Informe Anual 2018 Cap. G colombia


ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA



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  1. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA




  1. La Comisión considera que la información proporcionada por las partes en 2018 es relevante dado que es actualizada e incluye las medidas adoptadas de las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa.




  1. Por lo anterior, la CIDH considera que hay información disponible para realizar el análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2018.




  1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO




  1. La Comisión observa que han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en los últimos años. La Comisión observa que el Estado aportó documentación a través de la cual se pudo corroborar el cumplimiento total de los numerales 2 y 3 de la cláusula tercera, y el numeral 3 de la cláusula cuarta.




  1. La CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido, y que su nivel de ejecución es sustancial, por lo que insta al Estado a suministrar información sobre las cláusulas segunda, numerales 1 y 2 de la cláusula cuarta y la cláusula quinta.




  1. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO




  1. Resultados individuales del caso




  • El Estado indemnizó a los familiares de las víctimas declaradas en el informe final de la CISVT.

  • El Estado mejoró 105 viviendas y la construyó 36 viviendas en el marco del plan de inversión social que fueron entregadas a unos familiares de las víctimas.

  • El Estado realizó las gestiones administrativas necesarias con el objeto de lograr la titulación de las viviendas construidas.




  1. Resultados estructurales del caso




  • El Estado expidió la Ley 288 de 1996 en cumplimiento de la recomendación No. 8 del Informe final.

  • El Estado reconoció su responsabilidad internacional, el 31 de enero de 1995, por los hechos del caso en un acto encabezado por el entonces Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano.

  • El Estado reconoció su responsabilidad internacional, el 14 de julio de 2-16, por los hechos del caso en un acto encabezado por el entonces Ministro de Justicia y Derecho, Yesid Reyes.

  • El estado aportó recursos para la compra del terreno del Parque Monumento de Trujillo Valle.

  • El Estado profirió la sentencia de 22 de septiembre de 2010 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y declaró sin valor los fallos absolutorios del 4 de enero de 1991 y del 20 de septiembre del mismo año, del Tribunal Superior de Orden Púbico.

  • El Estado profirió las sentencias penales emitidas por los hechos contra el paramilitar Henry Loaiza Ceballos alias el "Alacrán", el Mayor (r) del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña y el Teniente de la Policía Nacional José Fernando Berrio Velásquez.

  • El Estado realizó un documental audiovisual sobre los esfuerzos realizados por los familiares de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia a lo largo de los años.

  • El Estado ortogó un apoyo económico por sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000) a la Asociación Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT) para ser invertido en el desarrollo de una agenda cultural que aporte al mejoramiento del parque Monumento de Trujillo Valle del Cauca, como medida de reparación simbólica que reivindique y dignifique la memoria de las víctimas y sus familiares.



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 235/17

CASO 12.712

RUBÉN DARÍO ARROYAVE

(Colombia)


  1. RESUMEN DEL CASO




Víctima (s): Rubén Darío Arroyave

Peticionario (s): Jose Luis Viveros Abisambra y Luis Felipe Viveros Montoya- Centro de Derechos Humanos de Antioquia

Estado: Colombia

Informe de Admisibilidad Nº: 69/09, publicado el 5 de agosto de 2009

Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº: 135/17, publicado el 25 de octubre de 2017

