Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Que realice una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable de las circunstancias en la que murieron James Zapata Valencia y el niño José Heriberto Ramírez Llanos



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Que realice una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable de las circunstancias en la que murieron James Zapata Valencia y el niño José Heriberto Ramírez Llanos.





    1. Que adopte las medidas necesarias que tiendan a asegurar la debida investigación de los casos de ejecuciones perpetradas por agentes de seguridad del Estado.




    1. Que repare adecuadamente a los familiares de James Zapata y José Heriberto Ramírez, teniendo en cuenta la especial condición de niño de este último, en el momento en que ocurrieron los hechos.




  1. La CIDH ha venido dando seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones efectuadas. Así, el 13 de marzo de 2013, se realizó una reunión de trabajo entre las partes sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones. El 04 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones.




  1. El 5 de abril de 2013, los peticionarios presentaron información sobre la tercera recomendación. Al respecto, señalaron que si bien en julio de 2012, se habría aprobado la Resolución No. 3937 por los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho resolviendo “emitir concepto favorable para el cumplimiento del Informe No. 71 de 2011 […] en los términos y para los efectos de la Ley 288 de 1996 […]”, indicaron que a la fecha no se habría convocado la audiencia de conciliación prevista en el procedimiento de la Ley 288, existiendo una demora de 15 meses en dicho trámite. Al respecto, indicaron que la información recibida por parte de las autoridades de Gobierno indica que aún no se habría designado al Ministerio que deberá asumir el pago de la indemnización, ni se habría presentado una solicitud de conciliación ante el Ministerio Público. En respuesta a la solicitud de información de la CIDH, el 31 de octubre de 2013, los peticionarios reiteraron que no se ha cumplido con el trámite de convocatoria para la audiencia de conciliación pese a las diversas solicitudes y derechos de petición que habrían presentado ante las autoridades internas. Dicha información fue trasladada al Estado para sus observaciones.




  1. Por su parte, el 30 de mayo de 2013, el Estado informó de una nueva reunión que sería llevada a cabo el 23 de mayo del 2013, en el marco del Grupo de Trabajo de “Implementación y seguimiento al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras ordenes y recomendaciones proferidas por órganos internacionales de derechos humanos en casos individuales” para establecer un cronograma de actividades para el cumplimiento a lo ordenado en el informe No. 71 del 31 de marzo de 2011 de la Comisión, y por consiguiente a la resolución del Comité de Ministros No. 3937 del 6 de julio de 2012. La CIDH requirió al Estado colombiano la presentación de información sobre la reunión de 23 de mayo de 2013.




  1. El 11 de julio de 2013, el Estado indicó que en la reunión “se analizaron las alternativas para que, de acuerdo a las competencias legales de las distintas instituciones relacionadas con el tema, se viabilice el cumplimiento ordenado por la Honorable Comisión en su informe No. 71 del 31 de marzo de 2011, y por consiguiente a la resolución del Comité de Ministros No. 3937 del 6 de julio de 2012”. Dicha información fue transmitida a los peticionarios para su conocimiento.




  1. En respuesta a la solicitud de información de la CIDH, el Estado presentó información sobre el cumplimiento de las tres recomendaciones el 2 de diciembre de 2013.




  1. Respecto de la primera recomendación el Estado reiteró que la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación adelanta investigación penal radicada bajo el número 169. El Estado presentó una lista de actividades ejercidas en la investigación desde 1998 hasta 2013.




  1. En relación con la segunda recomendación, el Estado reiteró numerosas medidas adoptadas con el fin de prevenir las ejecuciones perpetradas por agentes de seguridad del Estado, así como impulsar las respectivas investigaciones y, de ser el caso, reparar a las víctimas de estas conductas delictivas. En ese sentido, el Estado refirió a la política estatal de cero tolerancia con violaciones de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, al marco normativo para sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes en personas protegidas, al marco administrativo para prevenir y garantizar la no repetición de privaciones arbitrarias de la vida u homicidios en personas protegidas, al marco judicial para garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de los presuntos responsables de las conductas punibles que puedan constituir privaciones arbitrarias de la vida u homicidios en persona protegida y al marco judicial para garantizar la reparación integral por los daños causados.




  1. Sobre la tercera recomendación, el Estado indicó que si bien se ha avanzado respecto a los trámites administrativos y legales de consulta para dar cumplimiento a las medidas de reparación, “infortunadamente no se ha logrado un consenso definitivo en materia interinstitucional que permita la adopción de una decisión fundamentada, de acuerdo con el marco normativo constitucional y legal, de cuál sería la entidad estatal a la cual le correspondería la representación del Estado Colombiano en la audiencia de conciliación a convocarse ante el Ministerio Público […]”.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento.


