Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh



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Caso 11.732, Informe No. 83/09, Horacio Aníbal Schillizzi Moreno (Argentina)


  1. En el Informe No. 83/09 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión  concluyó que el Estado argentino había violado, respecto a Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, los derechos a la protección y a las garantías judiciales, bajo los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los términos del artículo 1(1) de la misma. En resumen, los peticionarios alegaron que con motivo de un incidente de recusación, los jueces de la Sala "F" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal sancionaron el 17 de agosto de 1995 al señor Schillizzi a tres días de arresto por "maniobras destinadas a obstruir el curso de la justicia". Los peticionarios alegaron que la sanción de arresto se impuso sin respetar las garantías judiciales, porque a su juicio el tribunal no fue imparcial, no fundamentó la decisión, no permitió el derecho a la defensa y tampoco hubo un control judicial del fallo. Asimismo, que la sanción de arresto fue arbitraria e ilegal pues violó el derecho a la libertad personal, aunada a que el rechazo de las autoridades judiciales a la solicitud de cumplir esta sanción en el domicilio, violó el derecho a la integridad personal y a la igualdad ante la ley.




  1. La CIDH formuló al Estado argentino las siguientes recomendaciones:

1. Reconocer públicamente responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos determinadas por la Comisión en el presente informe. En especial, realizar, con la participación de altas autoridades del Estado y el señor Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso.


2. Adoptar, como medida de no repetición, las acciones necesarias para asegurar que las sanciones disciplinarias sean aplicadas a través de procesos realizados con el debido proceso legal.


  1. El 22 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las anteriores recomendaciones.




  1. Mediante nota del 21 de diciembre de 2010 los peticionarios indicaron a la CIDH que lamentablemente hasta esa fecha no habían podido acceder a información que dé cuenta sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Con anterioridad a la publicación del Informe No. 83/09 los peticionarios habían informado a la CIDH, que tras la última entrevista que tuvieron con el señor Schillizzi en el año 2006, habían perdido contacto con el mismo y que todos los intentos que habían realizado para comunicarse con él habían resultado infructuosos.




  1. Por su parte, en comunicación del 12 de enero de 2011 el Estado se refirió únicamente a la segunda recomendación respecto de la cual remitió un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el cual para el 21 de diciembre de 2010 “todas las cámaras nacionales y federales de capital e interior del país dieron cumplimiento con la adopción de medidas reglamentarias a fin de poder ejercer las facultades disciplinarias que la ley confiere a los tribunales, en armonía con el respeto al debido proceso adjetivo, según lo dispuesto por la acordada nº 26/08 de la Corte Suprema”.




  1. La Comisión observa con beneplácito los avances realizados por el Estado para dar cumplimiento con la segunda recomendación del Informe Nº 83/09, la cual según la información aportada por el Estado se encontraría plenamente cumplida, toda vez que las autoridades judiciales argentinas habrían adoptado las previsiones reglamentarias necesarias para que las sanciones disciplinarias se apliquen conforme a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.




  1. Mediante comunicación de 10 de marzo de 2011 el Estado remitió copia de las medias reglamentarias adoptadas por las cámaras nacionales y federales de Buenos Aires y del interior del país, que permiten ejercer las facultades disciplinarias que la ley confiere a los tribunales, en armonía con el debido proceso y en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema en su acordada No. 26/08.




  1. El 26 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado cumplimiento de las recomendaciones. El 3 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información a las partes respecto del cumplimiento de la primera recomendación.




  1. La Comisión no cuenta con información adicional a la aportada por los peticionarios en diciembre de 2010 con relación con la primera recomendación, según la cual habrían perdido contacto con el Sr. Schillizzi desde 2006, lo cual fue reiterado por los peticionarios mediante nota de 31 de diciembre de 2012. Al respecto, la CIDH reitera su llamado a ambas partes para hacer sus mejores esfuerzos a fin de ubicar al señor Horacio Aníbal Schillizzi Moreno y dar cumplimiento a dicha recomendación.




  1. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el Estado argentino ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones formuladas en el Informe No. 83/09. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.


