Informe alternativo


Casos referidos por el Informe OIM (2008)



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Casos referidos por el Informe OIM (2008)


  • Se identificaron 22 ciudadanos chinos en la localidad de San Felipe (al interior de la Región de Valparaíso) (OIM, 2008; 88), trabajando en una empresa minera, y sometidos a largas jornadas de trabajo que excedían las 15 horas diarias, sin descansos semanales y sin los equipamientos de seguridad adecuados. Además, vivían en condiciones de hacinamiento (los 22 ciudadanos, en cuatro habitaciones mal habilitadas). Respecto a los salarios, se les prometió una cantidad en efectivo y otra a ser depositada en una cuenta en China. En el momento de la investigación de OIM, ninguna de las dos formas de pago había sido hecha efectiva, no contando con dinero ni para sus necesidades básicas. Esto, a su vez, aumentó el aislamiento de las víctimas que no podían salir del lugar por falta de dinero, sumado a las dificultades del idioma. OIM informa de inspecciones realizadas en la mina por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y la Inspección del Trabajo, brindándoles la misma OIM apoyo a las víctimas (traductor y soporte institucional). Sin embargo, en el momento de edición de dicho informe (2008), los ciudadanos chinos continuaban trabajando en el mismo lugar.



  • En Viña del Mar (ciudad turística del litoral central), OIM también identificó 15 ciudadanos chinos, trabajando en un restaurante de comida oriental (OIM, 2008; 89). Estaban en condiciones precarias de habitación: durmiendo en colchonetas en el mismo local donde trabajaban (dentro de las despensas, cocina, áreas de servicios y mantenimiento) sin ventilación ni ventanas, con un baño para 15 personas. Los trabajadores tenían turnos laborales de 14 a 16 horas, lo cual disminuía las posibilidades de salir del local. Tampoco tenían contacto con los clientes, y muy pocas ocasiones para comunicarse con su familia en China. Los trabajadores chilenos del restaurante atendían las mesas y la barra, y se les pagaban sus salarios como correspondía y se respetaban sus derechos laborales. Al igual que en el caso anterior, pese a que el local fue inspeccionado por sanidad, Inspección del trabajo y Policía de investigaciones, aplicando multas e iniciando procesos administrativos contra los propietarios, las condiciones de los trabajadores de nacionalidad china eran de encierro y de clara discriminación en el momento de la realización del estudio por parte de la OIM.



  • En Punta Arenas (ciudad y puerto del extremo austral de Chile, Región de Magallanes), OIM identificó dos casos, un hombre y una mujer de origen ecuatoriano, sometidos a condiciones de explotación laboral. Se trataba de una pareja de ingenieros comerciales de Ecuador que viajaron a Punta Arenas respondiendo a una oportunidad de trabajo. Las condiciones de trabajo con las que se encontraron fueron distintas a las descritas en el aviso por Internet, con jornadas de 14 a 16 horas diarias y viviendo en condiciones de hacinamiento. La pareja huyó de vuelta a su país, costeando su traslado.



  • En Arica (zona norte del país), OIM identificó tres casos de ciudadanos bolivianos que fueron víctimas de explotación laboral. Para mantenerlos en el trabajo y en las condiciones de aprovechamiento, se recurrió a un sistema de retención por deudas, habiéndoles financiado el pasaje y generando, con ello, una deuda que tuvieron que pagar a través de su trabajo. Además, se les retuvieron los documentos en su lugar de trabajo, y se les privó de alimentación; vivieron condiciones de hacinamiento y exceso de jornada laboral (OIM, 2008; 74).



  • En la capital, Santiago, OIM identificó el caso de cuatro jóvenes de origen ecuatoriano (incluyendo una menor de edad), que fueron sometidos a condiciones de trabajo denigrantes y de explotación y cuyos documentos fueron retenidos. Atraídos por una oferta para trabajar en una tienda de artesanías, los cuatro ciudadanos/as ecuatorianos/as tuvieron que trabajar vendiendo artesanías en las calles, con turnos de más de 12 horas diarias y un salario que no llegaba a la mitad del prometido en la oferta (60 dólares al mes).

Casos identificados a través de la prensa


Uno de los casos que recientemente ha generado mayor interés mediático ha sido el de 55 ciudadanos paraguayos, incluyendo dos personas menores de edad, que denunciaron y solicitaron públicamente protección considerando las condiciones denigrantes y de explotación laboral a las que fueron sometidos en dos fundos agrícolas de la Región de O’Higgins, de propiedad de Francisco Javier Errázuriz13, conocido empresario que ocupó también algunos puestos políticos en el pasado.

