Informe de fondo


POSICIÓN DE LAS PARTES Posición de los peticionarios



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POSICIÓN DE LAS PARTES




  1. Posición de los peticionarios





  1. Los peticionarios señalaron que las presuntas víctimas viven con VIH/SIDA, son personas de escasos recursos económicos y la mayoría de ellas viven en zonas alejadas a la ciudad de Guatemala. Señalaron que como personas con VIH/SIDA que se encuentran en un estado en general similar, resulta primordial que reciban atención médica y medicación antirretroviral, así como las pruebas clínicas pertinentes para determinar el avance de la enfermedad. No obstante, indicaron que desde que fueron diagnosticados con VIH/SIDA, entre la década de 1990 y 2006, el Estado no proporcionó ningún tipo de tratamiento médico. Específicamente, indicaron que el Estado no otorgó un tratamiento integral, no efectuó los exámenes necesarios para el conteo de células y no proveyó los medicamentos antirretrovirales.




  1. Señaló que para el año 2002 el Ministerio de Salud había entregado antiretrovirales únicamente a 27 personas, ninguna de las cuales corresponde a las presuntas víctimas. Señalaron que esta situación es contraria a lo dispuesto por la Constitución y, específicamente, por la Ley General para el combate del VIH y del SIDA, adoptada en 2002.




  1. En relación con el derecho a la protección judicial, los peticionarios indicaron que un grupo de casi veinte personas con VIH/SIDA enviaron una carta el 27 de mayo de 2002 al entonces Presidente de la República, Alfonso Portillo, solicitándole que se tomaran las medidas pertinentes para garantizar una atención a todas las personas con VIH/SIDA. Indicaron que se basaron en el artículo 48 de la Ley sobre VIH/SIDA la cual establece que toda persona deberá recibir atención integral de inmediato y en igualdad de condiciones respecto de otras personas. Señalaron que el Presidente de la República no respondió dicha comunicación y que, debido a esta situación, trece de las presuntas víctimas presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el cual fue rechazado.




  1. Informaron que antes de que la Corte de Constitucionalidad emitiera su decisión, en agosto de 2002 tuvieron una reunión con el Presidente de la República. Señalaron que éste les informó que ordenaría la inmediata transferencia de una partida extraordinaria de Q. 500,000.00 para atender el tratamiento de las personas con VIH/SIDA necesitadas, mientras que se tomaba una política seria y comprometida del Estado. Los peticionarios señalaron que dicha transferencia de dinero se efectuó y únicamente sirvió para proveer medicamentos a 80 personas con VIH/SIDA, dentro de las cuales no estaban las presuntas víctimas. Agregaron que no tienen conocimiento por qué dichas personas fueron seleccionadas para recibir el tratamiento.




  1. Indicaron que la Corte de Constitucionalidad rechazó el recurso de amparo presentado debido a la decisión del Presidente de otorgar el monto de dinero señalado, el cual tuvo un carácter extraordinario. Manifestaron que la Corte de Constitucionalidad “no se refirió al objetivo real del amparo” que era la necesidad de que se dictara una política general y universal tendiente a garantizar el acceso a la salud y por ende a la vida de las personas que viven con VIH/SIDA. Indicaron que únicamente tomó en cuenta una iniciativa presidencial de corto alcance, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, que no satisfacía las expectativas de un tratamiento integral requerido por los recurrentes. Señalaron que la concesión del Presidente fue “un paliativo temporal e insignificante ante la magnitud del problema, por lo que su resolución resultó ineficaz”.




  1. Señalaron que para el año 2006 se inició un lento proceso de transferencia de pacientes atendidos por la organización Médicos Sin Fronteras hacia unidades públicas. Señalaron que la atención brindada por dicha organización sin fines de lucro, y no asociada con el Estado, fue esporádica y, en algunos casos, no lo suficientemente adecuada para brindar una respuesta integral a la situación de todas las presuntas víctimas.




  1. Indicaron que el proceso de transferencia resultó sumamente complejo debido principalmente a la incapacidad estatal de contar con espacios físicos adecuados así como de medicamentos necesarios. Agregaron que la atención se concentró exclusivamente en la ciudad de Guatemala, lo cual afectó seriamente el estado de salud de las presuntas víctimas que no residían en dicho lugar. Indicaron que las presuntas víctimas que viven en Coatepeque (3), Retalhuleu (16), Mazatenango (2), San Marcos (9) y Quetzaltenango (2) no tuvieron acceso al tratamiento y a los medicamentos pues su situación económica es precaria y no están en capacidad para costearse los gastos de transporte a la capital.




