Informe Alternativo


El diagnóstico: Inequidad en la estructura de la tenencia de la tierra



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El diagnóstico: Inequidad en la estructura de la tenencia de la tierra

Guatemala es el país con menos avances respecto al desigual acceso a tierra. Un problema estructural de grandes dimensiones que no ha sido resuelto con los marcos legales e institucionales prevalecientes en el país desde hace medio siglo y cuya relación con la desnutrición infantil, inseguridad alimentaria y empobrecimiento extremo es determinante.


Según el Censo Agropecuario 2003 Guatemala posee un coeficiente de GINI para la tenencia de la tierra de 0.84. En términos absolutos el 92.06% de los pequeños productores cultivan el 21.86% de la superficie cultivable. En contrario el 1.86% de los productores ocupan el 56,59% de la superficie.

Tabla No 4. Estructura de la tenencia de la tierra en Guatemala





Número de los productores


% de los productores


Área

(Mz = 0.7 ha)


% de la tierra

Tamaño promedio de finca (Mz.)

< 1 Mz.

Infrasubsitencia

375,708

45.2%

172,412.75


3.2%

0.46


1-10 Mz.

Subsistencia

388,976

46.8%

989,970.71


18.7%

2.5


10-64 Mz. (1 Cab.)

Excedentarios

50,528

6.1%

1,145,318


21.5%

22.7


64 Mz. y más

Excedentarios

15,472

1.9%

3,008,316.31


56.6%

194.4


Total

830,684

100%

5,315,838.37

100%

6.4


Fuente: Byron Garozet. al. Balance de la aplicación de la política agraria del Banco Mundial, Programa de Estudios para el Desarrollo Rural, Congcoop, Guatemala, 2005, con datos del Censo Agropecuario 2003


Importancia estratégica de la tierra –referida al uso agrícola– en la economía

El 70 % del territorio nacional se destina a actividades agrícolas o forestales, más de Q 1,220 millones de quetzales anuales ingresan al país provenientes de cultivos de exportación (café, azúcar, banano, cardamomo)174. Además la relación con el territorio es determinante para los pueblos indígenas en el país.


El gobierno estima que 1 millón 130,000 hogares dependen directamente de la agricultura familiar. Además, el 70% de la producción alimentaria nacional proviene de hogares de campesinos pobres; el PIB agrícola contribuye en 13% al PIB nacional. Por su parte, los datos de la Encuesta Nacional sobre de Empleo e Ingresos de 2013 del Instituto Nacional de Estadística reporta que el 30.4% de la PEA está vinculado a la agricultura. El 91% de las y los jornaleros agrícolas son indígenas mayas, garífunas, xinkas, con casi ningún grado de escolaridad. Solo el 16% de estos tiene acceso a la seguridad social y cerca del 90% de ellos no recibe el salario mínimo175.El 53% de los jóvenes tiene un empleo agrícola de subsistencia, según un informe del Consejo Nacional de la Juventud 2005.
La pobreza general rural alcanza el 76.4%176en departamentos con alta densidad de población indígena. La pobreza sobrepasa al 85% de la población, como Alta Verapaz, Quiché y Sololá.177 La desnutrición crónica afecta al 49% de los niños, según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año 2013. Por otro lado, el 77% de los jefes o jefas de hogares rurales cursó hasta 6º grado de primaria. La migración interna y externa es una salida extrema pero regular; el 61.5% de las personas que recibieron remesas del exterior -2011- reside en el área rural.178

Conflictividad social derivada del conflicto agrario
De 2004 a 2013 el número de conflictos reconocidos por el Estado ha aumentado en un 44.3%: de 972 a 1403 conflictos, para un promedio de 1321 conflictos agrarios vigentes. Es relevante considerar que anualmente ingresan a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) 460 nuevos conflictos, en promedio, por lo que la acumulación de expedientes aumenta significativamente. Según datos de esa Secretaría 9% de la población y casi 4% del territorio nacional son afectados por conflictos agrarios.

