Informe Anual 2014 Capitulo V jamaica



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CAPÍTULO V

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN SUS INFORMES DE PAÍS O TEMÁTICOS

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN JAMAICA1


  1. INTRODUCCIÓN

 

  1. El propósito de este informe es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “la Comisión Interamericana) en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jamaica (también “Informe de 2012”) del 10 de agosto de 2012.




  1. Luego de la publicación del Informe de 2012, la CIDH ha continuado monitoreando de cerca la situación de los derechos humanos en Jamaica y ha dado seguimiento al progreso de sus recomendaciones con el gobierno de dicho país y las organizaciones de la sociedad civil. La CIDH fijó una audiencia pública de oficio sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica que tuvo lugar el 27 de marzo de 2014, durante el 150° Periodo Ordinario de Sesiones. Con posterioridad, se convocó a una audiencia de seguimiento que tuvo lugar el 28 de octubre de 2014, durante el 153° Periodo Ordinario de Sesiones. Ambas audiencias han ayudado a la CIDH en su función de supervisión.




  1. El Estado ha realizado notables esfuerzos por atender los asuntos de derechos humanos en Jamaica. Actualmente, el gobierno está trabajando activamente en el establecimiento de una institución de derechos humanos nacional, de conformidad con los Principios de París para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En julio de 2014 se llevaron a cabo consultas iniciales entre el gobierno de Jamaica y la Secretaría del Commonwealth con miras a establecer un instituto nacional de derechos humanos híbrido. Un documento conceptual fue desarrollado con la finalidad de marcar el camino a seguir. En un futuro próximo se llevaran a cabo otras consultas con los actores interesados y se han desarrollado de manera regular consultas internas dentro del gobierno.2




  1. La CIDH felicita al Estado por las reformas realizadas en ciertas áreas claves. La Comisión Interamericana reconoce las medidas adoptadas para abordar la seguridad ciudadana y la administración de justicia, particularmente en lo relativo a sus intentos para combatir la impunidad a través de la Comisión Independiente de Investigaciones (“INDECOM”). Adicionalmente, la CIDH felicita al Estado por abolir el delito de difamación a través de la aprobación de la Ley de Difamación. La Comisión Interamericana recibió con agrado la información de que el Estado ha implementado marcos legislativos y políticas públicas que garantizarán la mejor defensa y respeto de los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad. Además, el Estado ha modificado la Ley de Enmienda sobre Tráfico de Personas de 2013 a fin de fortalecer más la protección a las personas que son vulnerables al tráfico.3




  1. A pesar de estos avances positivos, la CIDH ha observado carencias y retos pendientes en la aplicación de las recomendaciones realizadas al Estado en el Informe de 2012. La Comisión Interamericana continúa siguiendo de cerca los asuntos de seguridad ciudadana, la violencia a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y las medidas puestas en marcha para hacer posible el establecimiento de responsabilidad. La CIDH sigue preocupada por las presuntas amenazas de persecución contra miembros de organizaciones de la sociedad civil en relación con su trabajo en defensa de los derechos humanos, el reciente reequipamiento de los presidios de la policía y centros de detención temporal para poder albergar jóvenes, y los continuos actos de violencia y discriminación hacia grupos vulnerables, incluidas las personas LGTBI y personas que viven con (o se encuentran afectados por) el VIH.




  1. En la presente actualización se examinan las cuestiones de seguridad ciudadana y derechos humanos, la administración de justicia, los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, los derechos de las personas con discapacidad, y el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Cada sección indica el estado de aplicación de las recomendaciones, en su totalidad o en parte; tomado en consideración las medidas adoptadas por Jamaica, y en su caso, los resultados de estas medidas y retos actuales.




  1. En la elaboración de este informe, la Comisión Interamericana ha tenido en cuenta la información proporcionada por el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, así como la información disponible a través de otros organismos intergubernamentales, la prensa, la academia y otras fuentes disponibles públicamente. La Comisión Interamericana reitera su voluntad de seguir apoyando los esfuerzos del Estado para implementar medidas legales, políticas públicas y prácticas para fortalecer la protección de los derechos humanos en Jamaica.




  1. PROYECTO DE INFORME Y RESPUESTA DE JAMAICA




  1. La CIDH discutió y aprobó un borrador de este informe el 30 de enero de 2015. De conformidad al Artículo 60(a) de su Reglamento, el informe fue enviado a Jamaica el 2 de febrero de 2014 con la solicitud de que presentara sus observaciones dentro del plazo de un mes. El Estado sometió su respuesta el 27 de febrero de 2015.