  1. Indicaron que, posteriormente, el servicio público se amplió a las regiones de Coatepeque, Quetzaltenango e Izabal. Los peticionarios sostuvieron que se ha deteriorado la salud de las personas que no han recibido de forma regular los medicamentes necesarios. Asimismo, indicaron que algunas de las presuntas víctimas que son mujeres pasaron su embarazo sin tener el debido tratamiento y sin la posibilidad de dar un seguimiento adecuado al estado de salud del niño o niña que nació.




  1. En relación con un cuadro presentado por el Estado sobre el estado de salud de las presuntas víctimas, los peticionarios presentaron distintos cuestionamientos. Señalaron que dicho cuadro presenta información imprecisa, incompleta e incorrecta, donde sólo se hace referencia a que las presuntas víctimas “estarían bien de salud”. Señalaron que resulta preocupante que el Estado no informe acerca de qué mecanismos adecuados y efectivos ha tomado para conocer la situación individual de cada una de las presuntas víctimas, así como verificar su adecuada atención.




  1. Indicaron que la información del Estado no menciona cambios recientes ocurridos en el esquema de tratamiento de varias personas ni reporta las fechas en las que fueron practicados los exámenes de carga viral y CD4 más recientes. Agregaron que tampoco informa sobre las diferentes enfermedades oportunistas que afectaron a la casi totalidad de las víctimas.




  1. Manifestaron que incluso el Estado informó sobre una persona que no es presunta víctima en el caso y presentó información errónea sobre el lugar donde recibe atención otra persona, lo cual demuestra su falta de interés en proporcionar un adecuado tratamiento médico a las presuntas víctimas. Indicaron que en los hospitales donde son atendidas varias de las presuntas víctimas no existe provisión de medicamentos antirretrovirales.




  1. Sobre las trece personas que el Estado indicó que no tiene información5, los peticionarios señalaron que resulta preocupante que el Estado no tenga acceso a la información y que carezca de mecanismos adecuados y efectivos para conocer la situación individual de cada uno de ellos.




  1. Los peticionarios señalaron que realizaron una evaluación de los expedientes clínicos de cada una de las presuntas víctimas así como entrevistas directas. Indicaron de manera general que la atención recibida es parcial e identificaron los siguientes problemas comunes: i) la falta de capacidad de diagnóstico de la enfermedad por parte de autoridades estatales lo que las obligó a acudir a instituciones privadas con el fin de obtener un examen; ii) la falta de tratamiento adecuado e integral; iii) el hecho de que exámenes de CD4 y carga viral no son realizados con regularidad y en algunos de los casos no se cuenta con registro de que se hayan realizado; iv) el hecho de que los expedientes clínicos estén incompletos; y v) la falta de asistencia psicológica necesaria.




  1. Indicaron que la propia Comisión Presidencial de Derechos Humanos sostuvo en el año 2008 que “una de las situaciones que se monitorea es la asistencia de los pacientes [de VIH/SIDA] a los centros de atención, pues hay indicativos de falla en la misma”. Agregaron que en el año 2010 se presentaron cerca de 300 denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos por falta de acceso a medicamentos antirretrovirales. Sostuvieron que en octubre de 2010 el Procurador de los Derechos Humanos denunció problemas de desabastecimiento y vencimiento de antirretrovirales, así como la falta de exámenes de carga viral y de CD4.




  1. Con respecto a la violación del derecho a la vida, los peticionarios alegaron que éste fue vulnerado en perjuicio de ocho presuntas víctimas que fallecieron debido a la falta de atención médica del Estado para el tratamiento de las enfermedades que los aquejaron como consecuencia del VIH/SIDA6. Indicaron que la información recabada por la doctora Calderón, quien hace parte de los peticionarios, respecto del deterioro de la salud de las presuntas víctimas y las causas de sus fallecimientos, permite corroborar que las ocho personas sin excepción fallecieron por infecciones oportunistas tales como la tuberculosis o la neumonía. Señalaron que tales infecciones se presentan cuando las defensas de los pacientes están bajas, lo cual demuestra que el esquema de tratamiento que estaban recibiendo no era el indicado. Indicaron que las presuntas víctimas no tuvieron acceso a los medicamentos necesarios para tratar las enfermedades oportunistas que padecían.




