Informe Anual 2018 Cap. G colombia



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  1. ACTIVIDAD PROCESAL




  1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes, 27 de septiembre de 2016, 29 de agosto de 2017 y 23 de julio de 2017.




  1. La parte peticionaria no ha presentado información adicional sobre el cumplimiento desde la fecha de emisión del Informe de Homologación.




  1. El Estado por su parte no ha presentado información sustancial sobre el cumplimiento del acuerdo desde la fecha de emisión del Informe de Homologación.




  1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA




Cláusula del Acuerdo

Estado de Cumplimiento en el 2018

Información relevante proporcionada por las partes

PRIMERO.-

Realizar un acto de dignificación, acompañado de una ceremonia privada en la cual de acuerdo al deseo expresado por los familiares de las víctimas, se arrojarán las cenizas de los restos mortales de la señora Gloria González al mar. Este acto simbólico, contará con un acompañamiento psicosocial, por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien se encargará de la ejecución de esta medida.



Total14

SEGUNDA.-

Realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación que ofrece el Estado colombiano mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.



Pendiente

Información no proporcionada: las partes no han presentado información sobre las medidas adoptadas para cumplir con este extremo del acuerdo.

Tomando en consideración la información disponible, la Comisión considera que la medida continúa pendiente de cumplimiento.




TERCERA.-

El Estado gestionará un auxilio por $50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M C/TE) para la menor D, con el objetivo de financiar la educación técnica o tecnológica y solventar los gastos de manutención. El valor del auxilio se aumentará a $70.000.000 (SETENTA MILLONES DE PESOS MC/TE) si la beneficiaria escoge una carrera profesional. La beneficiaria de la medida debe realizar los trámites pertinentes para ser admitida en el centro de estudios respectivos y realizará los programas que ofrezca la institución universitaria que permitan garantizar su adecuado rendimiento académico.


Teniendo en cuenta que la beneficiaria se encuentra cursando educación secundaria, el auxilio se hará efectivo una vez culminen la totalidad del ciclo educativo formal estipulado en el Artículo 11 de la ley 115 de 1994.

En todo caso, el auxilio debe ser utilizado en un término no mayor de diez (10) años contados desde la firma del presente acuerdo, o de lo contrario se entenderá por cumplido este punto del acuerdo. Esta medida estará a cargo del Ministerio de Educación y el lcetex.



Pendiente

Información no proporcionada: las partes no han presentado información sobre las medidas adoptadas para cumplir con este extremo del acuerdo.

Tomando en consideración la información disponible, la Comisión considera que la medida continúa pendiente de cumplimiento.




CUARTA.-

Se brindará atención integral en salud desde una perspectiva psicosocial y con enfoque reparador en virtud de las afectaciones sufridas como consecuencia de los hechos a D, Jennifer Johanna, Luisa Fernanda, Carlos Josué Londoño González (hijos de la señora Gloria González) y al señor Carlos Enrique Londoño Zapata (Cónyuge de la señora Gloria González) (sic). Los beneficiarios de esta medida tendrán atención integral en salud desde una perspectiva psicosocial y con enfoque reparador en virtud de las afectaciones sufridas. Es por ello, que el Ministerio de Salud y Protección Social implementará las medidas de rehabilitación en salud constitutivas de una atención médica, psicológica y psicosocial a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI). Se garantizará un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a las personas que lo requieran, previa manifestación de su voluntad, y por el tiempo que sea necesario.


Para el acceso a la atención en salud integral, se garantizará el otorgamiento de cualquier tipo de medicamentos, así como los tratamientos que se requieran (que comprenden salud física, mental y psicológica) a los beneficiarios de las medidas, al tiempo que tendrán una atención preferencial y diferencial en virtud de su condición de víctimas.
Se brindará atención especial a la niña D quien además del daño psicológico, sufrió lesiones físicas al momento de la muerte de su madre, es por ello que contará con una cobertura integral por la EPS del régimen en el que está afiliada y se le realizará un cambio periódico de la prótesis, así como la entrega de los elementos necesarios de consumo diario y de higiene y los medicamentos para la lubricación de la prótesis.

