Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Medidas de Reparación Pecuniarias



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Medidas de Reparación Pecuniarias:
Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que este determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a Ias victimas involucradas en el caso:


  1. Como se indicara en el Informe No. 84/11, el acuerdo de solución amistosa fue aprobado mediante Decreto No. 2740, en el cual se reconoció la responsabilidad del Estado y la Ley ratificatoria del acuerdo fue sancionada el 16 de septiembre de 2008 y publicada el 17 de octubre de 2008. En virtud de lo anterior, se constituyó el Tribunal Ad- Hoc el 15 de diciembre de 2008. Dicho Tribunal emitió laudo el 29 de noviembre de 2010. El Tribunal, examinó las 6 muertes (enumeradas como 1 a 6 del acuerdo) producidas en el penal de Lavalle por el incendio ocurrido el 1 de mayo de 2004, y estableció un total de 601.000 dólares estadounidenses. Estableció asimismo que el monto a pagar por el Estado en los 10 casos de las personas (7 a 18 del acuerdo) fallecidas en la penitenciaría ubicada en Boulogne Sur Mer de 1.413.000 dólares estadounidenses. En los 8 casos de personas que sufrieron lesiones en los distintos centros, estableció un monto de 202.000 dólares estadounidenses. Como costas y honorarios, dispuso el pago de 100.000 dólares estadounidenses y 18.000 de remuneraciones a los árbitros.




  1. La Comisión no cuenta con información sobre el pago de las reparaciones pecuniarias ordenadas por el Tribunal Arbitral.

Medidas de reparación no pecuniarias
Medidas normativas:
Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree un organismo local de prevención en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación.
Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor de 90 días, un proyecto mediante el cual se crea una Procuración a favor de las personas privadas de libertad, y a realizar Ias gestiones pertinentes para lograr su aprobación.


  1. Como se indicara en el Informe 84/11, el acuerdo de solución amistosa, el Estado informó que el 15 de abril de 2011, fue promulgada la Ley 8.279, que dispone la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicha Ley fue publicada en el Boletín Oficial el lunes 16 de mayo de 2011.




  1. La Comisión no cuenta con información sobre el punto relativo a la procuración en favor de las personas privadas de libertad.


Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza.


  1. El Estado informa que sometió dicho proyecto e informa que con el objeto de lograr su aprobación, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, en 2009 y 2010 concurrió a diferentes comisiones de la Legislatura Provincial de Mendoza y a jornadas de aplicación del Protocolo Facultativo.




  1. La Comisión no cuenta con información sobre el cumplimiento de este punto del acuerdo.


Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor a 90 días, un proyecto de ley mediante el cual se crea una Defensoría Pública oficial ante los juzgados de ejecución penal, y a realizar Ias gestiones pertinentes para lograr su aprobación.


  1. Como se indicara en el Informe el Estado informó sobre la creación de estas defensorías mediante la Ley Orgánica de Ministerio Público, número 8.008 de 30 de diciembre de 2008, con el objeto de brindar defensa y representación de los condenados por sentencia firme en los trámites judiciales y administrativos relativos al régimen progresivo de la pena y a las condiciones de detención en general. Igual función corresponderá a los defensores oficiales respecto a los procesados. En su momento se informó que ya habían sido designados la defensora para el Penal Almafuerte y la defensora para el penal Boulogne Sur Mer.




  1. La Comisión no cuenta con información respecto a la designación de defensore/as para los centros de Penitenciaría de Mendoza y Gustavo André.


Adoptar las medidas que fueran necesarias para jerarquizar la Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno a nivel de Dirección o Subsecretaria.


  1. El Estado informó que ese compromiso fue cumplido mediante Decreto Ejecutivo No. 186 el 29 de enero de 2008.


Otras Medidas de Satisfacción:
El Gobierno de la Provincia de Mendoza adoptará las medidas necesarias para colocar, en un plazo no mayor a 90 días, una placa recordatoria de las medidas solicitadas por la CIDH y por la Corte IDH respecto de las cárceles de Mendoza, que se ubicara en la entrada de la Penitenciaria Provincial.


