Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Caso 11.783, Informe No. 98/00, Marcia Irene Clavijo Tapia (Ecuador)



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Caso 11.783, Informe No. 98/00, Marcia Irene Clavijo Tapia (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se compromete al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Marcia Irene Clavijo Tapia el 17 de mayo de 1993. La víctima fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos al momento de la detención, mantenida en prisión preventiva por cuatro años y luego sobreseída.




  1. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 98/0045 en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 63,000 en concepto de indemnización, y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso pendiente relativo al enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones alegadas y el pago de intereses por mora.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Ninguna de las partes presentó información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.868, Informe No. 99/00, Carlos Santiago y Pedro Restrepo Arismendy (Ecuador)


  1. El 14 de mayo de 1998 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció que “el proceso judicial interno estuvo caracterizado por demoras injustificadas, tecnicismo a ultranza, ineficiencia y denegación de justicia. El Estado ecuatoriano no pudo demostrar que no fueron sus agentes oficiales quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy, hasta torturarlos y terminar con su vida, ni desmentir que dichas acciones estaban reñidas con la Constitución Política, con el marco legal de nuestro país y con el respeto a los convenios internacionales que garantizan los derechos humanos.” Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, a la búsqueda de los cuerpos y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención y posterior desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo el 8 de enero de 1988 por parte de miembros de la Policía Nacional.




  1. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 99/0046 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$2,000,000 en concepto de indemnización y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes de la búsqueda, total, definitiva y completa de los cuerpos de los menores, y el enjuiciamiento penal de las personas que se presume tuvieron participación en la tortura, desaparición y muerte de los hermanos Restrepo Arismendy, así como en el encubrimiento de tales hechos.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar "periódicamente, a requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el primero en virtud de este Arreglo Amistoso".


  1. El 15 de marzo de 2013, el Estado presentó información respecto de los avances de las medidas adoptadas para el cumplimiento. Al respecto, informó sobre la constitución el Equipo Operativo denominado “POR LA VERDAD Y JUSTICIA” dentro del Ministerio de interior, con el fin de facilitar la búsqueda y localización de los restos de las víctimas. Asimismo, informó que el Ministerio del Interior había iniciado una “amplia campaña de comunicación” para obtener información sobre el paradero de los restos de las víctimas. El Estado también señaló que dentro del proceso de investigación se ha contado con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense. Asimismo, informó que “desde que el Equipo Operativo inició sus funciones se ha contando con la participación de la familia Restrepo dentro de la investigación”, principalmente mediante la celebración de reuniones periódicas para informarles de los avances y escuchar sus solicitudes.




  1. En relación con la investigación penal, el Estado informó que el asunto se encuentra a cargo de un fiscal de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y que el proceso de encuentra en etapa de indagación previa. Al respecto, el Estado señaló que “existe completa reserva respecto de las actuaciones investigativas que está realizando el fiscal”, y que informará oportunamente cuando exista una instrucción fiscal. Esta información fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones, sin que hasta la fecha de aprobación del presente Informe Anual los peticionarios hayan presentado su respuesta.




  1. El 04 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir repuesta.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.991, Informe No. 100/00, Kelvin Vicente Torres Cueva (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se compromete al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Kelvin Vicente Torres Cueva el 22 de junio de 1992. La víctima fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, incomunicada por 33 días y mantenida en prisión preventiva por más de seis años, tras lo cual fue sobreseído.


  1. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 100/0047 en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 50,000 en concepto de indemnización, y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes relativos al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados y al pago de los intereses por mora.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar cada tres meses a la CIDH, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre siguiente, los peticionarios reiteraron que, a pesar del tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo, el Estado no había cumplido con la obligación asumida en torno a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables. Además, indicaron que el Estado tampoco ha informado de las acciones adoptadas para revocar la sentencia emitida en ausencia de la víctima cuando la Constitución claramente dispone que la etapa de juicio se desarrollará con la presencia del acusado, ello a fin de garantizarle su legítimo derecho a la defensa. Agregaron que esa sentencia, que alegan violatoria del derecho interno adoptada en ausencia del Kelvin Torres, podría ser una represalia porque él se atrevió a demandar al Estado acusando a fiscales y jueces de ser responsables de violar sus derechos. El Estado, por su parte, no presentó la información solicitada.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.478, Informe No. 19/01, Juan Clímaco Cuellar y otros (Ecuador)


  1. El 25 de junio de 1998 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Froilán Cuéllar, José Otilio Chicangana, Juan Clímaco Cuéllar, Henry Machoa, Alejandro Aguinda, Demetrio Pianda, Leonel Aguinda, Carlos Enrique Cuéllar, Carmen Bolaños, Josué Bastidas y Harold Paz entre el 18 y el 21 de diciembre de 1993 por miembros del ejército encapuchados. Las víctimas fueron incomunicadas y sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos y luego mantenidos en prisión preventiva entre uno y cuatro años, tras lo cual fueron sobreseídas.


