Informe Alternativo


Fuente: Icefi/Unicef con datos del Instituto Nacional de Estadística (2013) Nota



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Fuente: Icefi/Unicef con datos del Instituto Nacional de Estadística (2013) Nota: los salarios promedios se calcularon del ENEI, 2013. Los salarios mínimos son los presentados por el Ministerio de Trabajo a marzo 2014.

Condiciones de trabajo y derecho a la seguridad social
Los derechos laborales vinculados a las condiciones de trabajo y el acceso a la seguridad social también son violentados de manera generalizada. La ENEI 2013 muestra que de la población ocupada asalariada el 65% no cuenta con contrato de trabajo, el 5.7% tiene un contrato temporal y el 29.3% tiene un contrato por tiempo indefinido. Una vez más, la situación más crítica se encuentra en el área rural, en la que el 73% de la población no cuenta con contrato y el 3.6% tiene un contrato temporal. En cuanto a ciertas prestaciones de ley como el bono 14 o el aguinaldo, las estadísticas a nivel nacional también muestran graves incumplimientos. En promedio el 64 % de la población asalariada a nivel nacional no recibe el bono 14 y/o el aguinaldo, situación que se agrava en el área rural donde sólo el 24% de las y los asalariados reciben estas prestaciones obligatorias.
Según información del IGSS, en el 2012 el 81.1% de la población guatemalteca no está afiliada, ni recibe ningún tipo de cobertura por parte del IGSS. Ello implica que sólo el 18.9% (2,843,467 personas) están protegidos por la seguridad social y que sólo el 12.22% (1,185,866) de la PEA se encuentra afiliada.110

Capacidad del Estado para hacer cumplir las normas de trabajo
Como puede deducirse fácilmente de las estadísticas generales, entre la realidad laboral del país y el marco normativo vigente existe un gran abismo. El problema no está en el marco normativo, que en su mayoría resulta ser garantista a favor de los derechos de las y los trabajadores, sino en los grandes obstáculos que existen para su debido cumplimiento. El mayor de ellos recae en la poca capacidad del Ministerio del Trabajo y, en particular, de la Inspección General del Trabajo (IGT) para hacer cumplir las normas laborales en el país.
Diversos informes y estudios han mostrado las enormes debilidades de tipo financiero, institucional, políticas y normativas que tiene el Ministerio del Trabajo.111

En relación con los aspectos financieros, el primer punto a destacar es que su presupuesto constituyó sólo el .93% del presupuesto general del año 2013. A ello es necesario añadir, que el 79% del presupuesto del Ministerio se destina a cumplir con un programa de Transferencias de Recursos para los adultos mayores y que sólo el 4.54% de su presupuesto se destina para las labores de la IGT.112

La baja disposición de recursos ha implicado que la IGT no tenga capacidad real para poder desarrollar sus obligaciones legales tanto de realizar inspecciones periódicas a los centros laborales, como de procesar las denuncias que se presentan por violaciones a las normas laborales.
En relación con los aspectos institucionales la IGT muestra grandes debilidades a nivel departamental. Gran parte de su estructura está concentrada en la Ciudad de Guatemala, manteniendo delegaciones departamentales con muy poco personal y recursos. En todo el país hay alrededor de 224 inspectores/as de trabajo, tomando en cuenta los nuevos 100 inspectores contratados en 2013. El número de inspectores es claramente insuficiente si se toma en cuenta que para 2011, el INE mantenía un registro de más de 200 mil empresas registradas en el país, de las cuáles, por ejemplo, alrededor de 15 mil están en el sector agrícola. Tan sólo en 2013 la IGT recibió 48,607 denuncias por violaciones a los derechos laborales. El Ministerio de Trabajo reportó que siguiendo un Plan Operativo de inspecciones que se empezó a implementar en 2013, se logró visitar tan sólo 3,748 empresas.
Además de los problemas financieros e institucionales, la debilidad más grave de la IGT es el no ejercer la facultad de imponer multas administrativas una vez que determina la existencia de una violación a las normas laborales. Esta limitación se empezó a aplicar en la práctica a partir de una resolución de la Corte de Constitucionalidad dictada en 2004113

a partir de una acción de inconstitucionalidad presentada por el sector privado en contra de una reforma al Código Laboral de 2001 que habilitaba a la IGT para imponer sanciones administrativas114



