Informe Alternativo


Gráfica 8: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Casos de Mortalidad Materna



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Gráfica 8: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Casos de Mortalidad Materna

01 Enero al 31 de Diciembre 2013


Fuente: ID/CONGCOOP. Elaboración propia con datos del Sistema Gerencial en Salud del MSPAS,

Diciembre 2014. (Informe parcial)



Por otro lado, debido a la falta de una estrategia de educación sexual, con acciones sistemáticas dirigida a prevenir embarazos en adolescentes, esta cifra va en aumento, en el año 2013 se reportaron 99,638 embarazos en adolescentes, como se visualiza en la Gráfica 4, los más alarmantes son los embarazos en menores de 10 a 14 años, son 7,450, estos son un delito grave debido a que los mismos son por violaciones sexuales.

Gráfica 9: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Embarazos en Adolescentes

01 Enero al 31 de Diciembre 2013



Fuente: ID/CONGCOOP. Elaboración propia con datos del Sistema Gerencial en Salud del MSPAS,

Diciembre 2014. (Datos Preliminares).

No solo es que las cifras aumenten, si no la calidad de vida de las niñas y adolescentes y niñas, que pasa con las oportunidades de vida de esas niñas y adolescentes, asumiendo el rol de madres a temprana edad. No se puede continuar postergando esta problemática que afecta día con día el desarrollo de miles de niñas y adolescentes, cuando la niñez y adolescencia son etapas en la vida en las que no debería tener más preocupación que jugar y estudiar, sin embargo la realidad en Guatemala es diferente y cada vez más desalentadora para las niñas
Las muertes maternas ocurridas en adolescentes comprendidas entre los 10 y 14 años de edad son hechos inadmisibles para el desarrollo social del país y demuestran los niveles desmedidos de violencia sexual contra las niñas. Programas en salud como el “Plan Hambre Cero”, priorizado por el gobierno actual han demostrado ser ineficientes para el objetivo de reducir la mortalidad materna, por no desarrollarse de una manera integral e incluyente de los componentes de salud reproductiva. El mayor número de muertes maternas en el país ocurrieron en 2012-2013, en Municipios priorizados por dicho programa.
Capítulo 9

Derecho a la educación

(Artículos 13 y 14 del Pidesc)

La Constitución Política de la República de Guatemala establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación232 de la población guatemalteca, a superar las inequidades étnicas y de género, impartir educación bilingüe intercultural, impartir educación integral en sexualidad, educar de forma integral para el ejercicio ciudadano y ofrecer educación técnica en diversificado.233Sin embargo, al revisar la realidad educativa, expresada en estudios serios de varias organizaciones sociales e internacionales, analizar las cifras relativas a educación, escuchar testimonios de personas de la comunidad educativa, ver los datos de inversión estatal se puede percibir lo lejos que la realidad está del mandato constitucional.


Por otro lado, los programas “impuestos” durante estos dos años por el actual gobierno, plasmadas por escrito en sus documentos oficiales, declaraciones públicas, programas y planes, muestran que la dirección a la que se pretende orientar el sistema educativo no van en la ruta marcada por la propia Constitución y el contenido del derecho a la educación. Más bien, se pretende construir un sistema educativo en concordancia a las necesidades de los grandes capitales económicos, que necesitan obreros-consumidores, que sostengan el modelo económico de expropiación, explotación y desigualdades sociales que actualmente impera en nuestro país.

Falta de inversión en la educación pública
Según Icefi/Unicef, Guatemala es de los países a nivel latinoamericano que menos invierte en educación como proporción del PIB; de hecho, entre 2001 y 2011 el comportamiento es muy variable: aunque en los últimos años hubo un incremento, éste no fue sostenible, pues llegó hasta un nivel máximo de 3.3% del PIB, en 2009, pero luego disminuyó a 2.9% en 2011.234 Para los años siguientes la inversión se mantuvo constante en 3.02%. Como proporción del gasto público durante el período comprendido entre 2001 y 2011 la inversión educativa fue en promedio de 17.3%, habiendo alcanzado su punto máximo de 21.8% en 2009.