  1. El Estado informó que dicha placa fue colocada en el ingreso al Complejo Penitenciario No 1, Boulogne Sur Mer.


El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a realizar, en el ámbito de su competencia, todas las gestiones necesarias para que continúen las investigaciones de todas las violaciones a derechos humanos que derivaron en el dictado de las medidas provisionales dispuestas por la Corte IDH. Los resultados de dichas gestiones serán presentadas por el Gobierno de la Provincia de Mendoza en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, así como las medidas adoptadas a los efectos de determinar responsabilidades que de dichas violaciones se deriven. Los resultados de dichas investigaciones deberán ser difundidas por los medios de comunicación.


  1. En su última comunicación a la CIDH, los peticionarios habían informado sobre la falta de avances en las investigaciones, indicando que la mayor parte de los casos continúa en la impunidad. La Comisión no cuenta con información actualizada sobre las medidas implementadas para dar cumplimiento a este compromiso.


Plan de acción y presupuesto
El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete, en un plazo no mayor de 90 días, a elaborar, en consulta con el Estado Nacional y con los peticionarios un Plan de Acción en Política Penitenciaria que permita establecer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo con un presupuesto acorde que posibilite su implementación. Dicho plan deberá contemplar, al menos, los siguientes puntos:


  1. La Comisión no cuenta con información actualizada sobre la adopción e implementación del Plan de Acción en Política Penitenciaria.


Indicar las medidas a implementar para que los jóvenes adultos privados de libertad en Ia Provincia de Mendoza sean asistidos y custodiados por personal con formación específica para dicha tarea. Asimismo, se deberá garantizar a la totalidad de la población en esas condiciones la educación, la recreación y el acceso a actividades culturales y deportivas, una adecuada asistencia médica/psicológica y toda otra medida destinada a una adecuada inserción social y laboral.



  1. La Comisión no cuenta con información actualizada sobre las medidas implementadas para dar cumplimiento a ese compromiso.


Teniendo en cuenta las condiciones de detención de los internos de las penitenciarias de Mendoza, solicitar a las autoridades administrativas o judiciales la revisión de antecedentes disciplinarios o informes del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional que afecten la implementación de los beneficios contemplados en el Régimen Progresivo de la Pena. Además deberá analizar el funcionamiento del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional con el objeto de optimizar su labor.



  1. Como se indicara en el Informe 84/11, según la información aportada por el Estado desde principios de 2008 el Organismo Técnico Criminológico modificó los criterios de evaluación, que redundó en un notable incremento de los dictámenes positivos y, en consecuencia, a un mayor acceso de los internos a los beneficios establecidos en la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de libertad).


Mejorar el servicio de salud de la Penitenciaría Provincial con la colaboración del Ministerio de Salud y realizarse las inversiones necesarias para la efectiva prestación del servicio a toda persona privada de libertad.



  1. La Comisión no cuenta con información actualizada sobre las medidas implementadas para dar cumplimiento a ese compromiso.


d) Garantizar el acceso a la actividad laboral a todos los internos de las Cárceles de Mendoza que así lo soliciten;


  1. La Comisión no cuenta con información actualizada sobre las medidas implementadas para dar cumplimiento a ese compromiso.


e) Garantizar el acceso y adecuada atención en los Juzgados de Ejecución, de toda persona que tenga un interés legítimo sobre la Ejecución de la Pena de los internos de las Cárceles de Mendoza. En especial el libre acceso a los abogados quienes podrán compulsar libremente Ios expedientes que se tramitan en dichos juzgados;



  1. La Comisión no cuenta con información actualizada sobre las medidas implementadas para dar cumplimiento a ese compromiso.


f) Se procurará una adecuada capacitación y formación profesional del Personal Penitenciario.


