Informe alternativo



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INFORME ALTERNATIVO

Del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos por parte del Estado Ecuatoriano

Preparado por Organizaciones y Personas de la Sociedad Civil del Ecuador


Octubre, 2016

CONTENIDO
Siglas 3

Presentación 5

Introducción 6
1. Medidas Generales de Aplicación 7

1.1 Legislación 7

1.2 Políticas públicas, Inversión e Institucionalidad 10

1.3 Institucionalidad 11

1.4 Inversión 11
2. La opinión de los niños y la comunicación 13

2.1 Participación 13

2.2 Comunicación 16
3. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado 17

3.1 Familia, acogimiento y adopciones 17


4. Salud básica y bienestar 21

    1. Salud

    2. Derechos sexuales y reproductivos 23

    3. Niños, niñas y adolescentes con discapacidades 25

5. Educación, cultura e identidad 28



    1. Educación 28

6. Medidas especiales de protección 31

6.1 Violencia 31

6.2 Refugio 36

6.3 Trabajo infantil, mendicidad y niños en calle 39

6.4 Drogas 42



    1. Desastres naturales 46

    2. Justicia juvenil penal 48

7. Los derechos de la niñez y adolescencia indígenas 51


8. Los derechos de la niñas en el Ecuador 54
9. Instrumentos internacionales de derechos humanos 57

9.1 Seguimiento al protocolo facultativo relativo a la venta de niños,

prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía 57

9.2 Seguimiento al protocolo de participación de niños en conflictos armados 60



SIGLAS

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ANIN Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional

CAI Centro de adolescentes infractores

CIBV Centros Infantiles del Buen Vivir

CCNA Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia

CCPD Consejos Cantonales de Protección de Derechos

CCCNNA Consejos Consultivos Cantonales de Niñas, Niños y Adolescentes

CDN Convención sobre los Derechos del Niño

CDN Comité de los Derechos del Niño

CEMSIDA Comité Ecuatoriano Multisectorial de Sida

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CPD Centro de Protección de Derechos

CIETI Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

CJ Consejo de la Judicatura

CNH Creciendo con Nuestros Hijos

CNI Consejos Nacionales para la Igualdad

CNII Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional

CNID Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades

CNIM Consejo Nacional para la Igualdad en Movilidad

CN-NNA Consulta Nacional a Niños, Niñas y Adolescentes 2016

CNNA Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

COGP Código Orgánico General de Procesos

CONA Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia

COFJ Código Orgánico de la Función Judicial

COIP Código Orgánico Integral Penal

CONAMU Consejo Nacional de la Mujeres (reemplazada en 2014 por el Consejo Nacional de la Igualdad de Género)

COPFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

CONSEP Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

CONADIHE Comisión Nacional para la Aplicación de Derecho Internacional Humanitario del Ecuador

DECE Departamento de Consejería Estudiantil

DINAPEN Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes

CORDICOM Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación

CORAPE Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador

CT Código del Trabajo

COPFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

DPE Defensoría del Pueblo



DINASED Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros

DSR Derechos Sexuales y Reproductivos

ENDEMAIN Encuesta Demográfica y de Salud Materna Infantil

ENTI Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

ENIPLA Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescentes

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

ENTI Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

GAT-DINAPEN Grupo Anti Trata de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes

GLBTI Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales

JCPD Juntas Cantonales de Protección de Derechos

FEDOTI Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional

FGE Fiscalía General del Estado

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado

INNFA-INFA Instituto Nacional del Nino y la Familia- Instituto del Nino y la Familia

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

LOC Ley Orgánica de Comunicación

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural

LOCNI Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad

LOJL Ley Orgánica de Justicia Laboral

MCDS Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

MUDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINEDUC Ministerio de Educación

MJDHC Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

MT Ministerio de Trabajo

MNPT Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes

MREMH Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

MSP Ministerio de Salud Pública

NNA Niños, Niñas y Adolescentes

PDOT’s Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

ODNA Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

OIM Organización Internacional de Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

PNBV Plan Nacional para el Buen Vivir

PNDPINA Plan Nacional Decenal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

RO Registro Oficial

SASRE Sistema Automatizado de Seguimiento y Regulación de la Educación

SECOM Secretaria Nacional de Comunicación

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SETEDIS Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

SIEB Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe

SIRITI Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas

SNAP Secretaria Nacional de la Administración Pública

SNDPINA Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

SSR Salud Sexual y Reproductiva

SURTI Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil

SUPERCOM Superintendencia de la Información y Comunicación

UCDTPTM-PJ Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes

UEM Unidad Educativa del Milenio

TICs Tecnologías de Información y Comunicación

UCDTPTM-PJ Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes

UEM Unidad Educativa del Milenio

Nos escuchan pero no nos hacen caso”

PRESENTACIÓN

En marzo del presente año el Estado ecuatoriano presentó al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas el Informe Oficial sobre los avances realizados por parte del Ecuador en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. En el Informe Oficial se dice: “…los cambios normativos, programáticos, institucionales y el incremento en la inversión socia han configurado mejores condiciones para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Esta aseveración del Estado ecuatoriano debía ser analizada con todo rigor por la sociedad civil, principalmente por sus niños, niñas y adolescentes.

