Informe Alternativo


Fuente: Icefi, con datos de la SAT. Privilegios, exenciones y exoneraciones tributarias



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Fuente: Icefi, con datos de la SAT.


Privilegios, exenciones y exoneraciones tributarias
En Guatemala siguen persistiendo mecanismos legales que otorgan privilegios fiscales a ciertos sectores económicos. Dichos privilegios son socialmente injustificados y no son coherentes con la realidad actual. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria38

señala que para avanzar “hacia un sistema tributario justo y equitativo, el Gobierno se compromete a atacar el factor más grave de injusticia e inequidad en materia tributaria, a saber la evasión fiscal y defraudación fiscal, especialmente en el caso de quienes debieran ser los mayores contribuyentes. Con miras a erradicar los privilegios y abusos, eliminar la evasión y la defraudación fiscal, así como aplicar un sistema tributario globalmente progresivo”. Para lo cual, se comprometió a evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias con miras a eliminar los abusos.


No sólo las exenciones y privilegios no se han eliminado, sino se han ampliado en la legislación vigente39

. Un ejemplo ha sido la incorporación de sectores económicos como el minero a la Ley de zonas francas y de maquila, Decreto 29-89, a pesar de que dicho sector utiliza materias primas extraídas del subsuelo guatemalteco, propiedad del Estado.



Gasto público y gasto social
Desde 2006 la inversión pública, en su conjunto, no ha logrado separarse del promedio del 14.2% del PIB. Comparativamente hablando, esta tasa es la más baja de la región centroamericana. Además, la mayor parte de la inversión en Guatemala ha favorecido los gastos corrientes (10.1% del PIB en promedio), cuya finalidad es primordialmente el financiamiento de salarios de trabajadores públicos, prestación de bienes y servicios, transferencias a organismos de Estado que prestan servicios de inversión pública social y pago de intereses.
Un desglose más detallado del tipo de gasto indica que el rubro específico de remuneraciones ha venido aumentando como porcentaje del gasto total desde 2006 (cuando representaba cerca de un 22%) para posicionarse en casi un 29% en 2013. Las transferencias corrientes se han mantenido en 16% del gasto total, mientras el pago de intereses ha pasado a ocupar el 11% de la estructura, lo cual es indicativo de la evolución de la deuda pública y su creciente presión sobre el manejo fiscal; así como el espacio de maniobra disponible. De forma inversa, los gastos de capital (primordialmente inversiones en infraestructura y transferencias de capital) han experimentado una reducción del 36% en 2006 a un 22% en 2013.
A pesar del peso relativo de las inversiones (remuneraciones y gastos de capital tienen la mayor participación del gasto), tanto las inversiones en personal público (maestros, docentes, policía, etc.) como en infraestructura (centros de salud, electricidad, caminos rurales y escuelas en básico y diversificado) son insuficientes. Algunos datos de referencia destacan, por ejemplo, que la infraestructura de salud actual del primer y segundo nivel de atención es equivalente a la necesaria para satisfacer las demandas de la población de 1950 y 1955, respectivamente40

. Así mismo, en 2013, se identificaron 1.8 policías por cada mil habitantes, cuando el estándar recomendado es de 4 por cada mil habitantes41



. De igual manera, en 2010, se estimaron apenas 4.68 médicos y enfermeras por cien mil habitantes, cuando el estándar es de 25 por 100 mil habitantes.42
En 2011, un estudio que analizó las promesas electorales de los partidos políticos en contienda, determinó que, “para cumplir con los principales ofrecimientos, el presupuesto de gastos debería incrementarse entre Q 13,200 y Q18,200 millones anuales en los próximos cuatro años. En términos reales, los presupuestos de gastos deberían aumentar 20%, es decir, pasar de 15% del PIB a cerca del 18.6%. Los rubros que requerirían mayores recursos adicionales son: educación, asuntos económicos relacionados con la reconstrucción de infraestructura económica, orden público y seguridad y protección social. Cerca de 61% de los recursos adicionales debería destinarse a aumentar el gasto social, mientras otro 29% debería ejecutarse en políticas de orientación económica. El 10% restante, a funciones relacionadas con la seguridad y la justicia”.43
Siendo el presupuesto público de un Estado la expresión más concreta de su voluntad política, es importante advertir que el presupuesto de los últimos 3 años (2012-2014), no ha cambiado mucho con respecto al observado en los años anteriores, por lo que ciudadanos y gobernantes no pueden esperar mejores resultados en las políticas actuales en comparación con las de los gobiernos anteriores. Otros compromisos de gasto estipulados en los Acuerdos de Paz y otros aportes constitucionales (como el 5% asignado a la Universidad de San Carlos de Guatemala) varían según la recaudación de algunos impuestos específicos, a pesar de ser ineludibles.

