Informe alternativo


Garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal



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5. Garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal


(Artículos 9, 14 y 16 de la Convención)

Si bien la Constitución Política del Estado de Chile (Artículo 19, Nº 1) asegura a todas las personas, también a los extranjeros, el derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica, esta sola consagración jurídica no puede bastar para entender cumplida la obligación que la Convención impone al Estado de Chile.

Conforme a los datos aportados por el Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), “en Chile, cada 22 días muere un migrante, principalmente peruano, por actos de violencia relacionados con xenofobia o discriminación”.29 Nótese que esta cifra se refiere sólo a las muertes y, por tanto, no refleja el número de agresiones sin resultado de muerte, con lo que puede suponerse que existe una periodicidad menor tratándose de lesiones, amenazas o violencia verbal o psicológica.

El derecho a la vida supone que los trabajadores migrantes y sus familias también tengan acceso a la alimentación adecuada, así como a las prestaciones de salud que les sean necesarias. Más aún si la Constitución Política de la República afirma que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías30 que ella misma establece.

Respecto del Artículo 14 de la Convención, referido a la protección de la ley ante injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones, así como ante ataques ilegales contra su honor y buen nombre, la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado, en julio de 2011, una denuncia al Consejo Nacional de Televisión en contra del programa “En la mira”, transmitido por el canal Chilevisión, por el reportaje “Invasión Silenciosa” (difundido el 22 de junio de 2011), el que exhibió una serie de imágenes con un fuerte contenido de carácter negativo, que, en definitiva, fomentan la exclusión de un tipo de extranjeros por parte de la sociedad chilena. Califica al fenómeno migratorio de invasivo y silencioso, asociándolo de forma injustificada y apresurada a una serie de problemáticas que dicen relación, principalmente, con el aumento en los niveles de delincuencia, precisamente en aquellas ciudades con mayor presencia de inmigrantes (por ejemplo, la ciudad de Iquique). Con esto se caracteriza de manera negativa a toda la población inmigrante.

6. Garantizar el derecho a la nacionalidad


(Artículo 29 de la Convención)

Conforme al Artículo 10 Nº 1 de la Constitución Política de la República de Chile son chilenos quienes nacen en el territorio de Chile, se excluye a los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile al servicio de su Gobierno, y de extranjeros transeúntes. No obstante, se les concede a los nacidos en Chile que no gozan de la nacionalidad chilena la posibilidad de optar por esta.

Sin embargo, el Servicio de Registro Civil ha entendido que aquellos extranjeros que carecen de visa de residencia tienen la calidad de transeúntes y, por lo tanto, al inscribir el nacimiento de un hijo lo hace con el carácter de extranjero transeúnte, y no como chileno.31

Además, conforme al Decreto Ley N°1.094 de 1975, compete al Ministerio del Interior determinar cuáles son los documentos que permiten acreditar la residencia de un extranjero en Chile.

Este proceder de la Administración del Estado ha debido ser enmendado por el Poder Judicial, conociendo de la acción de reclamación de nacionalidad interpuesta generalmente por la madre del afectado, con las consiguientes dificultades derivadas de esta situación.

7. Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales


(Artículos 27-28, 30, 43-45 y 54 de la Convención)

7.1 Educación


Dirección provincial de Educación instruye a que niños
y niñas repitan de curso, hasta que obtengan RUT.
(Profesional Red de Infancia, Iquique).


Cotidianamente se discrimina a los niños y niñas
(Actores ONGs y sociedad civil, Iquique, Calama, Copiapó, Antofagasta).


Directores de Escuelas solicitan RUT de niños y niñas para las matrículas
(Profesional ONG, Antofagasta).

Choferes no transportan a niños migrantes aunque tengan su carnet escolar”


(Profesor Escuela, Calama).