Por este motivo, un grupo de organizaciones y personas comprometidas con la protección integral de los derechos de los NNA resolvimos elaborar un Informe Alternativo para revisar el cumplimiento por parte del Ecuador de la Convención. Lo hicimos amparados en la Constitución de la República, en nuestro derecho como ciudadanos a expresar nuestra opinión sobre un tema que consideramos de vital importancia para el desarrollo y la democracia del país. Esperamos que el país y sus diversas autoridades sabrán apreciar este informe como un acto de especial relevancia para la vida de más de 6.000.000 de NNA que viven en el Ecuador pues todos aspiramos para ellos una vida de felicidad, justicia, dignidad plena y seguridad.

Este Informe es un esfuerzo para exponer con claridad y firmeza los puntos críticos que consideramos existen en la protección integral de los NNA y que deben ser resueltos de manera inmediata. Hacemos un sincero llamado a las autoridades para que revisen nuestro Informe con respeto y a no juzgarlo desde una mirada política que desconozca o desprestigie nuestro legítimo derecho ciudadano a juzgar el comportamiento estatal y social en este campo. Nuestro Informe reconoce los indudables avances que se han dado en estos años en algunos temas pero nuestro deber es, ante todo, poner atención en las numerosas falencias legislativas, políticas, institucionales y presupuestarias que dificultan la vigencia de sus derechos. El Grupo de Trabajo escogió 19 temas que fueron desarrollados por diversas organizaciones y personas y su texto final fue validado en dos talleres nacionales con la participación de más de 100 adultos y adolescentes de diversas partes del Ecuador. Es, sin duda, un Informe con muchas voces y muy participativo.

Con este Informe se ha buscado recoger la voz de los niños que viven en el Ecuador. En la conmemoración del 26 aniversario de la Convención se realizó un encuentro con más de 250 NNA y más de 200 adultos de diversas organizaciones nacionales para analizar los avances, retrocesos o estancamientos que existen en el Ecuador en relación al cumplimiento de la Convención, la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia. A finales del año anterior y comienzo del presente del año se realizó una consulta a 2300 NNA por parte del Foro de ONG’ y Aldeas SOS para conocer su opinión sobre el estado de sus derechos. Desde junio de este año se han realizado talleres en diversas ciudades con NNA y en octubre 60 adolescentes provenientes de Tulcán, Ibarra, Cayambe, Quito, Ambato, Azogues, Cuenca, Guayaquil, Yaguachi, Portoviejo, Esmeraldas y San Lorenzo validaron el Informe Alternativo.

Las recomendaciones que se consignan en el documento, a más de ser enviadas a conocimiento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, quedan a consideración de la sociedad ecuatoriana. Por sobre las limitaciones que pueda tener este Informe debido a diversos factores (poca información, restricciones institucionales y personales, etc.) aspiramos que este permita abrir un genuino diálogo entre el Estado y la sociedad civil para superar los problemas que existen.

Un agradecimiento profundo a todos quienes contribuyeron, de diversas formas, a su elaboración. A los niños, niñas y adolescentes, nuestro reconocimiento por su entusiasta y sabia participación en este proceso ciudadano.

INTRODUCCIÓN

Para el año 2016, la población total estimada del Ecuador es de 16.607.745 habitantes. De estos, cerca de 6.144.865 son niños, niñas y adolescentes, es decir, el 37% de la población total.  De cada diez personas 6 viven en ciudades y cuatro en el campo. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el 8.3% de la niñez y adolescencia ecuatoriana es indígena, el 7.5% afroecuatoriana, el 6.7% montubia, el 71% es mestiza y el 5.8% blanca.