Caso 11.758, Informe No. 15/10, Rodolfo Correa Belisle (Argentina)


  1. En el Informe No. 15/10 de fecha 16 de marzo de 2010, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 11.758, Rodolfo Correa Belisle. En resumen, la parte peticionaria señaló que en abril de 1994 se ordenó a la presunta víctima, capitán del ejército argentino, que realizara un rastrillaje en el Regimiento de Zapala, el cual le llevó a encontrar el cadáver del soldado Carrasco, quien pocos días antes había ingresado a ese regimiento. Agregaron que como consecuencia de la muerte del soldado Carrasco, se inició un proceso penal. En dicho proceso se llamó a declarar al señor Correa Belisle quien habría denunciado actividades realizadas por personal militar que él consideraba ilegales. Los peticionarios alegaron que como consecuencia de dichas declaraciones y porque el entonces Jefe del Estado Mayor se consideró ofendido, se le inició a Correa Belisle un proceso en la jurisdicción penal militar, en el que fue condenado a tres meses de arresto por la infracción militar de “irrespetuosidad”. Los peticionarios alegaron que el Estado argentino era responsable por la detención arbitraria sufrida por el señor Correa Belisle, así como por las diversas violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso, ocurridas durante el proceso seguido contra el mismo.




  1. El 14 de agosto de 2006, el Estado de Argentina y los peticionarios suscribieron un acuerdo de solución amistosa, que fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nacional N° 1257/2007 del 18 de septiembre de 2007. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:


1. Reconocimiento de Responsabilidad Internacional
Habiendo evaluado los hechos denunciados a la luz de las conclusiones del informe de admisibilidad N° 2/04, y considerando el dictámen N° 240544 de fecha 27 de febrero de 2004 producido por la Auditoría General de las Fuerzas Armadas en cuyo marco se señaló, entre otros aspectos, que “…estamos ante una situación clara – un sistema de administración de justicia militar que no asegura la vigencia de derechos de los eventualmente vinculados a causas penales en trámite en esa jurisdicción, a la vez que impotente para asegurar una recta administración de justicia”, el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional en el caso por la violación de los artículos 7, 8, 13, 24, y 25, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se compromete a adoptar las medidas de reparación contempladas en el presente instrumento.
2. Medidas de reparación no pecuniarias


  1. El Estado argentino se disculpa con el señor Rodolfo Correa Belisle

En función del reconocimiento de responsabilidad internacional que precede, el Estado argentino considera oportuno presentar sus más sinceras disculpas al señor Rodolfo Correa Belisle por el hecho producido en 1996, durante el cual fue sometido a un proceso y juicio militar que culminó con una condena de 90 días de arresto como consecuencia de la aplicación en la especie de una normativa incompatible con los estándares internacionales exigibles.
En ese sentido, y conforme a la evaluación de las circunstancias que rodearon al caso expuesto por los peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del cual los órganos competentes del Estado nacional han hecho oportuno mérito, en el marco del proceso seguido contra Rodolfo Correa Belisle no se ha cumplido con la estricta observancia de los derechos y garantías que el derecho internacional de los derechos humanos requiere en la materia, razón por la cual se impone la presente disculpa como parte del compromiso que asume el Estado nacional.


  1. La reforma del Sistema de Administración de Justicia Militar

En la reunión de trabajo celebrada durante el 124° período ordinario de sesiones de la CIDH, la delegación gubernamental informó acerca del estado de situación de los esfuerzos llevados a cabo desde el Estado argentino en relación al cambio legislativo vinculado con el sistema de justicia militar. En ese sentido, se informó acerca del dictado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la resolución N° 154/06 mediante la cual se conformó, un grupo de trabajo integrado por expertos de las Secretarías de Derechos Humanos y de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil, la Universidad de Buenos Aires, y miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo se ha concertado en la transformación del régimen disciplinario militar, una revisión integral de la legislación militar, y la consideración de cuestiones atinentes a la regulación de actividades en el marco de operaciones de paz y situaciones de guerra, habiéndose previsto un plazo de 180 días para la finalización de sus actividades. El citado grupo de trabajo concluyó, con anterioridad a dicho plazo, la elaboración de un proyecto de reforma del Sistema de Administración de Justicia Militar, el que fue formalmente elevado a la señora Ministro de Defensa con fecha 19 de julio de 2006.
Atento a ello, el Estado argentino se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para remitir dicho proyecto de reforma al Congreso de la Nación con anterioridad a la finalización del presente período ordinario de sesiones legislativas.