Niños y niñas que no logran sacar su visa no pueden ingresar a


programas de la JUNAEB para alumnos prioritarios”
(Profesional Escuela, Estación Central)
32

El año 2005 el Ministerio de Educación dictó un Instructivo (N° 07/1008) que “Instruye sobre el Ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos de los alumnos(as) inmigrantes en los establecimientos educacionales que cuentan con reconocimiento oficial”. En él se establece que los niños inmigrantes “deberán ser aceptados y matriculados provisionalmente en los establecimientos educacionales”, y “será suficiente requisito que el postulante presente al establecimiento una autorización otorgada por el respectivo Departamento Provincial de Educación y un documento que acredite su identidad y edad”. Se establece además, que “Matriculado provisionalmente un alumno(a) inmigrante”, el sostenedor del establecimiento educacional subvencionado tendrá derecho a la subvención correspondiente.

A pesar de esta normativa, al término del año escolar no se pueden ingresar las notas al sistema, promover a los alumnos formalmente si corresponde ni emitir los certificados de los cursos aprobados. Esto, porque para dichos trámites se requiere que el niño(a) tenga un RUN (Rol Único Nacional), sin el cual no es posible ser parte del registro oficial de alumnos de Chile (SIGE, Sistema de información general de la Educación, ex RECH, Registro de Educación de Chile). El RUN se otorga solamente a los niños(as) que cuentan con una visa de estudiante o una visa de residencia temporaria (Fuente: Oficina Ayuda MINEDUC, Ministerio de Educación de Chile, enero de 2011). Casos extremos se han dado en Iquique, donde por instrucción del Departamento Provincial de Educación se instruye no promover de año escolar a niños y niñas que no cuenten con RUN, haciendo que repitan hasta tres años consecutivos el mismo curso, en los casos en los que los padres no pueden regularizar los documentos necesarios para tramitar las visas (principalmente certificado de nacimiento legalizado en el país de origen para ser válido en el extranjero).

Para las personas en necesidad de protección internacional, en Chile se han implementado en los últimos dos años prácticas de “pre-admisibilidad”, o “reorientación”. Estas prácticas se aplican tanto en Santiago como en las otras regiones y limitan el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Esto ocurre en base a una entrevista preliminar, realizada por personal administrativo, ignorando el procedimiento. Estas prácticas y los criterios que se utilizan no se encuentran normados ni reglamentados. Los niños extranjeros cuyas solicitudes no son admitidas, pasan a ser migrantes en condición migratoria irregular. Por ejemplo, en los últimos meses, en Iquique (Región de Tarapacá, norte de Chile), se ha negado el acceso al procedimiento a casi la totalidad de las personas que se acercaron a la Gobernación provincial con el objeto de solicitar protección internacional (Fuente: Información entregada por el ACNUR-Oficina de Enlace en Chile, marzo de 2011).

Por otra parte, las personas que son reconocidas con el estatuto de refugiado, y que antes de su salida del país de origen no han legalizado los documentos de estudio de sus niños(as) en las instituciones correspondientes, quedan en una situación de desamparo, ya que no les es posible –en la mayoría de los casos– contactar a un familiar o conocido que realice el trámite en el país de origen, y el Gobierno de Chile tampoco lo realiza (Fuente: Área de Refugio de la Vicaría de la Pastoral Social, AREVI, abril 2011). El resultado es que los niños(as) deben someterse al procedimiento de validación de estudios (exámenes libres para validación de estudios previos), existiendo la posibilidad de que no les sean acreditados los años aprobados con anterioridad en sus países de origen. Esta es una dificultad con la que se encuentran todos los niños(as) inmigrantes que, teniendo un RUN, no cuentan con los certificados de estudios legalizados en sus países de origen. En la situación de contar con los certificados de estudios, pero sin las legalizaciones correspondientes, el apoderado(a) debe realizar el trámite de la convalidación de estudios, con objeto de acreditar los años de estudios aprobados por el niño(a) en el extranjero.

Niños y niñas que no cuentan con RUN son excluidos de programas de salud y otros que se implementan en las escuelas (no pueden ser incluidos como alumnos prioritarios).

Los jóvenes migrantes y refugiados de sectores populares no pueden acceder, en condiciones de igualdad, a la oferta pública de becas y crédito solidario para estudios técnicos o universitarios.

Los avances normativos en educación no se aplican cabalmente por desconocimiento, interpretaciones restrictivas, negligencia y/o prácticas discriminatorias de funcionarios de las provinciales de educación y las propias entidades educacionales.



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