  1. En el Informe 84/11 la Comisión tomó nota sobre la aprobación de la Ley No. 7.976 Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial, que exige la profesionalización de las máximas autoridades penitenciarias. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con información sobre la creación del Instituto Universitario Penitenciario.


Finalmente, las partes acuerdan mantener abierto un espacio de diálogo y a constituir una Comisión de Monitoreo a efectos de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en la presente acta, incluyendo las propuestas normativas y demás medidas acordadas, en cuyo marco las partes podrán proponer otras medidas de acción que pudieran ser conducentes a un mejor cumplimiento del objeto y fin del presente acuerdo.


  1. La Comisión no cuenta con información sobre la constitución de la Comisión de Monitoreo.




  1. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Las partes no suministraron la información solicitada.




  1. De la información en conocimiento de la Comisión se desprende que un número importante de los compromisos adoptados por el Estado en acuerdo de solución amistoso han sido cumplidos. Al respecto, es de indicar que en el Informe 84/11, la CIDH valoró altamente los esfuerzos desplegados por las partes para lograr el acuerdo e implementarlo.




  1. No obstante lo anterior, la Comisión advierte que debido a la falta de información actualizada por sobre la implementación de los puntos pendientes de cumplimiento, no se puede proferir sobre los mismos.




  1. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendientes de cumplimiento.


Caso 12.306, Informe No 85/11, Juan Carlos de la Torre (Argentina)


  1. En el informe No. 85/11 del 21 de julio de 2011, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 4 de noviembre de 2009 por las partes en el caso No. 12.306, Juan Carlos de la Torre. En resumen, los peticionarios alegan el señor Juan Carlos De la Torre, de nacionalidad uruguaya, ingresó a Argentina en el año 1974 con autorización de la Dirección Nacional de Migraciones y, luego de 24 años de permanencia en territorio argentino, el señor De la Torre fue detenido sin orden judicial y expulsado del país a través de un proceso sumario que no le brindó garantías judiciales. Los peticionarios alegan que mediante dichos hechos, el Estado argentino incurrió en una violación de los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la no injerencia en la vida privada y a la protección de la familia, consagrados respectivamente en los artículos 7, 8, 25, 11.2 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio del señor Juan Carlos De la Torre.




  1. El 4 de noviembre de 2009, los peticionarios y los representantes del Gobierno de la República Argentina suscribieron un acuerdo, en cuyo texto se establece lo siguiente:


ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA
Las partes en la petición N° 12.306 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Juan Carlos De la Torre-: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado en este acto por la Dra. Andrea Pochak, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representado en este acto por la Dra. Liliana Tojo, ambos en carácter de peticionarios, y el Gobierno de la República Argentina, en su carácter de Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante “La Convención”, representado por el señor Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Luis Hipólito Alen, la señora Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, Dra. Andrea Gualde, el señor Director de Derechos Humanos (Contencioso Internacional) de la Cancillería Argentina, Dr. Javier Salgado, el Asesor de Gabinete de la Cancillería Argentina, Dr. Jorge Cardozo, y el señor representante de la Dirección Nacional de Migraciones, Dr. Carlos Alberto Beraldi, quien suscribe este documento ad referéndum del señor Director Nacional de Migraciones, tienen el honor de informar a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han llegado a un acuerdo de solución amistosa de la petición, cuyo contenido se desarrolla a continuación solicitando que, en orden al consenso alcanzado, éste sea aceptado y se adopte el consecuente informe previsto por el artículo 49 de la Convención.
I. EL PROCESO DE SOLUCIÓN AMISTOSA

    1. En el marco del 118° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino y los peticionarios convinieron en abrir un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa de la petición, todo ello sin perjuicio de los argumentos de hecho y de derecho sostenidos por las partes en el curso de la sustanciación del procedimiento.




    1. En dicha ocasión se acordó una agenda de trabajo que incluía la evaluación de diversas medidas normativas y administrativas relacionadas tanto con el marco legal en vigor en materia migratoria como así también respecto de la situación individual del señor Juan Carlos De la Torre.




