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7.2 Salud


Existen casos en los que en consultorios y hospitales se requiere
el pago o la firma de un pagaré para la atención a niños y niñas”
(Asistente Social ONG, Arica).

Consultorios tienen rechazo a los extranjeros”


(Asistente social, ONG, Antofagasta).

Hospitales niegan atención a refugiados”


(Refugiado colombiano, Iquique).

No atienden si no tienen RUT”


(Profesional ONG, Calama).

Si las cosas se hicieran como se ha hablado, la realidad de los migrantes sería otra. Especialmente la gente de Salud es la que más discrimina a la gente”


(Institución de Iglesia, Calama).

Por la implementación de Agenda Digital, ningún paciente puede atenderse si no tiene Rut, en consultorios se le da número ficticio sólo para consultorios”


(Asistente Social Consultorio de Salud, Calama).
33

El año 2007, el Ministerio del Interior celebró un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Salud (Ministerio del Interior, Resolución exenta N° 1914, 13 de marzo 2008; Ministerio de Salud, Resolución exenta N° 512, 30 de noviembre de 2007). De acuerdo a este Convenio, ambos ministerios acordaron generar los procedimientos necesarios para: “Proporcionar a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años extranjeros, atención de salud en los establecimientos de la red pública de salud en igualdad de condiciones de sus pares chilenos. Lo anterior será válido para todos los menores de 18 años, independiente de su situación migratoria en Chile, y la de sus padres, tutores o representantes legales”. Este convenio permite la entrega de un permiso de residencia temporaria a los niños migrantes, independientemente de su condición migratoria. En lo reglamentario, el Convenio cumplió con las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos del Niño solicitando al Estado chileno que Vele por que se garantice a los niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes la tramitación expedita de sus documentos de registro e identidad y por que durante ese período no se vean privados de acceso a los servicios de salud y educación” (CRC/C/CHL/CO/3 del 23 de abril de 2007). Sin embargo, en su aplicación aún se encuentra pendiente establecer las garantías para que niños y niñas migrantes accedan a servicios de salud.

Para obtener la visa, los padres o tutores de los niños(as), deben pagar una cantidad de dinero determinada, por cada hijo(a), la que varía de acuerdo al país de origen. Los niños(as) migrantes que obtienen la visa, pueden luego acudir al Servicio de Registro Civil y solicitar su cédula de identidad, adquiriendo un RUN. Posteriormente, teniendo RUN, pueden ser inscritos en FONASA (Fondo Nacional de Salud), y acceder al sistema público de salud, quedando clasificados en los tramos A (carencia de recursos), B, C o D, de acuerdo al nivel de ingresos.

En la práctica, los niños y niñas en situación migratoria irregular, que aún no han obtenido su visa, tienen la posibilidad de atenderse en urgencia en los establecimientos públicos de salud, pero pagando la atención. Asimismo, pueden atenderse en forma privada, pagando el valor de las prestaciones médicas u hospitalarias, tanto en el sistema público como privado. Esta es una interpretación restrictiva del Convenio que ha realizado el Ministerio de Salud. Posibilita a los niños obtener una visa, pero no garantiza en los hechos que los niños en situación migratoria irregular puedan acceder al sistema público de salud. Se requiere, en estos casos, los medios económicos para acceder a la atención en salud, sea pública o privada (Fuente: Información entregada por el Ministerio de Salud, enero de 2011).

Los hijos(as) de los solicitantes de la condición de refugiado se encuentran en la misma situación, en el lapso de ingreso de la solicitud de asilo y la entrega de la visa temporaria que contempla la ley mientras dura el trámite (Ley sobre protección de refugiados N° 20.430, artículo 32). Asimismo, los hijos(as) de las personas que solicitan protección internacional, pero no logran acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado (a través de la aplicación de las prácticas de “pre-admisibilidad” o “reorientación”), tienen los mismos obstáculos mencionados en el ejercicio del derecho a la salud. Al ser rechazado el ingreso de la solicitud, quedan en condición migratoria irregular.

En cuanto al derecho a la salud de los adultos extranjeros en condición migratoria irregular, al no existir reglamentación específica, tienen derecho a atención en urgencia en los establecimientos públicos de salud, lo que no significa gratuidad. Asimismo, se pueden atender en forma privada pagando el valor de las prestaciones médicas u hospitalarias, tanto en el sistema público como privado. La normativa ya mencionada rige para los niños(as) y para las mujeres embarazadas, pero no para los adultos en general, por lo que los padres de los niños que no tienen regularizada su situación migratoria no tienen la posibilidad de obtener una visa de residencia temporaria.

Los avances normativos en materia de salud se aplican deficitariamente debido al desconocimiento, interpretaciones restrictivas, negligencia y/o prácticas discriminatorias de funcionarios de distintos sectores (Salud, PDI, FONASA, Extranjería, municipios, otros), además de la ausencia de la coordinación necesaria con otras instancias clave, como FONASA.34

Aun cuando existe una normativa específica sobre atención de salud a mujeres embarazadas en situación irregular (Oficio circular 1179 del 20 de enero de 2003, complementado en Oficio circular 6232, del 26 de mayo de 2007), se han detectado casos en que los consultorios ponen trabas para atender a una mujer embarazada y entregarle un certificado de control de embarazo, documento indispensable para optar a una visa por embarazo.

El caso más extremo sucedió en Arica, en el año 2010, donde un consultorio negó la atención a una joven peruana embarazada de seis meses que sufría de diabetes gestacional, porque carecía de cédula de identidad. Personal del consultorio le exigió presentar un “certificado de residencia” emitido por Carabineros o por la Junta de Vecinos de su barrio. Cercana a los ocho meses de embarazo, la joven llegó a la urgencia del Hospital Juan Noé, con síntomas de pérdida irreversibles. Muy probablemente este embarazo de cuidado hubiese tenido un mejor pronóstico y manejo médico si la joven hubiese sido integrada a los protocolos de atención en salud materno-infantil (Sistematización Proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile, enero 2011). En comunas como Independencia y Santiago de la Región Metropolitana, se han incrementado los casos en los que Juntas de vecinos o instancias policiales se han negado a emitir certificados de residencia. Estos certificados son obligatorios en el caso de los consultorios, ya que estos atienden con un criterio de territorialidad, es decir, la persona debe comprobar que vive en la comuna donde se encuentra el consultorio, ya que este depende de la subvención de salud por parte del municipio.

Otro caso de falta de atención oportuna a una mujer embarazada ocurrió en Santiago, en abril de 2008. Bernardita Vega, de origen peruano, llegó a las dependencias del Hospital San José, en la comuna de Independencia (Región Metropolitana), con dolores de parto. Sin embargo, el personal de salud se negó a atenderla diciéndole que todavía no estaba preparada para el parto y que debía esperar. Bernardita, con fuertes dolores, acudió a un baño público del hospital, lugar en el que comenzó a sangrar. Su marido entró al baño y se dio cuenta que su esposa estaba pariendo. El caso provocó gran cobertura de prensa y dos autoridades se disculparon públicamente. Sin embargo, en junio de 2011, el 18º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de indemnización de la pareja contra el Servicio de Salud Metropolitano Norte (del cual depende el hospital), argumentando que la afectada incurrió en un riesgo imprudente al ir al baño (La Cuarta, 23 de junio 2011).


7.3 Vivienda


Un alto porcentaje de personas migrantes vive en condiciones precarias, sin contratos de arriendos y cancelando montos de dinero que no se condicen con el servicio ofertado, especialmente en comunas como Santiago, Independencia, Estación Central, Recoleta, y en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta.