  1. La CIDH valora la respuesta del Estado y su participación positiva con el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana acoge la información en cuanto a la reducción de los delitos graves y violentos, así como la intención del Estado de prestar mayor atención a mejorar las condiciones en los centros de detención. Sin embargo, la CIDH reitera su deseo de que el Estado aborde otras áreas de gran importancia. Estas incluyen, entre otras, la adhesión a prácticas de arresto y detención legales, conjuntamente con un vigor incesante en la lucha contra la impunidad policial.




  1. En su respuesta el Estado reiteró su compromiso de mejorar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, como lo demuestran las diversas iniciativas, directrices de políticas públicas y la agenda legislativa tanto en términos de los proyectos de ley como leyes aprobadas desde el último informe de la CIDH.




  1. SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS




  1. En el Informe del 2012, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado de Jamaica sobre seguridad ciudadana y derechos humanos:

a. formule e implemente políticas públicas integrales de seguridad ciudadana y desarrolle la capacidad institucional del sector público, así como recursos humanos, técnicos y económicos adecuados, para aplicarlas efectivamente. Eso incluye la mejora del proceso de selección y capacitación del personal de las instituciones pertinentes, como la policía, los miembros del poder judicial, la Dirección de Fiscalías Públicas y el sistema penitenciario;




  1. establezca e implemente sistemas y procedimientos de rendición de cuentas que se apliquen a todas las autoridades responsables por la seguridad ciudadana, con mecanismos de control internos y externos, a fin de fortalecer las instituciones de gobierno democrático y fomentar la transparencia en el ejercicio de cargos públicos;




  1. tome todas las medidas que sean necesarias para combatir la impunidad, entre ellas la reforma de leyes nacionales, normas administrativas, procedimientos y planes de operación de las instituciones que tengan jurisdicción sobre las políticas de seguridad ciudadana, a fin de que tales instituciones puedan prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos resultante de actos de violencia o delitos, o de actos u omisiones de agentes del Estado;




  1. realice investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas de todos los casos de muerte violenta y lesiones, especialmente aquellos en los que estén involucrados fuerzas de seguridad, como los que tuvieron lugar la última semana de mayo de 2010 en el oeste de Kingston, a fin de enjuiciar y castigar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas o sus familiares;




  1. se adhiera estrictamente a las disposiciones del artículo 27 de la Convención Americana en los casos en que las autoridades decidan aplicar la suspensión de garantías en un estado de emergencia declarado, entre ellas la de informar de inmediato a los demás Estados partes de dicho instrumento internacional sobre las garantías suspendidas, las razones y la duración de la suspensión;




  1. adopte las medidas administrativas, legislativas o de otra índole que sean necesarias para que se pueda atender a las víctimas de la violencia y el delito de forma rápida y apropiada, y garantice el nivel especial de protección que necesitan las personas o grupos particularmente vulnerables, como los niños y adolescentes, las mujeres, los migrantes y sus familias;




  1. se cerciore de que la Fuerza Policial de Jamaica y todos los órganos de seguridad actúen con la debida diligencia para prevenir, disuadir y suprimir legalmente actos de violencia o delitos como parte de la obligación del Estado de proteger y garantizar el goce de los derechos humanos;




  1. modernice y profesionalice la fuerza policial con medidas como las siguientes:

i. armonización de su filosofía institucional con las normas internacionales en materia de derechos humanos y los principios relacionados con la seguridad ciudadana;


ii. procedimientos objetivos para el reclutamiento y la selección del personal;
iii. ejecución de programas orientados a profesionalizar las fuerzas de seguridad en un marco de reglamentos claros y precisos; y
iv. desarrollo de aptitudes para el trabajo de inteligencia policial en un marco jurídico que se ciña a las normas internacionales de derechos humanos con el propósito de facilitar la prevención de la violencia y la delincuencia, especialmente en el caso de la delincuencia organizada;


  1. adopte leyes y medidas con objeto de establecer una definición y distinción claras de la defensa nacional como función de las fuerzas armadas y la seguridad ciudadana como función de la policía.


