Hitters, Negri, Genoud, Soria, de Lázzari



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2. a) La Corte I.D.H. ha afirmado que "el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos" (Caso Ximenes Lopes, Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C No. 149, párr. 124; Caso Baldeón García, sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147,, párrs. 82 y 83; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párrs. 150, 151 y 152; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrs. 119 y 120; Caso de la Masacre de Mapiripán, sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr. 232; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 161 y 162, Caso Huilca Tecse, sentencia del 3 de marzo de 2005, Serie C Nº 121, párrs. 65 y 66; Caso Instituto de Reeducación del Menor, sentencia del 2 de septiembre de 2004, Serie C Nº 112, párrs. 156 y 158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C Nº 110, párrs. 128 y 129; Caso 19 Comerciantes, sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C Nº 101, párrs. 152 y 153; Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C No. 99, párr. 110; Caso de los Niños de la Calle -Villagrán Morales y otros-, sentencia del 19 de noviembre de 1999, Serie C Nº 63, párr. 144), y añadió que "los derechos a la vida y a la integridad humana se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana" (Corte I.D.H., Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador, sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 117).

De modo concordante, ha expresado con insistencia la Corte federal que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona; la vida y su protección constituyen un bien fundamental en sí mismo, y el derecho a la salud está íntimamente vinculado a este y al principio de autonomía personal, especialmente cuando se trata de enfermedades graves, destacándose su reconocimiento normativo a nivel supranacional (C.S.J.N., "Floreancig", Fallos, 329:2552 y "Hospital Británico", Fallos 324:754, donde se enfatizó su consagración como garantía constitucional explícita). En esa línea, tempranamente afirmó el carácter preeminente que tiene con relación a los demás derechos (C.S.J.N., "American Cyanamid Company", Fallos, 278:313), criterios estos que deben orientar el sentido de las decisiones judiciales (C.S.J.N., "E.R.E.", Fallos 324:677, voto del doctor Vázquez). En esta materia los jueces tienen el deber de encauzar el trámite a través de vías expeditivas que compatibilicen con la naturaleza urgente de las pretensiones (C.S.J.N.; "Lifschitz", Fallos 327:2413).

b) En autos -como adelanté- no se discute la existencia del deber que pesa sobre la demandada de cubrir las prestaciones reclamadas por los amparistas, sino el alcance fijado por la reglamentación (en el caso, dictada por el propio ente demandado), y que viene limitado en su cuantía a un valor que resulta inferior al costo que efectivamente deben afrontar los progenitores para alcanzar su satisfacción.

A poco que se analice la argumentación que subyace en la decisión impugnada a la luz de los deberes que en el plano internacional asumió la República Argentina y del alcance integral de las prestaciones que consagra el régimen constitucional y legal bonaerense, y supranacional, ha de concluirse que la decisión recurrida luce un manifiesto desarreglo con el ordenamiento jurídico, desde que permite a la demandada desentenderse -sin más- de su deber de ofrecer al reclamante la prestación que pide (con el alcance integral que surge de la normativa aplicable) a través de un prestador que brinde una adecuada cobertura al menor, acorde a las necesidades que su afección (discapacidad total y permanente por hidrocefalia derivada de mielomeningocele) impone.

Desde ese mirador, advierto que asiste razón al quejoso cuando señala que la sentencia en crisis viola la normativa que impone al I.O.M.A. asegurar al menor los servicios de rehabilitación con el alcance que peticiona ‑arts. 1, 4 y 19 de la ley 10.592-. Ello así, toda vez que estos dispositivos ponen directamente bajo su responsabilidad el deber promover y prestar asistencia médica integral a las personas con discapacidad que se encuentran afiliadas al mismo (fs. 133 vta./134).

No puede soslayarse -tal como lo pone de manifiesto la recurrente a fs. 137/138-, que la demandada no ha acreditado en autos haber brindado a la actora otras alternativas institucionales antes de comenzar el tratamiento médico en la empresa "Interdom S.R.L.", a la cual auditó con anterioridad a reconocer la prestación hoy discutida (v. constancias de fs. 51 y 54 del sub lite). En el particular contexto signado por aquella inicial omisión, no ha arrimado ahora elemento alguno que permita descartar los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar a la salud y evolución del menor su traslado a otro establecimiento. Ello -en mi opinión- es suficiente para desvirtuar la afirmación de la alzada, en cuanto a que el ente accionado ofrece centros de atención adheridos al sistema abastecidos por la entidad en el total de los gastos que aquellos demanden.

c) No se me escapa que es la propia Constitución provincial la que al disponer que "toda persona discapacitada tiene el derecho a la protección integral del Estado" (art. 36 inc. 5) sindica a la Provincia como el sujeto obligado a garantizar "el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos" (ídem; inc. 8º).

Mas, delineado el contenido del tal deber -que, como quedó expresado pesa sobre el Estado provincial atento el mandato constitucional citado-, se impone señalar que a través de la ley 6982 la Provincia creó el Instituto de Obra Médico Asistencial como instrumento destinado a dar satisfacción a la mentada obligación, con relación al universo de sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley (todos los agentes en actividad o pasividad y aquellos pertenecientes a los sectores de la actividad pública y privada que adhieran a su régimen).