Según datos oficiales, entre los años 2006 y 2014, el PIB del Ecuador tuvo un crecimiento del 4,3%. En este período el Ecuador disfrutó de los altos precios del petróleo lo que le permitió contar con ingentes recursos que posibilitaron un aumento significativo de la inversión social, en especial en educación y salud. En este período, la pobreza se redujo del 37,6% al 22,5% permitiendo que muchos niños y sus familias puedan salir de esta condición. Sin embargo, estos datos ocultan una gran inequidad. En los indígenas la pobreza por ingresos alcanzó el 51.1%, en los montubios el 44.2%, en los afroecuatorianos el 35.9%, mientras que entre los blancos el indicador llegó al 14.3%. El coeficiente de GINI –que mide la desigualdad- pasó del 0.54 al 0.47. Estos avances generales presentan, igualmente, serios problemas en la calidad de la inversión y en sus resultados.
Desde el año 2014 como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, de la inexistencia de fondos de ahorro y otros factores económicos y políticos, el país ha entrado en una crisis económica que se presume durará varios años. Esto pone en riesgo los logros obtenidos y dificulta la inversión en áreas que son esenciales para la protección de los derechos de los NNA. En abril de 2016 el Ecuador sufrió un terremoto con consecuencias muy graves en lo económico y social. En la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de junio de 2016 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ecuador registró en junio del 2016 una incidencia de la pobreza de 23,70%, lo que representa un aumento significativo de 1,69 puntos comparado con junio de 2015 (22,01%). La misma encuesta reveló que la pobreza en el área urbana estaba en 15,64% mientras en el área rural alcanzaba el 40,91%. La pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 8,57% frente al 7,36% del mismo mes del 2015, lo que representa un crecimiento de 1,21 puntos que es estadísticamente significativa. La pobreza extrema en el área rural pasó de 14,86% en junio de 2015 a 18,62% en junio de 2016. Las provincias en donde más niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza son: Bolívar, Chimborazo y Esmeraldas. La pérdida de empleos también se ha acelerado. Si bien el gobierno ha declarado al desarrollo infantil integral como una política prioritaria de Estado, lo que, en términos poblacionales configuraría un universo de atención a 904.247 niños y niñas menores de tres años de edad, de los cuales 521.072 estarían en condición de pobreza, los servicios del MIES alcanzaban una cobertura de 314.336 niñas y niños, esto es el 60,3% de aquellos que viven en pobreza. Debido a la crisis económica, voces oficiales han comenzado a plantear la posibilidad del copago en varios servicios públicos. 
En este contexto, existe una generalizada preocupación por las consecuencias que la crisis tendrá en la vida de los niños y sus familias. Esta preocupación se ahonda por el debilitamiento, casi desmantelamiento que ha sufrido el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia, por parte de las autoridades estatales en los últimos años en claro desacato del mandato que consta en el artículo 341 de la Constitución de la República y que está definido con precisión en el Código de la Niñez y Adolescencia. El Informe Alternativo expresa con claridad que las reformas normativas, institucionales, políticas y presupuestarias bajo el enfoque de ciclo de vida e intergeneracional han roto con el enfoque constitucional de la protección integral a los NNA, su prioridad e interés superior. El carácter específico y tratamiento especializado que deben tener todos los servicios de defensa, protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia, especialmente los relacionados con protección especial están deteriorados. Estas son pérdidas muy grandes por lo que el Informe Alternativo plantea la necesidad de revertir de manera inmediata y urgente estos retrocesos y cumplir los mandatos constitucionales.
1. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN

Cada Ministerio tiene sus competencias y obligaciones para hacer cumplir los derechos considerando el principio del interés superior del niño”.

El estado a través de los ministerios, los municipios son garantes de los derechos y por lo tanto debe cumplir con la niñez, la familia y la sociedad. Son corresponsables”.

Algo que me llamó la atención de este documento es que el Ecuador no ha presentado nunca un informe con la voz de los niños, niñas y adolescentes, esto quiere decir que hasta la vez un NNA no ha podido ser consultado para ser parte de la presentación de un informe al Comité”.

(Frases de adolescentes CN-NNA, 01-2016)

1.1 Legislación

1. La Constitución de 2008, en su artículo 341, establece la existencia del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –SNDPINA-. Este artículo dispone con absoluta claridad que “el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, visibilizándolo como parte de los sistemas especializados a través de los cuales se asegura la protección integral a la población, los mismos que están regulados en el marco del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Esta Constitución contiene, además, varios mandatos relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia. Lo más grave del periodo 2010 -2015 es el desconocimiento que las autoridades legislativas, administrativas y judiciales han hecho de estos principios y normas y la interpretación arbitraria de éstas.

2. La Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad –LOCNI- crea, entre otros, el Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional –CNII-, en donde desaparecen las características de especificidad y especialidad del SNDPINA. También se elimina el carácter descentralizado de este sistema al suprimir los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia – CCNA-, transformándolos en Consejos Cantonales de Protección de Derechos –CCPD-, en donde no se aprecia, más bien se ignora, la prioridad absoluta que debe asignarse a la niñez y adolescencia en la ejecución de políticas públicas y en la provisión de recursos.

3. Esta ley asigna a los consejos nacionales para la igualdad –CNI-, atribuciones de: formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con temáticas específicas, entre ellas la generacional, sin embargo no hace referencia a la responsabilidad de establecer políticas públicas específicas relativas a los derechos de la niñez y adolescencia. En relación a la política pública, la rectoría de éstas, se concentra en el nivel central de gobierno siendo los ministerios los que la ejercen (artículo 154 de la Constitución). No define atribuciones de política pública a los gobiernos autónomos descentralizados –GAD-, ni la obligación de destinar recursos preferentes para servicios y programas, como sí lo hacía la Constitución en el año 1998. No establece responsabilidades en materia de protección de derechos a la niñez y adolescencia, por lo que la rectoría de la política está atribuida de manera dispersa. Si bien define la obligatoriedad de la coordinación interinstitucional, la cual también es una obligación de los CNI, cabe señalar que estos consejos deben coordinar con los ministerios las temáticas constitucionales: género, generacional, étnico, movilidad y discapacidad, las cuales invisibilizan a los sujetos y titulares de derechos.

