado el interés de muchos migrantes por tener una mayor representación política en la toma de decisiones que les afectan.

En un análisis comparativo sobre el financiamiento de campañas y partidos políticos que realizó el DPD en los 34 países del hemisferio, se ha puesto a disposición de los Estados un diagnóstico actualizado sobre aspectos de vital importancia como las tendencias en materia de prohibiciones a las contribuciones extranjeras en moneda o en especie a candidatos y partidos políticos. Igualmente se presenta un análisis, desde el punto de vista del fortalecimiento democrático, sobre los riesgos y potencialidades de los flujos de dinero e influencia política que aportan nacionales en el extranjero en regiones como el CARICOM y Centroamérica.


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