Informe Anual 2014 Capitulo V jamaica


Recientes medidas para combatir la impunidad



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1. Recientes medidas para combatir la impunidad


  1. El Estado informa que continúa siendo una prioridad el establecimiento y la aplicación de sistemas y procedimientos de rendición de cuentas con mecanismos de control internos y externos que se apliquen a todas las autoridades que jueguen un papel en la implementación de la seguridad ciudadana. En julio de 2014, el Ministro de Seguridad Nacional, Peter Bunting, declaró en el Parlamento que algunos de los socios internacionales del Estado retiraron su apoyo a determinadas unidades dentro de la FPJ por su preocupación en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad.62




  1. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que las ejecuciones sumarias y la corrupción siguen siendo grandes problemas que afectan la fuerza policial de Jamaica.63 Desde el Informe de 2012, continúan los obstáculos para el establecimiento de responsabilidad y la persistencia de la impunidad se refleja en el bajo número de casos de disparos por parte de la policía que llegan a los tribunales penales64. JFJ identificó que todavía existen contratiempos y desafíos como se ilustra en las instancias en las que agentes de la policía se retrasan en informar a la INDECOM sobre los casos de disparos mortales, lo cual permite a los oficiales eliminar o interferir las pruebas forenses y balísticas vitales. JFJ ha declarado que los agentes de FPJ conspiran en las declaraciones antes de presentarlas y que oficiales de la policía siguen dando las órdenes para las autopsias y desfiles de identificación lo cual crea serios conflictos de interés para las investigaciones de la INDECOM.


2. Investigaciones sobre escuadrones de la muerte y agresiones: la Comisión de Investigación Tivoli Gardens


  1. Una de las más recientes manifestaciones estatales de muertes violentas y lesiones a manos de las fuerzas de seguridad se vio en la incursión de Tivoli Gardens. Como la CIDH recordó en su Informe de 2012, la incursión de Tivoli Gardens involucró una operación conjunta militar y policial que se inició en dicha localidad en mayo de 2010.65 El objetivo principal de la operación era la ejecución de una orden emitida por los tribunales para el arresto de Michael Christopher “Dudus” Coke. La información recibida por la CIDH indicó que los enfrentamientos armados violentos con la policía y las fuerzas de seguridad resultaron en que unas 73 personas resultaran muertas durante la emergencia66. Adicionalmente, más de 4,000 jamaiquinos fueron detenidos bajo las disposiciones del estado de emergencia.67




  1. Luego del informe interino sobre la Incursión de Tivoli Gardens preparado por la Oficina del Defensor Público (“ODP”) el 29 de abril de 2013, el Gabinete de Jamaica era de la opinión de que la comisión de investigación sobre Tivoli Gardens debía ser utilizada como una herramienta de investigación.68




  1. Como información actualizada, el gobierno de Jamaica ha designado una Comisión de Investigación encabezada por Sir David Simmons (Miembro del Tribunal Supremo de Barbados), Hazel Harris y el Profesor Anthony Harriot (Director del Instituto Criminal de Seguridad y Justicia de la Universidad de las Antillas (University of West Indies).69 La Comisión de Investigación se juramentó el 29 de agosto de 2014.70




  1. El mandato de la Comisión de Investigación incluye indagar la conducta de las fuerzas policiales en las operaciones de Tivoli Garden y áreas relacionadas durante el Estado de Emergencia de mayo de 201071; si los derechos de cualquier persona o personas fueron vulnerados en alguna de las comunidades afectadas o relacionadas, ya sea por agentes del orden público o por otras personas, la forma y el alcance de tales violaciones, y por quien se perpetraron72; si cualquier negligencia en el cumplimiento del deber o conducta ilegal es atribuible a una (s) persona (s) en la cadena de mando en relación con la decisiones vinculadas a la ejecución de las operaciones de las fuerzas de seguridad en Tivoli Gardens y áreas afines en mayo de 2010; y la naturaleza y el alcance de tales negligencias o conducta ilegal.73




  1. Sin embargo, se han planteado interrogantes sobre el alcance y la legalidad del mandato. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación de que el mandato no especifica "la necesidad de que la Comisión de Investigación refiera los asuntos a las fiscalías pertinentes en caso de que obtenga información que indique que los individuos identificados pudieron haber sido responsables de cometer, ordenar, fomentar, o permitir abusos contra los derechos humanos; o que establezca su complicidad en tales abusos.”74 Tampoco se prevé la investigación de denuncias específicas de violaciones de derechos humanos en relación con las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los arrestos que se denunciaron durante la incursión. Por último, ha surgido la preocupación de que el mandato no se diseñó para que la Comisión de Investigación evaluara las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad contra el derecho internacional de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a normas internacionales específicas sobre el uso de armas de fuego.75