4. En relación con la preocupación que manifiesta el Comité, en el párrafo 13 de sus Observaciones al Informe Oficial de 2010, relacionadas con la carencia de coordinación entre el nivel central y los CCNA y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos -JCPD-, debemos informar que la mencionada LOCNI, no contempla esta obligación de los gobiernos locales y concentra la rectoría de la política pública en los Ministerios, afianzando con esto un modelo ultra centralista que de ninguna manera favorece ni facilita la construcción de sistemas locales de protección. Por otro lado, a nivel local se han aprobado ordenanzas para la estructuración de los CCPD las cuales presentan serios problemas de orden técnico en su formulación, reflejan graves contradicciones e incoherencias relacionadas con las competencias, estructura, financiamiento, participación social, entre otras. De otro lado, los CCPD están profundamente limitados por las capacidades propias de los municipios, puesto que en los municipios pequeños, que son la mayoría del país, estos se ven escasos de recursos para su estructuración.

5. Las reformas implementadas a través de la LOCNI han desatado una modificación profunda de la normativa que impulsó los sistemas cantonales de niñez y adolescencia y consecuentemente tienen un impacto sobre las JCPD. Esto ha creado gran preocupación a nivel local ante la posibilidad de que colapsen las JCPD al transformarlas en instancias de protección de derechos de todas las personas  niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, pueblos y nacionalidades, indígenas, adultos mayores, personas en movilidad humana, personas privadas de la libertad, entre otras-, con el mismo personal y capacidad administrativa. Hasta el año pasado, solo con niñez y adolescencia, las JCPD ya sufrían un represamiento de casos muy alto. La nueva normativa está orientada a eliminar el sistema local especializado en niñez y adolescencia transformándolo en un sistema de protección de derechos de todas las personas.

6. A través de la LOCNI, se reforman y derogan sustanciales normas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia -CONA. Si bien el Título III del CONA, en el cual se regula qué son las políticas de protección integral (artículo 193, CONA), no ha sido reformado, en la práctica no se lo implementa. Al momento no existen planes de protección integral, ni a nivel nacional ni a nivel local. El SNDPINA dejó de contar con un órgano rector especializado y hay un proceso de desestructuración general de éste.

7. Por otro lado, las políticas de protección integral, no se reflejan ni en el Plan Nacional del Buen Vivir -PNBV ni en la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos planes, fueron sustituidos de forma tácita por las agendas para la igualdad, a través de la LOCNI. Conforme su artículo 13, las agendas contienen las “propuestas de políticas públicas de cada Consejo Nacional para la Igualdad”, las cuales deben ser discutidas, consensuadas y articuladas con las políticas sectoriales para su ejecución por parte de los ministerios. La LOCNI, dispone, en contraposición con lo establecido en la Constitución, la formulación de la Agenda de Igualdad Intergeneracional, en lugar de generacional.

8. Las disposiciones del CONA, referidas a la rectoría de la política pública de niñez y adolescencia, han sido modificadas, sustituyendo el órgano rector por el ministerio sectorial correspondiente, con lo cual se da paso a una dispersión de la política de protección integral y a su invisibilización. Si bien el Comité reconoció varios avances en sus observaciones, relacionadas con la adopción de medidas legislativas y políticas encaminadas a aplicar la Convención cabe mencionar que transcurrido este período, algunos de dichos reconocimientos se han convertido en claros retrocesos.

9. En el Ecuador, a partir de la nueva Constitución se comienza a realizar reformas legales e institucionales orientadas a desarticular todo la institucionalidad de niñez y adolescencia, la cual ha suprimido o debilitado la especificidad e interdependencia de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes conforme las recomendaciones planteadas por el Comité. Algunos de estos ejemplos son:




  • Eliminación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

  • Eliminación, a través de la LOCNI, de más de 200 CCNA que fueron transformados en CCPD.

  • Debilitamiento de las Juntas de Protección de Derechos y Defensorías Comunitarias.

  • Eliminación de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia (33) y sustitución por los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia implementados por el Código Orgánico de la Función Judicial -COFJ-.

  • Eliminación del Instituto de la Niñez y Familia -INFA.

  • Eliminación en la Defensoría del Pueblo –DP- de una instancia específica para niñez y adolescencia (Defensoría Adjunta de Niñez y Adolescencia en el año 2011).

  • Propuesta de cambio de la Dirección Nacional de Policía Especializada para la Niñez y Adolescencia-DINAPEN.

  • Reformas a los procedimientos especializados del CNNA a través del Código Orgánico General de Procesos -COGP.

  • Reformas del Código Orgánico Integral Penal – COIP- y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD.

  • El paso de agendas por titulares de derechos a agendas temáticas.

10. Este proceso sistemático de desarticulación del sistema y debilitamiento del CONA llevado adelante desde la Asamblea Nacional, por los ministerios sectoriales, por la Secretaria de Planificación –SENPLADES- y otras instancias de gobierno, está basado en una nueva concepción centrada en el ciclo de vida y lo intergeneracional. El Informe Oficial no dice absolutamente nada sobre esta orientación conceptual, política e institucional, ocultando ante el Comité las consecuencias que esta mirada está teniendo sobre los derechos de la niñez y adolescencia. Es completamente falso decir que hay un proceso de construcción del SNDPINA (Inf. Oficial, párrafo 11). La construcción del Sistema se inició en el año 2003 al promulgarse el CONA. Sus dificultades de consolidación, se deben justamente a las nuevas concepciones que se han definido desde el poder político, desconociendo normas internacionales y nacionales. Esconder al Comité este proceso gravísimo de desarticulación del Sistema y su base jurídica y política, la consideramos una posición embarazosa que desdice de nuestra seriedad como país.