Con ese alcance, impuso al I.O.M.A. el ‘deber’ de realizar "en la Provincia todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial" (art. 1, ley 6982), catálogo que indudablemente incluye la prestación reclamada, a tenor de lo dispuesto en el plexo jurídico antes mencionado, y en virtud del cual adquiere el ente demandado el carácter de obligado directo frente al elenco de sujetos allí señalado; tal y como -según adelanté- fuera puesto de manifiesto por la recurrente.

Tal deber, como se dijo, resulta aún confirmado y remarcado en orden a las disposiciones de los arts. 1, 4 y 19 de la ley 10.592, que prescriben que el I.O.M.A. "promoverá y prestará asistencia médica integral a las personas discapacitadas afiliadas al mismo".

d) Como lo sostuviera la Corte I.D.H. (con cita del Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párr. 142; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, Sentencia del 17 de junio de 2005, Serie C Nº 125, párr. 153; y Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia del 7 de junio de 2003, Serie C Nº 99, párr. 142) en el contexto de una causa vinculada a la prestación de servicios de salud, los "Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad" (Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes, Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C No. 149 párr. 97).

Por ello, no advierto obstáculos que impidan al I.O.M.A. la obligación de brindar por sí, o articular con los restantes efectores, un mecanismo que permita satisfacer al discapacitado los servicios que impostergablemente su condición requiere y a los que tiene derecho (doctrina de C.S.J.N., "Martín", Fallos 327:2127; "Gutiérrez", Fallos 321:1984). Máxime cuando -como expliqué anteriormente-, el carácter de legitimado pasivo del ente demandado respecto de las prestaciones reclamadas surge de las expresas obligaciones que le fueron impuestas a partir de su propia norma de creación, al instituirlo en el ente destinado a dar cumplimiento a los fines del Estado en materia médico asistencial con relación a un universo de sujetos entre los que cabe ubicar al amparista.



3. Por último es menester destacar que la decisión que aquí se propicia, lo es en salvaguarda del interés superior que se intenta proteger ante la urgencia de la situación, en miras de evitar al recurrente un nuevo tránsito por las instancias administrativas y judiciales (conf. doctrina de C.S.J.N., "Monteserrín", Fallos 324:3569; "Lifschitz", Fallos, 327:2413; "Segarra", Fallos 331:1449).

Ello no empece a que el I.O.M.A. pueda adoptar las medidas que estime pertinentes en relación al amparista, siempre que demostrare la aptitud económica de los padres del incapaz, a efectos de repetir contra ellos, si así correspondiere, las erogaciones en que haya incurrido por encima de las previsiones reglamentarias para cubrir aquellas asignaciones (doctrina de C.S.J.N., "Lifschitz", Fallos 327:2413; "I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo", sent. del 30-IX-2008), y sin perjuicio de las reclamaciones que pudiera efectuar el demandado al Estado provincial en lo que a este eventualmente le hubiera correspondido afrontar para dar satisfacción a la pretensión de marras.

A tal fin, no ha de perderse de vista que la ley 10.592 establece un sistema de prestaciones que el Estado deberá brindar a los discapacitados en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan, o los organismos de obra social a los que pertenezcan no posean los medios necesarios para procurárselos (art. 4), de consuno con la obligación que pesa sobre el Estado en materia de derechos sociales ("La provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales" -art. 36 "Proemio" de la Constitución provincial-), deber que -como expresé- es extensible al I.O.M.A. en relación a sus afiliados en virtud de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 6982.

IV.- De conformidad a los desarrollos que anteceden, advierto que la decisión que aquí se propicia es -a mi criterio- la que mejor se compadece con el contenido que surge de una interpretación armónica de los dispositivos legales y constitucionales que rigen la materia, en perfecta armonía con lo establecido -con alcance subordinante- por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tal es, por otra parte, el sentido que de las referidas normas locales ha propiciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo", sent. del 30-IX-2008), opinión que -según señalé- resulta vinculante para este Tribunal, en mérito de las razones antes expresadas.



V.- Atento el resultado al que se arriba, las costas de todas las instancias han de ser soportadas por la demandada vencida (arg. arts. 274 y 68 del C.P.C.C.).

VI.- En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, revocar la sentencia de Cámara y ordenar a la demandada I.O.M.A. brinde una cobertura integral de la internación domiciliaria, a favor del menor G. G.I. , consistente en las siguientes prestaciones: 30 sesiones de kinesiología motora por mes, 30 sesiones de kinesiología respiratoria por mes, enfermería 24 horas por día en turnos de 6 horas para administración de medicamentos, higiene, confort, alimentación cateterismo, curación de lesiones y heridas, nebulizaciones, rotación y control de signos vitales; fonoaudiología 20 sesiones mensuales, terapia ocupacional 20 sesiones mensuales, psicología 8 sesiones mensuales, interconsulta con pediatría 2 veces por mes; interconsulta con traumatología 2 veces por mes; interconsulta con urología 1 vez por mes; atención medica general, 4 veces por semana; nebulizador, aspirador, insumos y materiales descartables (gasas, antisépticos, apósitos, y demás elementos necesarios); una cama ortopédica regulable y un colchón neumático regulable en presión para permitir su tratamiento óptimo, sin limitaciones temporales y garan-tizándose la continuidad de la misma (art. 289 del C.P.C.C.), con costas a la vencida (art. 68 del C.P. C.C.).