A. Antecedentes


  1. La violencia generalizada sigue siendo característica de Jamaica. El calendario de 2013 terminó con 1,197 asesinatos (frente a los 1,099 registrados en 2012), generando un incremento de nueve por ciento.4. El aumento de los asesinatos en la segunda mitad de 2013 se atribuyó a tres factores en particular: la liberación de ciertos líderes de pandillas de prisión; un aumento en el número de asesinatos durante los robos; y un aumento del tráfico de drogas y armas de fuego.5 Se reportó que la delincuencia se redujo en otras categorías como en los tiroteos (1 por ciento), la violación sexual (16 por ciento) y el asalto agravado (14 por ciento).6




  1. De conformidad al informe del 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (“UNODC”), Jamaica tuvo la sexta tasa más alta de homicidios a nivel mundial (39.3 por 100,000 habitantes en el 2012), un nivel que constituye casi el doble del promedio en la región.7 El informe de 2013 de UNODC también establece que “[en] contraste con el promedio regional [en las Américas], en Centroamérica y el Caribe las personas de 30 a 44 años de edad se encuentran en un riesgo mayor de homicidio que personas en otros grupos de edad.”8 En Jamaica (así como en El Salvador y Honduras) “la tasa de homicidios masculinos en el grupo de 30 a 44 años es más alta que en el grupo de 15 a 29 años de edad, y mientras el número de víctimas es mayor en el grupo masculino de 15 a 29 años de edad, la tasa indica que el riesgo de homicidio de hombres entre los 30 y 44 años de edad es mayor.”9




  1. El Estado enfrenta un desafío particular que surge de las deportaciones, en particular desde los Estados Unidos ("EE.UU."). La información del gobierno de Jamaica indica que cada mes hasta 100 personas son deportadas a Jamaica desde EE.UU. por haber sido encontradas culpables de una actividad delictiva o de haber violado las leyes de inmigración de este país.10 Las autoridades de Jamaica indican que muchos de estos deportados no tienen un vínculo significativo con el país, y que a su regreso algunos participan en actividades delictivas, todo lo cual se suma a la dificultad que enfrenta el Estado para hacer frente a la delincuencia.11




  1. Jamaica reconoce que la alta tasa de delincuencia y violencia del país afecta negativamente su situación de derechos humanos, particularmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el Estado informó que se están tomando medidas concretas para abordar el tema dentro de las limitaciones de recursos que tiene el gobierno.12 El Estado también informó sobre las medidas que está tomando para modernizar su infraestructura de seguridad nacional y cumplimiento de la ley, y para poner en marcha la legislación necesaria con miras a abordar las causas profundas de la delincuencia violenta en la sociedad.13




  1. Las organizaciones de la sociedad civil siguen preocupadas por los altos niveles de violencia que los jamaiquinos enfrentan diariamente.14 Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que la sensación de seguridad es mayor donde el nivel de confianza en las instituciones de aplicación de la ley y la justicia es alto.15 El alto nivel de violencia en Jamaica causa a los ciudadanos una gran preocupación y socava la confianza en la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía.16 Las organizaciones de la sociedad civil han identificado que existe un nivel de acceso desigual para las poblaciones vulnerables, a las medidas de seguridad y protección.17




  1. El 27 de enero de 2015, el Ministro de Seguridad Nacional Peter Bunting, hizo una declaración sobre las estadísticas del crimen en 2014. El señor Bunting declaró que en el 2014 hubo una reducción global de un 16% en los delitos graves y violentos.18 Los homicidios se redujeron en un 16%, los tiroteos en un 12% y el asalto agravado en un 17%. Los delitos adquisitivos se redujeron en más de un 10%.19


B Políticas públicas integrales
1. Las políticas de la Fuerza Policial de Jamaica (FPJ)


  1. El Estado ha tomado medidas para diseñar y aplicar políticas integrales en relación a la seguridad ciudadana. La Fuerza Policial de Jamaica (“FPJ”) puso en marcha una “estrategia de interrupción de la violencia” llamada ‘Operación Resiliencia’ a principios de octubre de 2013, bajo la cual condujo 346 operaciones anti-pandillas.20 De conformidad con la información del Estado, como resultado de la Operación Resiliencia, se realizaron 361 arrestos y se recobraron 201 armas de fuego.21 En el mes de noviembre del 2013 hubo una moderación del crimen.