  1. En respuesta al borrador del presente informe, el Estado de Jamaica tomó nota de los comentarios realizados por organizaciones de la sociedad civil sobre la actual Comisión de West Kingston (“la Comisión de Investigación de Tivoli Gardens”). El Estado señala que parte de las interrogantes planteadas por estas entidades no están llamadas a ser resueltas a través de una investigación.76 Se indicó que la Comisión de West Kingston no estaba llevando a cabo las funciones investigativas con la intención de suplantar la función de la policía o la INDECOM.77 El Estado enfatizó que la Comisión de West Kingston actúa con miras a proveer un informe al Gobernador General con el fin de tomar otras medidas.78 Por consiguiente, la investigación no tiene la intención de sustituir los retos legales de los tribunales por violaciones o la persecución penal por los alegados crímenes que se cometieron.79




  1. La CIDH considera que las preocupaciones planteadas presentan puntos válidos que deben ser abordados en el curso de una investigación y que es importante para el Estado avanzar con celeridad con medidas que garanticen la clarificación y la justicia. La Investigación de Tivoli inició el 1 de diciembre de 201480 y la CIDH continuará monitoreando sus resultados.


E. La debida diligencia para prevenir, impedir y reprimir legalmente los actos de violencia y la delincuencia


  1. Además de lo mencionado en los párrafos 34 al 42 sobre los esfuerzos del Estado para actuar con la debida diligencia en el combate de la impunidad a través de consultas investigativas, el Estado también está tomando otras medidas en este sentido. De acuerdo a la información oficial, se han adoptado acciones para asegurar que el FPJ actúe con la debida diligencia. El Ministro de Seguridad Nacional instruyó al Comisionado de la Policía para que “completara y promulgara” protocolos con la INDECOM dentro de las fuerzas del orden de la FPJ en los siguientes temas: políticas de arrestos, preservación de la escena del incidente (y la primacía de la INDECOM en la escena del crimen), la notificación inmediata a la INDECOM, las presentaciones balísticas, las revisiones administrativas, los relatos oficiales independientes y la ausencia de colaboración en los relatos de los incidentes, y finalmente, la presentación de las declaraciones de los oficiales.81 El tema de acceso a la justicia en estos casos es analizado en más detalle en los párrafos 75 al 83.




  1. En noviembre de 2014, el Ministro de Seguridad Nacional Peter Bunting anunció que se hicieron planes para disminuir la actuación policial al estilo paramilitar, por lo cual se verá menos personal de la policía vestido con mezclilla azul, chalecos antibalas e innecesariamente armados con rifles de asalto.82 El gobierno de los Estados Unidos suministró al Estado 3,400 equipos que incluyen los siguientes elementos no letales: un bastón retráctil, un bote de spray de pimienta, un par de esposas y un cinturón de herramientas.83 Se espera que los equipos fomenten el uso de métodos menos fuertes para aplicar la ley, incluyendo el uso letal de armas de fuego.84




  1. El Ministro de Seguridad Nacional también expresó sus planes de utilizar cámaras que se llevan en el cuerpo en ciertas unidades de la FPJ para mejorar la recolección de evidencia de actividades criminales; mejorar la transparencia de las actividades del FPJ cuando interactúan con el público; incentivar que los oficiales de la FPJ actúen de acuerdo con los estándares profesionales de la Fuerza, incluyendo aquellos estándares relativos al uso apropiado de la fuerza; y finalmente, a crear un registro de agentes de la policía con acusaciones injustas de violaciones a las normas profesionales de la FPJ.85




  1. La CIDH valora los cambios adoptados, tales como llevar cámaras en el cuerpo, que han probado ser efectivos en otras jurisdicciones, y da la bienvenida a información sobre estas iniciativas en el futuro.


F. Modernización y profesionalización de la fuerza policial


  1. El Estado ha informado a la CIDH que en respuesta a sus recomendaciones h(i) y (ii), todos los miembros de la FPJ reciben un entrenamiento al ingresar a la Fuerza sobre los derechos y libertades fundamentales que se encuentran establecidos en la Constitución, particularmente el derecho a la vida.86 De acuerdo al Estado, el entrenamiento de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley dentro de la FPJ, está diseñado para promover el trato de manera justa e imparcial a todos los individuos, con sensibilidad a la identidad de género, la orientación sexual y factores religiosos, y con conciencia sobre la diversidad cultural y la discriminación.87




  1. Un tema central del entrenamiento es el marco legal para la protección de grupos vulnerables como las mujeres, que han estado expuestas a crímenes sexuales o violencia doméstica.88 El entrenamiento se desarrolla durante más de ocho horas de práctica en derechos humanos llevadas a cabo por abogados y más de tres días de capacitación en asesoramiento para-profesional desarrollada por el Departamento de Psicología de la Universidad del Norte del Caribe.89 La FPJ también se apoya en instructores procedentes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo miembros del Poder Judicial, la Oficina del Director de Fiscalía Pública (“DPP”), el Centro para la Investigación de los Delitos Sexuales y el Abuso Infantil (“CISOCA”), la Universidad de las Antillas (“UWI”), y una serie de ONGs de derechos humanos.90




  1. Sin embargo, JFJ informó a la CIDH que el entrenamiento de las fuerzas del orden, aunque alabado por el Estado, se lleva a cabo por organizaciones de la sociedad civil y que no hay una formación institucionalizada para los oficiales de policía. Cabe destacar que la formación inicial sólo se extiende por ocho sesiones y no continúa más allá de la etapa de reclutamiento. JFJ informó que la capacitación no es integral o sostenida91 y que el entrenamiento tampoco lo es.