Tipología de los conflictos según la Secretaría. Para agosto de 2013 se reportan disputas de derechos (71.68%), seguido de ocupaciones (17.35%), regularizaciones (7.31%) y límites territoriales (3.66%). La conflictividad implica a 1.177.332 personas en un área territorial de 345,743.45 has.179
Muchos casos registrados como “ocupación” son de comunidades que viven en fincas reivindicadas ahora por “nuevos dueños o descendientes de los anteriores” en donde los campesinos han vivido por generaciones ya más de un siglo, en calidad de trabajadores o libres poseedores. La Legislación Nacional no reconoce derechos ni prueba histórica. En Guatemala priva el derecho Registral y la propiedad absoluta.
El Estado, reconoce un incremento en los casos de conflictividad territorial, alrededor del uso de bienes naturales –agua y minerales entre otros. En varias ocasiones las respuestas del Estado han sido graves, incluso fatales para ciudadanas y ciudadanos rurales en demanda de sus derechos humanos, por ejemplo, la suspensión de garantías constitucionales, militarización, persecución, criminalización de luchas sociales y desalojos de campesinos e indígenas. La naturaleza impositiva y violenta fue evidente también en desalojos que se efectuaron mientras estaban funcionando las así llamadas “mesas de diálogo”. En un caso, el Ministerio de Gobernación efectuó un desalojo ordenado por el Organismo Judicial, mientras que los campesinos se reunieron con la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en búsqueda de una solución dialogada.
El ejemplo más dramático de este tipo de situaciones fue el desalojo en el Valle del Polochic a favor del Ingenio Chabil Utzaj (monocultivos agroindustriales de caña de azúcar y palma africana) que resultó con un muerto en el momento del desalojo y otras muertes violentas posteriormente. En los últimos años ha habido impunidad absoluta relativa a los homicidios cometidos durante desalojos. La respuesta del Estado a las medidas cautelares dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se caracterizó por grandes atrasos injustificables para la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Un monitoreo de los casos de desalojos efectuado por AVANCSO resalta un sensible incremento en las últimas administraciones: 127 desalojos entre 2003 al 2007, 152 desalojos entre 2008 a 2011 y 308 desalojos de enero 2012 hasta octubre 2013. Preocupa además que los datos oficiales se caractericen por un importante subregistro de entre 50%-90% de los desalojos efectuados. En todo caso, el número de desalojos y las formas violentas en que se realizan, se encuentran muy por encima de lo aceptable en sociedades democráticas, siendo un reflejo de los mecanismos ineficientes para la atención a la conflictividad social y agraria.


Agricultura de exportación: política de Estado

El caso de la caña azúcar

La expansión acelerada del monocultivo de caña de azúcar mediante distintas modalidades de compra y arrendamiento por parte de los grandes ingenios y corporaciones azucareras180, ocasiona por un lado la concentración de tierras de pequeña y mediana extensión, y por el otro, la reconcentración de tierras de gran extensión, principalmente de fincas cafetaleras y ganaderas. Esta conversión toma lugar sobre todo en la costa sur y en las partes cafetaleras de la boca costa, pero también en otras regiones que anteriormente no se consideraban aptas para su cultivo, tales como el altiplano y el valle del río Polochic en Alta Verapaz.


Siendo que el ritmo de conversión de tierras para caña, calculado por la variación del uso de suelo en hectáreas entre 1995 y 2012 es del 89%, la presión sobre la agricultura familiar y el cultivo de los granos básicos maíz y frijol en aprox. 845,000 hectáreas, se expresa en el cambio anual de la productividad decreciente de estos a partir de los años 1980.
La producción con base en la caña de azúcar no se ha puesto en tela de juicio a pesar de que estas acciones han conllevado desalojos y destrucción en el tejido social de las poblaciones campesinas e indígenas, a partir del cambio de uso de suelo que ha pasado de 188,775 hectáreas en 2003, a 250,000 Has. En 2008 y un estimado de 300,000 Has en 2013, de acuerdo a FAO.
Los 16 ingenios azucareros que operan actualmente, ubicados principalmente en 4 departamentos de la costa del Pacífico influyen en el alto consumo de agua para sus plantaciones.