  1. En un esfuerzo por abordar el asunto de la violencia nacional, el Estado ha desarrollado la iniciativa “Unidos por el Cambio” que fue puesta en marcha el 5 de diciembre de 2013.22 La iniciativa “Unidos por el Cambio”, busca coordinar una respuesta multi-sectorial con participación del Estado (ministerios gubernamentales, departamentos y agencias), el sector privado, organizaciones comunitarias y religiosas, ONGs y sociedad civil.23




  1. En su respuesta al borrador del presente informe, el Estado indicó que en un esfuerzo por modernizar y mejorar el cuerpo policial, Jamaica unió la Fuerza de Policía Especial de la Isla con la FPJ, con lo que eliminó la duplicación administrativa e incrementó el número de personal policial disponible para obligaciones operacionales.24




  1. El Estado indica que tal como fue señalado por la Comisión Interamericana en su informe, ha habido un mayor enfoque en la vigilancia de la comunidad, la recopilación de inteligencia y los programas como ‘Unidos por el Cambio’.25 Estos métodos, conjuntamente con respuestas operacionales más rápidas, una reorganización general del cuerpo policial, así como otras estrategias, han llevado a una reducción global de los delitos graves y violentos en el año 2014.26


2. Políticas comunitarias


  1. En el 2014, el Gobierno de Jamaica se comprometió a fortalecer sus estrategias de prevención del delito y reducir la violencia juvenil y vinculada a las pandillas, al enfocarse en la policía comunitaria y otras medidas contempladas en la Estrategia Nacional de Prevención del Crimen y la Seguridad Comunitaria (“ENPCSC”).27 La ENPCSC fue aprobada por el Gabinete en octubre de 2013 y es un plan de seguridad a largo plazo que se pondrá en marcha durante un periodo de diez años.28 La ENPCSC prioriza la inclusión social, la participación en actividades comunitarias, la acción individual, la gobernanza y la actuación policial basada en el conocimiento.29 Como parte del ENPCSC, también se puso en marcha el 30 de enero de 2014, el Foro Nacional de Violencia Juvenil (un componente de la iniciativa Unidos por el Cambio).30




  1. Dos importantes iniciativas de financiamiento han contribuido a los esfuerzos del Estado en la implementación de políticas integrales de seguridad ciudadana. La primera se relaciona con la puesta en marcha de la Segunda Fase del Proyecto de Empoderamiento Comunitario y Transformación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (“USAID”) en enero de 2014, que estará en funcionamiento por cinco años y ayudará al Estado en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y las relaciones entre la policía y la comunidad.31 Los objetivos de COMET II incluyen mejorar las relaciones y construir la confianza entre actores claves (la policía, los grupos comunitarios e instituciones gubernamentales claves) y apoyar al Programa de Vigilancia Comunitaria del FPJ.32 En general, busca abordar las causas subyacentes de la delincuencia y promover mejor comunicación e interacción entre los ciudadanos y la policía.33




  1. El segundo proyecto que tocó la cuestión de la seguridad ciudadana se implementó en junio de 2014 a través de la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo (“BID”) a Jamaica por US $20 millones para facilitar el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia III. El préstamo, a su vez, servirá de apoyo al mecanismo general que constituye el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia del Ministerio de Seguridad Nacional. Su enfoque son los factores de riesgos individuales y colectivos en áreas urbanas y marginalizadas, y aborda problemas como el uso y tolerancia de la violencia como una manera de ejercer el control y resolver disputas.34




  1. La CIDH observa que el Instituto de Planificación de Jamaica (“PIOJ”) ha reportado una reducción de un 8.2 por ciento en la tasa de homicidios durante el periodo de enero a junio de 2014.35 La Comisión Interamericana valora la citada reducción en la tasa de homicidios y le daría la bienvenida a estadísticas sobre otras áreas delictivas. La Comisión Interamericana espera nueva información actualizada del Estado con la finalidad de supervisar la efectividad de estas políticas en el abordaje de la seguridad ciudadana.


3. Legislación antipandillas


  1. El gobierno aprobó la Ley de Justicia Criminal (Supresión de Organizaciones Criminales) en abril del 2014 (“Ley Antipandillas”) que persigue abordar el problema de las pandillas y la actividad criminal organizada.36 El Estado sostiene que la Ley “proveerá un importante instrumento al Estado para desmantelar y abordar el origen de las causas del crimen violento.”37 La Ley Antipandillas establece una definición amplia de organización criminal que incluye "cualquier pandilla, grupo, alianza, red, combinación u otro arreglo entre tres o más personas.”38




  1. La Ley Antipandilla penaliza, entre otras cosas, el liderazgo, la gerencia o dirección de una organización criminal; suministrar un beneficio u obtener un beneficio de una organización criminal; ayudar o encubrir una organización criminal; y el reclutamiento de personas para formar parte de una pandilla criminal en un esfuerzo por desmantelar organizaciones del Estado.39 La Sección 4 de la Ley Antipandillas específicamente considera un delito criminal el reclutamiento de niños (definidos en la Ley como aquellos que tienen menos de 18 años de edad) para participar en una organización criminal.