  1. Publicación del acuerdo de Solución Amistosa

El estado argentino se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo, por una vez y en forma completa, en el Boletín Oficial de la República Argentina, a los diarios “Clarín”, “La Nación“ “Río Negro” y “La Mañana del Sur”, como así también en el Boletín Reservado del Ejército, en el Boletín Público del Ejército, en la revista “Soldados” y en el periódico “Tiempo Militar”, todo ello una vez que el presente acuerdo sea debidamente aprobado de acuerdo con lo expresado en el punto III del presente instrumento y homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


  1. El 10 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Mediante comunicación del 21 de diciembre de 2010 los peticionarios informaron que el 6 de agosto de 2008 se sancionó la ley 26.394 por la cual se derogó el Código de Justicia Penal Militar y todas las normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que lo reglamentaban. Mediante esa misma ley se creó un nuevo sistema de justicia militar respetuoso del debido proceso, y se modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, informaron que sólo quedaría pendiente de cumplimiento el punto II.2.c del acuerdo de solución amistosa correspondiente a la publicación del contenido del acuerdo.




  1. Por su parte, en nota del 12 de enero de 2011 el Estado comunicó a la CIDH que el Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, informó que adoptaría las medidas necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la publicación del acuerdo de solución amistosa.




  1. El 26 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, en específico, sobre el compromiso de publicación del acuerdo de solución amistosa. No se recibió información adicional.




  1. El 3 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información a ambas partes con respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en la solución amistosa.




  1. Mediante comunicación de fecha 31 de diciembre de 2012, los peticionarios indicaron que al Estado argentino le restaba cumplir con el punto II.2.c del acuerdo de solución amistosa, compromiso referido a la publicación del contenido del informe en diversos diarios de circulación masiva. Al respecto informaron que de una averiguación realizada por ellos, tuvieron conocimiento de que el 28 de enero de 2012 el Estado había publicado el contenido solicitado en el diario La Nación. En ese sentido indicaron que les interesaría conocer si el Estado informa de la realización de otras publicaciones en otro medio de circulación masiva con idéntico objetivo. Señalan que de confirmarse el cumplimiento de ese punto pendiente, se podría dar por cumplido cabalmente el acuerdo de solución amistosa y proceder a archivar el caso.




  1. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Solicitud que fue respondida por el Estado mediante comunicación del 9 de diciembre de 2013. El Estado envió información suministrada por el Ministerio de Defensa de la Nación y una nota de la Secretaria de Derechos Humanos mediante la cual informan de la publicación del contenido del informe de solución amistosa en el Boletín Público y en el Boletín Reservado del Ejército Argentino. El Estado reiteró además, que mediante comunicación del 23 de diciembre de 2011 se elevó ante la Secretaría de Comunicación Pública el contenido del informe de solución amistosa para ser publicado en los medios gráficos "Clarín", "La Nación", "Río Negro" y "La Mañana del Sur". Respecto de dicha información, la Comisión observa que la parte peticionaria no proporcionó información alguna.




  1. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendientes de cumplimiento.


Caso 12.536, Informe No. 17/10, Raquel Natalia Lagunas y Sergio Antonio Sorbellini (Argentina)


  1. En el informe No.17/10 de fecha 16 de marzo de 2010, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.536, Raquel Natalia Lagunas y Sergio Antonio Sorbellini. En resumen, los peticionarios sostuvieron que, a partir del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus hijos, se habría desplegado una actividad policial con el fin de encubrir el hecho y borrar o tergiversar las pruebas. Los peticionarios hicieron referencia a una serie de irregularidades procesales a consecuencia de los cuales se habría llegado incluso a la condena de dos personas, a favor de quienes más adelante se habría declarado la nulidad de la causa en su contra por los vicios procesales existentes. Señalaron que en el presente caso la Legislatura habría creado una Comisión Especial a fin de investigar la cadena de encubrimientos, por considerarlos graves hechos de interés público. Afirmaron que, a través de las acciones de dicha Comisión se habría realizado la exhumación de los cuerpos, y se habría comprobado que las autopsias declaradas judicialmente nunca se habrían realizado, y que eran falsas las actuaciones policiales y las actas de los peritos.




