Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Caso 12.080, Informe No. 102/05, Sergio Schiavini y María Teresa Schnack (Argentina)



Descargar 2.19 Mb.
Página3/32
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño2.19 Mb.
Vistas255
Descargas0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Caso 12.080, Informe No. 102/05, Sergio Schiavini y María Teresa Schnack (Argentina)


  1. El 27 de octubre de 2005, mediante Informe No. 102/05 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Sergio Schiavini y María Teresa Schnack.  En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por la muerte de Sergio Andrés Schiavini, ocurrida el 29 de mayo de 1991 durante un enfrentamiento entre miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de asaltantes que tomaron como rehenes a varias personas entre las que se encontraba el joven Schiavini.  Los peticionarios señalaron como agravios por parte del Estado el uso excesivo de la fuerza durante el tiroteo; la denegación de protección y garantías judiciales; y los actos de persecución a los que se ha visto sometida María Teresa Schnack a partir la muerte de su hijo, Sergio Schiavini, por impulsar los procesos de investigación.




  1. Por medio del acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad por “los hechos sucedidos y la violación de los derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que surgen del informe de admisibilidad No. 5/02 adoptado por la CIDH en el marco de su 114º período ordinario de sesiones. 




  1. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a:

1.  Constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc"  a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los causahabientes de Sergio Andrés Schiavini, integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

 

2. Definir de común acuerdo el procedimiento a aplicar, labrando un acta y enviándola a la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delégase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.



 

3. Conformar un grupo de trabajo técnico, al que se invitará a participar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de realizar los estudios y diligencias necesarias para someter a consideración del Poder Legislativo, y en su Caso, de las autoridades que fueran competentes, de las siguientes iniciativas tendientes a adoptar las medidas necesarias para adecuar a estándares internacionales la normativa actualmente en vigor, de conformidad con el punto 2 del acta de fecha 11 de noviembre de 2004:

 

a) Proyecto de reforma legislativa que establezca la obligatoriedad, sin excepción, de la realización de autopsias en todo Caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, incluyendo la prohibición de la participación en la misma de los miembros de las fuerzas de seguridad en aquellos hechos en los que hayan tenido participación;



 

b) Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación mediante el cual se incorpora el derecho de los familiares de la víctima de optar por designar un perito de parte con carácter previo a la realización de la autopsia;

 

c) Análisis de la normativa vigente relacionada con la actuación del cuerpo médico forense, con el objeto de evaluar la posibilidad de modificaciones que contribuyan a garantizar transparencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones;



 

d) Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la cual se introduce, como causal de revisión, la violación de derechos humanos;

 

e) Proyecto de reforma al Código Penal de la Nación, mediante la cual se introduce, como causal de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, la violación de derechos humanos;



 

f) Evaluación de la legislación interna en materia de toma de rehenes y uso de la fuerza, a efectos de adecuarla a los estándares internacionales conforme al principio N° 3 de la Resolución 1989/65 de la ONU;

 

g) Propuesta de que, para el eventual Caso de que el recurso de revisión vinculado con el Caso Schiavini interpuesto por la Procuración General provincial ante la Sala 111 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires no prospere, se constituya una "Comisión de la Verdad”, a cargo del Estado nacional, con el objeto facilitar la tutela efectiva de tal derecho;



 

h) Elaboración de un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contemple la creación de un órgano específico con competencia en el proceso de toma de decisiones - incluyendo la institución de la "solución amistosa" - y un mecanismo de cumplimiento de las recomendaciones y/o sentencias de la Comisión y/o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

4. Facilitar las actividades del grupo de trabajo, y proporcionar el soporte técnico y el uso de las instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de su tarea, a informar periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de los resultados de la gestión encomendada al grupo técnico, invitándose a la Comisión a participar activamente en la evaluación de los proyectos que de allí surjan, como así también del seguimiento y desarrollo de tales iniciativas.



 

5. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el diario "La Unión" de Lomas de Zamora, y en los diarios "Clarín", "La Nación" y "Página/12", una vez homologado.