Expansión de palma africana
Las plantaciones de palma se están expandiendo en la región de las tierras bajas del norte, que comprende el 47% del territorio nacional, la Reserva de la Biósfera Maya y otras importantes áreas protegidas pobladas, principalmente Maya-Q´eqchi´, dedicadas a la agricultura campesina. El agro negocio cañero y palmero viene acaparando el control sobre la tierra y otros bienes naturales desde mediados de los 2000 a partir de 5 mecanismos:


  1. Arrendamientos de tierra por 25 años a medianos y grandes terratenientes.




  1. Alianzas con grandes terratenientes que actúan como proveedores externos. Mecanismo que es además un excelente medio para el lavado de dinero ilícito.




  1. Compra directa de tierras para establecer sus propias plantaciones, dando lugar a la re-concentración de medianas y grandes fincas en mega-plantaciones de palma y de caña, y




  1. La concentración de parcelas campesinas bajo grandes plantaciones de palma. Una de cada 10 familias de las tierras bajas del norte del país perdió sus derechos de tenencia sobre la tierra en la última década. Las tierras acaparadas estaban oficialmente tituladas por el Estado, lo que le confiere carácter de “despojo legal”. Además, si bien el 72% de estas tierras campesinas e indígenas estaban tituladas individualmente, el resto contaba con títulos de carácter colectivo. Claramente, la implementación de una Reforma Agraria de Mercado junto a programas de titulación facilitaron el acceso de intereses agroindustriales a la tierra del pueblo Maya-Q´eqchi´.




  1. A través de la incorporación de campesinos como proveedores externos. Esta dinámica de incorporación ha venido siendo subsidiada por el gobierno desde 2009, involucrando 3 mil manzanas de tierra de alrededor de 300 campesinos de Chisec e Ixcán. De acuerdo con la Gremial de Palmicultores de Guatemala, éste será el principal mecanismo con el que se buscará expandir las plantaciones de palma en Guatemala a partir de este año.

La superficie con palma en Guatemala en el año 2013 fue de 120,000 Has181 Si bien esta superficie representa aún solo el 16.15% de las 743,000 Ha (o 37% de la superficie agrícola total del país) que el MAGA considera aptas para el cultivo de palma, es importante señalar que las plantaciones se han establecido a un ritmo de 17,761 Has/año en promedio desde el año 2000. Estas nuevas plantaciones de palma han incentivado cambios radicales en los usos del suelo en los territorios de expansión entre 2005 y 2010, lo cual podría profundizarse de seguir la dinámica de expansión de las plantaciones. Estas tierras eran destinadas para el cultivo de granos básicos como el maíz y el frijol, ahora han sido adquiridas por grandes empresas agroindustriales de la palma africana y caña de azúcar.


Si tomamos el caso de la expansión del cultivo de la palma africana como ejemplo de lo antes dicho, podremos hacernos una idea de lo agresivo que ha sido el proceso de concentración de tierras en los últimos diez años. El 29% de la superficie establecida con palma en Guatemala en 2010 se dedicaba en 2000 al cultivo de granos básicos, el 20% eran bosques tropicales y el 1% humedales.182
La expansión de la palma (y de la caña) supone una debacle económica para los territorios rurales. Por un lado, los cultivos característicos de la agricultura familiar en Guatemala generan hasta 10 veces más riqueza territorial que la palma (y que la caña y el ganado).183 Por otro lado, mientras la palma africana genera apenas 52 jornales por hectárea y año (36 la caña), el cultivo de chile genera 184, el de cardamomo 288 y el del maíz 112. Es más, mientras que cada empleo directo en la palma y en la caña contribuye con 0.7 y 0.4 empleos indirectos, cultivos de la agricultura familiar como el maíz y el arroz contribuyen con 1.1 y 1.6 empleos indirectos.184 Además, es importante destacar que el escaso empleo generado se rige bajo un nuevo régimen laboral flexible (hoy trabajas, mañana no; hoy acá, mañana allá), terciarizado (a partir de la subcontrata de cuadrilleros sin relación laboral directa) y precario (sin prestaciones) que impera en las plantaciones de caña y palma.





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