11. El COGP prevé algunas normas de carácter especial para el tratamiento de casos relativos a la protección de derechos de NNA, relacionadas principalmente con el establecimiento de plazos más cortos para el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso, las cuales están contempladas en las normas generales que rigen los procedimientos, sin embargo no prevé procedimientos especiales, así como tampoco contempla la consideración de los principios de interés superior y prioridad absoluta en la administración de justicia. La supresión de los procedimientos especializados y de las judicaturas especializadas de niñez y adolescencia, preocupa por cuanto la ausencia de especialidad podría derivar en una amenaza a la protección de derechos de la niñez y adolescencia

12. Las reformas realizadas al CONA a través del COIP, en lo relativo a adolescentes infractores, implican un retroceso en relación a la protección de sus derechos.

13. La reforma de 2009 al CONA relativa al procedimiento de pago de la pensión de alimentos, ha sido modificada con la reforma del COGP y si bien mantiene la posibilidad de que los adolescentes mayores de 15 años participen plenamente en el proceso, derogó el procedimiento especializado previsto en dicha reforma, sometiéndolo a un procedimiento común, en el cual se han establecido algunas disposiciones que pretenden darle especificidad a los casos de NNA.

14. Sobre la regulación para la prohibición de los castigos corporales, si bien la Ley Orgánica de Educación Intercultural –LOEI- prohíbe toda forma de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, y se han tipificado varios delitos relativos con la violencia a miembros de grupo familiar en el COIP, no se cuenta con una normativa que recoja los elementos previstos en la Observación general Nº 8 del Comité sobre los Derechos del Niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, La propuesta de una Ley contra los castigos en contra de los NNA al margen del CONA, es una demostración más del esfuerzo por terminar con este cuerpo legislativo.

15. Se aprobó la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Esta ley hace referencia a la inscripción de “expósitos”, a cargo de una tercera persona que lo haya recogido. Esta norma representa un alto riesgo para la protección de los derechos de los NNA, a su familia, a la identidad y a la identificación, además de que abre las puertas al tráfico a través de las llamadas “adopciones ilegales”.

16. Con relación a NNA privados del medio familiar, el Ministerio de Inclusión y Económica y Social –MIES- aprobó el Acuerdo 194 y el Consejo de la Judicatura –CJ- aprobó la Resolución Administrativa 006 para regular el procedimiento de esclarecimiento de su situación social, legal y psicológica para la declaratoria de adoptabilidad. Estas normas establecen un término de 90 días para el esclarecimiento de la situación legal de los NNA caso contrario se da paso a la demanda de privación de patria potestad y declaratoria de adoptabilidad.

17. En resumen las reformas impulsadas a través de la LOCNI, el COIP, el COGP y otras normas han dado paso a la desestructuración del SNDPINA y debilitamiento del CONA. Incluso hubo el intento de su desaparición total a través de un Código del Ciclo de Vida que ventajosamente fue archivado por la Asamblea Nacional, pero existe un anteproyecto de ley sobre un sistema de promoción y protección de derechos que tiene los mismos objetivos.



1.2 Políticas Públicas

18. Sobre la configuración de las políticas públicas de garantía, defensa, exigibilidad y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes encontramos lo siguiente. Hasta el año 2013 estuvo vigente la Agenda de Niñez y Adolescencia y hasta el 2015 el Plan Decenal de Protección a la Niñez y la Adolescencia y el Plan Decenal de Educación, que contenían lineamientos específicos de política pública relacionados con el cumplimiento de los derechos de NNA.

19. Los instrumentos actuales de política pública relacionados, el PNBV 2013-2017, la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013 – 2017 (ANIN) y la Agenda Social al 2017, se centran en una concepción sobre la necesidad de abordar la integralidad del ciclo de vida con políticas intergeneracionales como una referencia transversal en el diseño, formulación e implementación de la política pública. De los 141 lineamientos de política pública asociados con los derechos de los NNA, un 45% tiene un enfoque de derechos humanos desde lo intergeneracional; en proporciones similares un 41% se asocian con derechos específicos de NNA. El abordaje intergeneracional limita la especificidad de la política pública de niñez y adolescencia y no tiene que ver solamente con la existencia o no de políticas de desarrollo, supervivencia, protección o participación (como se expresa en el numeral 20 del informe presentado por el Estado), pues en muchos casos éstas están subsumidas en enunciados generales.