  1. El 19 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. 




  1. Mediante comunicación de fecha 13 de enero de 2011, el Estado presentó información sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los puntos que conforman el anterior acuerdo de solución amistosa. En cuanto a las medidas de reparación pecuniarias el Estado invocó la conclusión de la CIDH en su Informe Anual 2009, según la cual los aspectos relativos a la indemnización monetaria se encuentran cumplidos. En efecto, el laudo arbitral correspondiente fue efectivizado mediante el pago de la reparación pecuniaria a favor de los beneficiarios, en fecha 22 de octubre de 2007, mediante un depósito bancario.




  1. En relación con las medidas de reparación no pecuniarias, el Estado informó los siguientes avances: En primer lugar, informó sobre la conformación de la Comisión de la Verdad la cual está integrada por el Dr. Martín Esteban Scotto, nombrado por la parte peticionaria, el Dr. Carlos Alberto Beraldi, propuesto por el Estado Nacional, y el Dr. Héctor Granillo Fernández, designado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, indicó que con el fin de que dicha Comisión inicie sus trabajos se solicitó al gobierno provincial copia de tres causas judiciales y de una administrativa, las cuales fueron detalladas por el Estado en su presentación. Adicionalmente, informó sobre la reunión de trabajo celebrada el 1 de septiembre de 2010, en la que los expertos integrantes de la Comisión acodaron trabajar conjuntamente en el borrador del Reglamento de la Comisión.




  1. Segundo, con respecto a las reformas normativas comprometidas, el Estado informó que los respectivos proyectos se encuentran en evaluación en las áreas estatales correspondientes. En cuanto a la reforma normativa tendiente a ordenar los procedimiento ante los Organismos Internacionales de promoción y protección de Derechos Humanos, el Estado informó que se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada en el marco del 140º período de sesiones de la CIDH, en la que participaron la Comisionada Luz Patricia Mejía, representantes del CELS y CEJIL y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de la Cancillería. En dicha reunión se expusieron los avances producidos en la preparación del proyecto de resolución conjunta, así como sobre la posibilidad de avanzar en un proyecto normativo de mayor jerarquía en cumplimiento de lo acordado en el presente seguimiento.




  1. El 25 de octubre de 2011, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. En relación con las medidas de reparación no pecuniarias, en particular a las reformas legislativas, el Estado actualizó la información sobre tres temas: la realización de autopsias, en materia recursiva y en seguridad ciudadana. Con respecto al primero, relativo al compromiso 3.a) del acuerdo, indicó que la obligatoriedad de la realización de autopsias en todos los casos de muerte sospechosa y violenta, está prevista “tanto el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (CPPBA), como el Código de Procedimientos de la Nación (CPPN) prevén la obligatoriedad de la realización de autopsias en dichos casos”. Asimismo, indicó que dichos códigos, también, prevén la vía de la recusación por las mismas causales aplicables a los jueces, la cual puede ser utilizada de considerarse necesario cuestionar la designación de algún perito por su presunta parcialidad. En lo relativo al compromiso 3.b) del acuerdo destacó que, de conformidad con la legislación vigente, los familiares pueden participar y controlar la producción de la prueba, bajo la figura procesal del particular damnificado, que los faculta a proponer la participación de un perito de parte. Finalmente en cuento al compromiso 3.c) del acuerdo referido a la normativa que reglamenta la actuación del cuerpo médico forense, el Estado destacó las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia Nacional a través de las Acordadas 16/08, 47/09 y 22/10. En dicho marco, a través de la Acordada 47/09 se dictó el reglamento general que regula los aspectos generales que hacen a la actividad del Cuerpo Médico.




  1. En cuanto a la inclusión de violaciones de derechos humanos como causal de revisión a la que se refiere el compromiso 3.d) del acuerdo, el Estado indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra elaborando un proyecto de ley para impulsar la modificación del código procesal penal de la nación, a fin de incorporar como causal de procedencia del recurso de revisión, los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia.




  1. Finalmente, en cuanto a la implementación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana a las que se refiere el compromiso 3.f) del acuerdo, el Estado anunció información producida por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto a las medidas adoptadas por cada fuerza de seguridad en materia de toma de rehenes.




