Informe Anual 2018 Cap. G colombia


ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA



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ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA




  1. La Comisión considera que la información proporcionada por las partes en 2018 es relevante dado que es actualizada e incluye las medidas adoptadas de las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa. Ambas partes presentaron información dentro del plazo otorgado por la CIDH.




  1. Por lo anterior, la CIDH considera que hay información disponible para realizar el análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2018.




  1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO




  1. La Comisión observa que han existido avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el último año. La Comisión observa que el Estado aportó documentación a través de la cual se pudo corroborar el cumplimiento parcial de la cláusula segunda; los numerales 3, 5, 6 y 7 de la cláusula tercera, y la cláusula cuarta del acuerdo. La Comisión no observó avances en el cumplimiento del numeral 4 de la cláusula tercera del acuerdo.



  1. Al mismo tiempo, la Comisión toma nota del obstáculo identificado por las partes para la definición de la lista de beneficiarios de la medida establecida en el numeral 4 de la cláusula tercera del acuerdo, e insta a las partes a remitir la lista elaborada conjuntamente a la brevedad a efectos de determinar la viabilidad de modificar el Informe de Homologación de manera que se incluya taxativamente a los beneficiarios y que se pueda avanzar con la implementación de dicha medida.




  1. La CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información actualizada sobre la cláusula segunda; los numerales 3, 4. 5, 6 y 7 de la cláusula tercera, la cláusula cuarta del acuerdo, hasta su cumplimiento total.




  1. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO




  1. Resultados individuales del caso




  • El Estado entregó los restos mortales de la víctima;

  • El Estado realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad;

  • El Estado está brindando la medida educativa a los beneficiarios;

  • El Estado está brindando la medida de cobertura en salud a través de la EPS a los beneficiarios;

  • El Estado está brindando a los beneficiarios el servicio de atención psicosocial a través del PAPSIVI.



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 68/16

CASO 11.007

MASACRE DE TRUJILLO

(Colombia)


  1. RESUMEN DEL CASO




Víctima (s): masacre de Trujillo

Peticionario (s): Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Corporación Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo

Estado: Colombia

Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº: 68/16, publicado el 30 de noviembre de 2016

Relatoría vinculada: Unidad de Memoria, Verdad y Justicia

Temas: Masacre/ Investigación
Hechos: El caso se refiere a la responsabilidad de la República de Colombia por los hechos violentos ocurridos en el municipio de Trujillo y territorios aledaños, Departamento del Valle del Cauca, entre 1988 y 1990. Los peticionarios denunciaron una pluralidad de conductas que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos, a través de “una cadena de acciones criminales de amplio alcance, en la cual participaron miembros de la fuerza pública con poder de mando, en alianza estrecha con traficantes de droga y cuerpos armados civiles a su servicio”. Según lo alegado por los peticionarios, las instancias estatales resultaron ineficaces frente a los hechos ocurridos y los perpetradores de los hechos fueron cubiertos por un manto de impunidad, al emitirse una sentencia absolutoria a su favor en septiembre de 1991. En la petición original, los peticionarios alegaron de manera general y sin dar detalles, que el marco fáctico denunciado comprendía ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones que habrían sucedido en el municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o en territorios aledaños, entre 1988 y 1990. Alegaron que se habría configurado una “cadena de acciones criminales de amplio alcance, en la cual participaron miembros de la Fuerza Pública con poder de mando, en alianza estrecha con traficantes de droga y con cuerpos armados de civiles a su servicio”. Los peticionarios denunciaron que las instancias internas de administración de justicia habrían sido totalmente ineficaces, por lo que una “asombrosa impunidad” habría rodeado los hechos del caso, lo cual indicaba la existencia de “síntomas de profunda corrupción al más alto nivel”. En particular, los peticionarios indicaron de manera

general y sin indicar fechas, que el Juzgado III de Orden Público que se avocó la investigación de los hechos del caso, emitió una sentencia absolutoria a favor de quienes fueron vinculados al proceso, y que dicha decisión habría sido confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Orden Público en septiembre de 1991.


Derechos alegados: Los peticionarios alegaron que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección a la honra y dignidad), 16 (libertad de asociación) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante ”la Convención Americana”), todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) del mismo instrumento.



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