Individualización de Audiencia de lectura de sentencia



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DECIMO QUINTO: Que se reconocerá en favor de los acusados, la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior prevista en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, teniendo para ello presente, que el Ministerio Público no ha rendido prueba alguna para acreditar lo contrario y que conforme a las máximas de la experiencia y reglas de la lógica, que lo normal, lo corriente, es que las personas no hayan sido objeto de persecución penal.

Que en cuanto a las circunstancias atenuantes del artículo 11 N° 8 y N° 9 del Código Penal, estas serán rechazadas, por cuanto, en primer lugar, en relación al N° 8 del artículo 11, la acusada si bien se apersonó al retén de Alcérreca a denunciar un hecho, (pudiendo efectivamente fugarse atendido la situación geográfica del lugar) lo declarado por ella, no es la existencia de la comisión de un delito, sino el extravío de un menor, como tampoco confesó la participación en el ilícito penal, respecto de lo cual el tribunal llegó a una convicción, por el contrario, ante el tribunal negó su participación.. En segundo lugar, conforme quedó acreditado con la prueba incorporada al juicio, la acusada lejos de colaborar con la acción de la justicia, entregó diversas versiones, todas ellas, que en definitiva implicaron distraer la búsqueda del menor a sectores opuestos de aquél en que fue hallado su cuerpo, con la consiguiente pérdida de tiempo para llegar a socorrerlo. Si bien la acusada intervino voluntariamente en diversas diligencias investigativas, lo cierto es, que declarando ante el tribunal, negó toda participación en un hecho de naturaleza delictiva, por lo que ello, no es posible entenderlo como una colaboración sustancia al esclarecimiento de los hechos.

En relación a la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 1 del Código Penal, que ha sido alegada en relación a los N° 8 y N° 10 del mismo texto legal, también han de ser rechazadas.

En efecto, la eximente incompleta ha sido relacionada con dos situaciones de exención de responsabilidad, esto es “el que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente” (N° 8) y la de “haber obrado en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo” (N° 10).

La referencia al artículo 10 N° 8, no resulta sostenible en la medida que sus efectos en caso de existir, se encuentran regulados en el artículo 71 del Código Penal y no por el artículo 11 N° 1 del mismo texto legal. Sin perjuicio de ello, como se ha venido sosteniendo en esta sentencia, el elemento base en que se sustenta la tesis de la defensa, es la de dar por sentada una de las versiones de la afectada, circunstancias no probada y por ende, si bien, la acusada se encontraba en el sector de la estancia de Caicone, para realizar labores de pastoreo (actos lícitos), la conducta de abandono de su hijo, (que se ha estimado acreditada) no es por cierto, una acción lícita, incluso dentro de la misma comunidad aymara como lo explicó el perito Alejandro Supanta. Por consiguiente, no se da el presupuesto básico de la eximente, que es la existencia de actos lícitos.

Finalmente en cuanto al N° 10 del artículo 10, la defensa entiende nuevamente que la versión del extravío en el contexto de las labores de pastoreo son las que ameritan sustentar la atenuante. Sin embargo, las labores de pastoreo, son actividades que no han sido cuestionadas, puesto que ello, justificó su presencia en la estancia de Caicone, circunstancias que ninguna relación tienen con aquellas otras conductas que le son imputadas, esto es, la de proceder al abandono de su hijo en la pampa. No es que por medio de una actividad laboral lícita se haya producido el abandono del menor con el resultado de muerte, sino que es una conducta absolutamente distinta, esto es, la de haber dejado dolosamente abandonado al menor en un lugar imposible de socorrerlo.



DECIMO SEXTO: Que conforme también se expresó en la sentencia de deliberación, estos sentenciadores ha llegado a la convicción, que con los medios de prueba incorporados al juicio, no es posible dar por establecido el delito de obstrucción a la investigación previsto y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal, como asimismo, el delito de incesto, previsto en el artículo 375 del Código Penal.

En efecto, en relación al delito de obstrucción a la investigación, conforme a la prueba rendida por el Ministerio Público, no es posible entender que se encuentran acreditados sus elementos típicos. Las acciones de obstrucción u ocultación de evidencias referidas en el artículo 269 bis del Código Penal, tienen como sujeto activo siempre a terceros ajenos a la investigación, esto es, personas que tienen en forma definitiva la calidad de testigos, pero no a los propios destinatarios de la persecución penal, es decir, a los imputados, quien en tal calidad, no están obligados a prestar declaración alguna, o si declara no hacerlo bajo juramento o promesa de decir verdad. De tal manera, que las declaraciones obtenidas a la acusada en el marco de la investigación preliminar, si bien pudieron ser entendidas en un principio como la de un testigo, en realidad fueron sustento de la persecución penal por los delitos a los cuales se ha referido en sus declaraciones.