  1. Señalaron que si bien algunas presuntas víctimas fallecidas llegaron a contar con tratamiento antirretroviral, carecieron de acceso regular cada seis meses, como lo determinan los protocolos naciones e internacionales, a los exámenes de carga viral, CD4, genotipo y fenotipo, todos indispensables para monitorear la infección, adecuar el esquema de tratamiento cuando sea necesario y prevenir así la aparición de enfermedades oportunistas. Agregaron que el Estado no ha presentado elementos para desvirtuar estos hechos, en particular, que las enfermedades estaban asociadas a la falta de tratamiento y que pudieron ser prevenidas. Agregaron que el Estado guatemalteco no realizó ninguna investigación sobre estas muertes, a pesar de indicar en sus escritos que lo haría.




  1. Los peticionarios también alegaron que el Estado vulneró los derechos a la vida e integridad personal de las presuntas víctimas sobrevivientes. Indicaron que el Estado incumplió con la obligación positiva de prevenir un daño irreparable en la vida, la integridad y la salud de las presuntas víctimas debido a que no ha adoptado las medidas necesarias para proveerles atención médica adecuada, lo que pone en riesgo inminente su vida. Los peticionarios manifestaron que el deber del Estado de adoptar medidas positivas se acentúa en relación con la protección de la vida y la salud de las personas en especial situación de vulnerabilidad como son, en su consideración, las personas con que viven con VIH/SIDA. Señalaron que el derecho a la vida y a la integridad personal está innegablemente ligado con el derecho a la salud en el presente caso, lo que obliga para el Estado la efectiva prestación de servicios de salud pública.




  1. Señalaron que en un primer momento hasta los años 2006 y 2007, el Estado no proveyó de ningún tipo de medicamentos y atención a las presuntas víctimas y que, por el contrario, se adoptaron disposiciones legislativas que dificultaban el acceso a los medicamentos antirretrovirales, en particular a los medicamentos genéricos que son menos costosos pero que tienen los mismos efectos. Agregaron que la legislación tiende a proteger los productos nuevos en el mercado guatemalteco, fabricados por laboratorios transnacionales, restringiendo la accesibilidad y producción de productos genéricos los cuales son importados o producidos por laboratorios nacionales, cuyos precios son notoriamente más bajos que los productos con marca registrada.




  1. Indicaron que las presuntas víctimas recibieron tratamiento temporal de un organismo internacional sin fines de lucro. Agregaron que el hecho de que algunas de las víctimas hayan sido diagnosticadas por entidades privadas no releva al Estado de su obligación de complementar y supervisar el actuar de estos entes privados. Asimismo, rechazaron los argumentos del Estado relacionados con la falta de atención médica debido a la falta de recursos económicos del gobierno. Indicaron que el Estado no puede excusarse de sus obligaciones internacionales por razones económicas.




  1. Según los peticionarios, entre los años 2006 y 2007 las presuntas víctimas dejaron de recibir atención de la organización Médicos Sin Fronteras, debido a su carácter temporal. Agregaron que sus casos fueron transferidos a centros públicos de salud. Señalaron que desde esa época hasta la fecha la atención que el Estado ha proveído a las presuntas víctimas resulta sumamente deficiente y no es de carácter integral.




  1. Indicaron que para las personas con VIH/SIDA una atención integral que contemple medicamentos antiretrovirales y tecnologías como la prueba de carga viral y CD4 es garantía de vida, tanto en la calidad como en la extensión de la misma. Precisaron que todas las personas que viven con VIH/SIDA requieren de tratamiento médico específico que incluya mínimamente la terapia antiretroviral y educación para el mejor consumo de los medicamentos, las pruebas sobre carga viral y el tratamiento de las enfermedades oportunistas. Señalaron que los antirretrovirales, los cuales son una combinación de medicamentos que bloquean la reproducción del VIH/SIDA dentro del organismo, son considerados el tratamiento ideal para prevenir la progresión del VIH/SIDA, logrando una clara mejoría en la salud y haciendo que las personas tengan una vida normal, laboral y social por muchos años.