  1. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 19/0148 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$100,000 en concepto de indemnización a cada una de las víctimas y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes relativo al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 07 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Ni el Estado ni los peticionarios respondieron a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.512, Informe No. 20/01, Lida Ángela Riera Rodríguez (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de Lida Ángela Riera Rodríguez en un proceso sobre peculado en grado de complicidad. La víctima fue privada de la libertad el 7 de enero de 1992 y el 26 de junio de 1995 se le impuso sentencia de dos años de prisión por encubrimiento, cuando llevaba ya detenida tres años y seis meses.




  1. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 20/0149 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 20,000 en concepto de indemnización a la víctima y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para concluir el cumplimiento del compromiso relativo al enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos alegados.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 04 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre siguiente, que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima, lo cual habría permitido la prescripción de la acción, dejando a los jueces que retardaron la causa en la impunidad. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.605, Informe No. 21/01, René Gonzalo Cruz Pazmiño (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. Lo anterior, como resultado de la muerte de René Gonzalo Cruz Pazmiño el 20 de junio de 1987 por parte de un miembro del Ejército.




  1. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 21/0150 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 30,000 en concepto de indemnización a la víctima y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para concluir el cumplimiento del compromiso relativo al enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos alegados.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 4 de octubre de 2013, CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013, que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario dado el tiempo transcurrido hasta la fecha la causa habría prescrito por cumplirse los plazos previstos en el Código Penal que establece el plazo de 10 años desde la fecha del hecho o desde el inicio del juicio de haberlo, sin que haya decisión judicial, en aquellos casos sancionados con pena de reclusión como es el delito de asesinato. Por su parte, el Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.779, Informe No. 22/01, José Patricio Reascos (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. Lo anterior, como resultado de la duración de la detención preventiva de José Patricio Reascos en un proceso sobre consumo de estupefacientes. La víctima fue privada de la libertad el 12 de septiembre de 1993 y el 16 de septiembre de 1997 se le impuso sentencia de 18 meses de prisión, cuando llevaba ya detenido cuatro años.




  1. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 22/0151 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 20,000 en concepto de indemnización a la víctima y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para concluir el cumplimiento del compromiso relativo al enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos alegados.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 08 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, el 21 de noviembre siguiente los peticionarios informaron que el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial o administrativo destinado a la investigación y sanción de los responsables de los hechos alegados y que la demora habría llevado a la prescripción del asunto en el ámbito interno. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.992, Informe No. 66/01, Dayra María Levoyer Jiménez (Ecuador)


  1. En el Informe No. 66/01 de fecha 14 de junio de 2001, la CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano había violado en perjuicio de la señora Dayra María Levoyer Jiménez los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: el derecho a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en su artículo 1(1). Lo anterior, como consecuencia de las lesiones a la integridad personal y la privación de la libertad de la señora Levoyer Jiménez, quien fue detenida el 21 de junio de 1992, sin orden judicial y mantenida incomunicada por un plazo de 39 días, durante los cuales fue sometida a torturas psicológicas. Permaneció detenida sin condena por un plazo de más de cinco años y fue finalmente sobreseída en todas las causas que se abrieron en su contra.




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Proceda a otorgar una reparación plena, lo que implica otorgar la correspondiente indemnización a la señora Dayra María Levoyer Jiménez.


2. Se ordene una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones que la Comisión ha encontrado, y eventualmente sancionarlos.
3. Se tomen las medidas necesarias para la reforma de la legislación sobre habeas corpus, en los términos que ha quedado dicho en el presente informe, así como también las medidas necesarias para su inmediata vigencia.


  1. El 08 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre de 2013, los peticionarios indicaron que el Estado aún no ha iniciado alguna investigación judicial o administrativa destinados a la investigación y sanción de los responsables de los hechos, así como ninguna acción tendiente a reparar los daños causados a la víctima. Sobre el cumplimiento de la tercera recomendación, reiteraron la información relativa a la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 que establece que el recurso de habeas corpus debe ser conocido por autoridad judicial. El Estado, por su parte, no presentó la información requerida.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.441, Informe No. 104/01, Rodrigo Elicio Muñoz Arcos y otros (Ecuador)


  1. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de los ciudadanos colombianos Rodrigo Elicio Muñoz Arcos, Luis Artemio Muñoz Arcos, José Morales Rivera y Segundo Morales Bolaños el 26 de agosto de 1993 por miembros de la Policía Nacional. Las víctimas fueron incomunicadas, y sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos.




  1. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 104/0152 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$10,000 en concepto de indemnización a cada una de las víctimas y decidió:

2. Recordar al Estado que debe dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 08 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, el 19 de noviembre de 2013 los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial o administrativo para investigar, identificar y sancionar a los policías responsables de los hechos alegados ante la Comisión. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.




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