Gasto social
Una de las consideraciones más importantes a observar en las ejecuciones de los años anteriores es el estancamiento del gasto público social (GPS) en 8.5% del PIB, por debajo del 8.7% y 9.0% observados entre el 2009 y 2010. Hacia finales de la última administración y principios de la presente (2011-2012) el GPS sufrió una fuerte desinversión que ha sido causa de gran preocupación por sus efectos en los indicadores del desarrollo humano del país. En 2013 se planificó una fuerte reinversión de recuperación, pero a razón de las mermas en la recaudación fiscal estimada, y dada la aprobación tardía de préstamos de financiamiento externo y la sub-ejecución del presupuesto (estimada en el 91.4% del presupuesto), el GPS se cuantificó en 8.5% (tasa de estancamiento).
Las mayores asignaciones como porcentaje del PIB han estado siempre vinculadas a la educación, con un estancamiento visible desde 2009 (en 3% del PIB). Los rubros de protección social (en donde se concentran mayoritariamente las transferencias condicionadas) están alrededor de 2.5% del PIB, asignación que también se mantuvo estancada hasta el 2013. La salud presenta inversiones menores a las anteriores, cuyo promedio se estima en el 2.1% del PIB sin cambios relativamente alentadores en 2013. 2014 plantea incrementos en los rubros de protección social y salud, vastamente dirigidos por los esfuerzos de las instituciones descentralizadas del Estado. Está por verse la ejecución. Los programas principales de los Ministerios quedarán, sin embargo, estancados y con pérdidas en el valor real de sus inversiones frente al alza constante de los precios de insumos.
En conclusión, las variaciones reales (en precios constantes del 2007) muestran un estancamiento de casi todas las inversiones, con excepción de aquellas asociadas a la protección del medio ambiente cuya cúspide se alcanzó en 2011 y ha venido decreciendo desde entonces. Las inversiones en vivienda fueron desfinanciadas drásticamente en 2011 pero han venido recuperándose, especialmente ante los efectos del terremoto que afectó el occidente del país a finales de 2012.

No aprobación de presupuestos
Aunado al estancamiento del GPS, la no aprobación de los proyectos de presupuesto estatal en 2010 y 2013 en el Congreso de la República, ha generado efectos negativos para la implementación de la política social y de los programas sociales de asistencia. Las asignaciones no solo quedaron exactamente iguales (implicando una disminución en términos reales por los efectos de la inflación), sino se han usado como argumento político de los gobiernos de turno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente los DESC.

Máximo de recursos disponibles
No se han usado metodologías objetivas y claras para monitorear los ingresos estatales44

y por tanto, el cumplimiento del compromiso de inversión del máximo de recursos disponibles. Por otro lado, la eficiencia en el gasto ha sido una de las mayores ausencias señaladas por diferentes actores de la sociedad civil; ya que los recursos no siempre se han empleado de manera adecuada para el cumplimiento de los objetivos trazados. Han sido frecuentes los escándalos por compras anómalas y compras por excepción, algunas de éstas señaladas por medios de prensa y también por la Contraloría General de Cuentas.


También hay poca capacidad para ejecutar los recursos disponibles de forma oportuna, productiva, eficiente y eficaz, en especial en los programas de asistencia social implementados en los últimos dos períodos de gobierno. Siguen existiendo gastos innecesarios como los que se hacen en propaganda y publicidad de ciertos programas, en vez de invertirse en la implementación de los mismos.

No discriminación
Persisten fuertes limitaciones para la implementación de los programas sociales y su capacidad para extender su cobertura en lugares de difícil acceso, lejos de la capital, o bien que aún no cuentan con las condiciones de infraestructura básica para brindar atención o servicios a la ciudadanía, especialmente en los sectores de salud y educación. Hay, como consecuencia, ciertos servicios que se centralizan, discriminando a quienes no pueden acceder a ellos.
Por otro lado programas como las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), han puesto sobre los hombros de las mujeres –las denominadas beneficiarias titulares- una serie de responsabilidades. Dentro de todas éstas hay las que reproducen y refuerzan estereotipos discriminadores de las mujeres; asumiéndolas como las administradoras de los recursos familiares, las responsables del cumplimiento de las condicionalidades y corresponsabilidades, las obligadas a ser “buenas madres” y otros roles que se asumen como “propios de las mujeres” dentro de una concepción conservadora de la división sexual del trabajo. Esto implícitamente ha significado una violación continua del principio de igualdad y no discriminación por sexo.

Políticas de gobierno versus políticas de Estado
En la última década, cada gobierno en turno ha ido implementando diversos programas sociales o de asistencia social que no tiene continuidad con la siguiente administración del Estado, lo cual implica cada cuatro años abortar unos programas por otros, o bien ir transformándolos. No ha existido una lógica de política social integral que sea independiente de los cambios políticos, de tal cuenta que muchos programas que habrían podido incidir en mejorar las condiciones de la población han sido eliminados. Un ejemplo es el del Programa de Vaso de Leche Escolar implementado en 2006, enfocado a la alimentación escolar. Pese a que representaba avances importantes, el mismo gobierno que lo implementó redujo los recursos financieros asignados a éste, hasta desaparecer con el nuevo gobierno. En estas condiciones, cada cuatro años habrá retrocesos en materia de derechos humanos, en la medida en que no se desarrollen los programas como política social estatal sino como programas de gobierno.

Transparencia presupuestaria
En los últimos años ha existido mayor demanda de transparencia presupuestaria; sin embargo, pese a existir avances importantes y contar el país con portales especializados que brindan valiosa información, aún siguen persistiendo mecanismos de opacidad que imposibilitan el libre acceso a la información pública y en específico a la información presupuestaria. Según el índice de presupuesto abierto –OBI por sus siglas en inglés- Guatemala tiene un ranking de 51 puntos sobre 100, siendo catalogado como uno de los países que brinda información presupuestaria media. Esto quiere decir que el país requiere realizar esfuerzos en ese sentido. En cambio, han existido retrocesos, como el haber dejado de publicar el presupuesto ciudadano, documento que permitía conocer en términos sencillos el destino de los recursos públicos. Se publicó por primera vez en formato electrónico y físico en 2011 en cuatro idiomas mayas, en español e inglés. Sin embargo en 2012 solo se publicó en español e inglés y únicamente en formato electrónico. En 2013 dejo de publicarse completamente.