Gráfica No 6: Guatemala, gasto público en educación como porcentaje del PIB

Años 2001-2011


Fuente: Icefi sobre la base de la información de Sicoin y Banco de Guatemala

Durante los últimos 10 años, el gasto del Ministerio de Educación fue en promedio Q11,422.69 millones; de los cuales el gasto en preprimaria y primaria representó el 59.8% del gasto en educación; el gasto en educación secundaria (ciclo del nivel medio y diversificado) representó el 13.4% y el gasto en educación terciaria el 11.6%. Así bien, un 7.1% de la inversión pública en educación se destinó a servicios auxiliares en promedio. El presupuesto destinado a educación en 2014 representa el 19.1% del presupuesto del gobierno central, unos 1.1 puntos porcentuales menos respecto al año 2013.


Utilizando datos del Encovi (2006) y los gastos del Gobierno en educación para dicho año, Icefi/Unicef identificaron que el gasto promedio por alumno en educación preprimaria y primaria ascendió a Q 1,809.2 al año; en educación secundaria a Q 2,550.4; y en educación superior (técnicos y universidad pública) a Q 7,490.2235.
En los ciclos de preprimaria y primaria los hogares más pobres (primer decil) reciben un gasto público en promedio equivalente al 21.8% de su ingreso, mientras que para los hogares con mayor ingreso el gasto apenas equivale al 0.3% de su ingreso. Esto confirma la progresividad de la inversión pública educativa para dicho ciclo. De manera similar, el gasto en educación secundaria equivalió al 15.8% del ingreso de los hogares en el primer decil, y al 3.3% del ingreso de los hogares en el último decil236.
Por el contrario, la educación superior tuvo un comportamiento más regresivo, ya que para 2006 ningún hogar de los deciles 1 y 2 reportó tener a uno de sus miembros estudiando en el nivel superior y el gasto en educación superior para el tercer decil equivalió al 18.2% de su ingreso promedio, un 31% para el quinto decil (D5) y un 9.4% para el último decil237.


Violación de la gratuidad de la Educación
Tuve que escoger entre cuáles de mis hijos va a ir a la escuela. A los dos más grandes los inscribí. La pequeña que va para primero primaria se quedará en casa. No me alcanza para pagar la cuota de inscripción que están pidiendo. Q. 41.00 cada uno. Además de la playera, los útiles que debo comprar” Doña Beamis, Madre de familia de Escuintla, Guatemala
A pesar de que en 2008 de estableció el marco jurídico para operativizar el deber de garantizar la gratuidad de la educación238, la deficiente inversión del Estado en la educación, obliga a que familias inviertan fondos propios para acceder a ella. En tal sentido escuelas públicas realizan cobros como “donaciones” o “colaboraciones voluntarias” para los gastos que el Estado no asume. Estos cobros por matrícula que habían dejado de realizarse en el gobierno anterior y hoy se presentan nuevamente, constituyen una clara regresión en la gratuidad de la educación. Además de ser ilegales y violatorios del derecho a la educación son arbitrarios y constituyen uno de los impedimentos principales para que los niños y niñas que vienen de familias carentes de un trabajo digno ingresen, permanezcan y sean promovidos en la escuela. Según algunos datos del Movimiento Cuarto Mundo Guatemala, las familias que tienen a sus hijos en primaria invierten en el primer mes del ciclo escolar Q.450.00 por cada hijo/a, y en básicos un aproximado de Q.1, 400.00 por cada hijo/a (ver anexo 4, testimonios).239
Además de vulnerar el derecho a la gratuidad de la educación, estos cobros inciden en el rendimiento escolar de las y los niños, así como en su derecho a la recreación. Las actividades que implican pagos adicionales son obligatorias y su inasistencia afecta negativamente la nota del niño/a. “solo los que tienen pisto fueron a la excursión”. (Haidée, niña de 9 años) Se evidencia una discriminación directa que afecta principalmente a niños, niñas y jóvenes provenientes de familias de escasos recursos.

Cobertura educativa
Tengo una vecina que es de más escasos recursos que yo: está al punto de salir de sexto primaria y me preocupa que al igual que yo no pueda pagar la inscripción de Q300. Para algunos parece una cantidad que uno puede pagar, pero para otros eso es una cantidad muy alta” (Lilian Torres, Escuintla Movimiento Cuarto Mundo).
Uno de los mayores logros alcanzados en la última década por el Sistema Educativo es el acercamiento a la cobertura universal de educación en el nivel primario, que si bien fue impulsado en gran medida por la política de gratuidad de la educación en el gobierno pasado, venía en acenso sostenido desde hace años. Lamentablemente hoy, también hay regresión en la cobertura educativa, particularmente en el nivel Primaria.
Según datos disponibles en la página web del Mineduc se registra un retroceso en la tasa neta de cobertura. En preprimaria de un 57 % en el 2009 la cobertura disminuyó a un 44% en el 2012, en primaria pasó de un 98.7% en 2009 al 89.1% en el 2012, mientras que en el ciclo básico se mantiene estancada en un 43.2%240. Los datos históricos colocan la actual tasa de cobertura en el nivel alcanzado en el año 2003 o antes. Las cifras son aún más alarmantes al ver los casos municipales, que demuestran la desventaja que sostienen las niñas indígenas de regiones predominantemente rurales. (anexo 4)

Tabla No 8: Matriculación del sector oficial por nivel académico (2007-2012)
y metas planteadas al 2014


Nivel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/a

2014/b

Pre-Primaria

362,944

385,471

496,456

491,978

481,109

450,561

457,691

447,287

Primaria

2,163,164

2,212,327

2,383,862

2,380,957

2,371,468

2,282,337

2,298,025

2,217,070

Ciclo Básico

159,851

167,018

240,799

307,784

336,112

336,163

304,862

317,850

Ciclo Diversificado

50,370

49,704

64,255

84,303

91,496

93,220

95,916

93,953

Fuente: Icefi con datos de la plataforma web Bussiness Objects al 2013. Nota: a/ Metas del Presupuesto Aprobado 2013; b/ metas del Proyecto de Presupuesto 2014.

Si bien ha incrementado la cobertura de educación básica por parte del sector público, este es aún reducido y lejano de cumplir con la obligatoriedad del estado de ofrecer educación a la población hasta el noveno grado y de forma progresiva. Para el caso de diversificado el 75% de la población está ausente. El detalle departamental de cobertura muestra la gran disparidad en este sentido a nivel nacional y evidencia una discriminación directa en relación con el lugar, la etnicidad y la condición socioeconómica para acceder a la escuela. En el departamento de Guatemala la cobertura es del 62.26%, en Quiche es del 22.72%, en Huehuetenango del 21.90%, en Alta Verapaz del 19.75% y en Totonicapán del 13.61%. (Ver anexo 4).


Además de la eliminación de la gratuidad de la educación, la cobertura se ve disminuida por la escasez de escuelas en ciertos municipios, el cierre de secciones en grados de primaria por falta de contratación de maestros y la creciente inseguridad en el traslado hacia el centro de estudios. En el caso de diversificado se debe también a la falta de interés por la oferta educativa que se maneja en el sector oficial y el cierre de la carrera de magisterio primaria en sus modalidades de fisica, bilingüe intercultural, rural, urbana.
Un dilema intrínseco a la limitada cobertura del sistema educativo guatemalteco es la sobre edad o extra edad como lo establece el MINEDUC de la población de primaria. En el 2012 los datos de niños y niñas con sobre edad (2 años ó más de retraso) para la primaria era del 29.86%; básicos del 18.59% y diversificado 21.78%241. Es un problema existente en todos los niveles educativos que causa atraso en los niños, niñas y jóvenes ya que tienen que esperar una oportunidad de ingreso y otros ya no continúan ni haciendo el intento.(anexo 4)
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2011-2012 estima que alrededor de 2.6 millones de niños, niñas, jóvenes y señoritas permanecerán fuera del sistema educativo. La siguiente tabla identifica los números de niños, niños y adolescentes fuera del sistema educativo en 2014.

Gráfica No 7: Estimación de niños, niñas y adolescentes fuera del
sistema educativo al 2014




Fuente: Icefi/Unicef con datos del Mineduc y la plataforma web BussinessObjects

Excluir a los más pobres del sistema educativo restringe sus opciones formativas y laborales, limita la realización de otros derechos humanos y la de buscar una vida digna para todas y todos.



Política de alfabetización y educación para adultos
El analfabetismo es un problema de índole social que afecta el desarrollo de los pueblos que padecen de ese flagelo puesto que no les permite avanzar adecuadamente como individuos y como miembros de una sociedad. Este problema afecta de manera directa el desarrollo humano, rezaga el avance de las esferas social, económica, política y educativa e impacta en el desarrollo integral de los países. Las y los jóvenes y adultos (as) que no saben leer y escribir en el siglo 21 tienen pocas opciones para mejorar sus condiciones de vida. Esta habilidad es vital para desarrollar otros derechos humanos como al trabajo, la salud, por lo que si este primordial y vital derecho no es atendido la población verá vulnerados otros derechos. La población adulta de Guatemala tiene el nivel más bajo de escolaridad de toda Centro América, siendo éste de 4.1 años.242
Uno de los compromisos importantes a los cuales el Estado guatemalteco se adscribió fue a cumplir con las metas de DAKAR243, dentro de las cuales se otorga importancia vital a la Alfabetización.
En Guatemala el Comité Nacional de Alfabetización- CONALFA-, es el rector responsable de coordinar a nivel nacional la ejecución del programa de alfabetización y educación básica a jóvenes y adultos, en castellano e idiomas indígenas. Este órgano rector tiene representación del gobierno de turno, Empresa privada y Sindicatos, pero la política de la instancia está dominada por la influencia del sector privado.244
Los datos de CONALFA al año 2000, cuando se firman las metas de Dakar, muestran una tasa de analfabetismo entre la población de 15 años y más de 31.6%; al 2009 la tasa se sitúa en 21.1% y al 2013 al 15.38%. El promedio de reducción es de 1.25% anual245, tasa que se vería reducida drásticamente al aplicarse las proyecciones estadísticas de población actuales.

Otro dato importante a resaltar es el carácter preeminentemente monolingüe de los esfuerzos dirigidos al proceso de alfabetización. La mayor cantidad de población es atendida en el idioma castellano; Inscritos en el año 2013 del programa en español, 227.437 y en el programa bilingüe 61,607 (ver anexo 4). El hecho que tan poca población aprende sus primeras letras en el idioma materno, impide el aprendizaje adecuado del proceso de escritura y lectura, dificulta la adecuada decodificación y más aún el desarrollo de la comprensión lectora aceptable. Esto confirma el limitado interés del Estado por promover los idiomas mayas.



Acceso a Educación Superior
El sistema educativo no integra ni facilita la transición exitosa entre niveles educativos, esto se hace más grave cuando se trata del paso de la educación media a la superior. Por el carácter autónomo de las universidades en el país, no se ha hecho un esfuerzo por fortalecer la educación en diversificado o bien por favorecer el ingreso de estudiantes a la educación superior. La única universidad estatal es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual, junto con otras 14 de carácter privado, atienden alrededor de 308 mil estudiantes, 157.4 mil de ellos hombres y 151.6 mil mujeres. Esto representa el 7.8% de la población entre 18 y 30 años de todo el país.
Considerando que la cobertura neta de diversificado a nivel nacional es de 24%, se evidencia una disminución significativa del acceso de la juventud al sistema educativo superior, esto en especial para población indígena y habitantes de zonas rurales pues según datos estadísticos en el año 2012, el perfil de la población universitaria es del 11.30% de personas indígenas y un 88.70% de población no indígena. El acceso a la universidad de la población de las áreas urbanas es del 89.70% y mientras que de las área rurales es de solo el 10.30%(anexo 4).246
Factores como las altas cuotas cobradas por las universidades privadas, el costo de transporte del área rural al área urbana, el costo de manutención al estudiante fuera de la casa, constituyen factores socioeconómicos que restringen el acceso de la población a la educación superior. A pesar de que la Universidad estatal atiende alrededor del 50% de la población en educación superior, la aplicación de los exámenes de admisión se ha convertido en un factor generalizado de exclusión. Actualmente en la Universidad de San Carlos los ingresados en primer año corresponden alrededor de un 80% de jóvenes de la educación privada y un 20% de jóvenes de la educación pública. La universidad, ha establecido como mecanismo para mejorar su calidad académica la exclusión de quiénes tendrán dificultad de rendimiento.
Esta exclusión tiene como resultado la incorporación de miles de estudiantes al sector privado de educación en un porcentaje alto, costeada mediante créditos estudiantiles; y en el peor de los casos, cuando no es posible pagar la opción privada el alejamiento total de la juventud de la Educación Superior, negando la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y trabajar. No existen hasta el momento acciones afirmativas por parte del Estado que aseguren el ingreso a la universidad de los y las propias egresadas de educación media del sistema público.

Eliminación de la Carrera magisterial
En el actual Gobierno se implementó la “Estrategia de Calidad Educativa” con el objetivo de eliminar la Carrera de magisterio en todas sus especificidades, e implementar el Bachillerato con orientación en educación. Ello implica que las y los estudiantes de magisterio se vean obligados a cursar 3 años más de estudio a nivel Universitario ya sea en universidades públicas o privadas. Esta situación generó que estudiantes de Institutos Normales247 de todo el país, tuvieron la conciencia y se organizaran para denunciar que esta propuesta no generaría calidad educativa sino que produciría más exclusiones. En el año 2013, se sumaron a estas luchas otras organizaciones y se aglutinaron padres y madres de familia, docentes, estudiantes de las escuelas normales de occidente, oriente y centro, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la lucha por el derecho a la educación, constituyéndose como “Comunidad Normalista de Guatemala” dentro de la cual se establece un espacio para el diálogo y se desarrolla una estrategia de lucha, enmarcada dentro de los parámetros constitucionales.248
Se realizaron varias caminatas y marchas pacíficas que pretendían entablar un diálogo democrático con las autoridades para debatir sobre la “Estrategia” impuesta, y encontrar una propuesta que mejorará la formación inicial docente pero con la inclusión de las propuestas de la Comunidad Normalista. En uso del derecho a la resistencia pacífica se instaló un campamento que duró 20 días exigiendo a las autoridades del ministerio un diálogo serio y legítimo249. El Estado Guatemalteco y el gobierno hicieron caso omiso a la petición de la Comunidad Normalista. Luego de una marcha pacífica de 3 días realizada por la Comunidad Normalista, el Ministerio finalmente cumplió con uno de sus mandatos constitucionales de escuchar las propuestas de la comunidad educativa y entablar diálogos para conocer sus propuestas. Este diálogo que duró dos meses, no tuvo frutos pues el gobierno en ningún momento atendió con la certeza de resolver el conflicto derivado de su imposición y violación del derecho a la educación.
La comunidad normalista presentó varias propuestas para mejorar la calidad de la formación inicial docente y que coinciden en 2 elementos importantes: a) mejorar la formación inicial docente, buscando garantizar el acceso a la educación de la población joven; b) incrementar la cobertura de la educación diversificada.
La reacción al ejercicio del derecho a disentir, resistir y manifestar por parte de estudiantes algunos docentes desde el 2011, desataron un proceso de represión por parte del Estado de Guatemala y el gobierno del presidente Otto Pérez Molina en su contra. El gobierno no garantizó ni protegió la integridad y seguridad del estudiantado, ni propició un proceso de diálogo democrático para llegar a consensos sobre las políticas educativas. Mediante la intimidación, se trataron de impedir nuevas manifestaciones. Además emitieron el Acuerdo Ministerial 1505-2103 que reforma el reglamento de Convivencia Pacífica que además de catalogar las acciones de participación cívica del estudiante como acciones conexas al terrorismo les sanciona con la eliminación del código estudiantil, derivando en la expulsión total del estudiante del Sistema Educativo.
Se solicitó la intervención del organismo legislativo, quien realizó medidas infructuosas, audiencias públicas que no fueron tenidas en cuenta por el MINEDUC y la solicitud de interpelación a la Ministra de Educación, la cual lleva más de un año en espera para realizarse.
Ante el Organismo Judicial se presentaron varios amparos: a) por violar la Ley Nacional de Educación que dice claramente que el Ministerio de Educación para poder implementar políticas y estrategias educativas, debe consultarlas con la Comisión Nacional de Educación –CNE-, lo cual no consta en las actas firmadas por la misma comisión; b) amparo presentado por la asociación de padres de familia de la Escuela Normal Ixil, de Nebaj Quiche, por denegar el derecho a la educación bilingüe intercultural y c) por parte de una de las instancias privadas que pertenecen a la Cámara guatemalteca de Educación, por anomalías administrativas del Ministerio de Educación al no admitir la inscripción en Magisterio Primaria a pesar de estar vigente la autorización. Las primeras acciones fueron denegadas por la Corte a pesar de la validez legal de los reclamos planteados. Únicamente en el último caso la Corte reconoció el Derecho a la educación y la vigencia legal de la carrera de magisterio. El MINEDUC violó los 10 días para resolver la solicitud de apertura de carrera cayendo en desacato a una orden de juez competente, sin consecuencia alguna a la fecha.
También se buscó entablar relación con la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. A pesar de las acciones de acompañamiento en casos de acciones pacíficas, denuncias por intimidación y represión contra estudiantes y maestros de la comunidad normalista, no procesó las denuncias como tales aún a solicitud explícita y por escrito de denunciantes y ha mantenido la posición de mediación, violando sus propias funciones de defender los derecho humanos de la población ciudadana y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley de Protección Integral a la Niñez y Juventud entre otras. La misma institución recibió denuncia del Acuerdo Ministerial 1505-2013 y “resuelve que son excesivas las sanciones impuestas y recomienda la derogación del mismo”. Sin embargo no ha hecho pública la resolución ni ha habido reacción en tal sentido por parte del MINEDUC.
La lección aprendida por la población es que actualmente el Estado de Derecho no se aplica por igual en el país, es parcial y desfavorable a la población guatemalteca que carece de vínculos con la cúpula empresarial. Es preocupante que ninguno de los mecanismos del sistema democrático pudo hacer valer el imperio de la ley y, en este caso, responder a la demanda de la defensa del derecho a la educación planteada por la Comunidad Normalista.

Privatización y erotización de la educación
La debilidad del sistema educativo público ha llevado a las familias a buscar alternativas para sus hijos e hijas dentro del sector privado o educación por cooperativa. Los medios de comunicación privados han colaborado para que se genere un estigma alrededor de la educación pública. La población le percibe como una educación de segunda categoría que no ofrecerá las posibilidades para salir adelante. Esta demanda ha hecho de la educación privada un servicio mediante el cual se puede lucrar.
Como resultado un elevado porcentaje de la cobertura educativa lo realiza el sector privado y por cooperativa. En 2013 la educación privada representó el 10% de la educación primaria. El básico o educación media está a cargo en un 53.2% del sector privado y por cooperativa, mientras que el diversificado o educación media superior está en un 74.5% en manos de particulares.250
Lo que las familias buscan es educación que permita a la niñez y juventud nivel académicos satisfactorio, formación en valores, seguridad para hijas e hijos y una gran diversidad de carreras técnicas que faciliten la incorporación al mundo profesional (universitario y en el mercado laboral). Sin embargo, la experiencia demuestra que estos centros no garantizan lo que ofrecen. Con algunas excepciones, sus resultados en las pruebas estandarizadas se mantienen deficientes, la seguridad es garantizada por agentes de seguridad privada dentro y fuera del establecimiento educativo, la formación ciudadana no es prioritaria y tampoco se garantiza la incorporación de sus graduados a la Universidad de San Carlos de Guatemala o las universidades privadas.
Las cuotas cobradas por éstos oscilan entre los Q100.00 mensuales hasta los Q4, 500.00 (excediendo el salario mínimo legal). Como rector del sistema educativo, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de garantizar la integralidad del derecho a la educación a estudiantes provenientes de este sector también. Pero no resuelve las denuncias presentadas por las familias y tampoco acompaña al sector educativo privado en aportarle herramientas para mejorar la calidad de la educación. Esta tensa dinámica vierte sus consecuencias sobre el estudiantado que invierte recursos económicos significativos por una educación deficiente que vulnera sus derechos.
La debilidad de la institucionalidad pública de la educación se refleja también en el desarrollo de la educación privada y por cooperativa. No existen mecanismos efectivos y eficientes de acompañamiento, supervisión y regulación a estos centros educativos.
La Ley Nacional de Educación exige el desarrollo del Reglamento de Educación Privada pero a la fecha éste no ha sido emitido por el Mineduc. A finales del 2013, el Mineduc convocó a algunos sectores de la educación privada para consensuar el reglamento, excluyendo a gran parte del sector que está organizado y ha manifestado su oposición a las políticas de la actual administración educativa.
Una de las versiones preliminares que fue socializada puso de manifiesto la intención del Ministerio de vincular las cuotas de cobro del centro educativo a los resultados de los y las estudiantes en las pruebas estandarizadas, así como trasladar el costo de las mismas a cada centro. De legalizarse este vínculo entre resultados y cuotas los centros educativos privados cuyos estudiantes obtengan mejores resultados estarán en el derecho de cobrar más y proporcionalmente a la inversa para cuyos estudiantes no punteen satisfactoriamente. El resultado: un sistema educativo que excluye a la población del sector público y luego les ofrece “calidad educativa” según su capacidad de pago.

Calidad educativa: ¿para qué está educando el Estado de Guatemala?
Los niños son el futuro de nuestro país, ¿qué futuro va a tener Guatemala si no tienen derecho a la educación?” Movimiento Cuarto Mundo Guatemala
La forma y contenidos de las carreras profesionales o técnicas a los que pueden acceder los y las jóvenes para capacitarse, son determinados por el mercado que impone las competencias vendibles, principalmente las relativas a la productividad y desarrollo, congruentes con el modelo económico impulsado por el Gobierno.
Se constata que el componente de Productividad y Desarrollo incluido dentro del Currículo Nacional Base orienta a los estudiantes a la capacitación para ser mano de obra en maquilas de textiles, call centers y otras áreas en las que no se requiere una formación profesional. Mientras la oferta de educación para el trabajo se ensancha, las oportunidades de trabajo digno se reducen.
El instrumento que las autoridades educativas han elegido para mejorar la calidad educativa es el Currículo Nacional Base (CNB). Sin embargo, maestros y maestras de diversos puntos del país han resaltado varios obstáculos y debilidades en su implementación:251 (a) las y los maestros no saben cómo usar el CNB, y pagan a otros para que planifiquen por ellos sus clases; (b) los docentes que han comprendido un poco más el CNB reconocen que se debe contextualizar en función de la realidad de sus alumnos, y (c) para los técnicos del MINEDUC el futuro de la educación se encuentra en la aplicación del CNB, sin embargo consideran que la barrera por excelencia son esos docentes que se resisten al cambio: es decir, se resisten a la aplicación del CNB.
Esto nos lleva a repensar seriamente la categoría de pertinencia y de calidad del MINEDUC, ya que ¿puede haber una educación pertinente y de calidad impuesta desde afuera?, ¿Quiénes saben más que los educandos y los educadores sobre lo que necesitan?
Para que Guatemala realice un salto cualitativamente significativo, no se necesita solamente mayor cobertura sino que una pedagogía que ayude a construir a educandos y docentes dispuestos a concebirse como los actores de cambio de su propia historia.( ver anexo 9, En El Estado de la Educación popular, Salazar 2014) .
Cerramos este apartado con la siguiente cita: “(…) el tipo de educación y las formas en que se está impartiendo en las instituciones nacionales del nivel diversificado, está produciendo un sujeto estudiantil que se transformará en fuerza de trabajo útil dentro del sistema económico vigente en el país. Este sujeto anima, a un tipo de actor colectivo, en formación en los niveles del básico y el diversificado que, a su vez, está anclado en una perspectiva ideológica articulada funcionalmente con la estructura social y con el sistema político (…) su proyección apunta a la reproducción y consolidación acrítica del modelo económico y político vigente en el país (Mendizábal, 2013; p. 119 – 120). Por ende ¿para qué se está educando?

Educación bilingüe e intercultural
Etnocidio estatal desde la educación pública en Guatemala
Los pueblos guatemaltecos no quieren perder su cultura”