  1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA




  1. En el Informe de 2012 la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado en relación a la administración de justicia:

a. Poner fin a la impunidad policial llevando adelante de manera enérgica los casos en todos los niveles en los cuales se acuse a agentes del Estado de haber usado una fuerza excesiva.


b. Ampliar, apoyar y continuar el seguimiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita para las personas que se encuentren en el sistema de justicia penal y no puedan pagar a un abogado.


  1. Establecer un órgano independiente para investigar las faltas de conducta de la policía, a fin de eliminar la posibilidad de conflictos de intereses, y proporcionarle suficiente personal, fondos, recursos y equipo.




  1. Continuar capacitando a los agentes de policía sobre el estado de derecho y los derechos humanos.




  1. Emplear un número suficiente de investigadores forenses y expertos en balística y mantener personal de apoyo y equipo para las autopsias, las pruebas forenses y las pruebas de balística.




  1. Proporcionar los recursos y las condiciones de trabajo necesarios para que los patólogos forenses y otros especialistas, como los expertos en balística, puedan concluir su trabajo de forma oportuna y eficiente.




  1. Crear un sistema para examinar las decisiones de la Dirección de Fiscalías Públicas de no entablar una acción en casos de violencia policial.




  1. Dotar de suficiente personal a los tribunales forenses, mantenerlos y poner fin a la costumbre de usar “miembros del jurado profesionales”, a fin de que no haya un sesgo a favor de la policía que obstaculice la justicia.




  1. Fortalecer el programa de protección de testigos con objeto de salvaguardar a aquellos que acepten participar en el sistema de justicia penal y cerciorarse de que los agentes de policía sigan sus directrices estrictamente.




  1. Aclarar el alcance de las atribuciones de la Comisión Independiente y cerciorarse de que pueda realmente llevar a cabo investigaciones y manejar casos para bien de la justicia y la rendición de cuentas.


A. Impunidad policial


  1. Jamaica indica que las bajas a veces son el resultado de un uso justificable de la fuerza por parte de la policía como defensa propia en el cumplimiento de sus labores. Al mismo tiempo, el Estado reconoce que los desafíos persisten en relación con los alegados abusos por parte de sus agentes.92




  1. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que durante los últimos cuatro años, más de 1,000 jamaiquinos han perdido sus vidas como resultado de acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Jamaica, principalmente la Fuerza Policial de Jamaica (“FPJ”).93 Casi la mitad de estos casos están siendo investigados por la Comisión Independiente de Investigaciones (“INDECOM”) como fatalidades ‘Categoría A’, es decir, fatalidades que fueron el resultado de circunstancias en las que puede que no haya habido ninguna justificación para la acción tomada, o negligencia.94




  1. Como se mencionó en el párrafo 32, la organización Jamaiquinos por la Justicia (“JFJ”) ha indicado que en 2013, 258 civiles fueron muertos a tiros por la policía; y que en enero de 2014 hubo 22 muertes a manos de las fuerzas de seguridad. JFJ sostiene que desde agosto de 2014, 96 civiles fueron ejecutados por la policía (un promedio de 3 civiles por semana).95 Sostienen que, en la actualidad, solo cuatro oficiales han sido condenados por asesinato.96




  1. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación debido a que la impunidad dentro de la FPJ continúa siendo un grave problema que socava la confianza y credibilidad de la fuerza policial y del sistema de justicia penal como institución.97




  1. Los informes sobre ejecuciones extrajudiciales y otras denuncias contra las fuerzas de seguridad, que constituyen alegatos de violaciones a los derechos fundamentales, son investigados por INDECOM. INDECOM se estableció en agosto de 2010 con el objetivo de investigar los tiroteos cuestionables por la FPJ y la Fuerza de la Defensa de Jamaica (“FDJ”)98. INDECOM deriva su autoridad para realizar investigaciones relativas a las acciones de los miembros de las fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado de la Ley INDECOM. El artículo 13 de la referida Ley establece que INDECOM puede emprender una investigación por iniciativa propia.99 De conformidad a la sección 20 de la Ley INDECOM100, el Comisionado de INDECOM y su personal de investigación tienen los mismos poderes, facultades y privilegios que la policía en el ejercicio y conducción de sus funciones investigativas contra miembros de las fuerzas de seguridad y agentes estatales.101 La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado a través del papel de INDECOM para el fortalecimiento de la respuesta de la policía a los abusos policiales y la impunidad.