CAPÍTULO 4

No-discriminación e igualdad de derechos para hombres, mujeres y comunidades de la diversidad sexual (Artículos 2 párr. 2 y 3 del Pidesc)

Contexto de la situación de las mujeres guatemaltecas
El Estado de Guatemala es el responsable de promover y de dar cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, así como de erradicar la violencia y eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
Según el INE, la tasa global de alfabetismo durante el año 2011 alcanzó un promedio del 65% para las mujeres y del 72.44% para los hombres, lo que deduce que las mujeres tienen menor acceso a la educación que los hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística –INE-, las tasas más altas de analfabetismo se encuentran en los departamentos de Quiché con un 33.09%, (29.37% hombres y 36.32% mujeres), Alta Verapaz con un 30.62% (26.66% hombres y 34.40%mujeres), Baja Verapaz con un 26.88% (25.81% hombres y 27.78% mujeres), Chiquimula con un 28.45% (31.64% hombres y 25.76%) y Huehuetenango con un 25.69% (23.6% hombres y 27.34% mujeres). Estos datos confirman la desigualdad y la carencia de oportunidades de educación para las mujeres, acentuándose en las áreas rurales del país, en donde el porcentaje se concentra en las mujeres indígenas.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 94 la obligación del Estado de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. En este caso, el sistema de salud está integrado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y su red hospitalaria, la cual, en el año 2011, en el área rural el porcentaje de atención de partos en el domicilio sube a 69%, en servicios de salud pública el 23%, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el 4.7%, y las clínicas privadas únicamente el 3.3%.Básicamente la mayoría de partos a nivel nacional son atendidos por las comadronas con un 60%, los médicos un 28%, atención empírica (algún familiar o el esposo) un 9%, y un 3% para las mujeres que no reciben ninguna asistencia durante sus partos. Según el INE, la mayoría de las muertes maternas se reportan en los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Guatemala. El análisis de estos datos refleja la desigualdad de la atención de partos, en donde el área rural cuenta con la ínfima atención.
La población guatemalteca se caracteriza por elementos que rebasan las pésimas condiciones de los servicios de salud, tales como: altos niveles de fecundidad, escasa educación sexual y reproductiva, falta de planificación familiar, cobertura limitada de servicios de agua potable y saneamiento ambiental, poco gasto público para la inversión de salud y el encarecimiento progresivo de los insumos críticos para una apropiada atención médica. En el período del 2008-2009, el INE reporta como tasa global de fecundidad 3.6 hijos por mujer, la cual aumenta en el área rural a 4.2 y en mujeres indígenas a 4.5 (este indicador es considerado uno de los más altos en el mundo) mayormente en los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Guatemala. Es de suma importancia señalar que no se logrará el objetivo del Milenio número 5 para el año 2015, que tiene como objeto reducir la tasa de mortalidad materna en las 3/4 partes de la que se observó en el año de 1990.
Actualmente el 53.71% de la población guatemalteca vive en estado de pobreza, en el que las mujeres representan aproximadamente el 51% de esa estadística, lo que indica que las mujeres son más pobres que los hombres, sin embargo, se ha observado que en los hogares con jefatura femenina el 30.8% se encontraban en estado de pobreza y el 69.2% restante no, mientras que en los hogares con jefatura masculina el 42.7% se encontraban en estado de pobreza y el 57.3% restante no, de lo cual, se deduce que las mujeres son más eficientes en la jefatura de sus hogares, no obstante de que el trabajo realizado por las mujeres en el ámbito familiar carece de valoración social y de remuneración alguna45

.
La participación de la mujer en el proceso productivo agrícola tiende a ser invisibilizado, y según el INE durante el año 2010, las mujeres participan en un 19% del empleo agrícola. Asimismo, el acceso a la tierra por parte de las mujeres también es limitado. Esto se refleja en la tenencia de la tierra que históricamente ha estado concentrada en fincas en donde los propietarios son hombres. El 92% de las fincas son de subsistencia y tienen aproximadamente el 20% de la tierra, mientras que las grandes fincas representan el 2% y tienen el 57% de la tierra.
De conformidad con el Decreto 13-2013 del Congreso la República de Guatemala, el cual contiene las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto para la incorporación del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género, en el artículo 17 Quáter, establece el enfoque de género, dando apertura para etiquetar y dar seguimiento al gasto público, enfatizando la planificación, la estructura del presupuesto y la medición del monto de la inversión, con el objeto de cumplir con la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral -Pndpim- y el Plan de Equidad de Oportunidades -PEO- 2008-2023, que busca la promoción de sus derechos fundamentales y eliminar la desigualdad contra las mujeres.
Programas sociales como “mi bono seguro”, responde a una variedad de criterios en cuanto a la entrega de los bonos y además no conlleva para las mujeres un aumento de sus capacidades, oportunidades y autonomía, sino que un aumento en sus responsabilidades que no contribuye a superar las desigualdades entre hombres y mujeres.46