.
Como consecuencia del no ejercicio del poder coercitivo de la IGT, todas las infracciones laborales tienen que ser remitidas al poder judicial. En la práctica este procedimiento ha mostrado ser sumamente ineficiente para las y los trabajadores debido a una serie de factores, tales como: la tardanza de los procesos judiciales (se estima un promedio de 5 años para concluir un juicio), la falta de asistencia jurídica por parte del Estado a las y los trabajadores, la incapacidad de la IGT para brindar servicios jurídicos y dar seguimiento a los casos en la vía judicial, el abuso de recursos dilatorios por parte de las y los abogados del sector privado y, finalmente, una vez alcanzada una sentencia condenatoria, a las enormes dificultades que existen para hacer cumplir las sentencias judiciales. Todo ello ha generado un clima de enorme impunidad que permite la violación sistemática a los derechos laborales de la mayoría de las y los trabajadores en Guatemala.

Sectores en mayor situación de vulnerabilidad
Trabajadores y trabajadoras agrícolas
Guatemala posee una historia determinante en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, la que se encuentra en pocas manos, y lo que hoy vemos reflejado en la expansión de los monocultivos, no solo ha generado y genera latifundismo, las desigualdades socioeconómicas, la inseguridad alimentaria, sino sobre todo produjo y produce la aniquilación existencial de las grandes mayorías que se han quedado y subsisten sin tierras en Guatemala, quienes ya no teniendo donde cultivar sus granos básicos para alimentar a sus familias se ven obligados a mendigar para ser sobreexplotados en las fincas agrícolas.
Las “pujantes” fincas y empresas de monocultivos, no sólo se expanden sobre las tierras indígenas o campesinas, sino que, una vez realizada la compra o alquiler forzado de las tierras individuales o comunales, convierten a los antiguos dueños en jornaleros sobreexplotados, en situación de necesidad.
De acuerdo con la ENEI 2013 la agricultura sigue siendo la actividad económica que absorbe la mayor fuerza de trabajo en Guatemala constituyendo el 30.4% de la Población Ocupada. Tomando en cuenta que la Población Ocupada del país se conforma por 5,721,081 personas, el total de personas cuya principal actividad económica es agricultura sería de 1,968,051.
La ENEI 2013 específica que de las personas dedicadas a la agricultura, 726,799 son jornaleros o peones, es decir, personas que se emplean para otras en el trabajo de la agricultura. Este sería el número de población que puede ser considerada estrictamente como trabajador o trabajadora agrícola.
La participación de la mujer como jornalera o peón es significativamente inferior a la de los hombres, constituyendo, según la ENEI 2013 sólo el 8% del total. Esta cifra puede resultar invisibilizadora del trabajo de las mujeres en el campo, debido a que como se verá más adelante en muchas ocasiones el papel que se les asigna es de coadyuvante del marido o pareja sin que reciban un salario directo por su labor.
Según la ENEI 2012 el 50.7% de la Población Ocupada en el ámbito rural es indígena. Ello abarca tanto a trabajadores agrícolas por cuenta propia, como jornaleros o peones que se emplean para otras personas. Aunque no existe información oficial desagregada de la participación étnica en el caso de las y los jornaleros o peones, la dinámica de migración laboral de los departamentos de mayoría indígena como Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz hacia el occidente del país o a la Costa Sur, permitirían sostener que la mayoría de trabajadores agrícolas empleados para levantar la cosecha en las grandes plantaciones son de adscripción indígena.
A pesar de que el trabajo agrícola asalariado garantiza una estabilidad y continuidad de al menos 6 meses, o en algunos casos de todo el año, la regla general en el trabajo agrícola es la contratación temporal por tiempo definido. Una investigación realizada por la organización CODECA basada en encuestas aplicadas a 1,026 trabajadores/as agrícolas en 609 fincas muestra que 96% de los trabajadores/as consultados tenían un trabajo temporal. Únicamente el 4% afirmó tener un trabajo de tipo permanente115