  1. El 19 de noviembre de 2007, el Estado de Argentina y los representantes de la familia de Raquel Lagunas suscribieron un acuerdo de solución amistosa, al que se sumaron los representantes de la familia Sorbellini el 24 de noviembre de ese año, mediante un protocolo de adhesión. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:


III. Medidas a adoptar

A. Medidas de reparación no pecuniarias
1. El Gobierno de la Provincia de Río Negro se compromete, en pleno respeto a la división de poderes, a realizar sus mejores esfuerzos para continuar con las investigaciones del caso hasta las últimas consecuencias. Con ese objeto, y tal como se dejara constancia en el acta de fecha 8 de noviembre de 2007, el Gobierno de la Provincia de Río Negro y los peticionarios convienen en constituir una Comisión de Seguimiento a efectos de realizar un monitoreo de los avances del expediente judicial a fin de elaborar un diagnóstico de la causa para evaluar los pasos a seguir, a la que se invitará a participar al Estado nacional. Las partes acordarán la constitución de dicha comisión.
2. Asimismo, y tal como fuera comprometido en el punto 1.b del acta de fecha 6 de diciembre de 2006, se deja constancia que el Gobierno de la Provincia de Río Negro ha procedido a la implementación de un "Fiscal en Comisaría" en la ciudad de Río Colorado, que será nombrado por concurso público.
3. En cuanto a la reivindicación del buen nombre y honor de Raquel Natalia Lagunas y Sergio Sorbellini, se deja constancia que el Gobierno de la Provincia de Río Negro procedió a la publicación de la declaración pública convenida en el punto 2 del acta de fecha 30 de septiembre de 2002.
4. Como otra medida de satisfacción, se deja constancia del cumplimiento del punto 3 del acta de fecha 30 de septiembre de 2002, en virtud del cual el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Colorado designó con el nombre de Raquel Lagunas y Sergio Sorbellini a una plaza de dicha ciudad.
B. Medidas de reparación pecuniarias
1. El Gobierno de la Provincia de Río Negro se compromete a indemnizar a la familia de cada una de las víctimas con la suma de Cien Mil Dólares Estadounidenses respectivamente. Dicha indemnización se abonará de acuerdo al siguiente cronograma: a) Familia Lagunas: 60% del total, mas 20% en concepto de honorarios profesionales de los letrados intervinientes, (Dres. Thompson, Espeche y Bugalfo), que se abonan en este acto, mediante cheque Nro.16664764 del Banco Patagonia por la suma de ciento noventa mil ochocientos pesos ($ 190.800), a la orden de Leandro Nicolás. Lagunas, y cheque Nro 16664762 del Banco Patagonia a la orden del Dr. Ricardo Thompson por la suma de sesenta y dos mil trescientos veintiocho pesos ($ 62.328) habiéndose practicado a los letrados la retención del impuesto sobre los ingresos brutos por mil doscientos setenta y dos pesos ($ 1.272) de la que reciben comprobante. El saldo restante se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas, cuyo vencimiento operará el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de enero de 2008, respectivamente. El Sr. Leandro Lagunas percibe el importe correspondiente en representación de la familia de Raquel Lagunas y el Dr. Ricardo Thompson en representación de los letrados. b) Familia Sorbellini: El Gobierno de la Provincia ele Río Negro se compromete a incluir la reparación debida en el presupuesto del año 2008, y a satisfacer su totalidad con anterioridad al 30 de junio de 2008.


  1. El 24 de noviembre de 2007, los representantes de la familia Sorbellini firmaron el un protocolo de adhesión en los siguientes términos:

I. Adhesión de la familia de Sergio Sorbellini al Acuerdo de Solución Amistosa de fecha 19 de noviembre de 2007. En ese sentido, los peticionarios manifiestan que, en el carácter indicado en el acápite, adhieren en todos sus términos- y condiciones al acuerdo de solución amistosa suscripto con fecha 19 de noviembre de 2007 entre los representantes de la familia de Raquel Lagunas y el Gobierno de la Provincia de Río Negro del que reciben un ejemplar. Así mismo el Dr. D´agnillo en su carácter de letrado patrocinante de la familia de Sergio Sorbellini, adhiere en todos sus términos y condiciones al citado acuerdo de solución amistosa.


