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NOTA: ARTÍCULO SEGUNDO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ABROGA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 211 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2011, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EN LA FECHA DE INICIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS PENALES QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SE ENCUENTREN EN TRÁMITE, CONTINUARÁN SU SUSTANCIACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL MOMENTO DE LA INICIACIÓN DE LOS MISMOS.

TODA MENCIÓN EN OTRAS LEYES U ORDENAMIENTOS LEGALES REFERENTES A LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE POR VIRTUD DEL PRESENTE DECRETO SE ABROGAN, SE ENTENDERÁ QUE SE REFIERE AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (Ver artículos del Decreto 199, publicado en Periódico Oficial número 159 de fecha 24 de diciembre de 2014.)


CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN

D E C R E T O

Núm........ 211

Publicado en Periódico Oficial de fecha 5 julio 2011

Artículos del Decreto 199, publicado en

Periódico Oficial número 159 de fecha 24 de diciembre de 2014


El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, garantizar la justicia en un marco de respeto a los derechos fundamentales; determinar si se ha cometido un delito; proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Transitorio Primero.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del 1º de enero del año 2012 y para el procesamiento de los delitos se aplicara de manera gradual y sucesiva considerando como factor el tipo de delito, en los términos que en seguida se precisan: (Ver artículos Transitorios del presente Decreto y sus reformas)



CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS

Capitulo Único.
Artículo 1. Objeto del proceso.

El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, garantizar la justicia en un marco de respeto a los derechos fundamentales; determinar si se ha cometido un delito; proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.


Artículo 2. Juicio previo y debido proceso.

No podrá imponerse una consecuencia jurídica del delito de las previstas en el Libro Primero Título Cuarto del Código Penal, sino mediante una sentencia firme obtenida luego de un Juicio tramitado con arreglo a este Código.


Artículo 3. Principios rectores del juicio.

El juicio penal será acusatorio y oral, en él se observarán especialmente los principios de publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, en las formas que este Código determina.


Los derechos fundamentales de las personas serán observados en todas las etapas del proceso, desde la primera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realice por o ante un Tribunal con competencia penal, el Ministerio Público o la Policía, en la que se atribuya a una persona responsabilidad en un hecho punible.
Artículo 4. Justicia alternativa y justicia restaurativa.

Como alternativa al proceso, el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado y la defensa, en sus respectivos ámbitos y en los términos de este Código, promoverán la justicia alternativa, entendiendo por esta como todo mecanismo en el que la víctima u ofendido y el imputado participan conjuntamente de forma activa en la resolución del conflicto legal.


Asimismo, se promoverá la justicia restaurativa, entendiendo por ésta a los mecanismos que procuren un resultado restaurativo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y de quien cometió el delito a la sociedad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.

(Se reforma en Decreto núm. 006 publicado en

Periódico Oficial de fecha 28 diciembre 2012)
Artículo 5. Regla de interpretación.

Las disposiciones legales que coarten o restrinjan de cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, el derecho de defensa, o cualquier otra facultad de los sujetos del proceso y las que establezcan exclusiones probatorias, deberán interpretarse restrictivamente.


Las normas de este Código se interpretarán conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los instrumentos internacionales ratificados conforme al artículo 133 Constitucional, y a la Constitución Política del Estado. Serán de aplicación supletoria los principios generales del derecho, y las normas relacionadas de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado.
Artículo 6. Presunción de inocencia.

Toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda debe absolverse al imputado.


Hasta que se dicte sentencia firme, ninguna autoridad podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido.
En los casos en que una persona se sustraiga a la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.
El Tribunal deberá restringir o prohibir a los medios de comunicación colectiva o a terceros, la grabación, fotografía o reproducción de la audiencia, cuando así lo soliciten las partes.
Artículo 7. Inviolabilidad de la defensa.

La defensa es un derecho inviolable en toda etapa del proceso. Corresponde al Ministerio Público y a los Juzgadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarla sin preferencias ni desigualdades.