Relatoría vinculada: Personas Privadas de Libertad

Temas: Personas privadas de la Libertad/Centros de detención/Condiciones de detención/Comisarías/Cuidado y Custodia/Investigación/ Sistema Penitenciario/Investigación
Hechos: El caso se refiere a la responsabilidad del Estado por la falta de investigación y sanción de los responsables del secuestro y homicidio de Rubén Darío Arroyave Gallego, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado el día 20 de noviembre de 1995. Los peticionarios alegaron que Rubén Darío Arroyave, quien tenía una discapacidad, habría sido secuestrado y asesinado por miembros de grupos armados ilegales mientras se encontraba retenido en una prisión ubicada en el municipio de El Bagre. Según lo alegado por los peticionarios, el Estado habría fallado en su deber de protección y custodia del señor Arroyave Gallego, y no habría investigado los hechos sucedidos ni habría indemnizado a los familiares de la presunta víctima. Los peticionarios alegaron que el señor Arroyave Gallego tenía una discapacidad que le ocasionaba serias crisis del comportamiento. Según lo indicado por los peticionarios, producto de uno de estos episodios, el señor Arroyave Gallego habría cometido un delito de hurto agravado por el cual fue condenado. Los peticionarios indicaron que Rubén Darío Arroyave se encontraba recluido en un centro carcelario bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, que no era acorde con su condición médica, ya que no contaba con el personal médico, ni con los medios necesarios para atender a una persona con una discapacidad de esa naturaleza. Asimismo, los peticionarios indicaron que al ser un oficial retirado de las fuerzas militares que se había desempeñado en zonas de alta peligrosidad con presencia de grupos armados ilegales, la presunta víctima temía por su vida y había solicitado en múltiples oportunidades ser trasladado a una institución acorde con su condición médica y nivel de riesgo particular. Los peticionarios alegaron que el 20 de septiembre de 1995, unos hombres pertenecientes a un grupo armado ilegal no identificado, habrían irrumpido violentamente en las instalaciones de la cárcel del municipio de El Bagre y se habrían llevado Rubén Darío Arroyave Gallego, quien habría sido ejecutado sumariamente en el municipio vecino de Zaragoza, también ubicado en el Departamento de Antioquia, donde fue encontrado su cuerpo sin vida. Los peticionarios no indicaron el momento estimado de su fallecimiento ni la duración del secuestro. Los peticionarios indicaron que las autoridades estatales, tanto policiacas como carcelarias, no habrían desplegado ninguna acción para prevenir el secuestro de Rubén Darío Arroyave, ni para perseguir a sus captores una vez fue sacado por la fuerza del centro de detención.
Derechos declarados admisibles: La Comisión concluyó que era competente para entender el presente caso y que la petición era admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, a efectos del examen sobre la presunta violación de los artículos 4(1), 8 (Garantías judiciales) y 25 (Garantías de protección judicial) en concordancia con el artículo 1(1) y 2 de la Convención Americana, notificar el informe a las partes, ordenar su publicación e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.




  1. ACTIVIDAD PROCESAL




  1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes los días 24 de julio y 16 de agosto de 2018.




  1. El Estado proporcionó información el 7 de agosto de 2018.




  1. Los peticionarios proporcionaron no proporcionaron información en el 2018.




  1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA




Cláusula del Acuerdo

Estado de Cumplimiento en el 2018

Información relevante proporcionada por las partes

PRIMERO.- Reconocimiento de responsabilidad

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por omisión en su deber de garantizar los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3); el derecho a la vida (artículo 4); el derecho a la integridad personal (artículo 5.1), y; el derecho a la libertad personal (artículo 7.1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en favor de Rubén Darío Arroyave Gallego.


Esto, con fundamento en que el señor Arroyave Gallego se encontraba bajo la custodia del Estado en un centro carcelario, y por esa razón, por encontrarse en una relación de especial sujeción al poder estatal, la administración debía responder de manera plena por su seguridad y protección.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado también reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5.1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los familiares de Rubén Darío Arroyave Gallego, debido a la angustia generada por su sustracción del centro carcelario, y la incertidumbre sobre las causas y circunstancias que rodearon su muerte.

Declarativa

SEGUNDA.- Medidas de satisfacción

El Estado de Colombia, se compromete a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad privado, en el cual se hará entrega de una carta de disculpas a la familia de la víctima.


El apoyo logístico y técnico de estas medidas estará a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Total 2018

El 7 de agosto de 2018, el Estado informó que el acto de reconocimiento de responsabilidad privado se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2017, en la ciudad de Medellín, el acto fue presidido por la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, quien a nombre del Estado colombiano pidió perdón a las víctimas y reconoció la responsabilidad estatal por los hechos. Asimismo en el acto estuvieron presentes 7 familiares de la víctima, quienes contaron con un acompañamiento previo en una jornada de atención realizada el 17 de diciembre de 2017. Finalmente, el Estado solicitó que la CIDH declarara el cumplimiento total de la medida. Asimismo, el Estado proporcionó a la CIDH copia de las palabras de la Consejera Presidencial para los DDHH.

La parte peticionaria no presentó información sobre el cumplimiento del acuerdo.

Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por el Estado, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento total y así lo declara.


TERCERA.- Reparación pecuniaria

El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios inmateriales que llegaren a probarse a favor de los familiares de la víctima que no han sido indemnizados a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.