  1. Por su parte los peticionarios, expresaron su preocupación a la Comisión por la falta del cumplimiento por parte del Estado a dos puntos del acuerdo: el relativo al funcionamiento de la Comisión de la Verdad; y el referente a la adopción de normas dirigidas a facilitar el procedimiento interno con respecto a las denuncias internacionales. Respecto de dichos extremos del acuerdo, la Comisión observa que el Estado no proporcionó información alguna.




  1. Mediante comunicación de 27 de noviembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Con nota de fecha 18 de diciembre de 2012, los peticionarios brindaron información actualizada haciendo referencia en primer lugar, al Proyecto de reforma legislativa “que establezca la obligatoriedad, sin excepción, de la realización de autopsias en todo caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, incluyendo la prohibición de la participación en la misma de los miembros de las fuerzas de seguridad en aquellos hechos en los que hayan tenido participación”. Indicaron que oportunamente presentaron dicho proyecto, pero que habiendo transcurrido varios años, no se habría obtenido respuesta al mismo y que el tema no se habría abordado en ninguna reunión de trabajo con la Secretaria de Derechos Humanos. Asimismo, informaron respecto del Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la cual se incorporaría el derecho de los familiares de la víctima de optar por designar un perito de parte con carácter previo a la realización de la autopsia; y del Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la cual se introduciría, como causal de revisión, la violación de derechos humanos; que hasta la fecha y luego de varios años ambos proyectos presentados, no habrían sido tratados, ni con Secretaria de Derechos Humanos.




  1. En cuanto a la evaluación de la legislación interna en materia de toma de rehenes y uso de la fuerza, a efectos de adecuarla a los estándares internacionales conforme al principio N° 3 de la Resolución 1989/65 de la ONU; los peticionarios indicaron que dicho punto no habría sido introducido en la agenda de trabajo de las reuniones mantenidas con la Secretaria de Derechos Humanos y la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional (REDHU) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.




  1. Con respecto a la conformación y funcionamiento de la "Comisión de la Verdad”, los peticionarios informaron que en el mes de septiembre de 2010 se constituyó formalmente y que en julio de 2012, la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional (REDHU) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto procedió a la entrega de la copia integra de los expedientes judiciales tramitados en la Argentina a los integrantes de la referida Comisión. No obstante lo cual, indican que aun se encontraría pendiente la aprobación de su Reglamento por parte del Estado Argentino; lo que habría imposibilitado su pleno funcionamiento desde julio de 2012 a la fecha.




  1. Finalmente, en cuanto a la elaboración de un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “que contemple la creación de un órgano específico con competencia en el proceso de toma de decisiones - incluyendo la institución de la "solución amistosa" - y un mecanismo de cumplimiento de las recomendaciones y/o sentencias de la Comisión y/o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; los peticionarios indicaron que tomaron conocimiento de un proyecto normativo elaborado por el Estado Argentino, el cual fue rechazado y que resultaría ineficaz para el cumplimiento de las reparaciones comprometidas por el Gobierno Argentino en el presente caso. En suma, los peticionarios destacaron que si bien hay buena voluntad de algunos funcionarios del Estado Argentino para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscripto, los avances son demasiado lentos y atentan contra la reparación oportunamente comprometida el 2 de marzo de 2005.




  1. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Solicitud que fue respondida por la parte peticionaria en comunicación del 30 de octubre de 2013, mediante la cual informaron que hasta la fecha no hubo respuesta por parte del Estado en cuanto a las reformas legislativas incluidas el acuerdo de solución amistosa La parte peticionaria habría presentado oportunamente cuatro proyectos de reforma al Código Procesal Penal de la Nación; habría solicitado introducir como causal de revisión, la violación de derechos humanos; así como causal de suspensión o interrupción del curso de la prescripción. Asimismo, habría solicitado una evaluación en materia forense para realizar modificaciones que contribuyan con la transparencia y eficacia en el ejercicio de las funciones por parte de médicos y peritos forenses; y habría solicitado la evaluación de la legislación interna en materia de toma de rehenes y uso de la fuerza para adecuarla a estándares internacionales.