  1. Según el Estado, estadísticas recientes han mostrado que INDECOM ha presentado 118 cargos contra miembros de las fuerzas de seguridad, y a la fecha ha asegurado ocho condenas.102 La Dirección de Fiscalía Pública se reserva el derecho de iniciar la persecución contra los oficiales de la policía en el curso normal de sus obligaciones. El Estado sostiene que, si bien ha habido quejas desde hace tiempo de que la oficina del DPP no es suficientemente atenta en la persecución de oficiales de la policía, INDECOM está ahora disponible como otra vía para entablar acciones contra agentes de la policía.103 La Corte Constitucional de Jamaica ha dictaminado que INDECOM también puede arrestar y procesar personal de seguridad, y que estas facultades otorgadas por estatuto no se encuentran en conflicto con el poder constitucional del DPP para procesarlas.104 Por consiguiente, en adición a los poderes estatutarios otorgados bajo la Ley de INDECOM, INDECOM también recibe su autoridad del derecho común (common law).




  1. La Comisión Interamericana identificó en su Informe de 2012 deficiencias estructurales que han contribuido a perpetuar la impunidad. Aunque se han tomado medidas para mejorar la respuesta, los esfuerzos deben ser desarrollados e intensificados aún más.


1. Ámbito de competencias de la Comisión Independiente


  1. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que la creación de INDECOM ha constituido una mejoría en relación al establecimiento de responsabilidad, y que desde su creación se ha producido un notable avance en la manera y la seriedad con la que se tratan las denuncias de abuso.105 Sin embargo, la falta de cooperación entre INDECOM y DPP, y los desafíos a la autoridad de INDECOM por FPJ, obstaculizan el buen funcionamiento de INDECOM.106




  1. Teniendo en cuenta los desafíos a la autoridad de INDECOM y la ejecución de su mandato operacional, los acontecimientos recientes que aclaran las competencias de la Comisión Independiente pueden ser alentadores. En un incidente reciente, oficiales de la policía fueron emplazados en conexión con la muerte a tiros de Derrick Bolton y Rohan Dixon, de 16 años de edad, en 2010.107 Los agentes de policía no cumplieron y desafiaron la autoridad del INDECOM ante el Tribunal Constitucional, que sostuvo que INDECOM actuó dentro del ámbito de aplicación de la ley cuando solicitó a los oficiales que ofrecieran declaraciones en relación con los disparos mortales.108




  1. En su decisión la Corte Constitucional sostuvo que INDECOM tiene poderes para arrestar y acusar miembros de la policía sin una orden de DPP.109 También sostuvo que no hay requisito alguno que establezca la necesidad de una decisión del DPP antes de que miembros de la fuerza policial sean arrestados y acusados por agentes de INDECOM. Además, los poderes que poseen los funcionarios de INDECOM de arrestar, acusar y procesar a miembros de la fuerza policial de ninguna manera socavan la autoridad constitucional de DPP, que aún conserva la autoridad para asumir el control y/o suspender cualquier acción penal cuando dicha acción se estime oportuna por DPP.




  1. La Corte Constitucional declaró en su sentencia escrita que INDECOM debe tener la facultad de iniciar acciones judiciales, debido al mandato otorgado a INDECOM y la reconocida existencia de las facultades otorgadas por el derecho común a personas privadas para iniciar una acción penal.110 La Corte reconoció que la Sección 25 de la Ley de INDECOM, que requiere un investigador a solicitud de DPP en relación a las acciones judiciales que surjan de un incidente, para asistir a la Corte y proveer la ayuda que requiera DPP en relación a los procedimientos instituidos bajo la Ley, no excluye el ejercicio de las facultades otorgadas por el common law al INDECOM o sus agentes para procesar los asuntos que ha investigado.111 La Corte también consideró que existen garantías significativas y adecuadas puestas en funcionamiento para gobernar cualquier proceso en caso de que este no debía de haber avanzado o que su continuación no sea de interés público.112




  1. Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación de que invalidar la autoridad de DPP para asumir o descontinuar los procesos ha llevado al procesamiento de muy pocos casos por ejecuciones extrajudiciales. Se aducen dos razones: primero, la parcialidad institucional a favor de la policía; y segundo, que las investigaciones son tan pobres que los procesos exitosos son poco probables.113 Organizaciones de la sociedad civil han informado a la CIDH que existe un atraso en el procesamiento de casos que involucran ejecuciones extrajudiciales y que el promedio de tiempo que se toma para determinar si debe iniciar la acción penal es entre dos y tres años.114




  1. El procesamiento de pocos casos de ejecuciones extrajudiciales también se ha atribuido a la falta de un marco legislativo robusto en este contexto. Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil han resaltado que el Estado no ha aprobado legislación crucial, como regulaciones a la Ley de Evidencia, lo cual proporcionaría avances en este sentido.115




  1. Usando el ejemplo del caso de Kemar Walters, organizaciones de la sociedad civil ilustraron los desafíos para entablar la acción penal en casos de ejecución extrajudicial. El señor Walters desapareció en 2004 y agentes de la policía fueron acusados de su muerte. Un policía fue encontrado culpable en un veredicto con una mayoría de nueve votos pero el juez desestimó el caso.116 En octubre de 2014, DPP señaló que no procesaría el caso del señor Walters debido a los altos costos en que incurriría, estimados en JA$20 millones.117 DPP prefirió esperar a que se apruebe la implementación de regulaciones sobre la prueba, lo cual permitiría el uso de testimonio de video para los casos de testigos en el extranjero, probablemente a finales de 2015.118 Las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas de que no existe una manera para cuestionar la discreción de DPP de procesar o suspender un caso en particular, también les preocupa que las regulaciones de la prueba propuestas tomaran mucho más tiempo en ser implementadas, debido a la necesidad de preparar a los tribunales con la tecnología necesaria.