En una encuesta realizada por el Proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile,35 un 35,5% de 121 personas inmigrantes encuestadas en la Región Metropolitana señalaron habitar en una pieza arrendada36, el 21,5% dijo hacerlo en su lugar de trabajo y un 19% se definió como allegada. El 16,5% vive en departamento o casa arrendada, mientras que sólo un 2,5% habita en un departamento o casa propia. En tanto, de las 78 personas inmigrantes encuestadas en Arica, Iquique y Antofagasta, el 61,1% de las personas consultadas dicen vivir en una pieza arrendada, el 19,4% lo hace como allegada, el 9,7% vive en departamento o casa arrendada, un 4,2% vive en su lugar de trabajo, y sólo un 1,4 reside en una vivienda propia. Estos datos confirman la precariedad de las condiciones habitacionales de la población inmigrante en Santiago y algunas ciudades de la zona norte del país.

Las necesidades de vivienda de la población inmigrante ha hecho emerger la especulación con los arriendos, en casas de hasta 100 años de antigüedad37, que son subdivididas en un gran número de habitaciones, hasta 30 en la mayoría de los casos, sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene. Estas condiciones traen aparejadas recurrentes incendios, dinámicas de violencia y graves vulneraciones de los derechos de niños y niñas. El Estado chileno no se ha hecho cargo de esta realidad, pese a la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado controlar la existencia de estas residenciales irregulares, exigiéndoles condiciones mínimas de higiene y seguridad, pues los dueños de estas casonas se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de las familias.

Sin embargo, uno de los actuales requerimientos para postular a los subsidios de vivienda es tener residencia definitiva, lo que constituye un serio obstáculo para la integración y un menoscabo de sus condiciones de vida. Además, sin generar cambios normativos y de forma arbitraria, durante el actual gobierno se está exigiendo que esta residencia definitiva tenga una vigencia de al menos cinco años. Esto genera una dificultad adicional, ya que las familias inmigrantes que solicitan este beneficio son las más vulnerables. Si el promedio de obtención de una visa de permanencia definitiva es de alrededor de cuatro años, para las familias que han caído en ciclos recurrentes de irregularidad, debido a la dependencia de una visa sujeta a contrato y la inestabilidad laboral, es casi imposible llegar a obtener este beneficio.

Otro de los requisitos para optar a los subsidios habitacionales es “contar con máximo 8.500 puntos de Carencia Habitacional en la Ficha de Protección Social”. No obstante, la Ficha de Protección Social (FPS) no tiene una indicación especial para el tema migrante. En este sentido hay dos problemas: a) no se aplica o existen criterios dispares por parte de los municipios cuando las personas migrantes no tienen un RUN o este se encuentra en trámite; b) La realidad de los migrantes es compleja y esta situación no se considera como criterio en la FPS.

Por lo tanto el problema fundamental radica en que desde la entrada a la red de protección social, las familias migrantes son excluidas, atribuyéndoles capacidades que probablemente no poseen, o no tienen los elementos para ejercerlas, como por ejemplo la ciudadanía (no la ciudadanía formal, sino el ejercicio de sus derechos en el país, y el ejercicio de su derecho a inmigrar).



Urge, en consecuencia, una reestructuración de la FPS, que amplíe el concepto de vulnerabilidad, que incorpore el modo de vivir la vida de los grupos migrantes, que acepte que los recursos informales son incluso más significativos que los indicadores formales de bienestar, y que permita el goce de sus derechos.

1 Ley Nº 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados (2010).


2 Comunidades peruana, boliviana y colombiana, en el marco del estudio Somos Migrantes, Experiencias de Integración a la ciudad de Santiago, Fundación Ideas/AECID, 2011.

3 Para la redacción de esta sección se ha reproducido parcialmente la investigación realizada en la Comuna de Estación Central (Santiago) por los alumnos de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Lidia Manríquez, Marcela Pérez, Francisco Ponce, Rodrigo Valenzuela y René Cortínez, titulada Prácticas religiosas y migración: la experiencia de la Hermandad de Santa Rosa de América Latina en la Parroquia Jesús Obrero (manuscrito).