Parcial 2018

El 7 de agosto de 2018, el Estado informó que el Comité de Ministros que trata la Ley 288 de 1996 se reunió el 18 de enero de 2018, resolvió favorablemente y acordó que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) sería la entidad encargada de dar trámite al procedimiento establecido en la Ley 288 de 1996. Finalmente, el Estado informó que en el mes de julio la ANDJE había realizado las mesas de trabajo con los representantes de las víctimas, con el fin de llegar a un acuerdo y presentar una propuesta conjunta de conciliación a la Procuraduría General de la Nación. El ANDJE señaló que el caso iba a ser remitido al Comité Interno de Conciliación de la entidad para aprobar la propuesta de conciliación.

La parte peticionaria no presentó información sobre el cumplimiento del acuerdo.



Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por el Estado, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento total y así lo declara.




  1. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA




  1. La Comisión considera que la información proporcionada por el Estado en 2018 es relevante dado que es actualizada e incluye las medidas adoptadas de las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa. El Estado presentó información dentro del plazo otorgado por la CIDH. La parte peticionaria no presentó información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo.




  1. Por lo anterior, la CIDH considera que hay información disponible para realizar el análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2018.




  1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO




  1. La Comisión observa que han existido avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el último año. La Comisión observa que el Estado aportó documentación a través de la cual se pudo corroborar el cumplimiento total de la cláusula segunda del acuerdo y el cumplimiento parcial de la cláusula tercera del mismo.




  1. La Comisión observa con preocupación que la parte peticionaria no ha presentado información actualizada sobre el cumplimiento de las medidas establecidas en el acuerdo de solución amistosa, y le insta para que mantenga informada a la CIDH en relaciona los avances que se den en el presente caso.




  1. La CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información sobre el cumplimiento total de la cláusula tercera del acuerdo.




  1. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO




  1. Resultados individuales del caso




  • El Estado realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad.



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 136/17

CASO 12.714

MASACRE DE BELÉN- ALTAVISTA

(Colombia)


  1. RESUMEN DEL CASO




Víctima (s): Masacre de Belén- Altavista

Peticionario (s): Luis Felipe Viveros Montoya, José Luís Viveros Abisambra, Centro de Derechos Humanos de Antioquia y Juan Esteban Montoya Hincapiéc

Estado: Colombia

Informe de Admisibilidad Nº: 71/09, publicado el 5 de agosto de 2009

Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº: 136/17, publicado el 25 de octubre de 2017

Relatoría vinculada: N/A

Temas: Ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias/ Investigación
Hechos: El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial de Samir Alonso Flórez, Elkin de Jesús Cano Arenas, Mauricio de Jesús Cañola Lopera, Eduard Andrey Correa Rodríguez, Henry de Jesús Escudero Aguirre, los hermanos Oscar Armando Muñoz Arboleda y Jair de Jesús Muñoz Arboleda, Germán Ovidio Pérez Marín, Norbei de Jesús Ramírez Dávila, Johnny Alexander Ramírez Luján, Berley de Jesús Restrepo Galeano, Juan José Sánchez Vasco, Jharley Sánchez Ospina, Nelson de Jesús Uribe Peña, Carlos Gonzalo Usma Patiño, Leandro de Jesús Vásquez Ramírez; y las lesiones personales ocasionadas a Yeison Javier Aristizabal y Carlos Andrés Peña Ramírez, el 29 de junio de 1996 en el corregimiento de Belén- Altavista, ubicado en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Los peticionarios alegaron que miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional de Colombia, realizaban labores de inteligencia entre 1995 y 1996 en “Brigadas Cívicas”, con el fin de identificar a posibles miembros de grupos subversivos. En dicho contexto, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (en adelante CTI), habrían detenido arbitrariamente a un grupo de habitantes del corregimiento de Belén-Altavista para interrogarlos sobre el paradero de miembros de grupos subversivos en la zona. Según lo indicado en la petición, al no obtener respuesta, y después de cotejar un archivo fotográfico, los agentes estatales habrían abierto fuego contra los detenidos, producto de lo cual habrían fallecido 16 personas y otras dos habrían resultado heridas.
Derechos declarados admisibles: La Comisión concluyó que era competente para entender el presente caso y que la petición era admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, en lo que respecta a las supuestas violaciones de los derechos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), 11 (derecho a la protección de la honra y la dignidad) y 25 (derecho a las garantías de protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en relación a los artículos 1 y 2 del mismo instrumento.



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