Informe Anual 2018 Cap. G colombia


ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA



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  1. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA




  1. La Comisión considera que la información proporcionada por las partes en 2018 es relevante dado que es actualizada e incluye las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa. Ambas partes presentaron información dentro del plazo otorgado por la CIDH.




  1. Por lo anterior, la CIDH considera que hay información disponible para realizar el análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2018.




  1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO




  1. La Comisión observa que han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en los últimos años. La Comisión observa que el Estado aportó documentación a través de la cual se pudo corroborar el cumplimiento total de la cláusula segunda y el cumplimiento parcial sustancial de la cláusula cuarta. Por lo que insta a las partes a trabajar conjuntamente en la definición de fórmulas que permitan medir e impulsar el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa.




  1. Por todo lo anterior, la CIDH insta al Estado a realizar reuniones de trabajo con la participación de los peticionarios para crear una hoja de ruta que permita lograr el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa.




  1. La CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información sobre las cláusulas 3, 4, 5, 6 y 7 del acuerdo de solución amistosa.




  1. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO




  1. Resultados individuales del caso




  • El Estado realizó un reconocimiento expreso de responsabilidad.

  • El Estado realizó el pago de la reparación económica, según lo acordado.

  • El Estado se encuentra brindando a la beneficiaria el servicio de atención médica y puso a su disposición la atención psicológica.


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 10/15

CASO 12.756

MASACRE ESTADERO EL ARACATAZZO

(Colombia)


  1. RESUMEN DEL CASO




Víctima (s): Masacre Estadero El Aracatazzo

Peticionario (s): Luis Felipe Viveros Montoya, José Luis Viveros Abisambra y Juan Esteban Montoya Hincapié

Estado: Colombia

Informe de Acuerdo de Solución Amistosa.: 10/15, publicado el 30 de enero de 2015

Informe de Admisibilidad Nº.: 47/10, publicado el 18 de marzo de 2010

Relatoría vinculada: Unidad de Memoria, Verdad y Justicia

Temas: Ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias/ Derecho a la vida/ Masacre/ Derecho a las garantías judiciales/ Derecho a las garantías de protección judicial/ Investigación
Hechos: El caso se refiere a los hechos sucedidos el día 12 de agosto de 1995, cuando miembros de grupos paramilitares asesinaron a 18 personas en el estadero “El Aracatazzo”, municipio de Chigorodó, Antioquia, con la aquiescencia de agentes de la fuerza pública que se encontraban en un retén del Batallón de Infantería No. 46 del Ejército Nacional. En ese sentido, los agentes omitieron el deber de adoptar medidas de protección frente a los disparos que se produjeron y socorrer a la población civil, a pesar de su cercanía al estadero y de haber escuchado los disparos. Con posterioridad a los hechos, no hubo una investigación penal ni disciplinaria de los involucrados, habiendo transcurrido más de 10 años sin que se sancionara a los presuntos responsables de los hechos mencionados.
Derechos declarados admisibles: La Comisión concluyó que era competente para entender el caso de autos y que la petición era admisible con relación a los artículos 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales), y 25 (derecho a las garantías de protección judicial) de la Convención Americana en concordancia con su artículo 1.1, en cumplimiento con los requisitos previstos en sus artículos 46 y 47 y decidió notificar a las partes y publicar su informe en su informe anual.




  1. ACTIVIDAD PROCESAL




  1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes, los días 29 de agosto de 2017 y 24 de julio de 2018.




  1. El Estado proporcionó información los días 7 de noviembre de 2016, 13 de febrero de 2017, 12 de abril de 2017, 8 de junio de 2017, 15 de noviembre de 2017 y 8 de octubre de 2018.




  1. Los peticionarios proporcionaron información el 21 de julio de 2017. Los peticionarios no proporcionaron información en el 2018.




  1. El 6 de julio de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con la facilitación de la Comisión, con el fin de impulsar el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa.




  1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA




Cláusula del Acuerdo

Estado de Cumplimiento en el 2018

Información relevante proporcionada por las partes

PRIMERO.- Reconocimiento de responsabilidad.