.
Otro problema es el alto porcentaje de trabajadores sin contratos por escrito. No obstante la legislación nacional no establece la obligación de generar contratos escritos en el caso del trabajo agrícola, si establece la necesidad de que el patrón entregue una tarjeta o constancia (art. 27 Código del trabajo) con la fecha de inicio de la relación de trabajo y el salario estipulado. La ENEI 2013 establece que el 73% de las y los asalariados en el sector rural no cuentan con un contrato por escrito. Esta cifra es superior a la del sector urbano en la que el 50.3% de las y los asalariados sin tienen un contrato por escrito. En el estudio de CODECA se establece que de los trabajadores permanentes encuestados, sólo 24% tenían un contrato por escrito.


Utilización de contratistas
Otro problema identificado en torno a la contratación es la subsistencia de la figura de los contratistas o reclutadores. No obstante, el Código del Trabajo (artículos 140 y 141) y el Convenio 110 sobre Plantaciones de la OIT (artículo 5) establecen diversas provisiones para regular y acotar lo más posible la figura de los reclutadores, tales como la necesidad de contar con una carta poder avalada por la IGT, de publicitar las ofertas laborales o de presentar a las y los trabajadores reclutados ante la IGT o la prohibición de que reciban emolumentos o gratificaciones por trabajador reclutado, en la práctica los contratistas y reclutadores actúan sin ningún tipo de control transportando a cuadrillas de trabajadores de su lugar de origen al lugar de trabajo. Es común que las y los trabajadores sólo lleguen a tener contacto con los reclutadores, siendo éstos los que les pagan su salario y sirviendo de intermediarios entre ellos y el patrono.
Incumplimiento del salario mínimo
La mayoría de trabajadores/as gana muy por debajo del salario mínimo legalmente establecido en el país. Esta situación queda patentizada por las diversas estadísticas sobre ingresos que se generan en el país. La ENEI 2013 establece que la actividad económica con ingresos más bajos es la agricultura, reportando un ingreso promedio mensual de Q 1,101. De manera aún más específica establece que los asalariados en el área rural perciben un ingreso promedio mensual de Q 1,631, por debajo de salario mínimo vigente en 2013 fijado en Q2,421.75
Por su parte, la ENEI 2012, establece que el salario mensual promedio para el sector agrícola es Q. 746, esto es el menor ingreso promedio en el país, en comparación con el sector información y comunicaciones, que asciende a los Q. 4,278.
Estos datos son corroborados con la información que la FAO proporciona a partir de un monitoreo mensual que realiza en varios municipios del país sobre los salarios que se pagan en las zonas rurales. En 2013 la FAO informó que el promedio por jornal diario comunal fue de Q 53, siendo que el salario por día según el Ministerio del Trabajo debería de ser de Q. 71.
Un estudio reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), da cuenta que la amplia mayoría de los trabajadores agrícolas temporales (95%), reciben un ingreso promedio inferior al salario mínimo vital. De este grupo, un 70% recibe un ingreso de menos de Q. 1000 mensuales116

. El Estudio también reporta que ninguna de las trabajadoras agrícolas que participaron en la Encuesta recibe un salario mayor a los Q. 1,500.


El Estudio de CODECA coincide con las estadísticas a nivel nacional. De los trabajadores encuestados el 90% ganaba menos del salario mínimo legal, el 66% de trabajadores gana menos de la mitad del salario mínimo legal y el 3% de trabajadores gana menos de la cuarta parte del salario mínimo legal.
Implicaciones del trabajo por productividad o por meta
El trabajo por meta o por productividad se ha extendido en todo el país, abarcando prácticamente la totalidad de los cultivos. Sobre todo es utilizado de manera sistemática en los cultivos de exportación, tales como la caña de azúcar, palma africana, café, banano y hule. El denominado trabajo por tarea o productividad consiste en condicionar el pago del salario de las y los trabajadores a ciertas metas o tareas impuestas por el patrón de manera unilateral. Con ello el salario ya no se paga por el día trabajado, sino por el cumplimiento de metas. Ante este esquema de contratación y remuneración surgen dos grandes problemas interrelacionados. El primero de ellos consiste en que se deja de garantizar el salario mínimo para las y los trabajadores, pues si no logran cumplir durante la jornada con la tarea asignada dejan de percibir el salario mínimo legal. El segundo problema se refiere a la sobreexplotación del trabajador, pues lo que se ha identificado es que en muchas ocasiones las tareas sobrepasan la capacidad de trabajo que razonable y humanamente puede realizar una persona en una jornada.
No pago de horas extras
A través del esquema de pago por productividad o tarea las empresas generalmente tratan de rehuir la obligación de pagar horas extras. Eso es así debido a que ante la necesidad de completar las tareas y poder ganar el salario mínimo las y los trabajadores generalmente superan las 8 horas. El patrono se limita a pagarles en proporción a las tareas realizadas sin tomar en cuenta que para ello tuvieron que trabajar horas extras. De esa manera las horas extras no son debidamente remuneradas.
El Estudio de CODECA refleja que únicamente el 8% de trabajadores/as dice que si le pagan horas extras. Este impago de horas extras tiene como agravante que el 57%117