Situación actual de los mecanismos para el avance de las mujeres
Uno de los primeros acercamientos que realizaron las organizaciones de mujeres y feministas de Guatemala con el actual gobierno, fue con la firma de la "Agenda Estratégica de las Mujeres Guatemaltecas 2012-2016", elaborada por las integrantes de la Agenda Política Mujeres en la Diversidad (APMD). Esta agenda contiene 18 puntos específicos que proponen garantizar la igualdad, el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas, y no retroceder a los avances dados en materia de derechos humanos de las mujeres. Dicha agenda fue adquirida como un compromiso de campaña con diversos partidos políticos que se encontraban en la contienda electoral en el año 2011, inclusive fue firmada por el Partido Patriota, comprometiéndose a "dar cumplimiento y respetar el acuerdo político firmado con las organizaciones de mujeres y feministas”. Pese a que la Agenda Estratégica 2012-2016 se firmó, éste fue incumplido ya que se empezó a debilitar y a entorpecer los avances en materia de derechos humanos de las mujeres que las organizaciones de mujeres y feministas venían formando.

Retrocesos en materia de igualdad de las mujeres guatemaltecas
A lo largo de la última década, Guatemala ha creado una serie de leyes47

, políticas, planes nacionales y mecanismos específicos para el desarrollo de la mujer, producto de más de dos décadas de demandas, propuestas y estrategias implementadas por las organizaciones de mujeres y feministas, sin embargo, no existe reciprocidad entre lo que teóricamente establecen al cumplimiento práctico que les está dando.
En este sentido, uno de los principales desafíos que tiene el Estado de Guatemala es “avanzar de forma sustantiva en el proceso de aplicación de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas”48

, razón por la cual se creó en el año 2000 la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), como asesora y coordinadora de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres y el fomento de la cultura democrática. Desde el momento de la creación de la SEPREM en el marco de la participación democrática de las mujeres guatemaltecas, se tomó en cuenta la participación de las organizaciones de mujeres en el proceso de elección de la Secretaría y Sub-secretaría Presidencial de la Mujer, siendo éste un avance significativo en los procesos de participación de la sociedad civil, así como lo fue en el caso de la elección de la Defensora de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI).
En el año 2009 por medio del Acuerdo Gubernativo 302-2009, fue aprobada la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (Pnpdim) y el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO), los cuales, incluyen doce ejes de trabajo49

y 323 indicadores de medición que permitían dar seguimiento y evaluar los avances en la implementación de la política, a nivel de las secretarías y ministerios del Ejecutivo, además dejando funcionando en el 2011 un sistema de monitoreo de la Política, siendo éste un avance para la medición de cumplimiento en los años posteriores.
Con la llegada del Presidente Otto Fernando Pérez Molina, la Pnpdim y el PEO, ya no forman parte de las prioridades gubernamentales, y según información proporcionada por la SEPREM en diversos eventos públicos, todas las acciones que dicha institución realiza se llevan a cabo en el marco de la implementación de los tres pactos de gobierno, siendo estos: Pacto Hambre Cero, Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, y Pacto Fiscal y de Competitividad, los cuales desde su construcción e implementación invisibilizan a las mujeres como sujetas políticas. Tal es el caso del Pacto por la seguridad, la justicia y la paz, en donde se incluye la palabra "mujer" únicamente en tres ocasiones: cuando se hace la definición de la palabra “equidad de género”, cuando se enuncia la focalización de la intervención del Pacto, y cuando se indica con quiénes se llevarán a cabo los acuerdos sectoriales. En tal sentido, los avances logrados hasta el año 2011 en materia de política pública y del cumplimiento del mandato de la SEPREM, se han quedado postergados, suspendidos e invisibilizados por las actuales autoridades de gobierno, asimismo se han debilitado y reducido los mecanismos para el avance de las mujeres, se ha desarticulado su estructura, generando un retroceso evidente para el desarrollo.
Es importante destacar que actualmente no existe una plena participación eficaz, activa y democrática de las organizaciones de mujeres, pese a que se estableció en los Acuerdos de creación de la DEMI, SEPREM y la Coordinara Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI); por ejemplo, en febrero del año 2012, se emitió el Acuerdo Gubernativo 34-2012, y en el 2013 el Acuerdo Gubernativo 38-2013, los cuales anularon la posibilidad de la participación de las organizaciones de mujeres en el proceso de elección de las autoridades de la SEPREM y DEMI respectivamente.
El Decreto 22-2008 del Congreso de la República o Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, es un avance importante para el desarrollo de las mujeres, en cuanto a la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, y que a nivel institucional ha dado importantes avances como:


  • La creación de 7 juzgados y 7 tribunales con competencia en los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ubicados en Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula, Cobán y Huehuetenango, Izabal y Escuintla.




  • La creación de fiscalías, agencias de la Mujer y la implementación del Modelo de Atención Integral (MAI) para la atención a mujeres sobrevivientes de violencia, ubicadas en Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Chimaltenango, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Cobán, Petén. Sin embargo, el alto nivel de violencia y el incremento de las denuncias, han hecho que estos órganos resulten insuficientes para responder de manera oportuna a la problemática de la violencia contra las mujeres, y que aunados con el cambio de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General del Ministerio Público, la continuidad de estos avances representa un reto para el Estado, pues es necesario un compromiso traducido con un presupuesto ajustado a la magnitud de la problemática, para que se continúen implementando a nivel nacional, tal y como vienen gestándose a partir del 2010.