  1. De la misma manera, los peticionarios informaron sobre su preocupación en el retraso del pleno funcionamiento de la Comisión de la Verdad, aspecto que desde su perspectiva sería fundamental para el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Respecto del proyecto normativo para la creación de un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informaron de su rechazo al proyecto presentado por el Estado por ser ineficaz en sus objetivos. De igual manera, informaron sobre la falta de cumplimiento en cuanto al compromiso del Estado para facilitar las labores del grupo de trabajo, el soporte técnico y de los permisos para la utilización de instalaciones necesarias para el desarrollo de sus labores; así como la falta de información acerca de los resultados alcanzados por el grupo técnico. Respecto de dicha información, la Comisión observa que el Estado no proporcionó información alguna.




  1. Con base en la información disponible, la Comisión concluye que existen medidas de reparación no pecuniaria que continúan pendientes de cumplimiento. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.298, Informe No. 81/08, Fernando Horacio Giovanelli (Argentina)


  1. El 30 de octubre de 2008, mediante el Informe No. 81/08 la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.298, Fernando Horacio Giovanelli. En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por la muerte de Fernando Horacio Giovanelli, quien alrededor de las 21:45 horas del 17 de octubre de 1991, a escasos metros de su hogar fue interceptado por funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y luego de requerirle su identificación, lo detuvieron y trasladaron en un móvil sin identificación a la sede de la Comisaría Tercera de Quilmes. Los peticionarios sostienen, que en dicho local policial la presunta víctima fue brutalmente golpeada y luego trasladada hasta la ubicación del Puente 14 de Agosto (Partido de Quilmes) a pocos metros de la comisaría, donde fue arrojada a la vereda y asesinada por uno de los agentes policiales con un disparo de arma de fuego en su cabeza (con ingreso en el lóbulo de la oreja izquierda).También afirmaron, que con posterioridad su cuerpo fue trasladado hasta la zona conocida como “Villa Los Eucaliptos”, la cual pertenece a la jurisdicción de la Comisaría y, arrojado aproximadamente dos horas y media después de su muerte enfrente de la villa miseria.  En relación con la investigación de los hechos, los peticionarios alegaron que la versión de los hechos expuesta en el atestado policial que sirvió de base para la respectiva causa penal estaba lleno de inconsistencias; que la investigación policial fue deliberadamente orientada para encubrir la verdad del homicidio; y que los distintos jueces que tuvieron a cargo la causa se limitaron a producir prueba poco conducente para el esclarecimiento de la muerte del joven Giovanelli y, no confrontaron los elementos que aparecieron confusos, sospechosos y contradictorios en la causa.




  1. Por medio del acuerdo de solución amistosa, suscrito el 23 de agosto de 2007, el Gobierno de la República Argentina manifestó su voluntad de asumir responsabilidad objetiva en el ámbito internacional en su calidad de Estado parte de la Convención y solicitó a la Comisión tener por reconocidas las violaciones alegadas en los términos de la petición.




  1. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a:


a. Medidas de reparación pecuniarias

 

1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.



 

2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

 

3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes, de cuyo contenido se dejará constancia en un acta cuya copia se elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delégase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.


4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible. El mismo deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones pecuniarias acordadas, los beneficiarios de las mismas, y la determinación de las costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a la evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontrarán exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.

 

5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso. Asimismo, ceden y transfieren a favor del Estado Nacional todos los derechos litigiosos que pudieran corresponderle en virtud de los hechos denunciados contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, obligándose a suscribir el correspondiente instrumento ante Escribano Público Nacional dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del cumplimiento efectivo del pago del monto que resultare del laudo arbitral.



 

6. Sin perjuicio de la precedente cesión a su favor, y a todo evento, el Estado nacional manifiesta que se reserva su derecho a repetir las sumas efectivamente abonadas a los peticionarios que determine el Tribunal Arbitral contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante la detracción de tales montos de las sumas que pudieran corresponder a la citada provincia como consecuencia de la ley de coparticipación federal, y/o cualquier otra vía que fuera jurídicamente procedente.




Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos