Informe Alternativo


Registro de Información Catastral (RIC)



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Registro de Información Catastral (RIC)



El Registro de Información Catastral fue mandatado a partir de los Acuerdos de Paz para lograr mayor seguridad jurídica sobre la tierra. Iniciando como una “Unidad Técnico Jurídica”, será hasta el año 2005 que se logre institucionalizar a través de Ley. En más de ocho años de su existencia, sólo 66 de los 338 municipios que conforman la República de Guatemala han sido declarados como zonas en proceso catastral. Con este ritmo será necesario medio siglo para catastrar el país. Personeros de la entidad han sido señalados de incurrir en delitos de falsedad material e ideológica, caso especial de estafa, entre otros, lo cual genera desconfianza en esta institución.

Un tema de particular importancia en Guatemala es el de las tierras de comunidades indígenas. Es necesario poner fin a la inseguridad jurídica de los pueblos sobre sus posesiones, mismas que históricamente han sido objetivo de repetidos despojos y expropiaciones.


A pesar de contar con un Reglamento sobre Tierras Comunales, hasta octubre del año 2013 no ha logrado ninguna declaratoria de tierra comunal.189 No se puede predecir cuántas comunidades concluirán positivamente el proceso de declaratoria. En la mayoría de los casos las actividades del RIC llevan a la atomización e individualización de tierras de comunidades indígenas. Producto de las lentas operaciones y criterios del RIC y de los restrictivos criterios jurídicos aplicados por el Registro de la Propiedad, muy pocas tierras comunitarias lograron su inscripción sin individualizarse.


Gabinete de Desarrollo Rural Integral

Fue conformado en julio 2013, entre otros, por los Ministerios de Agricultura, Trabajo, Economía y Ambiente, la Secretaría de Asuntos Agrarios y coordinado por la Vice Presidencia de la República. Después de 10 meses de operaciones, no demuestra ningún cambio, ni en la conducción, ni en el contenido ni en las operaciones de la Política de Desarrollo Rural Integral. En noviembre de 2013 se presentó el “Plan para la implementación de la PNDRI” que resulta ser un consolidado de programas anteriormente existentes, no sólo por no haber sido suficientemente discutido, sino por no considerar las demandas y propuestas presentadas por las organizaciones campesinas. Además excluye municipios no mancomunados. En consecuencia, se reemplazan las 10 políticas públicas de la PNDRI por 7 así llamadas “Caminos del DRI” descritas como intervenciones estratégicas sectoriales y esenciales. No se consideran o solo de manera muy insuficiente los temas agrario, laboral y económico y, por otro lado, se introdujeron prioridades del gobierno actual como la construcción de infraestructura vial y el tema de generación, transformación y distribución de energía eléctrica, representando para una gran parte de la población uno de los principales ejemplos de injusticia social.



Derecho al agua



Marco jurídico

La Constitución Política de la República de Guatemala contempla disposiciones generales a favor del ambiente y el equilibrio ecológico,190 así como dos artículos específicos para el agua. Uno define el régimen del agua: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social…” (Art.127).El otro artículo especifica que el aprovechamiento de aguas, lagos y ríos “…está al servicios de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso…” (Art.128). En resumen, mientras que la CPRG no tutela expresamente el “derecho al agua”, similar a la resolución de la Asamblea General de la ONU en julio 2010, sin embargo, la CPRG definió el agua como interés social al servicio de la comunidad y no de particulares.


La legislación ordinaria actualmente existente referida al tema de agua191 se encuentra dispersa en diversas normas - Código Civil, Código Municipal, Ley de Minería, Ley Forestal, etcétera - habiendo múltiples instituciones con diversas responsabilidadesRegistro de la Propiedad, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado (OCRET), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), entre otros. Con la creación del MARN en el 2000 y especialmente con la instalación de la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas en el 2005, se esperaba que el tema del agua fuera abordado de manera integral en esta institución, a fin de superar la fragmentación; sin embargo, esto no sucedió.
Mientras que la CPRG contempla la aprobación de una normativa específica para regular el régimen de aguas, esta Ley de Aguas es inexistente hasta la fecha. Entre el año 2000 y el 2011 el Congreso recibió por lo menos cinco iniciativas de ley sobre el tema de agua, con diversos títulos. Algunas cuentan con dictámenes de las respectivas comisiones del Congreso de la República, otras no. Las iniciativas no sólo proponen la creación de un Instituto Nacional del Agua, también hablan de un Consejo Nacional del Agua o de una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Recursos Hídricos. El motivo de la no aprobación es la ausencia de consensos y de visiones compartidas sobre el tema del agua y la presencia de grupos de presión e intereses, por ejemplo, de sectores económicos con desagües contaminados. La ausencia de un marco normativo que reconoce y tutela derechos, que establece institucionalidad y mecanismos, tiene como consecuencia la falta de gobernabilidad en el tema agua e implica que en muchos casos no se cumplen los mandatos constitucionales que declaran al agua “interés social” y “al servicio de la sociedad”, porque en la práctica muchos propietarios de tierras actúan como si todo el agua que pasa por sus tierra sería parte de su propiedad particular.


Contexto general

Más allá de la aprobación de una normativa es fundamental lograr una propuesta consensuada que considere la diversidad cultural de organizaciones sociales y de autoridades en el país. El referido amplio consenso nacional debe considerar que el agua no sólo representa una necesidad humana fisiológica –en el marco del modelo de crecimiento económico empresarial es entendido como un insumo cuyo valor permite ganancias económicas. Adicionalmente, autoridades tradicionales e indígenas-mayas tienen propias formas de administrar legítimamente el agua, partiendo de la cosmovisión maya en cuyo marco el agua tiene espíritu y en muchas ocasiones la energía del agua está presente en lugares sagrados cercanos a ríos y nacimientos de aguas.192 Por ello es coherente que en el año 2009 las autoridades maya k’iche’es de los 48 Cantones de Totonicapán se opusieron a una iniciativa de ley que no respetó las propias formas de organización existentes de los Pueblos Indígenas, ni el derecho a ser consultados sobre el tema a legislar.