  • El funcionamiento de 7 Centros de Apoyo Integral para mujeres sobrevivientes de violencia (CAIMUS), que son coordinados e impulsados por las organizaciones de mujeres, ubicados en Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Rabinal, Chimaltenango y Petén, ya que son la única respuesta que se tiene para la atención integral para mujeres sobrevivientes de violencia. Pero lejos de que el Estado haya promovido su fortalecimiento y creación de nuevos CAIMUS a nivel nacional, el gobierno del Presidente Otto Pérez Molina los ha debilitado, acción que ha realizado mediante la no entrega oportuna de los recursos, que desde el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado están asignado para los CAIMUS, además, las organizaciones que los coordinan se han enfrentado a la criminalización, desprestigio y difamación que se ha gestado desde este gobierno. (Este aspecto será abordado con mayor profundidad cuando se aborde la situación de la problemática de la violencia contra las mujeres).



Situación de la Coordinara Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres –CONAPREVI-
La CONAPREVI es el Ente Asesor, Coordinador e impulsor de las políticas públicas relativas a Violencia contra la Mujer y tiene su mandato en la Convención de Belém Do Pará; sin embargo, a partir de junio 2012 a la fecha, está paralizado, reducido a su mínima expresión y debilitada totalmente su institucionalidad, siendo responsabilidad del gobierno este grave retroceso, por lo que es el responsable del incumplimiento de Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en los artículos 16, 17, 18 y 20 y 21 d) y e); de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Ley VIF), art. 13; del Reglamento de la Ley VIF, Acuerdo Gubernativo 831-2000; del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres-PLANOVI (2004-2014) y del Eje de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Pnpdim y PEO, por ser la CONAPREVI el Ente que responsable de coordinar y monitorear su cumplimiento
El Acuerdo Gubernativo 831-2000 indicaba hasta noviembre 2013 que la CONAPREVI está integrada por instituciones del sector público y por el sector privado; “tres representantes de la Red de la No Violencia contra la Mujer”, siendo este un avance en cuanto a la democracia participativa de las organizaciones de mujeres. Ante las violaciones que el actual gobierno emprendió en contra de la institucionalidad de la CONAPREVI, la Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI) se mantuvo vigilante y denunciando las violaciones cometidas. Y como resultado de ello, la representante del Presidente de la República en CONAPREVI, la Secretaria Presidencial de la Mujer, presentó denuncias penales en contra de la Coordinadora Ejecutiva de la REDNOVI, asimismo se ha encargado de criminalizar y difamar la labor de la REDNOVI y de los CAIMUS, realizando acusaciones infundadas que violan los derechos consagrados en el presente Pacto. Prueba de ello son las manifestaciones públicas que la Secretaria Presidencial de la Mujer dio a través de los medios masivos de comunicación social (Televisivos, radiales y escritos), así como una publicación emitida por el gobierno de Guatemala y SEPREM que se denominó: “Análisis de la Gestión Técnica y Administrativa de la CONAPREVI, período 2008-2011. Para una administración pública más efectiva y transparente al servicio de la ciudadanía”. Este informe evidencia el ataque directo, escrito y público que el actual gobierno ha emprendido en contra de las organizaciones de mujeres que discrepan frente a las decisiones violatorias a los derechos humanos de las mujeres.
En el 2011, el Gobierno informó que otra acción realizada para lograr la igualdad de las mujeres es la creación de la Comisión Presidencial contra el Femicidio en Guatemala-COPAF, mediante Acuerdo Gubernativo 46-2012; sin embargo, esta comisión lejos de ser un avance se constituyó como un mecanismo que duplica el mandato y funciones conferidas a la CONAPREVI, por lo que su existencia no tiene fundamento y es inaceptable su creación, a la luz de las propias recomendaciones que el Sistema de Naciones Unidas ha emitido respecto a evitar la duplicidad de funciones en los entes públicos. Por lo que se recomienda al Estado, revisar los marcos jurídicos nacionales vigentes y no crear instancias paralelas que dupliquen mandatos y funciones tal y como lo hace la COPAF, en tal sentido es necesario dejar sin efecto el Acuerdo Gubernativo 46-2013, pues lo correcto es que esta comisión no funcione tal y como está sucediendo en estos momentos.
Aunado al debilitamiento que ya se le había dado a la CONAPREVI desde el 2012, en noviembre 2013 mediante Acuerdo Gubernativo 463-2013, el Presidente de la República vulneró aún más la institucionalidad de la CONAPREVI, reformando su integración y estructura de funcionamiento, y que hasta la elaboración del presente informe, la CONAPREVI continúa en suspenso. Y como respuesta a la demanda que la REDNOVI ha promovido a fin de restablecer la institucionalidad de la CONAPREVI; mediante este acuerdo el gobierno de Guatemala saca a la REDNOVI de la integración de la CONAPREVI, medida adoptada como parte de la desinformación, justificación, y judicialización que ha emprendido la SEPREM en contra de la REDNOVI, por lo que al haberla sacado de la integración, es la muestra más concreta de la criminalización, en donde de manera inconsulta, con alevosía, ventaja y extralimitándose el Ejecutivo a los demás integrantes de la CONAPREVI, toma decisiones inconsultas y de manera unilateral.
En noviembre 2013 el Ministerio de Gobernación (que de acuerdo a la reforma, integrará la CONAPREVI con funciones de coordinación), instaló una se instaló una Mesa de Diálogo con organizaciones de mujeres, habiendo abordado la Reforma 463-2013, hasta la elaboración de este informe no se tenía avance en cuanto a la publicación de una reforma diferente trabajada en la Mesa de Diálogo, que esté más acorde con el cumplimiento del mandato de la CONAPREVI.