20. Las competencias especializadas asignadas al ex CNNA para la formulación, control y evaluación de las políticas públicas de protección integral, han sido reasignadas de forma dispersa en los diferentes ministerios rectores. En consecuencia, ya no existe política pública de protección integral. Las agendas nacionales para la igualdad, entre las cuales está la de igualdad intergeneracional que incluye a todos los grupos de población en sus diferentes edades, terminan con la especificidad y la especialidad, lo cual impide el planteamiento de políticas sobre niñez y adolescencia y el seguimiento y reporte del estado de su aplicación. De hecho, no se encuentra ninguna referencia al SNDPINA en los instrumentos vigentes de política pública.



1.3 Institucionalidad

21. Desde el año 2010, además de los cambios en la institucionalidad encargada de la formulación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con niñez y adolescencia, que hoy se contienen en las de carácter intergeneracional, se desmanteló la institucionalidad específica del INFA, cuyas funciones pasaron a ser parte del MIES. El enfoque intergeneracional no permite la visibilización de las especificidades en el planteamiento de políticas sobre niñez y adolescencia y en el seguimiento y reporte del estado de su aplicación. Eso ha influido también sobre la concepción respecto del SNDPINA, que no puede estar supeditado a la existencia o no de CCPD o del establecimiento de modelos de relacionamiento entre las instituciones del Gobierno Central y de los GAD.

22. Hay ciertas políticas públicas que están concentradas en el nivel nacional. Los GAD no tienen competencias realmente definidas, relativas a la protección de derechos de la niñez y adolescencia, a pesar de que el COOTAD asigna a los municipios “competencias de protección integral a la niñez y adolescencia”, éstas no han sido definidas. Adicionalmente, cabe señalar que la referida norma, reenvía el ejercicio de estas competencias a la ley que regula el SNDPINA en la que, como hemos visto en este informe, las competencias locales han sido derogadas o concentradas en los ministerios.

23. La reforma implementada a nivel local, a partir de las disposiciones del COOTAD y de la LOCNI, ha dado como resultado la sustitución de los sistemas locales de protección integral a la niñez y adolescencia, por sistemas cantonales de protección de derechos. Es decir, se ha desestructurado la institucionalidad especializada para niñez y adolescencia en los cantones y los planes cantonales de protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, han sido sustituidos por ‘agendas de igualdad’.



1.4 Inversión

24. De acuerdo con la información procesada en el Plan Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013 – 2017, la inversión social en niñez y adolescencia en el año 2012 fue de 2.974,9 millones de dólares, que representa el 41% del total de inversión del sector social de ese mismo año. Toda vez que se desconoce la metodología con la que se obtuvo esa cifra (razón por lo que los datos no son comparables), para los años 2015 y 2016 se ha realizado la comparación de la estructura programática ya que desde entonces se desagregan los principales programas en el Presupuesto General del Estado por cada uno de los ministerios analizados. Así se obtiene que en los programas directamente relacionados con niñez y adolescencia, en el 2015 el presupuesto es de 2.982 millones que representa el 30,8% de la inversión social total de ese año, mientras que para el 2016 es de 2.826 millones, es decir 155 millones menos que el año precedente.




Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración Nathalia Novillo

25. La importante inversión en educación, es correspondiente con los avances y logros de la política pública relativa a la universalización de las tasas de asistencia. El presupuesto en protección, representa en el año 2015 el 1% del total del presupuesto en niñez y adolescencia y en el año 2016 el 0,4%. Aquello también es correspondiente con los hallazgos sobre las debilidades que existen respecto de la definición y aplicación de políticas públicas específicas de protección de derechos de los NNA. Para el presupuesto del año 2016 existe una importante reducción en protección a la niñez y adolescencia y desarrollo infantil, del 62% y 49% respectivamente. En salud sucede lo mismo con una reducción del 69% del presupuesto de servicios médicos a niñez y adolescencia. Esto sin duda responde a la actual coyuntura económica y por ello es motivo de preocupación las estrategias que el Estado Ecuatoriano adopte para evitar que los programas, proyectos y servicios implementados en los últimos años se sostengan.

Recomendaciones

26. Cumplir los principios y normas constitucionales establecidos en la Constitución del 2008 relativos a los derechos de la niñez y adolescencia. Restablecer el SNDPINA previsto en la Constitución y en el CONA.

27. Reformar la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad, tendientes a recuperar la especificidad y la especialidad del SNDPINA para la defensa, garantía, protección y exigibilidad de los derechos de los NNA y reformular la institucionalidad vinculada a estos principios.

28. Iniciar un amplio y participativo proceso de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, para lo cual deberá:




  • Restablecer competencias para la formulación de políticas de protección integral, tanto a nivel de gobierno nacional como de gobiernos locales.

  • Restablecer la rectoría del Sistema, definiendo un organismo responsable del mismo a nivel nacional.

  • Restituir el Plan Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, considerando que es un compromiso asumido por el Estado ecuatoriano como parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.

  • Asegurar que este Plan esté articulado al PNBV con el fin de que cuente con metas específicas y garantice su presupuesto.

  • Redefinir las competencias de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, como instancias administrativas encargadas de asegurar la desjudicialización de las problemáticas sociales que afectan a los NNA.