Mientras que las diversas instituciones antes mencionadas tienen sus respectivas atribuciones, a la vez, la mayoría parece limitarse a visiones proyectistas o para autorizar megaproyectos –pocas veces se escuchan visiones y planificaciones que se sustentan en el derecho humano al agua en conexión al derecho a la alimentación. El papel de subordinación que juegan las instituciones públicas relativas a las empresas lleva a casos extremos, por ejemplo, cuando la Mina Marlín le impidió al MARN el ingreso a sus instalaciones a fin de tomar muestras de agua para controlar el cumplimiento de disposiciones legales en materia ambiental.
Teniendo presente la debilidad institucional y varios intentos fracasados de aprobar una Ley de Aguas, entonces, en 2008 el Gobierno del Presidente Álvaro Colom creó el Gabinete Específico del Agua (GEA)193 como espacio de coordinación de la institucionalidad pública. Aún con su limitada funcionalidad, el GEA logró conocer algunos temas específicos y diseñó la Política Nacional del Agua en Guatemala y su Estrategia, que tiene el objetivo general de “Asegurar la contribución del agua al cumplimiento de metas y objetivos de desarrollo económico, social y ambiental del país, mediante la institucionalización del sistema nacional de gestión y gobernanza del agua que satisfaga el mayor número de demandas, prevea los requerimientos futuros, gestione los riesgos hídricos y proteja el bien natural, en un marco de armonía social, desarrollo humano transgeneracional y soberanía nacional”. Se basa en un conjunto de principios básicos: equidad social, eficiencia económica, sostenibilidad ambiental, administración de carácter integral y solidaridad.
La Política Nacional contempló cuatro líneas estratégicas: (1) Agua potable y saneamiento para el desarrollo humano, (2) Conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de ríos en cuencas, (3) Planificación hidrológica, obras hidráulicas de regulación y gobernabilidad del agua, (4) Política pública y régimen legal e institucional de cursos de aguas internacionales. Ambas propuestas políticas, el GEA y la Política Nacional, no sobrevivieron el cambio de la administración. En 2012, el Presidente Otto Pérez Molina no prorrogó el mandato del GEA ni convocó a sesiones y el Acuerdo Gubernativo para la aprobación de la Política Nacional nunca se publicó en el diario oficial, motivo por el cual no nació a la vida jurídica. En fin, la pequeña mejora lograda en el gobierno anterior sufre preocupantes retrocesos en la actual administración.
El Ejecutivo encabezado por el Presidente Otto Pérez Molina habló en diversos momentos de la estrategia de “las dos puertas”, el desarrollo económico empresarial y el desarrollo de las economías campesinas. En 2012 se presentaron criterios para promover la inversión privada en territorios rurales,194 entre estos la protección y mejoramiento del medio ambiente. En la práctica, sin embargo, se señaló a la máxima autoridad del MARN de nexos con empresas y personas consultoras,195 impidiendo a esta institución clave el cumplimiento del derecho al agua durante un año.
A un año y medio de haber asumido la administración pública, el Ejecutivo presentó en junio de 2013 la Agenda Guatemalteca del Agua, una versión reducida de la entonces Política Nacional. En la parte introductoria el documento enfatiza en la abundancia de agua existente en Guatemala, la cual, no obstante, tiene notables variaciones y diferencias geográficas en la disponibilidad, declarándolo como un tema de gobernabilidad y seguridad nacional. Se plantean tres directrices de la Agenda: sensibilización, gestión gubernamental y orientación hacía un marco normativo. En el marco de la Gestión Gubernamental para el Agua se contemplan los temas de agua potable y saneamiento (APS) como medios para el bienestar; planificación hídrica para los múltiples usos; agua como recurso natural en cuencas y los cursos de agua internacionales. Mientras que se observa que la Agenda Guatemalteca del Agua anuncia elementos importantes, falta la construcción de consensos necesarios entre actores, el desarrollo de contenidos, la dotación de fondos y voluntad política.
El mismo año, 2013, el MAGA aprobó la Política de Promoción del Riego 2013-2023196 para “contribuir a la dinamización económica de la agricultura de pequeños y medianos productores y a la seguridad alimentaria y nutricional, a través del acceso a riego” por vía de mejorar la eficiencia de áreas bajo riego y de nuevas áreas de riego, la sostenibilidad ambiental, incrementar el área de agricultura bajo riego, elevar la producción y productividad de alimentos para el autoconsumo y el mercado, fomentar la competitividad de la agricultura comercial bajo riego, mejorar la gobernabilidad de los sistemas agrícolas bajo riego, asegurando la equidad entre hombres y mujeres.
En el documento de la Política se analizan las 337,471 ha actualmente bajo riego y concluye que el 85.9% es de riego empresarial. Se identifica un área de 552,326 ha de tierras con vocación agrícola con alta y muy alta necesidad de riego. En comparación, la Política plantea la meta de incorporar entre 2013 y 2017 un total de 60,000 ha bajo riego. Lamentablemente hasta septiembre 2013, en el marco del Plan Nacional de Planificación Hídrica de los Múltiples Usos del MAGA sólo se implementaron 400.16 ha bajo riego. Se esperaría que el tema de riego logre el respaldo político y financiero necesario para su idónea realización. Es de subrayar que el esfuerzo para ampliar el área de riego requiere de una legislación para regular los derechos de uso y aprovechamiento del agua para los diversos fines.
Cabe mencionar que el programa estrella del gobierno, el Pacto Hambre Cero (PH0), contempla el componente Agua y Saneamiento que reúne cinco temas: Agua apta para consumo humano; conservación de la biodiversidad, suelos y fuentes de agua y manejo sustentable de cuencas; drenajes y disposición de excretas; disposición y tratamiento de basura; y el control de la contaminación. Para el ejercicio fiscal 2013 se programaron Q 404.55 millones (US$ 50.57 millones), sin embargo, este componente tuvo la más baja ejecución de todos los componentes de PH0 con 18.34% al 31 de diciembre de 2013, representando tan solo 1.62% del monto total del Pacto Hambre Cero ejecutado en 2013.
Ha habido intensiones de regular el uso del agua; sin embargo, que no se les da vida legal, no se asigna presupuesto y, de hacerlo, no se da la ejecución o hay falta de consensos en la construcción de las propuestas. El continuo actuar en esa dirección muestra falta de voluntad para que exista un marco legal para la gobernanza del agua.
En conclusión, la revisión de la actuación de la administración pública en el tema del agua muestra la comprensión errónea del tema por parte del gobierno, mientras que es indispensable implementar una política del agua, como una cuestión de Estado.





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