Desde el año 2002, a la CONAPREVI le fue asignado su presupuesto dentro de la estructura programática denominada “Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres”, siendo la unidad responsable la SEPREM, pero a lo largo de los años así como fue variando el monto asignado (que iba en ascenso) también fue cambiando la denominación con la cual se identificaba. Si bien es cierto, los 5 millones asignados a la CONAPREVI desde el 2009 al 2012 no eran suficientes ni los necesarios para dar cumplimiento a su mandato, este presupuesto era necesario para monitorear y promover el cumplimiento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y su reglamento, la Ley contra el femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y el PLANOVI, pero en la medida en que ese presupuesto fue eliminado se evidencia la falta de voluntad y cumplimiento que el gobierno de turno le da a las recomendaciones emanadas en el Pacto. Además, es la clara evidencia de los graves retrocesos que se han dado en materia de igualdad.
Se reitera que los mecanismos creados para el avance de las Mujeres, no están cumpliendo con la función para la cual fueron creados, las políticas públicas implementadas en estos momentos no están promoviendo el avance y desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas, porque las acciones institucionales se han enfocado a promover estrategias del gobierno de turno, con lo cual se legitima el patriarcado, y se invisibilizan las causas estructurales de la discriminación, violencia y opresión contra las mujeres. Es importante mencionar que la SEPREM, lejos de ser el mecanismo que promueva la igualdad para las mujeres, ha estado promoviendo y reforzando los roles domésticos históricamente asignados a las mujeres, que lejos promover una igualdad real que tome en cuenta la condición, posición y situación de las mujeres, perpetúa la subordinación, inequidad, discriminación, la opresión y la violencia en contra de las mujeres.
Cabe mencionar que ha sido la SEPREM quien se ha dedicado a promover el retroceso de los avances logrados en materia de igualdad para las mujeres, ha promovido una persecución política a las organizaciones de mujeres y lideresas que disienten de la gestión gubernamental y que denuncia la violación a los derechos individuales y colectivos que se están cometiendo en contra de las mujeres. Prueba de ello fue el papel que jugó la SEPREM como representante del Estado de Guatemala en la Primera Reunión de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de América Latina, realizada en Montevideo en agosto 2013, así como las reservas que presentó al Consenso emitido. Y ante algunas de las violaciones cometidas por la SEPREM, el 10 de diciembre de 2013, la Procuraduría de los Derechos Humanos resolvió: DECLARAR la violación a los derechos humanos al orden y la seguridad por abuso de autoridad que fueron víctimas personal de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres CONAPREVI, asimismo la afectación de todos los beneficiarios de las acciones que genera esta entidad por parte de la autoridad máxima de la Secretaria Presidencial de la Mujer.
Aunado a ello; es evidente la contradicción de los discursos presidenciales, quienes por un lado indican estar promoviendo políticas a favor de los derechos de las mujeres y por el otro anulando su promoción, prueba de ello es que en octubre del 2012, por medio del Acuerdo Gubernativo 264-2012, el Presidente de la República crea al Gabinete Específico de la Mujer-GEM, que tiene como finalidad "articular, coordinar e impulsar acciones interinstitucionales para la implementación de planes, políticas públicas, programas y proyectos enfocados al desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas". Posteriormente en junio de 2013 mediante el Acuerdo Gubernativo 259-2013 se modifica el acuerdo 264-2012, mediante la cual se crean los niveles del GEM, se incluye a otros integrantes y se designa a la Vicepresidencia la secretaria ejecutiva.
EL GEM está definido en los siguientes niveles: Político, técnico, regional y de diálogo, en este último espacio, el GEM convocó a algunas organizaciones de mujeres para ser parte de este espacio, participando en algunas reuniones. El GEM definió cinco temas prioritarios de trabajo, siendo estos: 1) niña adolescente 2) empoderamiento económico 3) institucionalidad 4) violencia contra las mujeres 5) nuevas masculinidades, que si bien los primeros 4 tienen alguna relación con la Política de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y el PEO 2008-2023, no necesariamente significa que aportarán al cumplimiento de los indicadores previstos en esta política. A pesar de que existe formalmente instalado el GEM, a la fecha no se ha dado seguimiento y está paralizado, en el caso del diálogo con las organizaciones de mujeres desde julio 2013, no se ha vuelto a reunir. Y aunque el Gobierno indique que el GEM es un avance en materia de cumplimiento de los derechos de las mujeres, en la práctica no se materializa, y no se observan avances significativos.
Es evidente que los compromisos adquiridos por el Partido Patriota con las mujeres no fueron respetados, ya que fueron las primeras en constatar que el actual gobierno no tomaba en cuenta las demandas de las mujeres y por ende, la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, el PLANOVI y la Ley contra el femicidio. En este sentido las organizaciones de mujeres y feministas aglutinadas en la Coordinadora 25 de Noviembre 2013, realizaron acciones enfocadas a demandar al Ejecutivo: 1. El restablecimiento de la institucionalidad de la CONAPREVI, 2. Entregar los recursos asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Egresos del Estado para los CAIMUS que están funcionando. 3. Implementar el PLANOVI. 4. Asignar más presupuesto para la implementación de la Ley contra el femicidio. 5. Actividades públicas en el marco de la Conmemoración del 25 de Noviembre (Festival "Por la Vida de la Mujeres"; Vigilia en conmemoración de las mujeres que han muerto violentamente, y Caravana conmemorativa del 25 de noviembre).