Toda Autoridad que intervenga en los actos iníciales del proceso deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente sus derechos, en términos de este Código.
Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente en los actos procesales que produzcan elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, siempre y cuando no se perjudique el curso normal del proceso, en cuyo caso, el Juez o Tribunal podrá hacer valer los medios de apremio que considere pertinentes.
Cuando el imputado esté privado de su libertad, el encargado de custodiarlo comunicará al Juez o al Tribunal, las peticiones u observaciones que aquél formule dentro de las doce horas siguientes a que se le presenten, y le asegurará en todo momento la comunicación con su defensor, conforme al Reglamento Interno del centro de custodia. La falta de esta comunicación se sancionará por las leyes respectivas.
Artículo 8. Defensa técnica.

Desde el momento de su detención, presentación o comparecencia obligada ante la Policía, el Ministerio Público o la Autoridad Judicial y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una sanción penal, el imputado tendrá derecho a ser asistido y defendido por un licenciado en derecho al cual elegirá libremente. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, se le designará un Defensor Público.


El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que tengan relación directa con el acto en el que se dio la violación.
El imputado tiene derecho a entrevistarse personal, libre y privadamente con su defensor y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa en los términos de este Código.
Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una limitación a la representación legal o prohibición en la Ley. Para renunciar a derechos disponibles, el defensor deberá contar con el consentimiento expreso de su defendido.
Se procurará que los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito cuenten, además, con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura.
Artículo 9. Derecho a recurrir.

Las partes tendrán derecho a impugnar cualquier resolución que les cause agravio, en los supuestos previstos por este Código.


Artículo 10. Medidas cautelares.

La aplicación de medidas cautelares durante el proceso, se sujetarán a los principios de proporcionalidad previstos en este Código.


Artículo 11. Protección de la víctima u ofendido.

El Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima u ofendido del delito en todas las etapas del proceso penal. Por su parte, el Juez o Tribunal garantizará conforme a la Ley la vigencia de sus derechos durante el proceso.


El Ministerio Público deberá promover durante el curso del proceso acuerdos reparatorios, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima u ofendido.
Así mismo, el Ministerio Público, el Juez o Tribunal, la Policía y los demás organismos auxiliares, deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima u ofendido, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que intervenga.
Artículo 12. Protección de la intimidad.

Se respetará el derecho a la intimidad del imputado y de cualquier otra persona, especialmente sus datos personales, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, el domicilio, la correspondencia, los papeles y objetos, así como las comunicaciones privadas. Este derecho sólo podrá afectarse con autorización del Juez o Tribunal competente, en los casos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo permita.


Artículo 13. Prohibición de la incomunicación y del secreto.

Queda prohibida la incomunicación del imputado así como el secreto del juicio.


Sólo en los casos y por los motivos autorizados en este Código se podrá disponer la reserva de alguna actuación respecto del imputado y hasta que concluya la ejecución de las diligencias ordenadas o el motivo que justificó esa decisión.
Artículo 14. Justicia pronta.

Toda persona tendrá derecho a ser juzgada y a que se le resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella dentro de los plazos que establece este Código. Se reconoce al imputado y a la víctima u ofendido el derecho a exigir pronto despacho frente a la inactividad de la autoridad.


Artículo 15. Igualdad ante la Ley.

Todas las personas son iguales ante la Ley y deberán ser tratadas conforme a las mismas reglas.


Las Autoridades deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso.
Los Juzgadores deberán preservar el principio de igualdad procesal y allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten.
Artículo 16. Igualdad entre las partes.

Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en las Constituciones Federal y Local, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, así como en este Código.


Los Juzgadores no podrán mantener, directa o indirectamente, comunicación con alguna de las partes o sus defensores sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas o en los casos expresamente determinados en este Código. La contravención a este precepto será sancionada en los términos que establezcan las leyes.
Artículo 17. Única persecución.

La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo proceso penal por los mismos hechos.


El proceso penal que derive en absolución o sobreseimiento por un delito, no exime de responsabilidad civil o administrativa.
El procedimiento administrativo seguido en contra de una persona no inhibirá la persecución penal derivada de los mismos hechos.
No se podrán reabrir los procesos concluidos, salvo en caso de revisión de sentencia a favor del condenado, según las reglas previstas por este Código.
Artículo 18. Juez natural.