de trabajadores dice que necesita ayuda para terminar la tarea diaria, eso significa que para terminar la tarea al día tuvo que participar toda la familia y no solo una persona; además de esto el 84% trabajan más de las 8 horas diarias que estipula el código de trabajo118

.
No pago de prestaciones (Aguinaldo, Bono 14 y Vacaciones)
También se ha identificado que con este tipo de contrataciones se busca evadir la responsabilidad del pago de prestaciones, como bono 14, aguinaldo o vacaciones.
La ENEI 2013 confirma esta situación al determinar que el 75.2% de trabajadores asalariados en el ámbito rural no reciben el bono 14 y que el 75.7% no reciben aguinaldo. En la investigación de CODECA sólo el 29% de los trabajadores y trabajadoras encuestadas afirmó recibir el aguinaldo.
Al igual que el aguinaldo y el bono 14, la gran mayoría de las y los trabajadores agrícolas no gozan de vacaciones. No obstante, la Constitución política de Guatemala (art. 102, inciso I) dispone la obligatoriedad de las vacaciones anuales de 10 días en el caso de trabajadores agrícolas y los artículos 130 y 131 del Código de Trabajo reiteran y regulan el derecho a las vacaciones, indicando que en el caso de trabajadores temporales, con ciento cincuenta días trabajados en el año, adquieren el derecho a disfrutar de vacaciones, el estudio de CODECA revela que sólo el 3% de las y los trabajadores encuestados pudo disfrutar de vacaciones pagadas.
Inscripción en el IGSS
Las tasas de inscripción al IGSS más bajas del país se dan en el sector agrícola. Pese a que, según la ENEI 2013, la agricultura sigue siendo la actividad económica que absorbe mayor porcentaje de la población ocupada del país (30.4%), el porcentaje de afiliados al IGSS representó tan sólo un 12% del total de afiliados al IGSS. Además de ello, los empleadores rurales que cotizan en el IGSS tan sólo constituyen el 9.7% del total de empleadores (75,668)119

. Por su parte CODECA informó que de los 1,026 trabajadores y trabajadoras encuestadas sólo el 5% afirmó estar afiliados en el IGSS.