29. Restituir la administración de justicia especializada de niñez y adolescencia, para lo cual es necesario que se reforme el COFJ, estableciendo las judicaturas especializadas de niñez y adolescencia en todo el territorio nacional; definir perfiles especializados para los jueces responsables, y restablecer el procedimiento contencioso general del CONA, que fue derogado por el COGP, incorporando aquellas disposiciones favorables a los derechos de los NNA. Mantener el ámbito de especialidad de las JCPD como órganos especializados de nivel operativo local, encargados de disponer medidas administrativas de protección, necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado.

30. Derogar toda disposición contraria a los derechos de los NNA tales como la inscripción de “expósitos”, los instructivos para el esclarecimiento de la situación legal de los NNA privados del medio familiar, entre otros, por la amenaza que representan a sus derechos.

31. Proteger la inversión en niñez y adolescencia de cualquier perturbación interna o externa por lo que se debe tomar todas las medidas de política pública para que la coyuntura económica por la que atraviesa el país, no afecte a los programas, proyectos y servicios de protección integral a los NNA así como realizar los esfuerzos necesarios para que en correspondencia con la revisión de políticas públicas de protección de derechos se incremente la inversión en ese sector.

32. Establecer entre el gobierno central, los GAD’s y el Consejo Nacional de Competencias la identificación y el manejo de las competencias concurrentes y complementarias, junto con los mecanismos de financiamiento y asignación de recursos, que hagan posible el funcionamiento sistémico de los órganos locales de protección de derechos de los NNA.


2. LA OPINIÓN DE LOS NIÑOS Y LA COMUNICACIÓN

2.1 Participación

Porque impiden, los compañeros no nos dejan hablar”

En la comunidad sólo participamos en juegos deportivos, en las reuniones no nos toman en cuenta, sólo si somos ya mayores de edad”

Los adultos no nos permiten hacer reuniones últimamente miran que los adolescentes se reúnen se quejan y llaman a la policía no nos dejan reunirnos”.

Si se cumple cuando eligen al Consejo estudiantil con todos los estudiantes, pero nunca no vuelven a preguntarnos nada”

(Frases de adolescentes CN-NNA, 01-2016)


33. El Encuentro de Niñez y Adolescencia realizado en noviembre del 2015 con ocasión del 26 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Nino, la Consulta realizada a más de 2300 NNA y los diversos talleres de NNA realizados en varias ciudades del país con motivo de la elaboración del Informe Alternativo, nos dejan una enseñanza: los NNA que viven en el Ecuador están molestos y enojados con el mundo adulto por la poca o nula importancia que le dan a su voz, a sus opiniones, a sus propuestas, a sus iniciativas. El entusiasmo con que ellos participan en talleres, reuniones, actividades se topa con la escasa receptividad que las autoridades públicas nacionales y locales y la sociedad en general les brindan a sus propuestas.

34. El 37% de los NNA, entre 8 y 17 años, pertenece a un club deportivo, 32% a una jorga, y el 23% a una directiva del grado o curso y el 19% a un grupo religioso. El 66% de la niñez y adolescencia, considera que los profesores toman en cuenta su opinión. El 71% de los NNA, opinan que los padres y madres toman en cuenta su opinión1.

35. El Informe Oficial hace referencia a la conformación de 133 Consejos Consultivos Cantonales y uno nacional de NNA. Se habla de las reuniones que la directiva de este último organismo ha tenido con altas autoridades de la Asamblea Nacional y ministerios para “transmitir sus propuestas”. Aún más, el Informe Oficial indica que los Consejos Consultivos “participan en la elaboración y seguimiento de políticas públicas”. El Informe Oficial no indica cuáles fueron esas propuestas y no indica en la elaboración de que políticas participaron y lo más importante, cuáles fueron los resultados obtenidos. Esta reflexión nos parece muy importante realizar pues en el período que cubre el presente informe se observa un grave retroceso en el ejercicio del derecho a la participación de los NNA del Ecuador.

36. En los años inmediatamente anteriores, es decir entre 2005 y 2010, hubo un auge en la participación de niños. En el año 2007 se constituye el primer Consejo Consultivo Nacional y en estos años se estructuran decenas de Consejos Consultivos a nivel local. Miles de NNA participaron en estos procesos. La presencia de cientos de niños en la Asamblea de Montecristi para sacar adelante sus propuestas en la nueva Constitución fueron momentos memorables por el vigor, la constancia y la alegría con que fueron a cumplir un sueño. Todo eso ha sido desvirtuado en los años posteriores. Estamos seguros que en todos los cambios legales e institucionales realizados entre el año 2009 hasta la fecha la voz de los niños no fue tomada en cuenta y no fue considerado el principio de su interés superior. El mandato constitucional de consultarles en “todo lo que les afecta” no ha sido cumplido. Lo manifestado en el Informe Oficial constituye pura retórica. Estamos seguros que si la Asamblea les hubiera consultado a los NNA miembros de los consejos consultivos si estaban de acuerdo en eliminar los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia o modificar la justicia especializada la respuesta hubiera sido un rotundo no.