Que en cuanto al delito de incesto, la acusación fue clara en imputar a los acusados la realización de actos sexuales en los meses de enero a marzo de 2006 en la localidad de Alcérreca y en la ciudad de Arica. Sin embargo, la prueba aportada por el Ministerio Público, y la defensa, establecieron que en esas fechas los acusados estaban en la ciudad de Pozo Almonte, implica alterar sustancialmente la acusación, por lo que estos sentenciadores no puede al tenor de lo dispuesto en el artículo 341 del Código procesal Penal, alterar los hechos por los cuales fueron objeto de persecución penal, dado que, por imperativo legal, la sentencia no puede exceder del contenido de la referida acusación en hechos sustanciales o esenciales, únicos que permiten hacer operable un derecho de defensa. Finalmente la acusación además incurre en un error al determinar la fecha de nacimiento de la menor señalándose como el 20 de noviembre de 2006, cuando conforme a su certificado de nacimiento acompañado por la misma fiscalía, es el 20 de abril de 2007.

DECIMO SÉPTIMO: Que consecuente con lo razonado en los fundamentos noveno, décimo y undécimo no es posible tener por acreditado los hechos de la acusación formulada por el ministerio público de fecha 13/10/2008, en la cual se imputaba a la acusada del delito de abandono simple, por cuanto tal circunstancia se encuentra subsumida en la segunda acusación, en la cual dicho abandono tuvo como resultado la muerte del menor.

DECIMO OCTAVO: Que la pena asignada al delito es una de un grado de una pena divisible, esto, la de presidio mayor en su grado medio, atendida la relación de parentesco entre la acusada y la víctima y favoreciendo a la acusada una circunstancia agravante sin que le perjudiquen agravantes de la responsabilidad penal, estos sentenciadores deberán aplicar el mínimum de la pena asignada al delito, la cual se fijará en la extensión que se dirá.

Que conforme a ello, no es posible conceder beneficios alternativos a penas privativas o restrictivas de la libertad al tenor de lo dispuesto en la ley Nº 18.216 y consecuencialmente dar aplicación al artículo 10 del Convenio 169 de la O.I.T. que señala que en los casos en que esté involucrada una persona de alguna etnia deberá preferirse un tipo de sanción distinto al encarcelamiento.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 Nº 6, 14 N° 1, 15 N°1, 24, 26, 28, 31, 50, 67, 347, 349 y 350 del Código Penal; y, 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344, 346, 347,348, 468 y 469 del Código Procesal Penal; se declara:

1º.- Que se condena a Gabriela del Carmen Blas Blas, ya individualizada, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, por su participación en calidad de autora del delito de abandono de un menor de diez años en lugar solitario establecido en el artículo 349 en relación al artículo 351 ambos del Código Penal, acaecido el 23 de julio de 2007 y del que fuera acusada el 27 de marzo de 2009.

Se le condena además, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas del juicio.



2º.- No se concede a la sentenciada, ninguna de las medidas alternativas a penas privativas o restrictivas de libertad contenidas en la ley Nº 18.216 y, al efecto, deberá entrar a cumplir efectivamente la sanción corporal anteriormente impuesta y en tal virtud le servirá de abono el tiempo que ha permanecido ininterrumpidamente privada de libertad, esto es, desde el 02 de agosto de 2007, conforme consta del auto de apertura del juicio oral.

3º.- Que se absuelve a Gabriela del Carmen Blas Blas de la acusación formulada en su contra como autora del delito de incesto, de obstrucción a la investigación y abandono de menor de de diez años simple formulados en la acusación de 13 de octubre de 2008.

4º.- Que se absuelve a Cecilio Blas Blas de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público que lo sindicaba como autor de un delito de incesto

Devuélvanse los documentos y evidencias materiales acompañados por el Ministerio Público.

Que no se condena en costas al Ministerio Público, por haber tenido motivo plausible para litigar.

En su oportunidad, cúmplase por el Juzgado de Garantía de esta ciudad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. Además se procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° y 17 de la ley N° 19.970 que creó el Sistema Nacional de registros de ADN y artículo 40 su reglamento, a determinar la huella genéticas de la sentenciada y su incorporación al Registro de Condenados del Servicio de Registro Civil e identificación.



Regístrese.

Redactada por el Juez don Héctor Cecil Gutiérrez Massardo

RUC Nº 0710014873-5

Rit 221-2009

 

 




PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ARICA DON GUILLERMO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DON HÉCTOR CECIL GUTIÉRREZ MASSARDO Y DON CARLOS ROJAS STAUB.



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