En atención a los hechos ocurridos el día 12 de agosto de 1995 en el estadero "El Aracatazzo" (Sic), ubicado en el barrio El Bosque del municipio de Chigorodó - Antioquia, en los cuales un grupo al margen de la ley asesinó los señores Jorge Luis Julio Cárdenas, Luis Alberto Guisao Ríos, Mélida María Jiménez Borja, Leonardo Minota Mosquera, Francisco Leonardo Panesso Castañeda, Willinton de Jesús Tascón Duque, Héctor Alonso Tascón Duque, Libia Úsuga Úsuga y Jorge Iván Zúñiga Becerra; el Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por omisión en su deber de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, el Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la integridad personal (art. 5) en relación a los familiares de las víctimas.



Total10

SEGUNDA.- En materia de justicia.
Las partes reconocen los avances que han existido en materia de justicia en el presente caso. Sin embargo, el Estado se compromete a continuar con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos.

Parcial Sustancial 2018

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión acogió positivamente el reconocimiento conjunto de ambas partes sobre los diferentes avances en materia de justicia, en particular las acciones de investigación, juzgamiento y condena de 12 de los involucrados en la masacre que tuvo lugar en el estadero El Aracatazzo, y en el mismo sentido, instó al Estado a actuar con la mayor celeridad para cumplir con las medidas de reparación dispuestas en el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes.
El 7 de noviembre de 2016, el Estado presentó información sobre las diversas actuaciones realizadas desde la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, el Estado informó que mediante resolución de fecha 16 de octubre de 2014 dicha autoridad dispuso que la investigación se enmarque dentro de la categoría “crímenes de sistema representados en los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.” En este sentido, la Fiscalía General mediante resoluciones de fecha 8 de mayo y 3 de noviembre de 2015 resolvió la situación jurídica de cinco miembros del Ejército Nacional por la presunta ejecución, en calidad de coautores, del delito de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo de 18 personas, y una más en grado de tentativa, imponiéndoles detención preventiva en centro carcelario. Tras la aprehensión de tres de los sindicados, la Fiscalía General mediante resolución de fecha 16 de marzo de 2016, decretó con respecto a los mismos el cierre parcial de la investigación.

En su Informe Anual de 2017, la Comisión dio cuenta de que el 21 de julio de 2017, los peticionarios reiteraron información presentada con anterioridad, indicando que, en materia de justicia, observan con beneplácito la resolución mediante la cual el Fiscal General de la Nación ordenó remitir la investigación penal adelantada por la Fiscalía 91 de la UNDH y DIH, a la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, toda vez que en razón de dicha decisión, el Fiscal 33 Especializado de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto asumió el conocimiento de la investigación, y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los peticionarios confirmaron la información presentada por el Estado en materia de avances en la investigación y agregaron que se ha ordenado la captura y detención preventiva de 18 personas por delitos en personas protegidas, y asimismo se dictó el auto de acusación el 26 de abril de 2016, el cual se encuentra en firme.


El 6 de julio de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Lima, Perú, con la facilitación de la CIDH. En dicha reunión, los peticionarios indicaron que en julio de 2016 se decretó la nulidad parcial de la investigación penal por parte del Tribunal Superior de Bogotá, y que fue presentado un recurso de revisión por parte de la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2016 que todavía no había sido resuelto, y que en consecuencia se dio el cierre parcial de la investigación. Los peticionarios destacaron igualmente que hace 14 meses se inició la etapa de juicio y juzgamiento contra algunos de los acusados, incluyendo a un capitán y un sargento que continúan prófugos de la justicia después de 22 años.
El 8 de octubre de 2018, el Estado presentó un informe de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual informó que las actuaciones en contra de Sergio Enrique Jérez García y Víctor Julio Jerez Flórez se identifica con el radicado 2538 a la fecha presentaba siguientes avances:


    • Los procesados Pérez García y Jerez Florez, manifestaron su interés de acogerse a la jurisdicción especial para la paz, por lo que presentaron la solicitud de suscripción del acta de sometimiento el suscrito Fiscal decidió suspender

    • El Fiscal Séptimo Especializado contra la Corrupción decidió suspender definitivamente la orden de captura No. 0159900 que pesa en contra del sindicado Sergio Enrique Pérez García, conforme los lineamientos de la ley 1820 de 2016 acogidos en el Decreto 706 de 2017 que dispuso la aplicación de "un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación" de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico y siendo consecuentes con los compromisos que ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha asumido el procesado. Por su parte el sindicado Jerez Flórez está a la espera de la suscripción del acta en cuanto se le otorgue fecha y hora en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