En este marco, a casi dos años de no haber tenido un acercamiento ni apertura al diálogo con el gobierno actual para abordar la situación de la CONAPREVI y los CAIMUS, la Coordinadora logró abrir una posibilidad de apertura al diálogo, promovida también por la Sra. Vicepresidenta de la República, con las organizaciones integrantes de la Coordinadora 25 de Noviembre 2014, organizaciones de mujeres que coordinan CAIMUS, el Viceministro de Prevención de la Violencia del Ministerio de Gobernación, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y como observadoras del proceso representantes de ONU MUJERES y UNFPA. En este sentido, fue instalada el 21 de noviembre de 2013 la Mesa Política de Alto Nivel, en el Ministerio de Gobernación.

En esta mesa se definieron puntos específicos a abordar como: La CONAPREVI, los CAIMUS; el PLANOVI. De esa cuenta se llevaron a cabo diversas acciones por ejemplo: se formuló una propuesta de reforma al acuerdo 463-2013, quedando pendiente se revise la última propuesta en la Mesa Política para ser aprobada y luego ser publicada en el diario oficial. Dicha reforma se hace necesaria debido a las dificultades e inclusive inconstitucionalidades que presenta el Acuerdo 463-2013. Asimismo, se hicieron propuestas para resolver la falta de entrega de fondos a los CAIMUS, debido a que a noviembre 2013, el MINGOB tenía pendiente entregar el 50% del presupuesto asignado para ese año, así como para viabilizar la entrega de los recursos para el año 2014. De igual forma, se revisó y brindó aportes al Eje de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, de la Política de Prevención de la Violencia y el Delito, que está elaborando el MINGOB. Por último, se brindaron diversos aportes al MINGOB respecto al abordaje de la violencia contra las mujeres dentro de la política de gobierno.


Como ya se mencionó a partir del 21 de noviembre de 2013 se dio inicio a la Mesa de Diálogo de Alto Nivel, y a pesar de los avances logrados, la última reunión de trabajo se llevó a cabo el 16 de enero, y aunque se indicó que era necesario continuar avanzando para dar seguimiento a los acuerdos, han pasado dos meses sin que se concreten los compromisos asumidos por parte del Gobierno.

Ante los requerimientos y seguimiento que mecanismos nacionales e internacionales han dado al debilitamiento de la institucionalidad de las mujeres, lo que ha hecho el gobierno ha sido justificar las razones del desmantelamiento y de las decisiones tomadas, en este sentido. Las organizaciones de mujeres y feministas han recibido por parte del Gobierno una persecución política, jurídica, una criminalización y deslegitimación de la labor que realizan, quedando plasmada en documentos oficiales que han sido distribuidos en diversos niveles, así como acusaciones a través de los medios masivos de comunicación.

Derechos Humanos de las Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género en Guatemala
A pesar de que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, solo son declaradas iguales oportunidades y responsabilidades entre “el hombre y la mujer”50

, dejándose desprotegidas a aquellas personas que, debido a estados intersexuales, no pueden, ni deben ser catalogados como hombres o como mujeres. Tampoco se reconoce la transexualidad, la orientación sexual, la identidad de género ni la identidad sexual.


Sobre el principio de igualdad ante la ley y el principio de la no discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “…la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos…51

y al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aprobado la “protección de las personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género”.52

No obstante, en Guatemala, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) han sido conminadas a la clandestinidad y el ocultamiento, ante el abandono del Estado, cuyo deber constitucional es garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral, de los habitantes53

.
La discriminación y la violencia, como efectos de la homofobia54

, constituyen un desafío urgente en materia de derechos humanos porque están fuertemente arraigadas en la sociedad y continúan siendo fomentadas por la debilidad del Estado para cumplir las obligaciones que le impone el PIDESC.
A diario las personas LGBTI ven tergiversados y limitados los derechos y libertades que les son garantizados por la Constitución Política de la República55

y son perseguidas y penalizadas de facto56

, lo cual es evidente por los crímenes de odio57

por: a) orientación sexual, b) identidad de género y c) características sexuales.


Los crímenes de odio en Guatemala, es su mayoría, están relacionados a las afirmaciones y declaraciones, religiosas, sobre la homosexualidad que contribuyen a la estigmatización social y la violencia contra personas gays, bisexuales y adolescentes transexuales, y los niños criados por parejas del mismo sexo, como lo ha manifestado (por ejemplo) el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones al Segundo Informe Periódico de la Santa Sede58

, y menciona que a pesar de que los obispos y los superiores de institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Pontífice Romano, no obstante, los subordinados en las órdenes religiosas católicas están obligados por obediencia al Papa, de acuerdo con los cánones 331 y 590; por lo cual el Comité de Derechos del Niño urge a la Santa Sede condenar todas las formas de acoso, discriminación o violencia contra los niños en función de su orientación sexual o la orientación sexual de sus padres, y apoyar los esfuerzos a nivel internacional para despenalizar la homosexualidad.


