Informe Alternativo


El asistencialismo como mecanismo regular. Los programas de atención Inmediata



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El asistencialismo como mecanismo regular. Los programas de atención Inmediata

Los gobiernos se han decantado en el último decenio por programas asistenciales, cuyos réditos políticos prevén obtendrán en el corto plazo, ya con fines electorales y/o de gobernabilidad inmediata. Así mientras el campesinado nacional demanda atención como el agente económico que es, las agencias del Estado le otorgan compensación social. Por ejemplo, dotación de raciones alimentarias, transferencias dinerarias, provisión de aperos de labranza, refacción escolar, han tomado el lugar de las estrategias de desarrollo rural.



Mi Cosecha Segura
(Entrega de fertilizantes químicos) Este programa muestra las mismas deficiencias ya observadas en ejercicios anteriores de estos Programas. El resultado tangible ha sido beneficio a oligopolios de importación de fertilizantes, venta de cupones, robos impunes en bodega, llegada tarde y con fórmulas inadecuadas para los diferentes tipos de suelos. No se han demostrado los impactos positivos de este programa para los usuarios; más bien desde su introducción, se han prestado al manejo clientelar y partidario.


Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina PAFFEC

Se propuso atender ciento sesenta mil familias; cien mil de las cuales están en situación de infra subsistencia, cuarenta y cinco mil setecientos en subsistencia y doce mil quinientos excedentarias; el universo lo calculó el gobierno en setecientos noventa mil seiscientos setenta y un familias. Su objetivo es “fortalecer la economía campesina, aportar a la producción de alimentos y a la dinamización de las economías locales, “halando” a los productores de infra y subsistencia a ser excedentarios”. Todo con la pretensión de “contribuir” a reducir la pobreza general y la desnutrición crónica en diez por ciento.


Para lograr lo anterior, el PAFFEC debió haber invertido en 2013 Q 545,648,603 (US$ 68 millones); sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) tuvo presupuestados en 2013, para el rubro: “Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina” escasos Q 181.67 millones(US$ 22.75 millones) y sumando todos los rubros vinculados, el total asciende a Q 467 millones (US$ 58.3 millones). Esto con el agravante de que la ejecución del presupuesto asignado a este Ministerio en 2013 no supera el 69 % al final del período. Es imposible que una familia campesina de cinco miembros, alcance mejores condiciones económicas y sociales si su “área de cultivo” equivale a un 0.5 de manzana. En esas condiciones no se obtiene ni el autoabastecimiento alimentario. La ejecución del PAFFEC fue una de las más bajas en el año 2013, 13.19% de Q 180.51 millones.


Un Estado sin política agraria




Guatemala no tiene política agraria. Las acciones son casuísticas, vinculadas a presión del Movimiento Campesino, con actitudes gubernamentales clientelares o de atención emergente a determinado foco de ingobernabilidad. El país no cuenta con mecanismos judiciales adecuados para la resolución de la conflictividad y jurisdicción agraria. No existe –por reiterado veto empresarial- un código, una fiscalía y tribunales agrarios. Esta situación dificulta la resolución expedita de la conflictividad agraria. El gobierno actual tampoco ha asumido iniciativa alguna en esta materia, ni los diputados al Congreso de la República, pese al reiterado reclamo campesino en esa dirección.

En este contexto, la aprobación en 2012 y la implementación a partir de 2013 de las “Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional” en Guatemala brindan la oportunidad política para tratar la ausencia de una política agraria en el país.




Débil institucionalidad pública para el agro



El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA)



Es el organismo rector de la política pública en desarrollo rural y agrario. El Ministro de Agricultura preside el Fondo de Tierras. Este Ministerio cuenta con un presupuesto irrisorio para la tarea, que equivale al 2.59% del total del presupuesto nacional y al 0.40% del PIB; el 90% de su presupuesto se destina a gastos de funcionamiento y 10% a programas de inversión. Aún en estas condiciones es un Ministerio incapaz de ejecutar su escaso presupuesto; en 2013 ejecutó el 69% de lo asignado.

La orientación del Ministerio de Agricultura es facilitar la agricultura de exportación; la atención a la agricultura campesina es marginal y su financiamiento está cargado a fondos de cooperación internacional, el FIDA entre ellos.




Fondo de Tierras: El Programa para la dotación de tierra a los campesinos pobres



El Estado de Guatemala ha adoptado la estrategia de Reforma Agraria Asistida por el Mercado (RAAM) para enfrentar el problema agrario en el país. Esta decisión se legitima en los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 entre Estado e insurgencia. El modelo es el mismo que sugirió el Banco Mundial y que ya estaba en marcha en otros países. Para dar soporte al modelo se crea el Fondo de Tierras (FONTIERRAS-1998), con un presupuesto teórico anual de Q 300 millones, alrededor de US$ 37.5 millones. En los últimos cinco años (2009 al 2013) el presupuesto promedio fue de Q 103 millones (US$ 12.9 millones); en2013, tan sólo Q 73.5 millones (US$ 9.2 millones).185

Esta estrategia, que consideramos agotada, presentó severos problemas: (1) alcance limitado: entre 1998 y 2013 sólo se atendió a 20 mil familias, de una demanda que el Gobierno de la República calculaba en 2013 en alrededor de quinientas mil familias. El 43% de los fondos se adjudicaron en los últimos ocho años -2006-2013. (2) FONTIERRAS contempló la creación de un banco de tierras y vías diferenciadas de acceso, sin embargo, en la práctica sólo se implementó el acceso a tierra por la vía del mercado; (3) El modelo por la vía del mercado resultó oneroso a las familias campesinas e implicó que más del 50% en los créditos otorgados resultaran impagables para los campesinos en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Este monto, llamado “deuda agraria” se debe en buena medida a la limitada productividad agropecuaria de las tierras otorgadas. La presión campesina logró en el 2012 una condonación gubernamental del 70% del monto de los créditos, por vía de una ampliación de los subsidios otorgados, al reconocerse impagable. Actualmente la mitad de las fincas endeudadas siguen pendientes de una condonación de su deuda agraria ya no recuperable. (4) Sin asistencia técnica adecuada. Los campesinos e indígenas que accedieron a tierra no tuvieron asistencia técnica, quedando abandonados en fundos sin infraestructura social ni productiva.186


La estrategia del Estado –vía de mercado- sufre modificaciones en los años 2008/2013, pero no logra ampliar su impacto: A) Se reestructura la mora campesina, condonando parcialmente la deuda en una media del 70% de su monto total por familia; B) bajo una particular concepción de “acceso” se considera tal el arrendamiento de tierra, estableciendo un programa para tal efecto. Éste consiste en el otorgamiento de un crédito dinerario a las familias campesinas por un monto de Q 2,575.00, alrededor de US$ 322.00. De este crédito, Q 475.00 (US$ 59)187 se entregan como subsidio, el resto es crédito con el exclusivo destino de rentar tierra –un año- y comprar los insumos para la producción de granos básicos.
En términos prácticos, el 80% del crédito se utiliza para el pago de la tierra. El programa es proclive a su utilización con fines de clientelismo político. La consecuencia obvia de la aplicación del programa de arrendamiento es que prácticamente desapareció la dotación de tierra en propiedad a campesinos. Sólo 3 fincas fueron adjudicadas en el 2012 y 2 en el 2013.





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