II. Conclusiones

Habida cuenta de la adhesión precedentemente manifestada, los peticionados y el Gobierno de la Provincia de Río Negro acuerdan elevar el presente protocolo adicional a! Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, a efectos de que éste se adjunte, como parte integrante, al acuerdo de solución amistosa suscripto con fecha 19 de noviembre de 2007, solicitándose en consecuencia su ratificación en sede internacional y su sometimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los fines contemplarlos por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, se deja constancia que con carácter previo a su elevación a la Cancillería Argentina; el presente acuerdo deberá ser aprobado por la normativa correspondiente por la Provincia de Río Negro.




  1. El 3 de enero de 2011 se recibió comunicación de parte del señor Leandro Nicolás Lagunas en la que indicó que no habría hasta esa fecha avance alguno en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.




  1. Por su parte el Estado argentino, mediante nota del 12 de enero de 2011 remitió un informe sobre los avances. En ese sentido, informó que se habría constituido e integrado la “Comisión de Seguimiento del Doble Crimen de Río Colorado” y que no habría sido posible que familiares de las víctimas fueran parte de esa Comisión, por negativa de los mismos a participar. Informó que el concurso para el cargo de Fiscal Descentralizado de la ciudad de Río Colorado se encontraba a esa fecha en trámite. Asimismo, se indicó que en la causa seguida por la investigación, el fiscal habría manifestado que no habrían surgido nuevas evidencias que ameritaran el análisis de alguna hipótesis delictiva no contemplada con anterioridad y que tampoco habría habido la posibilidad de producir pruebas eficientes al esclarecimiento de las muertes de Sergio Antonio Sorbellini y Raquel Natalia Lagunas.




  1. En cuanto a las medidas de reparación pecuniarias, el Estado indicó que se habría hecho el pago a cada familia de $100,000.00 dólares estadounidenses, cumpliendo así con lo establecido en el acuerdo.




  1. El 3 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.




  1. Mediante comunicación de 27 de septiembre de 2012, el peticionario informó que el Estado sólo había dado cumplimiento al compromiso de reparación monetaria, y que no había adoptado acciones para el cumplimiento de todos los puntos restantes.




  1. Indicó además que no habría tenido lugar una sola reunión para constituir la “Comisión de Seguimiento del Doble Crimen de Río Colorado”, desde noviembre de 2007 y que a la inauguración de la plaza en memoria de las víctimas sólo habrían asistido el intendente municipal y empleados del municipio.




  1. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. El Estado no suministró la información solicitada.




  1. Mediante comunicación de fecha 6 de noviembre de 2013, el peticionario se remitió a sus comunicaciones pasadas reiterando que el Estado no habría adoptado acciones para el cumplimiento de los compromisos pendientes. En particular, señaló que con respecto a la información provista por el Estado relativa a la constitución de una “Comisión de Seguimiento”, desconoce las actas de su integración, sus integrantes, y donde se habría hecho constar su negativa a participar. Al respecto indica que desconoce qué valor podría tener la misma dado que habría sido creada unilateralmente. Asimismo, señala que desconoce la situación actual respecto al fiscal de la causa.




  1. De la información se desprende que las medidas de reparación no pecuniarias acordadas por las partes en el acuerdo de solución amistosa se encuentran pendientes de cumplimiento. Hasta el momento la CIDH no ha recibió información sobre los resultados alcanzados por la “Comisión de Seguimiento del Doble Crimen de Río Colorado”, como tampoco sobre los resultados del concurso para el cargo de Fiscal Descentralizado de la ciudad de Río Colorado. En cuanto a las medidas de reparación pecuniaria, la Comisión observa que el Estado ha dado cumplimiento al compromiso asumido en los términos del acuerdo.




  1. En virtud de la información suministrada por el Estado, la Comisión concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido.




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