    1. El proceso iniciado contribuyó de manera decisiva a la derogación de la ley de migraciones por entonces vigente, conocida como “Ley Videla”, y a su sustitución por la ley 25.871, sancionada el 20 de enero de 2004; a la implementación de un mecanismo de consultas con distintas organizaciones a efectos del dictado de la reglamentación de la nueva norma; a la adopción de las medidas necesarias para la aprobación y posterior ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias; a la suspensión de las inspecciones migratorias y sus secuelas de retenciones, detenciones y expulsiones; al dictado del Decreto 836/04 que regla la normalización documentaria para todos los nativos del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Perú; y al dictado del Decreto 1169/04 con idéntico objetivo para las personas oriundas de todo otro Estado. En ese sentido, el recientemente aprobado “Plan Nacional contra la Discriminación” incluye un capítulo específicamente dedicado a los migrantes y a los refugiados.




    1. Asimismo, y en lo particularmente referido a la situación migratoria personal del señor De la Torre –cuya expulsión del territorio nacional sin las debidas garantías dio lugar a la interposición de la denuncia ante la CIDH- la Dirección Nacional de Migraciones, en cumplimiento de la agenda de trabajo a que se hace referencia en el punto 2 del presente acuerdo resolvió, con fecha 13 de octubre de 2005, levantar la prohibición de reingreso al territorio argentino que pesaba sobre el nombrado.




    1. En el marco del 123° periodo ordinario de sesiones de la CIDH, con fecha 19 de octubre de 2005, las partes manifestaron que, atento al grado de cumplimiento de la agenda de trabajo prevista en el presente proceso de diálogo, “…están dadas las condiciones para evaluar un documento de entendimiento definitivo”. Desde tal perspectiva, las partes expresaron su “satisfacción y reconocimiento mutuo por los esfuerzos por ambos desplegados en aras a llegar a una solución amistosa de la presente petición”.


II. ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA

Atento a ello, el Gobierno de la República Argentina y los peticionarios acuerdan:


1) Expresar su beneplácito por los resultados del proceso de solución amistosa reseñados precedentemente, que ratifica una vez más el alto valor y potencialidad del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y particularmente de la institución de la solución amistosa, como legítimo mecanismo de alerta temprana y para la instrumentación efectiva de medidas tendientes al mejoramiento institucional del Estado;


  1. Que el Estado argentino se compromete a adoptar todas aquellas medidas que fueran necesarias para garantizar el respeto de los estándares internacionales que fueran exigibles en materia migratoria, en base a la siguiente agenda de trabajo tentativa:




    1. El Estado argentino se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para dictar, en el plazo de un (1) mes, la reglamentación de la nueva Ley de Migraciones, tomando como texto el Proyecto aprobado por la Comisión Asesora para la Reglamentación de la Ley N° 25.871, creada por la Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones N° 37130/08, del 26 de mayo de 2008. La mencionada Comisión se integró con organizaciones eclesiásticas, como la Fundación Comisión Católica, y organizaciones de derechos humanos como el CELS, entre otras. La Comisión –que funcionó entre los meses de junio a octubre de 2008- elaboró un proyecto de reglamento de la ley de migraciones, que se adjunta como parte integrante del presente acuerdo. Este proyecto respeta el contenido de la nueva ley, garantizando, entre otros aspectos, el acceso igualitario de las personas migrantes a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, el derecho a la reagrupación familiar, el derecho al debido proceso en el procedimiento migratorio, facilidades para el pago de la tasa migratoria y un sistema claro de exención de dicha tasa, y la adopción de las medidas que fueran necesarias para garantizar una adecuada asesoría jurídica para migrantes y sus familias.




    1. El Estado argentino se compromete a realizar un pormenorizado análisis de la legislación vigente en la materia (nacional y provincial) a fin de impulsar la adecuación de aquella normativa que eventualmente contenga disposiciones que efectúen discriminaciones ilegítimas con base en la condición de extranjero de la persona o en su condición migratoria a los estándares internacionales y constitucionales en la materia. En este sentido, las partes destacan la aprobación del “Plan Nacional contra la Discriminación”, que incluye un capítulo específicamente dedicado a los migrantes y a los refugiados.