  1. Indicaron que debido a las muertes de ocho presuntas víctimas por la falta de atención del Estado, se puede presumir que las presuntas víctimas sobrevivientes se encuentran en grave riesgo. Señalaron que la atención médica inadecuada que han recibido las presuntas víctimas por parte del Estado ha agravado sus condiciones de salud. Reiteraron que la mayoría de las presuntas víctimas sobrevivientes ha padecido de enfermedades oportunistas, que con la realización de exámenes y la provisión de medicamentos adecuados eran fácilmente prevenibles. Entre estas enfermedades citaron las siguientes: desnutrición crónica, anemia, sordera, infecciones respiratorias recurrentes, neumonía, trauma ocular, infecciones urinarias, etc.




  1. Señalaron que la atención del Estado es ineficiente porque i) se han presentado grandes períodos de desabastecimiento de medicamentos; ii) existen problemas de accesibilidad para acceder a tratamiento debido a la poca cantidad de centros públicos que tienen algún tipo de servicio para personas con VIH/SIDA; iii) existe una falta de personal; y iv) existe una falta de exámenes necesarios para el buen manejo del VIH/SIDA, así como la aparición de enfermedades oportunistas. Señalaron que todos estos factores han generado que la salud de las víctimas se esté deteriorando rápidamente, con el inminente riesgo de morir.




  1. Los peticionarios señalaron que ante la ausencia de una atención adecuada se han visto obligados a buscar alternativas para tratar de salvar sus vidas, recurriendo a donaciones de medicamentos o a la compra de los mismos. Señalaron que la falta de exámenes ha hecho imposible determinar el tratamiento más adecuado.




  1. Respecto del derecho a la igualdad ante la ley, señalaron que en un primer momento sólo 27 personas con VIH/SIDA recibían medicamento antiretroviral por parte del Estado, lo que constituía el 0.7% del total de personas que padecen la enfermedad. Señalaron que el 99.3% de las personas enfermas, dentro de las que se incluyen a las presuntas víctimas “con idéntico derecho, tienen que ver como su enfermedad constituye una sentencia de muerte dictada por el propio Estado, ya que el acceso a los medicamentos les está vedado”. Manifestaron que esto constituyó una flagrante discriminación en su contra.




  1. Indicaron que posteriormente, con la transferencia de las presuntas víctimas a servicios estatales bajo un tratamiento irregular, se creó una distinción con las personas que también tiene VIH/SIDA y que no son atendidas por el Estado, a pesar de que todas están bajo circunstancias iguales. Señalaron que el Estado se encuentra obligado a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar la situación discriminatoria existente con respecto a las presuntas víctimas del caso, a quienes no se les ha proporcionado una atención médica que les permita llevar a cabo una vida digna, en condiciones de igualdad. Sostuvieron que en la mayoría de casos se ha brindado a las víctimas un tratamiento inadecuado que ha empeorado su situación de salud y vida.




  1. En relación con el desarrollo progresivo del derecho a la salud, los peticionarios indicaron que el derecho a la salud incluye obligaciones de efecto inmediato, por ejemplo, evitar la discriminación, así como de garantizar que ciertos fármacos, conocidos como medicamentos esenciales, estén disponibles y accesibles en toda su jurisdicción. Señalaron que de acuerdo a la OMS, dentro de estos medicamentos se encuentran los antirretrovirales. Indicaron que no obstante, el Estado no les proveyó de estos medicamentos de manera absoluta hasta los años 2006 y 2007; y posteriormente lo hizo de manera parcial e intermitente.




  1. Finalmente, en relación con el derecho a la integridad personal, los peticionarios presentaron una lista de familiares y seres queridos de las presuntas víctimas que se han visto afectados por los hechos del caso. En relación con los cuestionamientos del Estado sobre la lista, los peticionarios indicaron que en la misma están familiares o seres queridos que han acompañado a las presuntas víctimas a lo largo de su enfermedad y de su lucha para recibir atención y tratamiento médico. Señalaron que en algunos casos las presuntas víctimas no pudieron acudir a sus familiares directos por temor a ser rechazados pues fueron estigmatizados por su propia familia. Agregaron que resulta común en Guatemala que personas de una misma familia no estén registrados con los mismos apellidos. Asimismo, indicaron que la calificación de una misma persona como víctima y como familiar de otra víctima no implica una duplicidad pues se trata de condiciones distintas.






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