La mayoría de las víctimas fueron contactadas en Ciudad del Este, Paraguay. Ofrecían excelente trabajo, buenas condiciones laborales, 3 millones de guaraníes por mes (cerca de 750 dólares, unos 350.000 pesos chilenos). Las víctimas ingresaban a Chile como turistas y con una carta de invitación del empresario para conocer y capacitarse en el trabajo de los viñedos y empresas vitivinícolas. Se calcula que fueron alrededor de 12 grupos, de aproximadamente 25 a 40 personas, que no se conocían entre sí. Las condiciones laborales reales eran muy diferentes a las mencionadas inicialmente: a la llegada al país se les comunicaba que el sueldo sería solo de 180.000 y que debían cancelar la deuda de pasajes, habitación, alimentación, vestuario. Algunas de las vulneraciones referidas por las víctimas: la mayoría no recibió su sueldo; trabajaban 14 horas diarias de lunes a lunes; vivían en total hacinamiento (60 personas en un lugar para un máximo de 30 personas); deficiente alimentación, y trabajo extremadamente pesado para las personas menores de edad.

A raíz de la denuncia de explotación laboral en los predios de Francisco Javier Errázuriz en Chile, presentada por tres ciudadanos paraguayos14 (17 de mayo 2011), , la Unidad I Especializada en Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños/as y Adolescentes del Ministerio Público Paraguayo imputó a dos de los responsables del reclutamiento por el delito de “trata de personas con fines de explotación personal y laboral y tráfico ilícito de personas”, ambos actualmente detenidos en Ciudad del Este, Paraguay. Por su parte, en Chile, la Gobernación inició el procedimiento policial por “Infracción a la ley de extranjería”. La Fiscalía Regional de O’Higgins se encuentra en la fase de investigación coordinándose con la Fiscalía Paraguaya. La Dirección del Trabajo confirmó que en una fiscalización realizada en los mencionados predios se detectaron 34 trabajadores extranjeros sin contrato ni visa de trabajo. El Ministerio del Trabajo cursó una multa de más de 14 millones de pesos al empresario (alrededor de US$ 30.500), susceptible de ser ampliada, pues aún falta calcular las sanciones por otros 16 trabajadores que se encontraban en situación irregular en uno de los fundos, además de los meses que estuvieron allí laborando.

Otros casos similares mencionados en la prensa (2011), que demuestran que muchos trabajadores inmigrantes son efectivamente víctimas de tratos vejatorios y abuso laboral:



  • La Radio Bío-Bío informó, el 19 de julio del 2011, que tres jóvenes indonesias, en Punta Arenas, huyeron de casas de sus empleadores, denunciando tratos inhumanos, extensión de horario laboral y el no pago de sus remuneraciones e incumplimientos de contrato laboral. La diputada Carolina Goic señaló que, “de acuerdo a los antecedentes recogidos, estamos frente a un caso de absoluta irregularidad en torno a su contratación, por el no pago de sus sueldos –a pesar que le hacían firmar sus liquidaciones de sueldos– malos tratos y abusos que son inaceptables en este siglo, más aún en un país en donde existe una legislación laboral que debería proteger a todos sin distinción”.

  • La Agencia UPI, el 26 de mayo del 2011, informa que el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS-9) de Carabineros detuvo a 14 personas al desbaratar a dos bandas dedicadas a la “trata de personas” con fines de prostitución. Las redes delictuales traían preferentemente mujeres desde República Dominicana, a quienes les ofrecían trabajo de camareras y garzonas, con sueldos ascendentes a los tres mil dólares. Escuchas telefónicas y un agente encubierto lograron establecer las redes dedicadas al comercio sexual. En Santiago fueron detenidos cinco dominicanos, cuatro chilenos y una ecuatoriana; en Caldera se detuvo a una dominicana; en el puerto de San Antonio se detuvo a dos chilenas; y en Concepción se arrestó a una dominicana y a un chileno. A los imputados extranjeros se les dieron a conocer los derechos que les asisten por la Convención de Viena y se informó a los respectivos consulados de sus países.

  • Un medio de la ciudad de Chillán (La Discusión de Chillán, 14 enero 2011) informó que una niña ecuatoriana de 15 años, “invitada” a vacacionar a Chillán (ciudad del sur de Chile) por una pareja de ecuatorianos que vendía artesanía, fue obligada a trabajar en tareas domésticas y venta de artesanía por 100 dólares al mes, impidiéndole volver a su país, hasta que devolviera los gastos de su estada y pasaje. La niña se presentó a la Policía de Investigaciones solicitando ayuda, manifestando maltrato y degradación, quedando finalmente bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores hasta el retorno a su país.

En definitiva, la evidencia de trato degradante e inhumano, así como el sometimiento a condiciones laborales –en algunos casos cercanas a la esclavitud– ha sido registrada en un número importante de casos en los últimos tres años en Chile. Ante a la frecuencia de estas situaciones, resulta insuficiente que el Informe Inicial del Estado de Chile solamente refiera la formalidad de la ley, considerando que, evidentemente, se trata de situaciones en que han sido violadas. Frente a estas ilegalidades, sin embargo, las fiscalizaciones emprendidas y mencionadas no han resultado suficientemente eficientes.

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