Caso 12.476, Informe No. 67/06, Oscar Elias Biscet y otros (Cuba)


  1. En el Informe No. 67/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado de Cuba era responsable de la violación de los artículos I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), II (Derecho de igualdad ante la ley), IV (Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión), V (Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar), VI (Derecho a la constitución y a la protección de la familia), IX (Derecho a la inviolabilidad de domicilio), X (Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia) XI (Derecho a la preservación de la salud y al bienestar), XVIII (Derecho de justicia), XX, (Derecho de sufragio y de participación en el Gobierno), XXI (Derecho de reunión), XXII (Derecho de asociación), XXV (Derecho de protección contra la detención arbitraria) y XXVI (Derecho a proceso regular) de la Declaración Americana, en perjuicio de los señores Nelson Alberto Aguiar Ramírez, Osvaldo Alfonso Valdés, Pedro Pablo Álvarez Ramo, Pedro Argüelles Morán, Víctor Rolando Arroyo Carmona, Mijail Bárzaga Lugo, Oscar Elías Biscet González, Margarito Broche Espinosa, Marcelo Cano Rodríguez, Juan Roberto de Miranda Hernández, Carmelo Agustín Díaz Fernández, Eduardo Díaz Fleitas, Antonio Ramón Díaz Sánchez, Alfredo Rodolfo Domínguez Batista, Oscar Manuel Espinosa Chepe, Alfredo Felipe Fuentes, Efrén Fernández Fernández, Juan Adolfo Fernández Saínz, José Daniel Ferrer García, Luís Enrique Ferrer García, Orlando Fundora Álvarez, Próspero Gaínza Agüero, Miguel Galbán Gutiérrez, Julio César Gálvez Rodríguez, Edel José García Díaz, José Luís García Paneque, Ricardo Severino González Alfonso, Diosdado González Marrero, Léster González Pentón, Alejandro González Raga, Jorge Luís González Tanquero, Leonel Grave de Peralta, Iván Hernández Carrillo, Normando Hernández González, Juan Carlos Herrera Acosta, Regis Iglesias Ramírez, José Ubaldo Izquierdo Hernández, Reynaldo Miguel Labrada Peña, Librado Ricardo Linares García, Marcelo Manuel López Bañobre, José Miguel Martínez Hernández, Héctor Maseda Gutiérrez, Mario Enrique Mayo Hernández, Luís Milán Fernández, Rafael Millet Leyva, Nelson Moline Espino, Ángel Moya Acosta, Jesús Mustafá Felipe, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Olivera Castillo, Pablo Pacheco Ávila, Héctor Palacios Ruiz, Arturo Pérez de Alejo Rodríguez, Omar Pernet Hernández, Horacio Julio Piña Borrego, Fabio Prieto Llorente, Alfredo Manuel Pulido López, José Gabriel Ramón Castillo, Arnaldo Ramos Lauzurique, Blas Giraldo Reyes Rodríguez, Raúl Ramón Rivero Castañeda, Alexis Rodríguez Fernández, Omar Rodríguez Saludes, Martha Beatriz Roque Cabello, Omar Moisés Ruiz Hernández, Claro Sánchez Altarriba, Ariel Sigler Amaya, Guido Sigler Amaya, Miguel Sigler Amaya, Ricardo Enrique Silva Gual, Fidel Suárez Cruz, Manuel Ubals González, Julio Antonio Valdés Guevara, Miguel Valdés Tamayo, Héctor Raúl Valle Hernández, Manuel Vázquez Portal, Antonio Augusto Villareal Acosta y Orlando Zapata Tamayo.




  1. La responsabilidad internacional del Estado cubano derivó de los hechos acaecidos durante el mes de marzo de 2003, cuando se realizaron masivas detenciones de activistas de derechos humanos y periodistas independientes, en virtud del argumento de que habían desarrollado actividades subversivas, contrarrevolucionarias, en contra del Estado y de diseminación de propaganda e información ilícita. Posteriormente, todos ellos fueron juzgados a través de juicios sumarísimos, en los cuales sus derechos de defensa se vieron vulnerados, siendo condenados con penas de privación de libertad que variaron entre 6 meses y 28 años.




  1. La Comisión formuló al Estado de Cuba las siguientes recomendaciones:

1. Ordenar la liberación inmediata e incondicional de las víctimas de este Caso, declarando nulas las condenas en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos.


2. Adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba derogar la Ley No. 88 y el artículo 91 del Código Penal, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial y el derecho a la participación en el gobierno.
3. Reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas (sic).
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.


  1. El 4 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente Caso.




  1. Como se observó en el Informe Anual de 2011, el Gobierno cubano excarceló a las víctimas del Caso 12.476 que continuaban privadas de libertad a ese año, las que en su mayoría se trasladaron a España y aquellas que se negaron a abandonar Cuba se les concedió una “licencia extrapenal”.




  1. Sin embargo, las sentencias condenatorias dictadas en su contra no fueron declaradas nulas, a pesar de basarse en leyes que les impusieron restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. En relación con la segunda, tercera y cuarta recomendación de la CIDH, el Estado cubano hasta la fecha no ha adoptado medidas para su cumplimiento.