Nadie podrá ser juzgado por Tribunales constituidos especialmente para el caso.


La potestad de aplicar la Ley Penal corresponderá sólo a Tribunales constituidos conforme a las leyes vigentes antes del hecho que motivó el proceso.
Artículo 19. Independencia.

En su función, los Juzgadores son independientes de los demás integrantes del Poder Judicial, de los otros poderes del Estado y de la ciudadanía en general.


Todas las autoridades están obligadas a prestar la colaboración que los Juzgadores requieran en el ejercicio de sus funciones y deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por ellos.
Por ningún motivo y en ningún caso los órganos del Estado podrán interferir en el desarrollo de las etapas del proceso.
En caso de interferencia en el ejercicio de su función, proveniente de otro Poder del Estado, del propio Poder Judicial o de la ciudadanía, el Juez o Tribunal deberá informar sobre los hechos que afecten su independencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, en su caso, al Consejo de la Judicatura del Estado, en cualquier caso éste deberá adoptar las medidas necesarias para que cese la interferencia, independientemente de las sanciones administrativas, civiles, penales y aquellas previstas en la Constitución Política del Estado, a que la interferencia pueda dar lugar, garantizando la seguridad del Juez o Tribunal.
Artículo 20. Objetividad y deber de decidir.

Los Juzgadores deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento y no podrán abstenerse de decidir, bajo cualquier pretexto, aún cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hacen se harán acreedores a las sanciones administrativas y penales correspondientes.


Para tal efecto, presidirán y presenciarán en su integridad el desarrollo de las audiencias, y por ningún motivo podrán delegar sus funciones.
Desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo las circunstancias perjudiciales para la víctima o el imputado, sino también las favorables a cualquiera de ellos.
Artículo 21. Fundamentación y motivación de las decisiones.

Los Juzgadores están obligados, en los casos que se requiera, a fundamentar en derecho y motivar en los hechos probados sus decisiones. Esta motivación deberá ser comprensible para las partes, por lo que se utilizará un lenguaje claro, sin perjuicio del respeto a los términos técnicos necesarios.


La simple relación de los datos y medios de prueba, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplazan en ningún caso la fundamentación ni la motivación.
El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión infundada o inmotivada, conforme lo previsto en este Código, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
No existe motivación cuando no se hayan observado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.
Artículo 22. Legalidad de la prueba.

Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza este Código.


No tendrá valor la prueba obtenida mediante violación de los derechos fundamentales de las personas.
Artículo 23. Valoración de la prueba.

Las pruebas serán valoradas por los Juzgadores según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos afianzados y las máximas de la experiencia.


Artículo 24. Corrección de defectos formales.

La Autoridad Judicial que constate un defecto formal corregible en cualquier etapa, recurso o instancia, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo no mayor de tres días. Si el defecto formal no se corrige en el plazo conferido, resolverá lo correspondiente. El juzgador en ningún caso podrá suplir las omisiones en que haya incurrido el Ministerio Público.


La Autoridad Judicial podrá corregir en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes.
Artículo 25. Cautela de garantías.

En cualquier etapa del juicio en que el Juez o Tribunal estime que el imputado no está en condiciones de ejercer sus derechos fundamentales, de oficio o a petición de parte, adoptará las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.


Si esas medidas no son suficientes para evitar que pueda producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, se ordenará la suspensión del juicio y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con base en los antecedentes reunidos y en lo que se exponga en dicha audiencia, se resolverá la adopción de las medidas conducentes y la continuación del proceso o la suspensión del mismo hasta que cesen o se resuelvan las condiciones que impiden el ejercicio del derecho fundamental.
Mientras el proceso se mantenga suspendido no correrá el término para la prescripción.
El Juez o Tribunal podrá negar de plano la celebración de la audiencia cuando la solicitud de parte sea notoriamente improcedente o tenga como finalidad retardar el juicio.
Artículo 26. Inaplicabilidad de garantías en perjuicio del imputado.