Trabajadores migrantes internos
Aunque no se tiene un registro preciso del número de trabajadoras y trabajadores que cada año durante la época de cosecha migran a las grandes plantaciones, es muy posible que constituyan una mayoría muy importante de los 726,799 jornaleros agrícolas identificados por la ENEI 2013. Se conoce también, que entre los meses de octubre a marzo de cada año se produce un gran movimiento de personas de las regiones con mayor presencia de pueblos indígenas, como Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Sololá y Totonicapán hacia las plantaciones de caña de azúcar y banano en la Costa Sur, hacia las fincas de Café en el altiplano y el oriente del país, así como a las grandes plantaciones de palma africana del sur de Petén e Izabal.
El movimiento de personas se realiza a través de una red de reclutadores provenientes de los municipios que concentran mayor población trabajadora migrante. El transporte se hace aún en su gran mayoría, en camiones para el transporte de ganado, aunque paulatinamente se empieza a sustituir por buses o camionetas. En general, las condiciones de transportación son inseguras e inadecuadas para el transporte de personas. En los últimos años se ha registrado un número considerable de accidentes de los camiones transportadores de migrantes debido a diversos factores, tales como la falta de mantenimiento, la sobrecarga en el número de personas transportadas y el exceso de velocidad. Además de las pérdidas fatales provocadas en los accidentes, se ha evidenciado que el transporte se realiza sin ningún seguro contra accidentes o seguro de vida y generalmente las empresas hacia las que se dirigen las y los trabajadores, rehúyen fácilmente, cualquier tipo de responsabilidad, atribuyéndosela a los reclutadores.
Las condiciones laborales antes descritas (ausencia de contratos, no pago de salario mínimo, horas extras, bono 14, aguinaldo, vacaciones y no inscripción en el IGSS) se agravan aún más en el caso de las y los trabajadores migrantes. La temporalidad del trabajo, la falta de información sobre la empresa en la que trabajan, sobre sus derechos laborales, las barreras para su organización y la situación de extrema pobreza provocan que las y los trabajadores migrantes se encuentren en una situación de gran vulnerabilidad ante violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Duermen en galeras comunes, hasta más de 100 personas juntas; no tienen servicios de salud, en algunos casos existen botiquines pero vacíos. Las y los trabajadores aseguran que los alimentos son de muy mala calidad, a veces ya están en descomposición. El empleador les provee las herramientas de trabajo (ropa, machetes, galón para agua) a precios muy altos, descontándoles el valor de su salario quincenal.
Mujeres trabajadoras en el campo
El incumplimiento de pagar el salario mínimo a la , afianza la discriminación basada en género en el mercado laboral y perpetúa los ciclos de pobreza que resultan en graves impactos sociales como la desnutrición crónica y la falta de acceso a la educación y a la salud. Según el informe de CODECA, el 97% de las mujeres que trabajan en el sector agrícola no reciben el salario mínimo120

. Las que logran aparecer en las planillas de salarios, afrontan otros problemas, como el abuso y acoso en el trabajo por parte de los patronos y capataces, los cuales no pueden denunciar por temor a perder su trabajo, por amenazas físicas y psicológicas por parte de los empleadores.


En el caso de las mujeres, el 97% de las trabajadoras encuestadas manifestó ganar menos del salario mínimo legal, el 77% menos de la mitad del salario mínimo legal y 14% de las trabajadoras ganan menos de la cuarta parte del salario mínimo legal. En relación a las mujeres, es importante señalar que estas mujeres, las que logran recibir un salario mínimo son solo una parte de todas las que trabajan en las fincas agrícolas, pues la mayoría (57%) hace un trabajo que se invisibiliza, según lo demuestra la investigación publicada por CODECA en 2013. El 57% de los hombres dice que necesita ayuda para terminar una tarea y para poder cumplir con su tarea diaria lleva a su familia (pareja y niños).121
Las trabajadoras agrícolas no gozan de los derechos de protección a la maternidad garantizada en el código de trabajo artículos 151 y 152 y el convenio 110 de la OIT. El embarazo no es permitido a las trabajadoras agrícolas. Se debe ocultar que se está embarazada para evitar despidos inmediatos. Cuando los empleadores se dan cuenta del embarazo inmediatamente despiden a las trabajadoras argumentando que necesitan hombres y mujeres “saludables” para hacer todo el trabajo necesario. La investigación realizada por CODECA muestra que el 98% de trabajadores/as dicen que no gozan de los derechos a la maternidad y un 2% de trabajadores/as no saben qué es el derecho a la maternidad.122
Trabajo infantil
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011 en Guatemala laboran aproximadamente 414,250 niños y niñas menores de 14 años123

. La ENEI 2013 reporta que el 9.2% son menores de 14 años. El 68.3% del trabajo infantil se desarrolla precisamente en la agricultura.