Pendiente


Información no proporcionada: las partes no han presentado información sobre las medidas adoptadas para cumplir con este extremo del acuerdo.

Tomando en consideración la información disponible, la Comisión considera que la medida continúa pendiente de cumplimiento.




QUINTA.-

El Estado dará aplicación a la Ley 288 de 1996, una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios de orden moral derivados de la lesión padecida por D, exclusivamente para el señor Carlos Enrique Londoño Zapata (padre) y para Luisa Fernanda, Jennifer Johana y Carlos Josué Londoño González (hermanos), quienes no fueron indemnizados por estos perjuicios en el proceso de reparación directa adelantado ante el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín, en los términos y bajo los parámetros establecidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre y cuando se acrediten los perjuicios en la forma establecida por el ordenamiento jurídico interno.


Las partes le solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la homologación del presente acuerdo y prelación en la emisión del informe de artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el mismo se hace necesario para la ejecución de varios de los puntos contenidos en el Acuerdo de Solución Amistosa.

Pendiente

Información no proporcionada: las partes no han presentado información sobre las medidas adoptadas para cumplir con este extremo del acuerdo.

Tomando en consideración la información disponible, la Comisión considera que la medida continúa pendiente de cumplimiento.




SEXTA.- ADENDA AL ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA / 29 de septiembre de 2015
En materia de justicia, el Estado se compromete a continuar con el avance del proceso penal en curso, con el fin de esclarecer los hechos y proferida la decisión que en derecho corresponda, sancionar a los responsables que resultare de ella.


Pendiente

En su Informe Anual, la Comisión dio cuenta de que el Estado indicó, en comunicaciones del 14 de agosto y 21 de octubre de 2015, que la investigación inició el 10 de mayo de 2002, con el auto de apertura de instrucción dictado por el Juzgado 23 Penal Militar y que el 15 de mayo de 2015, el Juez 32 Penal Militar remitió la investigación a la Fiscalía 11 Penal Militar, en donde se encuentra “en turno para proceder a su calificación”.

El Estado mencionó que se han iniciado acciones para impugnar la competencia de la jurisdicción penal militar en varias oportunidades. En ese sentido informó a esta Comisión, que el 18 de diciembre de 2002, la Procuraduría 192 Judicial Penal solicitó el cambio de jurisdicción, por lo cual el Juez 23 Penal Militar envió la documentación a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. El 2 de marzo de 2004, la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió auto rechazando la competencia y propuso un conflicto de competencias negativo, por lo cual el asunto se habría elevado ante el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Disciplinaria, que resolvió el 7 de junio de 2004 que no se había trabado en legal forma el conflicto de competencias, por lo que se enviaron las diligencias nuevamente al Juez 23 Penal Militar.


Estado indicó de manera general, que con posterioridad al 29 de septiembre de 2004, la Procuraduría General de la Nación solicitó el envío de las diligencias a la Justicia Ordinaria, y que el Juez de Brigadas decidió no remitirlas y ordenó al Juzgado 87 Penal Militar continuar con la Investigación. El Estado informó que el Juez 87 de Instrucción Penal Militar ordenó el envío de las diligencias a la Fiscalía General de la Nación por considerar que la justicia penal militar no era competente para conocer el asunto. Finalmente, el Fiscal 18 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario emitió auto el 1 de septiembre de 2010, en donde decidió no aceptar la competencia y causó nuevamente un conflicto de competencia negativo, por lo cual el proceso permaneció ante el Juzgado 87 Penal Militar. Según lo informado por el Estado, el 15 de mayo de 2015 el Juez 32 Penal Militar remitió la investigación a la Fiscalía 11 Penal Militar para el cierre de la etapa instructiva, y en la actualidad se está a la espera de su calificación.
En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión  observó que la naturaleza del bien jurídico lesionado no es de carácter castrense, por lo cual el procesamiento de los responsables correspondería a la justicia común. Lo anterior es de fundamental relevancia si se toma en consideración que la misma justicia interna dentro del trámite contencioso administrativo, reconoció que existen al menos indicios de un posible uso excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes que actuaron en un operativo que en principio gozaba de legalidad. En relación a lo anterior, la Comisión recuerda que la posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se le imputa un delito ordinario, por el sólo hecho de estar en servicio, implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido, aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido en su jurisprudencia constante que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”. Por lo anterior, la Comisión continuará la supervisión del cumplimiento de este punto de acuerdo a los estándares interamericanos aplicables.
Información no proporcionada: las partes no han presentado información sobre las medidas adoptadas para cumplir con este extremo del acuerdo.