  1. El Estado de Jamaica reconoce que persisten los desafíos con respecto a los alegatos de abuso por agentes del Estado119. Sin embargo, el Estado señala que es importante notar que no todas las muertes a manos de agentes de la policía son ejecuciones extrajudiciales ya que pueden ser bajas como resultado del uso justificado de la fuerza por parte la policía en la ejecución legítima de sus funciones o como defensa personal.120 El Estado reforzó su compromiso para asegurar que todos los alegatos de ejecuciones extrajudiciales sean investigados de manera apropiada, y cuando exista un caso prima facie, se inicie la acción penal.121




  1. En respuesta al borrador de este informe, el Estado enfocó su atención en la discusión de la CIDH sobre el juicio de Kemar Walters. En relación a la unanimidad del veredicto, el Estado señaló que siempre que un ciudadano se encuentra en un juicio por asesinato, el veredicto debe ser unánime para que la fiscalía asegure una condena.122 Con referencia a las secciones 31 y 32 de la Ley de Jurados, el Estado indicó que un veredicto de nueve personas sólo se acepta en casos de homicidio involuntario.123




  1. Como indicó la CIDH en su Informe de 2012, en todas las etapas de la investigación hay problemas identificables que contribuyen a la impunidad, incluyendo la falta de imparcialidad de la institución investigadora, la manipulación de pruebas, y una severa falta de recursos.124 La CIDH continúa preocupada por esta “cadena de casualidades” que se ilustra cuando las deficiencias en una etapa crean deficiencias en etapas posteriores.125 En este sentido, la opinión de la CIDH es que sin un cronograma claro sobre cuándo las regulaciones de la Ley de Evidencias serán convertidas en ley, el patrón de impunidad continuará en relación a las deficiencias estructurales en la administración de justicia.126


2. Desafíos para el mandato de INDECOM


  1. A pesar de ciertos pasos positivos, INDECOM todavía enfrenta desafíos para alcanzar sus objetivos. Entre los principales desafíos que enfrenta INDECOM se halla el hecho de que en la mayoría de los casos que ha trabajado existían pruebas insuficientes para acusar a una persona, o para que los casos fueran probados. En estas instancias, los casos se transfirieron al Juez de Instrucción para una mayor investigación.127 Debido a que sólo hay un médico forense asignado a la oficina del Juez de Instrucción, es lenta la tasa de procesamiento de las indagaciones de las muertes de los ciudadanos a manos del Estado.128




  1. En su informe de marzo de 2012 al Parlamento, INDECOM indicó que estaría mejor servido con el uso de su propio laboratorio forense.129 Sin embargo, actualmente INDECOM no tiene un laboratorio independiente. También ha enfrentado obstáculos en el reclutamiento de su propio experto en balística como resultado de su dependencia del Comisionado de la Policía quien es el único oficial con la autoridad para establecer si una persona es un experto en balística.130 La falta de un laboratorio independiente significa que INDECOM se enfrenta con la alternativa de esperar las pruebas forenses y los certificados de balísticas del Laboratorio Forense del Estado, que es un departamento dentro de la FPJ.131 Esencialmente, INDECOM debe apoyarse en el FPJ para proveer evidencia contra sus propios agentes. JFJ declaró que dos tercios de los casos de disparos fatales bajo investigación por el INDECOM podrían haber estado completos si la evidencia forense y los certificados de balística hubieran sido entregados por el Laboratorio Forense.132 Como resultado de lo anterior, INDECOM continua sufriendo demoras en obtener declaraciones inmediatas del personal de las fuerzas de seguridad.133 Hubo incidentes en los que agentes superiores permitieron que agentes que estuvieron involucrados en los disparos se retiraran del servicio, y no estuvieran disponibles para ser entrevistados por los investigadores del INDECOM.134




  1. De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, INDECOM también ha asumido más de 1,500 casos pendientes que anteriormente se encontraban con la Oficina Especial de Investigaciones (“BSI”).135 INDECOM continúa sobrecargado y continúan los retrasos en el procesamiento de los casos.136 El borrador de la legislación de INDECOM había recomendado que INDECOM contara con un personal de 50 investigadores.137 En el informe de INDECOM al Parlamento en 2012, se resaltó que contaba con un personal de 35 investigadores y 81 miembros del personal.138 En su informe, INDECOM apeló al Parlamento para obtener apoyo presupuestario y funcionar a plena capacidad operativa.139 En 2013, el jefe de INDECOM, Terrence Williams, indicó al Comité Conjunto Seleccionado del Parlamento que INDECOM solo tenía 37 investigadores.140 En el mismo foro, el señor Williams también indicó que INDECOM necesitaba más abogados.141 INDECOM tiene un presupuesto estimado de JA$333.0 millones142 que no cuenta con la contratación de abogados para llevar a cabo las actuaciones judiciales.143