CODECA informa que la mayoría del trabajo infantil esta invisibilizado. El 25% de jornaleros son mujeres y 11% son niños/as en las fincas agrícolas124

que trabajan ayudando a sus padres jornaleros y por esta razón se clasifican como ayudantes sin pago.125


CODECA informa que generalmente los niños y niñas van a las fincas desde muy pequeños, desde que tienen 8 años de edad. La mayoría de niños/as trabajadores/as en las fincas agrícolas no recibe salario de manera directa, su trabajo queda invisibilizado porque trabajan como “ayudantes” de sus padres para que el papá o la mamá pueda culminar su tarea diaria. Esta situación, obliga a las y los niños a no ir a la escuela y con ello su futuro se ve limitado por el analfabetismo y la desnutrición. Esta situación perpetúa ciclos de pobreza y falta de empoderamiento.
Libertad sindical de trabajadores agrícolas
Todo intento de sindicalización y defensa de derechos de trabajadores/as agrícolas es sistemáticamente contrarrestado por prácticas antisindicales, no sólo provenientes del sector patronal, sino incluso desde las mismas estructuras gubernamentales. En los últimos meses la criminalización, persecución, encarcelamiento y asesinato selectivo impune de dirigentes sindicales y sociales es una práctica cotidiana en Guatemala. Por otro lado, los/as trabajadores/as de las fincas agrícolas son mayoritariamente jóvenes e indígenas, con un bajo o nulo nivel de escolaridad y desconocimiento de sus derechos laborales tanto del ordenamiento jurídico interno, como de los convenios internacionales. Esto, los coloca en situación de vulnerabilidad y desventaja frente a los intermediarios o empresarios cuando hay un conflicto laboral. Así mismo, la investigación publicada por CODECA constata que el Ministerio de Trabajo no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta situación: además de carecer de la cantidad suficientes de inspectores/as de trabajo, éstos no cuentan en muchos casos con la suficiente formación profesional ni con las herramientas y logística necesarias para abarcar todo el territorio nacional.

Trabajadoras y trabajadores domésticos
El trabajo doméstico en Guatemala como en el mundo sigue siendo una forma de esclavitud y explotación. En nuestro país el trabajo doméstico tiene sus orígenes desde la época de la colonia y ha continuado hasta nuestros días con casos de mujeres que trabajan en hogares de terceros con sus hijas, heredando la labor de generación en generación.
En Guatemala según la ENEI 2013, se estima que existen 198,885 personas que laboran como trabajadores/as domésticas, constituyendo el 3.5% de la PO. Según las investigaciones de ATRAHDOM, el 92% del total serian mujeres, el 62% mujeres indígenas, el 43% jóvenes entre los 14 y 26 años de edad. La gran mayoría de ellas son, por lo tanto, mujeres indígenas que migran de los departamentos a los centros urbanos desde edades muy tempranas.
La sustentación legal que actualmente rige al trabajo doméstico en Guatemala se encuentra en el Código de Trabajo, el cual establece de manera discriminatoria un régimen especial para las y los trabajadores domésticos (artículos 161-166). El Código restringe una serie de derechos que el resto de las y los trabajadores gozan por mandato legal, tales como: la integración de la habitación y manutención como parte del salario, la no limitación de la jornada laboral de 8 horas diarias y el no pago de horas extras y demás prestaciones de ley. Una de las causales para justificar el despido es que la o el trabajador presente una enfermedad que lo inhabilite de sus labores por más de una semana.
Según el estudio de ATRAHDOM126

, más del 70% de las y los trabajadores domésticos no ha logrado terminar los estudios de primaria. Solo el 10% concluyó el nivel Básico. Más del 80% perciben salarios muy por debajo del mínimo legal, que van desde Q.400.00 ($50.00) hasta Q.1, 200.00 ($150.00) por mes. Más del 70% trabajan jornadas de 12 hasta 22 horas diarias. El 87% mencionó que no recibe pago de horas extras. Un 37% denunció ser víctima de malos tratos en el hogar, incluyendo: acoso y abusos sexuales y maltratos verbales, físicos y psicológicos. Sólo el 39% mencionaron recibir las prestaciones de aguinaldo y bono 14, sólo el 19% goza de vacaciones pagadas y el 65% afirmó no gozar de días de descanso pagados. Sólo el 2% de las encuestadas afirmó estar inscritas en el IGSS.