Tomando en consideración la información disponible, la Comisión considera que la medida continúa pendiente de cumplimiento.







  1. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA




  1. La Comisión observa que las partes no han presentado información sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa desde la fecha de la emisión del Informe de Homologación.




  1. Por lo anterior, la CIDH considera que no hay información disponible para realizar el análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2018.




  1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO




  1. La Comisión observa con preocupación que no han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa desde su homologación.




  1. Por todo lo anterior, la CIDH insta a las partes a conformar una mesa de trabajo para crear una hoja de ruta hacia la implementación de las medidas pendientes de cumplimiento, y a mantener informada a la Comisión de los avances que se presenten, de manera que pueda valorar el cumplimiento de su decisión.




  1. La CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información sobre los puntos 2, 3, 4, 5 y 6.




  1. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO




  1. Resultados individuales del caso




  • El Estado realizó un acto de dignificación de la memoria de Gloria González, acompañado de una ceremonia privada en la cual de acuerdo al deseo expresado por los familiares de las víctimas, se arrojaron sus cenizas al mar.

  • El Estado brindó un acompañamiento psicosocial, por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, durante la ejecución de la medida relacionada con el acto de dignificación.



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 43/16

CASO 11.538

HERSON JAVIER CARO

(Colombia)


  1. RESUMEN DEL CASO




Víctima (s): Herson Javier Caro

Peticionario (s): Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, hoy denominada Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Estado: Colombia

Informe de Admisibilidad Nº: 72/09, publicado el 5 de agosto de 2009

Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº: 43/16, publicado el 7 de octubre de 2016

Relatoría vinculada: Niños, Niñas y Adolescentes

Temas: Campesinos/Uso de la fuerza/ Ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias/ Investigación
Hechos: El asunto se refiere la ejecución extrajudicial de Herson Javier Caro, en el municipio de El Castillo, jurisdicción de Medellín del Ariari, Colombia el 15 de noviembre de 1992, quien tenía entonces 15 años de edad y habría fallecido a causa de heridas recibidas por los integrantes de una patrulla militar del Ejército Nacional de Colombia. Los peticionarios alegaron que la mañana del 15 de noviembre de 1992, Herson Javier a sus quince años de edad, se habría dirigido al caserío de Puerto Unión a vender unos kilos de café. Ese mismo día, una patrulla del Ejército Nacional de Colombia, adscrita al Batallón de Infantería 21 Vargas, habría realizado una serie de retenes y allanamientos en el caserío Puerto Unión. Dicha patrulla habría instalado un retén en las entradas y salidas del lugar, a muchos de los pobladores los habrían sometido a malos tratos. Cuando Herson Javier se percató de lo que ocurría, habría salido corriendo. Los integrantes de la patrulla militar, al ver que Herson Javier corría, habrían disparado en su contra, falleciendo unas horas después a causa de las heridas recibidas.
Derechos alegados: La Comisión concluyó que era competente para conocer el presente caso y declaró que la petición era admisible respecto a los artículos 4(1), 5(1), 8(1) 19 y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana. Asimismo, decidió declarar inadmisible el caso a efectos del examen sobre la presunta violación de los artículos 7, 10 y 11 de la Convención Americana, notificar el informe a las partes y ordenar su publicación en su informe anual.



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