  1. La Comisión reitera que valora que el Estado haya liberado a todas las víctimas del Caso 12.476.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.477, Informe No. 68/06, Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros (Cuba)


  1. En el Informe No. 68/06 de fecha de 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado de Cuba era responsable de: 1) las violaciones a los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en perjuicio de los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac; 2) las violaciones al artículo I de la Declaración Americana, en perjuicio de los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac. Dicha responsabilidad del Estado cubano deriva del sometimiento de las víctimas a juicios sumarísimos que no garantizaron el respeto de las garantías procesales de un juicio justo y la posterior ejecución de las víctimas el 11 de abril de 2003, en virtud de una sentencia dictada dentro de un procedimiento que no contó con las debidas garantías de protección.




  1. La Comisión formuló al Estado de Cuba las siguientes recomendaciones:

1. Adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba reformar la legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial.


2. Reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.


  1. El 4 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente Caso. El 16 de octubre de 2013 los peticionarios informaron que no existía evidencia de que el Estado cubano haya cumplido con las recomendaciones de la CIDH y solicitaron que la Comisión continuara dando seguimiento al caso hasta lograr que el Estado cumpla plenamente con las recomendaciones. El Estado no remitió información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado no ha dado cumplimiento a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.421, Informe No. 93/00, Edison Patricio Quishpe Alcívar (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. Los hechos que motivaron la celebración del acuerdo versan sobre la muerte de Edison Patricio Quishpe en un recinto policial el 7 de septiembre de 1992 tras ser arrestado y sometido torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes.




  1. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 93/0041 en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 30,000 en concepto de indemnización, y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso pendiente de someter al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada, y la cancelación de los intereses por mora.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento del acuerdo amistoso, y en ese contexto recordar al Estado a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso de informar a la CIDH cada tres meses del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 04 de octubre de 2013 la CIDH solicitó información sobre el cumplimiento a ambas partes. El 19 de noviembre de 2013 los peticionarios indicaron que el Estado aún no ha iniciado alguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables del asesinato de la víctima y tampoco ha sancionado a aquellos jueces que con su conducta han permitido que el caso quede en la impunidad, al no resolver la causa de manera adecuada permitiendo que por transcurso del tiempo la causa prescriba. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.439, Informe No. 94/00, Byron Roberto Cañaveral (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la detención del señor Byron Roberto Cañaveral el 26 de mayo de 1993 por agentes del Estado quienes lo sometieron a torturas y tratos crueles e inhumanos.




  1. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 94/0042 en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 7,000 en concepto de indemnización, y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso pendiente relativo a las medidas para enjuiciar civil, penal y administrativamente a las personas que bajo funciones estatales tuvieron participación en las violaciones alegadas, y el pago de los intereses por mora.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, su compromiso de informar a la CIDH cada tres meses, sobre los avances de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 04 de octubre de 2013 CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre de 2013 los peticionarios informaron que el Estado ecuatoriano no había iniciado acciones tendientes a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los hechos alegados ante Comisión. El Estado no respondió a la solicitud de información. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.466, Informe No. 96/00, Manuel Inocencio Lalvay Guamán (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre una serie de detenciones contra el señor Manuel Inocencio Lalvay Guamán entre 1993 y 1994 por agentes del Estado quienes lo sometieron a torturas y tratos crueles e inhumanos.




  1. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 96/0043 en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 25,000 en concepto de indemnización, y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes relativo al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 04 de octubre de 2013 CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 21 de noviembre de 2013 los peticionarios reiteraron que desde 1999 el fuero policial declaró prescrita la acción, sin que el Estado haya efectuado acción alguna para dejar sin efecto dicha resolución por ser violatoria del derecho al haber actuado aquellos jueces de policía sin competencia para juzgar violaciones a derechos humanos, por lo que dichos actos continúan en la impunidad. El Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 11.584, Informe No. 97/00, Carlos Juela Molina (Ecuador)


  1. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención del niño Carlos Juela Molina el 21 de diciembre de 1989 por parte de un agente del Estado quien lo sometió a torturas y tratos crueles e inhumanos. La investigación contra el agente de policía involucrado en los hechos fue asumida por la justicia penal policial la cual archivó la causa.




  1. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 97/0044 en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$ 15,000 en concepto de indemnización, y decidió:

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes de sancionar a las personas responsables de la violación alegada.


3. Continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto recordar al Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, de su compromiso a informar cada tres meses a la CIDH, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de este arreglo amistoso.


  1. El 04 de octubre de 2013 CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre de 2013 los peticionarios informaron que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los jueces de policía que asumieron una competencia que no tenían para investigar violaciones a derechos humanos y en 1995 declararon prescrita la causa y la archivaron. Nuevamente el Estado no respondió a la solicitud de información.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.




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