Con motivo de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Conferencia Episcopal de Guatemala afirmó que “(…) la conducta de las personas homosexuales no es coherente con su propia dignidad personal…”59

, para exigir al Presidente de la República la no adhesión de Guatemala a la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia60

y la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género61

. El requerimiento de la Conferencia Episcopal de Guatemala fue bien acogido por el Presidente Otto Pérez Molina y por el Ministro de relaciones Exteriores, quienes declararon frente a los medios de comunicación que no consideran que “no reconocer legalmente la unión de dos personas del mismo sexo sea un principio discriminatorio”62

y no aprobaron ninguno de ambos documentos interamericanos justificando que la sociedad guatemalteca es muy conservadora como para tratar esos temas.
El Estado de Guatemala ha permitido que entidades privadas como la “Casa Hogar León de Judá”63

y la “Asociación Cristiana de Rehabilitación Jeová Jireh”64



,65

,66

realicen terapias de reorientación sexual para niños, adolescentes y adultos homosexuales, contra su voluntad, procedimientos que han sido rechazadas por la Organización Mundial de la Salud por carecer de rigor científico y que también han sido denunciadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.67


Prácticamente es imposible cuantificar las cifras reales de los crímenes de odio,68

,69

,70

porque: a) no están previstos como figura delictiva en el Código Penal,71

b) usualmente son confundidos con otras manifestaciones de violencia72

,73

y c) porque las víctimas no denuncian74

ya sea por temor a exponerse públicamente a ser discriminadas75

o por desconfianza en el inoperante sistema de justicia.


Los asesinatos constituyen la mayoría de los crímenes de odio registrados76

, los cuales generalmente presentan manifestaciones de crueldad extrema. Otros crímenes de odio, más generalizados, captan menor atención por la cotidianidad con la que ocurren en todos los ámbitos de la vida de las personas LGBTI, quienes al ser marginadas y excluidas socialmente ven limitados sus derechos humanos y las libertades fundamentales, en especial los derechos de familia, educación, trabajo, seguridad social y salud. Por ejemplo, la epidemia de VIH continúa afectando particularmente a mujeres trans, a hombres gays y a hombres bisexuales77

, pero no han sido destinados recursos adecuados para erradicar el estigma y la discriminación que propician la transmisión del VIH y dificultan el acceso al tratamiento integral, en perjuicio no solo de las víctimas de las Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género sino del resto de la población.
Existen registros de que porcentajes significativos de las personas LGBTI son víctimas de explotación sexual78

y se sabe que muchas de estas personas se ven forzadas a emigrar a Norteamérica, Suramérica y Europa para tratar de salvar la vida, e incluso hay casos conocidos de suicidio.79


El Procurador de Derechos Humanos ha informado al Congreso de la República de Guatemala la situación de los derechos humanos80

, resaltando los contextos de vulnerabilidad social de las Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género,81



,82

citando la normativa vigente83



,84

y evidenciando el ambiente proclive a los crímenes de odio85

que se suman a los altos índices de impunidad vinculados a la debilidad generalizada de las instituciones púbicas.86

,87
Los informes del PDH hacen referencia a compromisos internacionales que Guatemala no ha cumplido, en materia de diversidad sexual,88

y mencionan la preocupación de la Organización de Estados Americanos ante violaciones a los derechos humanos a causa de la orientación sexual y la identidad de género.89


La homofobia fue institucionalmente reconocida en Guatemala, por primera vez, en el Informe Anual Circunstanciado 2004 del PDH90

, cuando fue descrita como un fenómeno social equiparado al racismo, la xenofobia y otras manifestaciones existentes de discriminación negativa. Desde aquel histórico momento, el PDH ha ido adoptando, paulatinamente, cierta terminología de diversidad sexual y de género, tal es el caso de la orientación sexual91

y la identidad de género92

que han sido utilizados, sin un sistema muy claramente definido, para ilustrar características que motivan crímenes de odio para quienes las ostentan y hasta la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos de las Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género.93

,94

,95

,96
Aunque el PDH ha demostrado disposición para abordar las violaciones a los derechos humanos de las Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género,97

,98

a la fecha del presente informe, el Estado de Guatemala no ha suscrito los documentos interamericanos que reconocen el respeto a la orientación sexual y la identidad de género (mencionados arriba), ni tampoco ha atendido la implementación de ninguna de las recomendaciones emanadas del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, en cuanto a diversidad sexual:




  1. Adoptar todas las medidas para luchar contra el femicidio y el linchamiento y asesinato de personas a causa de su orientación sexual” (Suiza).99




  1. Poner fin a la impunidad de las agresiones denunciadas contra miembros de las comunidades marginadas basadas, entre otras cosas, en la orientación sexual y la identidad de género, y emprender las consiguientes tareas de concienciación, sobre todo de las fuerzas del orden y los jueces” (Eslovenia).100




  1. Aprobar nuevas medidas para poner fin a la impunidad de las agresiones contra defensores de los derechos humanos y la violencia contra otras personas a causa de su orientación sexual o su identidad de género, mediante programas de educación y concienciación de las fuerzas del orden, y las autoridades judiciales y otras, prestando especial atención, entre otras cosas, a la defensa de los derechos humanos de las minorías definidas por su orientación sexual y su identidad de género” (República Checa).101

  2. y,




  1. Considerar la posibilidad de reforzar las medidas necesarias para la protección e integración de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans”(Argentina).102

Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial de Guatemala, se han desentendido de su responsabilidad y Los compromisos asumidos no han sido cumplidos.


En Guatemala prevalece la idea de que quienes cometen crímenes de odio son los únicos responsables de sus actos y se hace caso omiso de que: “El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos”.103



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