B. Desafíos para realizar investigaciones penales rápidas


  1. En adición a los retrasos en los Tribunales Forenses, se presentan retrasos marcados en varias etapas del proceso de justicia penal incluyendo en el Laboratorio Forense del Gobierno y la DPP.144 Se ha reportado que hay más de 400 casos en los Tribunales Forenses, algunos de los cuales datan de 10 años atrás y a la fecha no se ha designado un Asistente de Médico Forense de conformidad con la Ley Forense para aliviar la carga laboral del Médico Forense Especial.145 Trabajando en su nivel más eficiente, el Médico Forense Especial solo es capaz de procesar aproximadamente 60 casos por año.146




  1. EL DPP también ha sido lento en decidir casos que involucran denuncias con respecto a excesos policiales y/o disparos fatales, de este modo retrasando aún más la administración de justicia.147




  1. Organizaciones de la sociedad civil han criticado la cultura de aplazamientos, así como las ineficientes y prácticas arcaicas de administración de los tribunales que contribuyen al estancamiento y evitan la realización de investigaciones penales rápidas.148




  1. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han reportado avances positivos, como la eliminación por completo de la práctica de repetir jurados profesionales en Kingston.149 Fuera de Kingston, hay casos donde las autoridades judiciales no han sido informadas de no utilizar esta medida.150




  1. CONDICIONES DE DETENCIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD




  1. Las siguientes recomendaciones se realizaron en el Informe de 2012 con relación a las personas privadas de libertad:




  1. Reformar su Constitución con miras a cumplir con sus obligaciones establecidas en la Convención Americana y en los estándares de derecho internacional respecto del derecho a la libertad personal.




  1. Cumplir con los estándares aplicables de derecho internacional de los derechos humanos y adoptar las medidas necesarias para resolver el problema del hacinamiento y las condiciones insalubres en las prisiones y en las celdas de detención de las estaciones de policía.




  1. Informar a los detenidos de manera inmediata después de su detención respecto de su derecho a un abogado y garantizar una representación judicial adecuada para todas las personas sin importar su estatus socioeconómico.




  1. Cumplir con los estándares internacionales y constitucionales garantizando que cada caso de detención sea sometido a una pronta revisión judicial por parte de un juez, magistrado o autoridad legal.




  1. Eliminar los vacíos de la legislación que permiten que la policía emita sus propias órdenes de arresto, determine la fianza y detenga indefinidamente a individuos bajo pretexto de la necesidad de una “rueda de reconocimiento de personas”.




  1. Mantener estadísticas no sólo sobre las detenciones individuales sino sobre el número de detenciones, acusaciones, procesamientos y liberaciones a lo largo de todo el país.




  1. Mejorar la cantidad y la calidad de la comida para garantizar una nutrición adecuada de los detenidos y los prisioneros.




  1. Destinar mayores recursos a la atención médica de los internos para garantizar que tengan acceso adecuado a cuidados médicos, psiquiátricos y dentales, así como también a medicamentos apropiados.




  1. Expandir los programas de rehabilitación de tal forma que más internos tengan acceso a los mismos.




  1. Expandir las actividades educativas y culturales disponibles en las prisiones.




  1. Permitir a las personas privadas de libertad mantener un contacto directo y personal a través de visitas habituales con los miembros de sus familias, con sus parejas y sus representantes legales.




  1. Mantener instalaciones adecuadas y apropiadas para las personas con enfermedades mentales y para las personas con discapacidades.


A. Antecedentes


  1. Todavía existen informes de detenciones ilegales y alegatos de detención de personas sin que hayan sido informadas de la razón de su arresto, o de que fueron detenidas por más de 24 horas sin ser informadas de los cargos en su contra, en contravención con la sección 14 de la Constitución de Jamaica. 151 La organización Jamaiquinos por la Justicia (JFJ por su siglas en inglés) ha señalado que hubo reportes de casos en los que las personas detenidas no fueron llevadas a la justicia de una manera rápida cuando fueron arrestadas sin una orden judicial152 y que la fianza les fue negada como un medio de castigo.153 Organizaciones de la sociedad civil también reportaron que en casos extremos, la prisión preventiva en calabozos de la policía podría durar de cuatro a cinco años con personas detenidas en condiciones deplorables.154




  1. Las organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH que aún se vulneran los derechos de los detenidos a un abogado de oficio y a un juicio rápido.155 Además, se ha puesto en conocimiento de la CIDH que no existe una sola regulación legal sobre la detención en calabozos de la policía, lo cual lleva a que se cometan abusos.156 JFJ ha indicado que los Magistrados Residentes y los Jueces de Paz han fallado en proporcionar supervisión en los calabozos de la policía, dado que aceptan ciegamente a lo que dicta la policía, ignorando su deber de revisar los registros de detención, verificar las estaciones de la policía, y la veracidad de las órdenes de la policía.157