    1. El Estado argentino se compromete, a través de la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a mantener periódicamente en la sede de la Cancillería las reuniones de trabajo que fueran necesarias con el objeto de monitorear la aplicación efectiva de los compromisos asumidos, a las que se convocará a las agencias estatales que tuvieran competencia en los distintos puntos a evaluar, y de informar con igual periodicidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


III. PETITORIO

  1. El Gobierno de la República Argentina y los peticionarios celebran la firma del presente acuerdo, manifiestan su plena conformidad con su contenido y alcance y valoran mutuamente la buena voluntad puesta de manifiesto en el proceso de negociación.




  1. Asimismo, las partes agradecen la permanente colaboración y seguimiento que del caso ha hecho la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y solicitan que, una vez que se publique el Decreto de Reglamentación de la ley en el Boletín Oficial de la República Argentina, se proceda a la aprobación del acuerdo de solución amistosa alcanzado mediante la adopción del informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.




  1. Finalmente, se deja constancia que el presente instrumento es suscrito por el CELS y CEJIL en calidad de peticionarios –conforme a la amplia legitimación activa que reconoce el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – y no en el ejercicio de un mandato de representación, por lo cual, a todo evento, no le será oponible al señor Juan Carlos De la Torre habida cuenta de que no ha prestado su conformidad.

Washington, DC, 4 de noviembre de 2009.




  1. El 5 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información a ambas partes respecto del cumplimiento de los compromisos comprendidos en el acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes.




  1. Según la información aportada por el Estado, el 6 de mayo de 2010 se promulgó el Decreto 616/2010, reglamentario de la ley 25.871, que continúa la línea de la Ley de Migraciones, con relación al respeto de los estándares de derechos humanos en la materia.




  1. Mediante comunicación del 2 de enero de 2013 los peticionarios indicaron a la Comisión que si bien inicialmente el Estado dio importantes señales de compromiso en la implementación del acuerdo, en particular mediante el dictado de la reglamentación de la Nueva Ley de Migraciones, aun permanecen incumplidos puntos esenciales del acuerdo. En particular, los peticionarios indican que no se ha avanzado en el análisis pormenorizado de las normas nacionales y provinciales al que el Estado se comprometió con el fin de impulsar la adecuación de la normativa a los estándares de derechos humanos; y que no se ha instaurado formalmente una instancia de trabajo conjunta con miras a trabajar periódicamente para la aplicación efectiva de los compromisos asumidos.




  1. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.




  1. Mediante comunicación recibida el 4 de diciembre de 2013, el Estado informó que, sin perjuicio de considerar que el Acuerdo de Solución Amistosa firmado entre las partes se encuentra sustancialmente cumplido con la aprobación del referido Decreto N° 616/10, se han llevado a cabo reuniones de trabajo y que se continúa trabajando en el análisis de la normativa vinculada a la materia.




  1. La Comisión valora altamente los esfuerzos desplegados por las partes que resultó en la derogación de la ley de migraciones conocida como “Ley Videla”, y su sustitución por la ley 25.871, sancionada el 20 de enero de 2004, así como por el Reglamento de la Ley de Migraciones, aprobado el 3 de mayo de 2010 por la presidenta de la Nación argentina, a través del Decreto N° 616. Al mismo tiempo, la Comisión observa que los puntos 2.b y 2.c del acuerdo de solución amistosa se encuentran pendientes de cumplimiento, por lo que reitera a las partes la necesidad de realizar sus mejores esfuerzos con el fin de avanzar en el análisis de la normativa vigente para adecuarla a los estándares internacionales en la materia, y para instaurar la instancia de trabajo conjunta que de seguimiento a la implementación del acuerdo.




  1. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendientes de cumplimiento.




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