Informe alternativo


Asegurar la Igualdad ante la ley y a no ser sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión



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4. Asegurar la Igualdad ante la ley y a no ser sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión


(Artículo 7, 18 y 22 de la Convención)

La legislación chilena asegura a todas las personas25 un conjunto de derechos fundamentales, sin distinguir, por lo tanto, entre nacionales y extranjeros. En una dimensión formal se cumpliría la exigencia de igualdad entre ambos grupos. Sin embargo, la dificultad resulta al constatar que, de hecho, los extranjeros, con mayor razón si carecen de un permiso de residencia, se encuentran en una situación que demanda acciones del Estado para garantizar dicha igualdad, porque esta no existe ni se produce naturalmente.

Por ejemplo, si los trabajadores nacionales suelen encontrarse en un plano de inferioridad respecto al empleador (relación que la legislación laboral busca equilibrar), tratándose de los extranjeros esto se ve agravado, pues su permanencia en el país depende de la vigencia de la relación laboral, o porque al carecer de visa de residencia deben aceptar una oferta de trabajo, independientemente de la remuneración y las condiciones de desempeño. Lo anterior los obliga a tolerar abusos y maltratos, que de otra manera no admitirían sufrir.

En la Novena Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, realizada los días 21 y 22 de septiembre de 2009, en la ciudad de Quito, República del Ecuador y en la Décima Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, realizada los días 25 y 26 de octubre del 2010 en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, los representantes de los países participantes, en los que se incluye a Chile, declararon lo siguiente: “1. Reconocer a las personas, el derecho a migrar, a no migrar y retornar de forma libre, informada y segura sin criminalizar sus desplazamientos y al migrante como centro de las políticas, normativas y programas migratorios. No se considerará a ningún ser humano como ilegal por el hecho de estar incurso en una situación migratoria irregular” (Declaración de Principios Migratorios y Lineamientos Generales de la Conferencia Sudamericana de Migraciones).

De acuerdo a la organización ProAndes, la que trabaja en convenio con el Consulado de Perú en Santiago y atiende mensualmente a unos 350 inmigrantes (no sólo peruanos), uno de los principales problemas en el ámbito laboral radica en la exigencia de contar con contrato para solicitar la visa. “Esta visa exige al migrante tener un empleador dispuesto a firmar un contrato con cláusulas especiales que le obligan a pagar los pasajes de regreso al trabajador y su familia, además de esperar tres meses, que es lo que demora la visa, para que el extranjero pueda trabajar. Entonces, los migrantes que entraron como turistas o con salvoconducto (que les permite llegar sólo hasta Arica) buscan una persona que les consiga un contrato y pagan hasta 30 mil pesos por ello (unos US$65). Hemos descubierto casos como el de una señora de 70 años que tenía como 20 empleados extranjeros en su casa. Le pagarán unos cinco mil pesos por cada firma y el “tramitador” se gana el resto. Pero como ya son muchos los extranjeros empleados por una persona que no tiene empresa, las visas comienzan a ser rechazadas y Extranjería le pide a los migrantes que abandonen el país en 10 días. Pero a la persona que está en el tráfico de personas no se le sanciona. Y Extranjería sabe quién es”.

Según ProAndes, los “tramitadores” cobran hasta 300 mil pesos (unos US$650) por legalizar a un trabajador irregular. “Los ‘tramitadores’ han surgido debido al gran número de personas con ingreso clandestino que no pueden regularizar su situación. Entonces, aparecen individuos que les ofrecen hacerlo por una cantidad que va de 200 mil a 300 mil pesos. Algunos han venido acá con su cédula de identidad y nos dicen ‘bueno, pagué los 300 mil pesos, pero era la única forma’. Pero otros pasan el primer proceso y después son rechazados. Entonces, la persona que cobró les dice ‘yo ya hice mi trabajo, te saqué tus papeles y ya no es culpa mía que te los hayan rechazado’. De acuerdo al Protocolo de Palermo, eso es tráfico de personas”. 26

“Las cifras oficiales sobre denuncias y sanciones aportadas por el Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo indican que en 2006 se registraron 350 denuncias de infracciones laborales que afectaban a extranjeros, las que aumentaron a casi el doble en 2007, con 634 casos. Aún así, sólo representaron el 0,4% del total de denuncias en 2006 y el 0,7% en 2007. Las denuncias que terminaron en sanción fueron aún menores en relación al total: 57 en 2006 (0,1% respecto del global) y 111 en 2007 (0,2%)”.27

Esta situación exige la acción positiva o de protección del Estado empleador, en favor de los trabajadores inmigrantes, de una manera que no vulnere la razonabilidad de la discriminación. No basta con una igualdad formal para dar cumplimiento a las obligaciones de la Convención es necesario que el ejercicio del derecho tenga lugar efectivamente en términos semejantes a los nacionales.


4.1 Igualdad ante los tribunales y cortes de justicia


Si bien la legislación procesal nacional contempla la institución del intérprete, no los hay disponibles en número suficiente, y tampoco cubren todas las lenguas más usadas (por ejemplo, el creole, tratándose de los inmigrantes procedentes de Haití).

Este hecho afecta no sólo el ejercicio de sus derechos en juicio, sino que muchas veces les impide comprender las explicaciones entregadas por los funcionarios de la Administración del Estado, o las disposiciones legales y reglamentarias que les son aplicables.


4.2 Expulsión


Por regla general, en el ordenamiento jurídico chileno los actos de la administración del Estado admiten control por varios órganos de naturaleza diversa (Tribunales de Justicia, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República), así como el empleo de diversas acciones procesales (por ejemplo, Acción de nulidad de derecho público, Recurso de Protección). Además, en los procesos jurisdiccionales rige el principio de la doble instancia, de modo que toda decisión admite un segundo pronunciamiento por un tribunal superior.

Sin embargo, tratándose de los inmigrantes, el Decreto Ley N° 1.094 de 1975 (Ley de Extranjería) contempla como única acción de reclamo contra un decreto de expulsión,28 el recurso ante la Corte Suprema, el que debe interponerse dentro de las 24 horas de notificado el decreto y debe resolverse por dicha Corte en un plazo máximo de cinco días. El plazo de 24 horas con que se notifica el decreto de expulsión al afectado es un plazo extremadamente breve y, en consecuencia, muchas veces hace ilusoria esta acción.

Por lo tanto, no se trata –como ha sostenido alguna autoridad del Estado– de un proceso largo e infundado, en el que los inmigrantes irregulares hagan uso y abuso de los recursos y procedimientos como una manera de extender su estadía. Muy por el contrario, se trata del único procedimiento que contempla la ley y que tiene como única instancia la presentación ante la Corte Suprema.

Pero, donde más evidentemente se demuestra que los inmigrantes no se encuentran en situación de reclamar sobre los procedimientos de expulsión, por la vía legal, es en el número de recursos de esta naturaleza que se han presentado en los últimos tres años ante la Corte Suprema. Según cifras entregadas por la propia Corte, en el año 2008 se ingresaron cinco recursos, el año 2009 hubo 14 y el año 2010 se presentaron 18 recursos. Ello evidencia que se trata de una acción legal utilizada sólo en condiciones excepcionales por aquellos inmigrantes que pueden acceder a un abogado que los represente.

En consecuencia, esta no es una vía efectiva para ejercer su derecho a un debido proceso, pues resulta tan costosa, difícil y de tan breve plazo de interposición que ni siquiera constituye una alternativa real para los inmigrantes.


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