38. Igual podemos decir sobre otros temas. No se consulta a niños en casos de explotación minera – petrolera – agroindustrial. No se les consultó cuando tomaron la decisión de cerrar las escuelas rurales. No se les consultó en la definición de las políticas antidrogas en las unidades educativas. Lo más grave es que en este periodo ya se comenzaron a mostrar ciertas prácticas de cooptación de las organizaciones de la sociedad civil. También se dio una cooptación de los líderes adolescentes de los Consejos Consultivos lo que les restó toda posibilidad de mantener una conducta autónoma. El Consejo Consultivo Nacional esta maniatado al CNI y sus opciones de una actividad libre está muy restringida por la carencia de recursos económicos, espacios y mecanismos claros para ser consultados.

39. La línea de estimular procesos que conduzcan al conocimiento y práctica creciente de lo establecido en los artículos 12 al 15 de la Convención, sobre el ejercicio de los derechos a la libre expresión de opinión, a ser escuchados, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de asociación y libre realización de reuniones, consultas y diversas expresiones de exigibilidad de dichos derechos, todo ello en un marco de facilidades institucionales y sociales, se ha debilitado y nos encontramos en una preocupante falta de referencia clara para los NNA. La idea de afianzar y volver cotidianas las prácticas de participación democrática en los escenarios donde se desenvuelven los NNA del país, es decir en sus familias, comunidades, en las escuelas y colegios, en las circunscripciones urbanas y rurales donde viven y en los medios de comunicación, está muy deteriorada.

41. En el ámbito educativo, desde 2011, mediante Acuerdo Ministerial N° 382-11, se dispuso que, para la elección del Consejo Estudiantil por cada Unidad Educativa, solo pueden ser candidatos los alumnos que tengan un promedio de notas entre 17 y 20 puntos. La obligación de elegir es para todos los alumnos, pero el derecho a ser electos está restringido, pues una mayoría no tiene acceso a ello. Consecuencia inevitable: cuando la mayoría de electores no tienen derecho a ser electos, se inculca apatía e inmovilidad. En términos legales, se estaría incumpliendo la disposición del CONA que prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista en esa ley.

42. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –CPCCS- creado en la nueva Constitución como organismo que encabeza la quinta función del Estado, emitió un Reglamento, el 6 de abril de 2016, para la elección de los miembros de la sociedad civil a los CNI. Solo en el Consejo intergeneracional se permite participar a adolescentes y no en los demás.

43. Otro aspecto muy complicado tiene que ver con la representación de los NNA en los nuevos CCPD. En unas ordenanzas se acepta la participación directa de los NNA y en otras no. En otros casos, producto del desorden normativo, cuando las ordenanzas establecen su composición por temáticas, para la representación generacional los NNA compiten con los jóvenes y adultos mayores para la elección de un cupo.

44. El nuevo Presidente Nacional del Consejo Nacional Consultivo de Niñez y Adolescencia opina que en el proceso de transición de CONA al CNII, se ha dado un paso atrás en lo que concierne al fomento de espacios de participación de los niños y a la creación de mecanismos de democracia directa con este grupo de edad. En el ámbito de la legislación, opina que la Asamblea Nacional, al tratar los temas de embarazo precoz y consumo de alcohol y de sustancias, debe ensayar procesos de amplia consulta a los adolescentes a través de las diversas modalidades de organización que éstos tienen o pueden tener, como, por ejemplo, los Consejos Estudiantiles, pero que lamentablemente esto no está sucediendo.2 Como referencia positiva, señala que una experiencia exitosa en esto de consultar para la preparación de una ley, se dio en el tema de edad de imputabilidad de adolescentes infractores, en 2013.

45. En relación con el derecho a ser escuchados en las audiencias de administración de justicia que indica el Informe Oficial no hay datos que certifiquen que realmente se cumple esta disposición. En la mayor parte de los sistemas locales de protección de derechos, no existen mecanismos de participación de las organizaciones de NNA. Es necesario superar las prácticas de participación viciada, como el caso de algunos gobiernos estudiantiles y consejos consultivos. En algunos casos, los gobiernos estudiantiles y consejos consultivos no están creando formas democráticas diferentes, sino, más bien, reproducen formas de la mala política y el populismo del mundo adulto. Para muchos NNA no hay reales espacios independientes para participar en las directivas de los grados o en los consejos estudiantiles.

46. Un punto que merece nuestra especial preocupación tiene que ver con las políticas definidas para intervenir en casos de manifestaciones estudiantiles. La policía debe contar con precisos protocolos de actuación y evitar actuaciones fuera de la ley. Muchas de estas manifestaciones tienen que ver con la no consulta que se hace a los adolescentes y el poco diálogo que existe con ellos. Muchos Códigos de Convivencia no han sido construidos con la participación de los estudiantes y no cumplen con los objetivos fijados.

47. Las niñas tienen menos posibilidades de participar debido a las obligaciones domésticas impuestas por sus familias. De igual manera, la violencia escolar impacta negativamente en su educación y en su posición en la sociedad. Tres de cada 10 niñas y adolescentes que asisten a la escuela son maltratadas por sus maestros y maestras3, ello genera problemas de autoestima, confianza y menores niveles de participación.




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