4 UNIVERSIA BIBLIOTECA.NET [en línea] Trabajadoras de casa particular: evolución legal en Chile y análisis actual en el Derecho Comparado sudamericano. Farías Vera, Alejandra - Hidalgo Lobos, Pamela. [fecha de consulta: 21.05.2010]. Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O3yYCk5C3M8J:biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/37095083.html+trabajadoras+de+casa+particular+and+chile&cd=6&hl=es&ct=clnk

5 CENTRO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA. [en línea]. Inmigrantes II: Trabajadores sacan la voz y duplican denuncias laborales. 17 de Enero de 2008. [fecha de consulta: 21.05.2010]. Disponible en: http://ciperchile.cl/2008/01/17/inmigrantes-ii-trabajadores-sacan-la-voz-y-duplican-denuncias-por-abusos-laborales

6 Ibíd.

7 CENTRO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA. [en línea]. Inmigrantes II: Trabajadores sacan la voz y duplican denuncias laborales. 17 de Enero de 2008. [fecha de consulta: 21.05.2010]. Disponible en: http://ciperchile.cl/2008/01/17/inmigrantes-ii-trabajadores-sacan-la-voz-y-duplican-denuncias-por-abusos-laborales

8 CENTRO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA. [en línea]. Inmigrantes II: Trabajadores sacan la voz y duplican denuncias laborales. 17 de Enero de 2008. [fecha de consulta: 21.05.2010]. Disponible en: http://ciperchile.cl/2008/01/17/inmigrantes-ii-trabajadores-sacan-la-voz-y-duplican-denuncias-por-abusos-laborales

9 Gonzalo Wielandt. Situación de los inmigrantes peruanos en Chile. Revista LA ONDA digital. [en línea]. [fecha de consulta: 18.05.2010]. Disponible en: http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/301-400/334/b3.htm

10 Rodrigo Rocha Pérez. Aproximación a las migraciones femeninas internacionales al interior de Latinoamérica: Algunos casos en México y Chile. Revista de Estudios Históricos, [en línea]. Volumen 3, Nº 1 Agosto de 2006. [fecha de consulta: 18.05.2010]. Disponible en: http://www.estudioshistoricos.uchile.cl/CDA/est_hist_complex/0,1475,SCID%253D18800%2526ISID%253D650%2526PRT%253D19160,00.html

11 Ibíd. El destacado es nuestro.

12 La ley fue presentada en el año 2005 y estuvo seis años en tramitación.

13 Además de haber sido ampliamente documentado en la prensa, este caso fue conocido directamente por la Diputada María Antonieta Saa y la Directora de la Corporación ONG Raíces, Denisse Araya (miembro de la RedMI), quienes se contactaron directamente con las víctimas de explotación –y presunta trata laboral–, con la autorización de la Fiscalía Regional de O´Higgins, que los tenía bajo su protección.

14 Zunilda Rodríguez Herrera (23 años), Norma Mendoza (30 años) y Gabriel Resquin Paniagua (34).

15 Ver punto 5. Garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.

16 Cfr. Derecho Eclesiástico Chileno, Coord. René Cortínez Castro, S.J., Ediciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010.

17 Fundación Ideas, Proyecto Todos Somos Migrantes, 2009.


18 Si bien existe información en la web del Ministerio del Interior, su consulta supone acceder a un computador, generalmente pagado, y no siempre resulta fácil su comprensión.


19 Fundación Ideas, Proyecto Todos Somos Migrantes, 2009, universo de 216 casos.

20 Acciones realizadas, por ejemplo, por la Corporación Colectivo Sin Fronteras, Fundación Instituto de la Mujer, Instituto Católico Chileno de Migración, Fundación Ideas, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, entre otros.