En la administración pasada, se estableció el Programa de Atención a Empleadas de Casa Particular (PRECAPI) por parte del IGSS con el fin de generar una mayor inscripción a la seguridad social. Aunque fue una iniciativa positiva, el PRECAPI tiene una cobertura restringida pues solo brinda atención médica en caso de accidentes, por maternidad y atención a los hijos e hijas de la trabajadora hasta los 5 años de edad. Debido a la falta de promoción y del programa sus resultados han sido sumamente limitados.
La búsqueda de la Ratificación del Convenio 189 y la Recomendación 201, Trabajo Decente para el Trabajo Doméstico.
Se han realizado diversos esfuerzos para reformar el régimen discriminatorio de las y los trabajadores domésticos. Entre otros documentos que establecen mejorar la legislación a favor de las trabajadoras domésticas están los Acuerdos de Paz y, en particular, el Acuerdo Socio Económico y Situación Agraria.
Diversas organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras/es domésticos desde la firma de los Acuerdos de Paz, han impulsado la aprobación de dos iniciativas de ley para reformar el Código de Trabajo (Iniciativa 2131 de fecha 1 de enero de 1999 y la Iniciativa 3467 del 25 de mayo del 2006). Ambas pasaron primera lectura en el Congreso, y fueron remitidas a las comisiones de Trabajo y de la Mujer, esta última dictaminó a favor de dicha iniciativa, no así la de Trabajo, que no emitió opinión. El 8 de agosto del 2009, se presentó ante el Congreso de la República, la Iniciativa de Ley 4075 sobre reformas al Código de Trabajo, ya paso la primera lectura y actualmente se encuentra con dictamen desfavorable.
El 17 de junio del 2011, la OIT aprobó el Convenio 189 y la Recomendación 201, a favor del Trabajo Decente para el Trabajo Doméstico. Organizaciones sociales de trabajadoras domésticas, entre ellas ATRHADOM, han realizado diversos esfuerzos para lograr la ratificación del Convenio 189 por el Estado de Guatemala.


  1. Durante el gobierno del Ing. Álvaro Colón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó tres consultas nacionales: el Procurador de los Derechos Humanos, la SEPREM y la IGT emitieron una opinión favorable. Sin embargo, el anterior Ministro del Trabajo no llegó a firmar el dictamen, dejándolo a consideración del actual Ministro de Trabajo.




  1. La situación del Convenio sufrió un serio estancamiento en el 2012 debido a la falta de interés del actual Ministro del Trabajo en el tema. A pesar de los esfuerzos de sociedad civil, de la Oficina Nacional de la Mujer y de ONU-Mujeres, no se logran avances debido a que el sector empleador decide no participar en las discusiones.




  1. El Ministro de Trabajo delegó a la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo emitir opinión con relación a que el Convenio 189, continúe su proceso de Ruta. A pesar del impulso de expertas de la OIT que visitaron Guatemala, el sector empresarial manifiesta su oposición a que continúe el proceso de ratificación.



Situación de las trabajadoras en la Maquila Textil
El sector laboral en la Maquila textil sigue siendo uno de los ámbitos en los que en mayor medida se violentan los derechos laborales y el que más mano de obra femenina contrata. La ENEI 2013 informa que en el sector de “Industrias manufactureras, explotación de minas y canteras y otras actividades industriales”, laboran 754,927 personas, constituyendo el 13% de la PO. Según el estudio “Una aproximación al salario de vida en el sector maquila en Centroamérica”, un poco más de la mitad de los empleos generados por el sector maquilador (55%) está conformado por mujeres, quienes además de ser trabajadoras de tiempo completo, generalmente desempeñan roles de madres y jefas de familia.127
Salario diferenciado
El sector maquilador opera bajo el marco legal de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y sus reformas (Decreto 38-04 y Acuerdo Gubernativo 625-2007) que además de otorgar exenciones y privilegios fiscales a las empresas maquiladoras, establece un salario diferenciado para las y los trabajadores de la industria de la maquila de confección y textil. El Gobierno, con el fin de generar condiciones favorables para la inversión extranjera, ha sacrificado los derechos de las y los trabajadores de la maquila, que perciben un salario mínimo diferenciado en comparación con el salario mínimo para las actividades del campo y la ciudad (ver tabla 2).



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