En cuanto al recurso de Revisión, el Estado informó que fue asignado al Magistrado Álvaro Valdivieso Reyes con el radicado 11001220400020160210600, sin que hasta la fecha se haya decidido de fondo frente a la pretensión de la Fiscalía de remover la "cosa juzgada" dentro del radicado 270 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

En relación con los proceso que se encuentran en etapa de juicio, el Estado informó que:


    • La causa 05000310700320170059200, el 19 de diciembre de 2017 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado dictó sentencia condenatoria en contra de Álvaro Géz Mesa, imponiéndole la pena de 480 meses de prisión, a 120 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y a la multa de 39.000 S.M.L.M.V.

    • La causa 050003107002016-00326, fue asignada al Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, autoridad ésta a la que se le dio traslado de su solicitud con el fin de que dé la respuesta de su competencia.

Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por el Estado, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento parcial sustancial y así lo declara.



TERCERA.- Medidas de satisfacción y rehabilitación

El Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación que ofrece el Estado colombiano mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.




Parcial Sustancial 2018

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión dio cuenta de que el Estado señaló que el día 17 de septiembre de 2015 se sostuvo una reunión en la ciudad de Medellín con los representantes de las víctimas en la cual la Unidad para las Víctimas presentó el modelo de atención, asistencia y reparación integral; y les fue solicitado a los representantes los datos de las víctimas para incluirlos en el Plan de Atención Psicosocial y de Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI) como parte de las medidas de asistencia y rehabilitación de la Ley 1448 del 2011. El Estado afirmó que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se están realizando gestiones para lograr la afiliación de manera prioritaria y la inclusión en el PAPSIVI, con el fin de implementar distintas acciones. Finalmente, el Estado concluyó que se han realizado diferentes reuniones de concertación con los representantes de las víctimas en lo referente a las medidas de satisfacción y rehabilitación en las cuales se ha reiterado que la implementación de las medidas se realizará una vez se termine el proceso de pago de indemnización a las víctimas.

Sin embargo, los peticionarios indicaron que en cuanto a la inclusión de las víctimas al PAPSIVI, en diciembre de 2016, la Unidad para las Víctimas les informó de manera verbal sobre las dificultades que tenía el Ministerio de Salud para efectuar la afiliación de algunas de las víctimas, y hasta la actualidad, no han recibido información nueva. Los peticionarios indicaron que no han recibido información del Estado acerca de la afiliación definitiva de los familiares al PAPSIVI.

El 8 de octubre de 2018, el Estado informó que Jorge Eliecer Julio, Luis Alfonso Julio, Julio Amaya, Arleiber Barrientos, Jorge Andrés Barrientos, Adolfo Gómez y Daniel Gómez se encuentran registradas en el Registro Único de Victimas (RUV), sin embargo, indicó que no posee información de Ana Paola, debido a que no informa su plena identificación para realizar las validaciones correspondientes.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por el Estado, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento parcial sustancial y así lo declara.


CUARTA.- Garantías de no repetición

El Estado colombiano se compromete a continuar con los programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro de las fuerzas armadas colombianas. Asimismo, se compromete a incluir el caso 12.756 Masacre Estadero "El Aracatazzo" (Sic) como tema de estudio y análisis en los eventos de capacitación extracurricular en materia de derechos humanos en las diferentes escuelas de formación y capacitación.



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QUINTA.- Reparación Pecuniaria.

El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los siguientes perjuicios:



  • El daño moral ocasionado directamente a las víctimas Jorge Luis Julio Cárdenas, Luis Alberto Guisao Ríos, Mélida María Jiménez Borja, Leonardo Minota Mosquera, Francisco Leonardo Panesso Castañeda, Willinton de Jesús Tascón Duque, Héctor Alonso Tascón Duque, Libia Úsuga Úsuga y Jorge Iván Zúñiga Becerra, por los hechos ocurridos en el estadero "El Aracatazo" en el barrio El Bosque del municipio de Chigorodó - Antioquia.