21 Proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile (2010), cofinanciado por la Unión Europea, Campaña Nacional Derechos sin Fronteras para todos los Niños y Niñas (Colectivo Sin Fronteras, noviembre 2009-julio 2010, financiado por Anide-KNH).

22 Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Academia de Humanismo Cristiano.

23 El sitio web informa y centraliza la información en torno a los derechos laborales, de salud, vivienda, trámites migratorios, participación, entre otros. Tras un año de funcionamiento, este sitio web registra 24.677 visitas.

24 Blog del Proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile (2010).

25 Art. 19, inciso 1° Constitución Política de la República de Chile.

26 http://ciperchile.cl/2008/01/17/inmigrantes-ii-trabajadores-sacan-la-voz-y-duplican-denuncias-por-abusos-laborales; 21.05.2010; 22:45).

27 http://ciperchile.cl/2008/01/17/inmigrantes-ii-trabajadores-sacan-la-voz-y-duplican-denuncias-por-abusos-laborales; 21.05.2010; 22:45).

28 Artículo 89: El extranjero cuya expulsión hubiere sido dispuesta por decreto supremo, podrá reclamar judicialmente por sí o por medio de algún miembro de su familia, ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24 horas, contado desde que hubiere tomado conocimiento de él. Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte Suprema procediendo breve y sumariamente fallará la reclamación dentro del plazo de 5 días, contado desde su presentación. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión, y durante su tramitación el extranjero afectado permanecerá privado de su libertad en un establecimiento carcelario o en el lugar que el Ministro del Interior o el Intendente determinen. Artículo 90: La medida de expulsión deberá ser notificada por escrito al afectado, quien podrá en dicho acto, si ello fuere procedente, manifestar su intención de recurrir en contra de la medida o conformarse con ella. En este último caso, la expulsión se llevará a efecto sin más trámite. Transcurrido el plazo de 24 horas contado desde la notificación, en el caso de que no se haya interpuesto recurso o en el de no ser éste procedente, o transcurrido el mismo plazo desde que se haya denegado el recurso interpuesto, la autoridad a que se refiere el artículo 10 procederá a cumplir la expulsión ordenada.

29 En http://ciperchile.cl/2008/01/17/inmigrantes-ii-trabajadores-sacan-la-voz-y-duplican-denuncias-por-abusos-laborales. Consulta: 21.05.2010.

30 Art. 1° inciso 4°.

31 Esto puede traer como consecuencia que sea privado de toda nacionalidad, deviniendo en apátrida.

32 Participantes de Foros Regionales proyecto “Campaña Nacional Derechos sin Fronteras para todos los Niños y Niñas”, Corporación Colectivo Sin Fronteras-Anide.

33 Participantes de Foros Regionales proyecto “Campaña Nacional Derechos sin Fronteras para todos los Niños y Niñas”, Corporación Colectivo Sin Fronteras-Anide.



34 Durante los meses de junio y julio de 2011, la Corporación Colectivo Sin Fronteras gestionó la implementación del Convenio en materia de salud aludido para niños extranjeros a los que se les había negado la inscripción en consultorios de salud pública de las comunas de Estación Central y Peñalolén de la Región Metropolitana. Esta situación se produce a cuatro años de que se emitiera el convenio referido.

35 Proyecto ejecutado por la Fundación Instituto de la Mujer, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Programa Género y Equidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto Católico Chileno de Migración y la Casa de Encuentro de la Mujer, enero 2010-enero 2011, con el cofinanciamiento de la Unión Europea.

36 Cuando se menciona que viven en una pieza arrendada esto quiere decir que en un habitación, en la que vive un grupo familiar en promedio cinco personas, se desarrollan todas las actividades de la vida cotidiana como dormir, cocinar, etc.

37 Por esta causa, el terremoto de febrero de 2010 tuvo como consecuencia que muchas familias migrantes que vivían en inmuebles con estas características quedaran sin alojamiento, o siguieran viviendo en estos con evidente riesgo de sus vidas por el peligro de derrumbe.



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