  1. En el curso de la audiencia de marzo de 2014, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación de que la Ley Antipandillas podría ser utilizada por las fuerzas de seguridad como un instrumento represivo o régimen paramilitar, podría impactar negativamente en la juventud y se podría desconocer la presunción de inocencia de personas que la policía considere en contravención de la Ley.40 Adicionalmente, las referidas organizaciones también expresaron su preocupación de que la propuesta de ley antipandillas establece como un delito la sospecha de pertenecer a una pandilla41, lo cual elimina la carga de la prueba del Estado.42 A las organizaciones de la sociedad civil también les preocupa que la definición amplia de organización criminal43 tiene una alta probabilidad de enfocarse en jóvenes que socializan juntos para su propia protección, crecimiento y desarrollo.44




  1. La CIDH expresa su preocupación por la posibilidad de la falta de garantías del debido proceso en la Ley Antipandillas, en relación al equilibrio que existe en determinar, de un lado, quién se considera miembro de una pandilla, y de otro lado la presunción de inocencia.45 La CIDH reitera su punto de vista en el contexto del abordaje de la violencia de pandillas, de que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana deben tener el propósito de establecer o consolidar un marco institucional nacional que proporcionen respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática.46




  1. Al responder a estas preocupaciones, el Estado reiteró que la Ley Antipandillas aborda solo la membresía y participación en organizaciones criminales.47 El Estado sostiene que la Ley Antipandillas no busca socavar la libertad de asociación en organizaciones legales. En este respecto, el Estado subraya que la definición de organización criminal ya no incluye ‘cuadrillas en las esquinas’ y que la legislación antipandilla aprobada como ley no incluye el delito de sospecha de pertenecer a una pandilla.48 El Estado enfatiza que la Ley Antipandillas no privará a las personas de su derecho a impugnar la designación de su organización como una organización criminal, ya que los tribunales serán un recurso disponible para una decisión sobre ese asunto.49 En resumen, el Estado afirma que el derecho de asociación está garantizado, a pesar del esfuerzo por desmantelar las gangas criminales.50




  1. En su respuesta al borrador del presente informe, el Estado reiteró con respecto a la Ley Anti-Pandillas, que la legislación está orientada a criminalizar el reclutamiento para, la pertenencia a, o recibir ganancias de actividades de organizaciones criminales.51 El Estado menciona que los crímenes creados en la Ley Antipandillas son específicos.52 Adicionalmente, el Estado enfatiza que aún se aplica la protección habitual otorgada a todos los ciudadanos contra los arrestos arbitrarios y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.53 Por consiguiente, los recursos a los Tribunales, sean Constitucionales o no, se encuentran disponibles para todos los ciudadanos cuyos derechos han sido, están siendo o es probable que sean violados por actores estatales, incluyendo las fuerzas de seguridad.54




  1. Ejecuciones a manos de las fuerzas de seguridad




  1. Las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, y el uso letal de armas de fuego por agentes estatales continúan ocurriendo en Jamaica. En 2013, la organización Jamaiquinos por la Justicia ("JFJ") informó que 258 personas perdieron la vida a manos de agentes del Estado de Jamaica, un aumento de casi 18% sobre las 219 personas que fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad en 2012.55 De las 258 personas que perdieron la vida, la manera en las que esas personas murieron incluyó disparos y puñaladas.56 En enero del 2014, hubo 22 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.57




  1. Según JFJ, en 2014 hubo reportes de ex-policías que alegaron que había escuadrones de la muerte dentro de FPJ que planificaban las ejecuciones, plantaban evidencia y alteraban records.58 En abril de 2014, la Comisión Independiente de Investigaciones (“INDECOM”) anunció que había estado investigando las acusaciones en una indagatoria sobre tales escuadrones de la muerte, en la que oficiales del Área Tres (Clarendon, Manchester y St. Elizabeth) habían sido arrestados por dos asesinatos que fueron reportados como homicidios por civiles.59 Hubo alegatos sobre oficiales de alto rango en la FPJ que habrían ordenado el “asesinato a sangre fría de personas.”60 INDECOM informó sobre un encubrimiento en el que descubrió que es más que probable que nueve muertes reportadas como homicidios a manos de civiles, fueran en realidad ejecuciones policiales que fueron reportadas como homicidios de civiles a fin de que la policía cubriera sus huellas. INDECOM reportó que sus investigaciones sobre “el escuadrón de la muerte” se estaban llevando a cabo con el pleno apoyo de la FPJ.61




  1. Medidas para combatir la impunidad y conducir investigaciones apropiadas sobre las muertes y heridas violentas a manos de las fuerzas de seguridad




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