  • El daño moral que llegara a probarse sufrido a favor de Jorge Eliecer Julio Gutierrez, Luis Alfonso Julio Gutierrez, Ana Paola Julio Amaya, en calidad de hijos de la víctima Jorge Luis Julio Cárdenas. Asimismo, el daño moral que llegara a probarse en favor de Arleiber de Jesús Barrientos Usuga, Jorge Andrés Barrientos Úsuga, Adolfo Enrique Gómez Usuga y Daniel Jose Gómez Usuga, hijos de la víctima Libia Úsuga Úsuga.

Total 2018

En su Informe de Homologación del presente caso, la Comisión tomó nota de la información presentada conjuntamente por las partes en escrito de 24 de diciembre de 2014, según la cual lo referido a la reparación pecuniaria fue determinado tomando como referencia la solicitud de conciliación extrajudicial que presentaron conjuntamente los peticionarios y el Ministerio de Defensa el 9 de agosto de 2011 ante la Procuraduría General de la Nación, que según las partes constituye materialmente el acuerdo entre las partes sobre ese punto en específico. Asimismo, la Comisión valora y resalta positivamente que el Estado colombiano haya declarado como delito de lesa humanidad, los hechos objeto de la investigación seguida por la Fiscalía General de la Nación radicada con el No. 081 DINAC Masacre el Aracatazzo.
El Estado señaló que en fecha 9 de febrero del 2016 los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho, y de Defensa Nacional, en su calidad de miembros del Comité de Ministros, expidieron la resolución N° 0578 del 2016 con un concepto favorable y para los efectos de la Ley 288 de 1996 respecto a las víctimas que no hubiesen sido indemnizadas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En este sentido, el Estado agregó que como resultado de diferentes reuniones con los representantes de las víctimas, en las que fueron definidos los montos por perjuicios inmateriales para cada una de las víctimas, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional adoptó decisión, la cual fue aceptada por los representantes de las víctimas. A la fecha, la solicitud de conciliación conjunta en el marco de la Ley 288 de 1996 se encuentra radicada ante la Procuraduría General de la Nación y a la espera del trámite de ley.
El 8 de octubre de 2018, el Estado informó que el Ministerio de Defensa de la Nación procedió a realizar el pago de la indemnización a los beneficiarios del acuerdo de solución amistosa, mediante resolución No. 1528 del 08 de marzo de 2018. Informó que procedió al pago de 1,387,204,479.20 pesos a favor de Jorge Eliecer Julio Gutiérrez y otros, a través de su apoderado. Por lo que solicitó que la CIDH declarara el cumplimiento total de la presente cláusula.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por el Estado, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento total y así lo declara.




  1. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA




  1. La Comisión considera que la información proporcionada por el Estado en 2018 es relevante dado que es actualizada e incluye las medidas adoptadas de las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa. El Estado presentó información dentro del plazo otorgado por la CIDH. La parte peticionaria no presentó información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo.




  1. Por lo anterior, la CIDH considera que hay información disponible para realizar el análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2018.




  1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO




  1. La Comisión observa que han existido avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el último año. La Comisión observa que el Estado aportó documentación a través de la cual se pudo corroborar el cumplimiento total de la cláusula quinta del acuerdo y el cumplimiento parcial sustancial de las cláusulas segunda y tercera del mismo.




  1. La Comisión observa con preocupación que la parte peticionaria no ha presentado información actualizada sobre el cumplimiento de las medidas establecidas en el acuerdo de solución amistosa, y le insta para que mantenga informada a la CIDH en relaciona los avances que se den en el presente caso.




  1. Por todo lo anterior, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información sobre las cláusulas 2 y 3 del acuerdo de solución amistosa.




  1. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO




  1. Resultados individuales del caso




  • El Estado realizó el reconocimiento de la responsabilidad.

  • El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado dictó sentencia condenatoria en contra de Álvaro Géz Mesa.

  • El Estado registró a las víctimas en el Registro Único de Victimas (RUV).




  1. Resultados estructurales del caso




  • El Estado realizó programas de capacitación extracurricular desarrollados en múltiples jornadas entre 2015 y 2017, coordinados por la Jefatura de Educación Continuada y Doctrina Conjunta, abarcado diferentes unidades militares y policiales dentro del territorio nacional. Las capacitaciones tuvieron como metodología el estudio de casos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y el mecanismo de solución amistosa como alternativa de resolución eficaz de las denuncias ante la CIDH.




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