Amílcar Pop


La historia de los pueblos originarios en Guatemala, y del pueblo Maya’ en este caso específico, ha visto desfilar políticas Estatales tendentes a eliminar a los pueblos, tales como el asimilacionismo, el integracionismo, pasando por la castellanización forzada, algunas sustentadas en propuestas intelectuales tan retrógradas como la necesidad urgente de “mejorar la raza”.
Estas políticas tuvieron un sustento fuerte en la educación pública. A partir de la guerra interna que vivió Guatemala ya la constitución política de la República del ‘85 hace un reconocimiento a la existencia de los pueblos originarios en el país y deja sentada la obligación del Estado de proteger y promover las culturas, de respetar sus formas propias y de establecer los mecanismos para que los pueblos vivan plenamente esas formas.252 Al mismo tiempo, producto de los acuerdos de Paz, el Estado guatemalteco reconoce que la interculturalidad es una vía para la plena convivencia de las sociedades en este país.
La respuesta del Estado para la preservación de los idiomas, y en sí, para fortalecer los niveles de aprendizaje significativo (teóricamente mayores cuando se aprende en lengua materna) ha sido la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI).
Cabe destacar que durante el período 1992-2009, la matrícula del EBI creció 580.2%, mientras que la monolingüe 74.6%. La mayor tasa anual de crecimiento de esta modalidad se dio en el último año citado con 6.3%, lo cual coincide con el inicio de los programas de transferencias condicionadas y políticas de gratuidad en la educación. Ese notable aumento de la matrícula bilingüe en el nivel primario ha incidido para que esta pase de representar el 4.5%, en 1992, al 15.6%, en 2009. Sin embargo, el nivel alcanzado ha sido estático desde 2005; es decir, a partir de esta fecha, los aumentos de la cobertura bilingüe han sido menores que los experimentados en 1998 y 1999, cuando hubo programas de la cooperación internacional (GIZ, Asdi, USAID, Ibis) que incidieron en aumentar el número de alumnos en escuelas bilingües en 61.4% y 50.9%, respectivamente.253
En el tema presupuestario, según estadísticas de los presupuestos públicos (Minfin, 2001-2011), el Estado de Guatemala gastaba en EBI, en el año 2001, un total de Q 141.6 millones divididos en Q 106.7 para el nivel primario, Q 30.3 para preprimaria y Q 4.5 para actividades comunes de esos niveles educativos. A lo largo de diez años, la estructura financiera no ha cambiado mucho. Del total de recursos destinados para la EBI en los últimos once años (2001-2011) se invierte un 21% en preprimaria, 75% en primaria y el restante 4% en actividades comunes. Para la misma estructura, el monto total al último año citado es de Q 901.6 millones (Minfin, Transparencia Fiscal).
Pasar de una disponibilidad financiera de Q 106.7 millones en 2001, a Q 901.6 en 2011, implica que el presupuesto asignado a la EBI ha crecido 6.3 veces, mientras que la matrícula final ha aumentado 1.7 veces. Esto invita a suponer que las asignaciones per cápita han crecido. Es así como, en 2001, el Estado invertía a Q 395 anuales por cada niño atendido bajo esta modalidad y, en 2011, un total de Q 896 anuales.
No obstante los avances, en los últimos dos años se han registrado también serios retrocesos. Los idiomas originarios tienen a desaparecer sobre todo en los hogares kaqchikeles y garífunas, en donde solamente el 39.5% y 20.3% de las familias están enseñando la lengua materna a sus hijos e hijas254. Este dato se enfrenta a situaciones concretas como el racismo que se vive diariamente en la sociedad así como a las diferentes políticas que los gobiernos impulsan en este sentido.
Hablar de educación bilingüe en Guatemala debe ser evaluado desde el fondo porque no todas y todos entendemos lo mismo por bilingüe; las niñas y los niños deben aprender primero en su idioma materno, luego aprender el idioma español y si es posible, aprender un tercer idioma; pero en muchas escuelas del país se prioriza el idioma inglés para darle el tinte bilingüe.
Los esfuerzos de cobertura se encuentran dispersos, pues hay comunidades lingüísticas como la Poqomam, Sakapulteka y Jakalteca que en el nivel primario tienen menos del 10% de cobertura bilingüe, el restante 90% de esos niños y niñas recibe educación en castellano, comunidades lingüísticas que están en riesgo real por el número bajo de personas que hablan estos idiomas.255
Se ha constatado además que un gran porcentaje de docentes imparte las clases en castellano e incluso los exámenes se hacen en dicho idioma, lo que tiende a revertir los impactos que la metodología misma pretende corregir (Icefi, 2011 b). Dada esta implementación actual del EBI, esta modalidad se considera más bien como una estrategia de comunicación más que aprendizaje.
Los “esfuerzos” que los diferentes gobiernos han realizado en materia de educación bilingüe más parecerían estrategias hacia un sutil etnocidio256 de los pueblos en Guatemala, sobre todo porque no son esfuerzos reales y concretos.
Actualmente existen en cortes nacionales dos casos evidentes de este hecho. Niñas y niños Maya K’iche’ de Santa Catarina Ixtahuacán han denunciado el Ministerio de Educación por no cumplir su derecho a recibir su educación en su idioma materno, al contrario, las clases se imparten en idioma castellano y únicamente reciben una hora de idioma k’iche’ al día.
El Consejo de Educación del pueblo Maya Ixil, interpuso una acción legal en la Corte Suprema de Justicia en contra proceso impulsado por el Mineduc de modificar la formación inicial docente, con la que se elimina la carrera de magisterio en educación bilingüe intercultural en las Escuelas Normales públicas del país. El argumento es que el nuevo “Bachillerato con orientación en educación asigna a los estudiantes dos cursos de Pedagogía y dos de Didáctica. De los 30,004 estudiantes en el área Ixil inscritos en el 2012, 28,991 eran indígenas y de los 1,246 docentes, 1,075 son de igual forma indígenas, por lo que resulta incoherente que las nuevas carreras nieguen el derecho a la educación Bilingüe intercultural en una zona con una realidad socio-económica adversa y excluyente”.
Se habla de un sutil etnocidio disfrazado ante la “necesidad” de mejorar la formación de las juventudes, lo cual debe ser prioritario, pero ninguna mejora debe significar un retroceso o violación a otros derechos. Ninguna persona puede iniciar una formación académica si se le niega la posibilidad de que sea en su lengua materna, de lo contrario el Estado mismo está irrespetando los derechos inherentes a su propia cultura, que son derechos constitucionales.




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