  1. La CIDH continúa recibiendo información con relación a la muerte de personas que se encuentran detenidas en custodia de la policía. Recientemente, la CIDH fue informada de la muerte de Mario Deane, quien murió el 6 de agosto de 2014, luego de haber recibido una golpiza mientras se encontraba detenido en el calabozo de la calle Barnett en Montego Bay.158 Aunque dos reclusos han sido acusados de la muerte del señor Deane, el asunto continúa bajo investigación. La muerte del señor Deane fue planteada por las organizaciones de la sociedad civil como una manera de ilustrar la práctica continua de la detención ilegal y las consecuencias que estas detenciones ilegales tienen en los derechos humanos de los detenidos. La información recibida por la CIDH de parte de las organizaciones de la sociedad civil durante la audiencia de octubre de 2014, indica que el 3 de agosto de 2014, Mario Deane fue arrestado sin una orden judicial por poseer una pequeña cantidad de marihuana.159 Se reportó que le negaron su fianza dos veces, la primera cuando se negó a darle a la policía la dirección de su casa y, nuevamente, cuando comentó que no le gustaba la policía y fue retornado a su celda.160 La información indica, además que el señor Deane no tuvo acceso a un abogado.161 JFJ ha argumentado que el caso del señor Deane no es aislado y que muestra la falta de progreso en la implementación de las recomendaciones del Informe de la CIDH de 2012.162




  1. En referencia a la muerte de Mario Deane, el Estado prefiere no ofrecer una opinion concluyente sobre si es responsable por la muerte del señor Deane. El Estado reiteró que la postura del gobierno es que el asunto debe abordarse en el ordenamiento jurídico interno, que se debe respetar el debido proceso legal, y que quien sea encontrado responsable será procesado.163




  1. La CIDH acepta que existe una ambigüedad en torno a la muerte de Mario Deane en custodia de la policía, porque no está claro si su muerte es directamente atribuible a la policía o a sus compañeros de celda. Sin embargo, la CIDH reconoce que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que las condiciones de prisión sean seguras y que las prisiones funcionen adecuadamente.164 La CIDH también está preocupada porque existe muy poca supervisión y rendición de cuentas sobre aquellas personas que se encuentran detenidas por largos periodos de tiempo en los calabozos. 165 A la fecha el Estado no ha implementado suficientes reformas legales, políticas públicas o prácticas con relación al cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las personas privadas de libertad.


B. Condiciones de detención


  1. La sobrepoblación continúa siendo una gran preocupación. La capacidad total de los calabozos de la policía (centros de detención temporales) es de 1,700 y la policía reporta un promedio de 2,100 personas en dichas celdas.166 JFJ ha reportado que los calabozos de la policía continúan siendo lugares sucios, inhumanos, peligrosos y apiñados de gente, donde los detenidos pueden estar expuestos al abuso físico por parte de los compañeros de celda o los oficiales.167 Se reporta que la capacidad de los centros correccionales de adultos debería ser 2,650 y existe un promedio de 3,600 adultos en los centros correccionales.168




  1. El Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para resolver el problema de la sobrepoblación en las prisiones. El Gobierno de Jamaica ha establecido un Comité Parlamentario bajo los auspicios del Ministerio de Seguridad Nacional y Justicia para revisar estos problemas y desarrollar políticas concretas y otras medidas para eliminarlos.169 El Comité incluye representantes de todos actores gubernamentales relevantes así como miembros de la sociedad civil.170 En su respuesta al borrador del presente informe, Jamaica reiteró que considera muy grave el problema de la sobrepoblación carcelaria y las condiciones de detención y que desea asegurarle a la CIDH que el tema está recibiendo atención.171 El Estado señaló que el objetivo del Comité Parlamentario es revisar estos problemas y desarrollar políticas concretas y otras medidas para eliminarlos.172 El Estado ha indicado que las políticas públicas se encuentran en un avanzado estado de desarrollo y que a corto plazo, el Ministerio de Seguridad Nacional está tomando medidas para asegura el financiamiento necesario.173




  1. Es importante señalar que el Departamento de Servicios Correccionales (“DCS”) continúa a cargo de los reclusos y los custodios en sus instalaciones a la luz de los limitados recursos disponibles. El Estado ha informado a la CIDH sobre los esfuerzos que se están llevando a cabo por mejorar varios aspectos de las operaciones del DCS. El Estado confirmó que se están desarrollando planes con el objetivo de establecer un centro que aloje 5,000 camas para albergar los hombres y las mujeres de los centros con las peores condiciones (Fort August, Towers Street y los Centros Correccionales para Adultos St. Catherine).174




  1. La CIDH está preocupada por la posibilidad de que el Estado considere albergar hombres y mujeres en el mismo centro. Esta práctica sería contraria a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH que recomienda que las personas privadas de libertad se mantengan en instituciones separadas o en diferentes secciones dentro de la misma institución, tomando en consideración su género.175




  1. En respuesta a esto, el Estado indicó que no tiene intención de albergar hombre y mujeres presos juntos en contravención con las mejores prácticas.176 Jamaica agregó que está trabajando en reconfigurar el sistema carcelario para servir mejor las necesidades del país, tomando en en cuenta la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.177