La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio.


Tampoco se podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, sobre la base de la violación de un principio o garantía previsto a favor del imputado salvo cuando dicha violación incida en el resultado final del juicio.
Artículo 27. Derecho a indemnización.

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la legislación correspondiente en caso de error judicial.




TÍTULO SEGUNDO

ACTIVIDAD PROCESAL
Capítulo I

Formalidades
Artículo 28. Idioma.

Los actos procesales deberán realizarse en español.


Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la ayuda necesaria para que comprenda el contenido y naturaleza del acto.
Las personas serán también interrogadas en idioma español o mediante la asistencia de un traductor o intérprete, cuando corresponda. La traducción o interpretación seguirá a cada pregunta o respuesta.
Deberá proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que no comprendan el idioma español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua, así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.
Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto al español deberán ser traducidos.
Artículo 29. Lugar.

La autoridad judicial, cuando lo considere necesario o conveniente, podrá constituirse en lugar distinto de la sala de audiencias.


Las audiencias se llevarán a cabo en el distrito judicial en el que es competente la Autoridad Judicial, excepto cuando pueda provocar alteración del orden público, no garantice la defensa de alguno de los intereses comprometidos en el juicio u obstaculicen su realización; en cuyo caso podrán celebrarse en distrito judicial distinto ante el Juez o Tribunal competente de origen.
Artículo 30. Tiempo.

Salvo disposición legal en contrario, los actos procesales podrán practicarse en cualquier día y a cualquier hora. Se consignarán el lugar, la fecha y hora en que se lleven a cabo. La omisión de estos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del registro u otros conexos, la fecha en que se realizó.




Artículo 31. Registro de los actos procesales.

Los actos procesales se registrarán por cualquier medio que garantice su autenticidad, integridad, fiel reproducción y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.


Artículo 32. Examen y copia de los registros.

Salvo las excepciones expresamente previstas en la Ley, los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros.


Los registros podrán también ser consultados por terceros cuando den cuenta de actuaciones que fueron públicas de acuerdo con la Ley, a menos que, durante la tramitación de la causa, el Juez o Tribunal restringa el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de presunción de inocencia.
A petición de un interviniente o de un tercero, en los casos que así lo permita la Ley, el funcionario competente del Tribunal expedirá copias fieles de los registros o de la parte de ellos que sea pertinente, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Además dicho funcionario certificará si existen recursos en contra de la sentencia definitiva.
Artículo 33. Resguardos.

Cuando se pretenda utilizar registros de video o audio en el juicio, se deberá preservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.


Las formalidades esenciales de los actos deberán constar en el mismo registro electrónico, y, excepcionalmente, en caso de no ser posible, en un acta complementaria.

Artículo 34. Actas.

Cuando uno o varios actos deban hacerse constar en un acta conforme a este Código, quien los practique la levantará anotando lugar, hora y fecha de su realización.




Capítulo II

Actos y resoluciones judiciales
Artículo 35. Poder coercitivo.

Para el cumplimiento efectivo de los actos que ordene en el ejercicio de sus funciones, la autoridad judicial podrá disponer de cualquiera de los siguientes medios de apremio:




  1. Multa de diez a doscientos días de salario mínimo vigente en el Estado;




  1. Intervención de la fuerza pública; y




  1. Arresto hasta por treinta y seis horas.


Artículo 36. Facultades disciplinarias.

Los Juzgadores ejercerán el poder de disciplina en las audiencias, por lo que tienen el deber de mantener el buen orden, de exigir que se les guarde tanto a ellos como a las demás intervinientes el respeto y la consideración debidos, aplicando en el acto, por las faltas que se cometan, una o varias de las correcciones disciplinarias siguientes:




  1. Amonestación;




  1. El desalojo de la sala de audiencia. Si el infractor es el Ministerio Público, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido o su representante y sea necesario expulsarlos de la audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia;



  1. Multa de diez a doscientos días de salario mínimo vigente en el Estado, según lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y




  1. El arresto hasta de treinta y seis horas.




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