  1. En mayo de 2014, durante el Debate Sectorial178, el Ministro de Seguridad Nacional anunció que se están realizando trabajos de acondicionamiento a los centros correccionales de adultos la Granja de Tamarindo y la Granja de Richmond, para tener espacio disponible para los presos de riesgo medio.179 El plan es que cuando se completen los trabajos de renovación, los presos de riesgo medio que se encuentran en los centros correccionales de alta seguridad St. Catherine, sean transferidos a los centros la Granja de Tamarindo y la Granja de Richmond.180 También indicó que se han identificado lugares potenciales para construir una cárcel de máxima seguridad con el objetivo de asegurar que sea utilizada solo para internos de máxima seguridad.181 Sin embargo, no queda claro en qué periodo de tiempo se completaran las labores de renovación y relocalización.




  1. Las organizaciones de la sociedad civil han criticado los métodos del Estado para abordar el tema de la sobrepoblación debido a la falta de atención que presta a las fallas administrativas que le han dado lugar. Por ejemplo, información recibida en la audiencia de octubre de 2014 indica que la prisión de máxima seguridad (el Centro Correccional para Adultos Tower Street) está operando al doble de su capacidad, no como resultado de recursos limitados, sino debido a la falta de una evaluación de riesgo sobre la seguridad de los internos cuando entran a la institución.182 La Oficina del Auditor General descubrió que muchos centros de máxima seguridad no evalúan a los internos cuando ingresan, como se requiere para determinar si esos internos son elegibles para ser transferidos a centros de seguridad media o baja.183 Por consiguiente, los internos con riesgo de seguridad bajo no están siendo transferidos a centros correccionales con un nivel de seguridad bajo, lo que da lugar a la sobrepoblación in prisiones de máxima seguridad.184 La sobrepoblación está vinculada al fracaso en la implementación de políticas públicas y frenar las detenciones excesivas ha resultado en la baja población en los centros correccionales de seguridad media y baja entre un 43 y un 51% para marzo del 2014.185


C. Acceso a la justicia
1. Derecho a un abogado


  1. Además, el Estado está obligado a garantizar que en cada instancia de la detención se realice una revisión judicial rápida por un juez, magistrado o autoridad judicial. Todavía continúan reportes de que a pesar de las garantías legales contra la prisión arbitraria e ilegal, existe poca responsabilidad y un escrutinio judicial inapropiado para las personas que se encuentran en prisión preventiva, como se explica en el párrafo 77 de este informe.186


2. Representación legal


  1. Al 30 de septiembre de 2012, el Consejo de Ayuda Legal tenía enlistados 379 abogados.187 La CIDH recibió información por parte del Estado que abordó la escasez de abogados dispuestos a servir como abogados de oficio. El Estado reportó que la lista ha aumentado a más de 400 abogados y que dará lugar a un aumento en el acceso al derecho a un abogado de oficio fuera de las áreas urbanas.188 El Estado también informó a la CIDH que se requiere que todas las estaciones policiales mantengan una lista de los abogados de oficio en servicio y que actualmente se está revisando la estructura de tarifas para los abogados de oficio.189 El Ministerio de Justicia ha implementado una tarifa electrónica para reducir el lapso de tiempo que transcurre para que los abogados de oficio reciban el pago.190




  1. Más aún, el Estado informó que el aumento de las tarifas para los abogados de oficio, tal como recomendó el Consejo de Representación Legal, ha sido aprobado por el Ministerio de Finanzas y será implementado cuando se hagan las disposiciones presupuestarias necesarias, a pesar de que no queda claro cuando esto se llevará a cabo.191




  1. La CIDH valora el compromiso del Estado de revisar la estructura de tarifas y facilitar los pagos electrónicos debido a los informes de las organizaciones de la sociedad civil de que los abogados de oficio encontraban difícil recolectar las tarifas y que solo habían sido remunerados por la representación inicial.192




  1. El Estado reiteró su compromiso de asegurar que sus ciudadanos tengan acceso a todos los aspectos del sistema de justicia.193 En relación a la disposición sobre los abogados de oficio, y otros servicios de ayuda legal, se están tomando medidas para incrementar el número de abogados seleccionados.194 Se espera que como consecuencia del aumento del número de abogados calificados para practicar, se experimente un incremento en el número de abogados de oficio. Se espera que el aumento de abogados mejorará de manera significativa la capacidad del Consejo de Asistencia Legal para asegurar el acceso a un abogado de oficio fuera de las áreas urbanas.195




  1. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que a pesar de las afirmaciones del Estado sobre el aumento del número de abogados de oficio, continúan las dificultades en el acceso a la representación legal. Indican que en este sentido, hay casos de personas detenidas por la policía a los que se les ha negado su derecho a contar con un abogado, como es el caso de Mario Deane. Representantes de la sociedad civil opinan que el Estado ha fallado en crear un entorno propicio para asegurar que se respete el derecho a un abogado.




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