Con ese alcance, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Adhiero a la relación de antecedentes efectuada en el punto I del voto del colega preopinante y a los fundamentos brindados para sustentar el rechazo de la oposición formal esgrimida por Fiscalía de Estado al presentar su memorial (v. punto II).

En virtud de los argumentos y con los alcances que seguidamente expondré, coincido también en que el recurso en tratamiento debe prosperar.

Ello toda vez que, a mi entender, el pronunciamiento cuestionado se apartó del régimen jurídico aplicable, soslayando, de ese modo, derechos y garantías amparados legal y constitucionalmente.

II. a) La Constitución de la Provincia reconoce expresamente entre los derechos sociales los correspondientes a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos.

Consagra, asimismo, el derecho de la persona con discapacidad a la protección integral del Estado, garantizando su rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales, como también la promoción de su inserción social y laboral (art. 36 inc. 5, Constitución provincial).

En consonancia con ello, y en virtud de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida y expresado que existe en cabeza de las autoridades públicas una obligación impostergable de garantizarlos con acciones positivas (arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 36 inc. 8º de la Constitución provincial; Fallos 321:1684, 323:3229; doct. causas B. 64.393, "Falcón", sent. del 2-III-2005; B. 65.893, "D.R.O.", sent. del 17-X-2007, entre otras).

El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y protegido por la Constitución, tanto provincial como de la Nación Argentina. El hombre es centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (conf. y comp. Fallos 302:1284; 310:112; 316:479, 323:3229).

b) En tal sentido, cabe señalar que el art.1º de la ley 6982 prevé, en lo que al caso interesa, que el I.O.M.A. realizará en la Provincia "... todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes en actividad o pasividad...".

Por su parte, a través de la ley 10.592 se estableció en el ámbito local un Régimen Jurídico Básico e Integral para las personas discapacitadas.

En el art. 1º de la norma mencionada se dispone que el Estado provincial asegurará los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a los discapacitados en imposibilidad de obtenerlos, debiendo brindar, a su vez, los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psicofísica, económica y social.

Al regular lo atinente a los servicios de asistencia y prevención, se expresa que el Estado provincial "... brindará a los discapacitados, en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan o los organismos de obra social a los que pertenezcan no posean los medios necesarios para procurárselos, los siguientes servicios, beneficios y prestaciones destinados a eliminar factores limitantes:

a) medios de recuperación y rehabilitación integral para lograr el desarrollo de sus capacidades.

b) formación educacional, laboral y/o profesional.

c) sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas, destinados a facilitar la actividad laboral, intelectual y el desenvolvimiento social, fomentando la prioridad de los discapacitados en las líneas crediticias tendientes a cubrir las necesidades básicas contempladas en la presente ley.

d) regímenes diferenciales de seguridad social.

e) sistemas de seguros laborales por medio de los organismos con que cuente la provincia o a través de convenios con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, tendientes a facilitar la ubicación de las personas discapacitadas en empleos del área pública.

f) orientación y promoción individual, familiar y social.

g) otorgamiento de facilidades para utilizar el transporte público.

h) eliminación de barreras arquitectónicas en los lugares de uso público.

i) promoción de la investigación y desarrollo de la tecnología específica con el objeto de permitir la inserción de la persona discapacitada en los más altos niveles de la vida moderna" (conf. art. 4º).

A su vez, el artículo 19 prescribe que el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires promoverá y prestará asistencia médica integral a las personas discapacitadas afiliadas al mismo, con vistas a su rehabilitación, de conformidad con las disposiciones que rijan el funcionamiento de ese Organismo, y en concordancia con los propósitos y finalidades de la presente ley.

c) De los preceptos precedentemente señalados, se desprende la intención del legislador provincial de satisfacer acabadamente las mandas constitucionales aludidas, garantizando de manera integral -a través del organismo demandado- la efectiva tutela y el pleno ejercicio de los derechos en juego.

Ello conduce, en el caso, a rechazar cualquier interpretación restrictiva que vacíe de contenido mínimo a dicho plexo normativo y ponga en grave riesgo la continuidad del tratamiento pretendido, en desmedro de la salud de la persona con discapacidad.

En esas condiciones, un debate acerca de la aplicación en autos de las leyes 24.901 y 24.754, queda desplazado.

d) Finalmente, resalto que ante la indiscutida patología de G.G.I. (conf. certificado obrante a fs. 4), la accionada no ha siquiera intentado demostrar a lo largo de todo el proceso que la cobertura que ofrecería a través de los establecimientos prestadores del I.O.M.A, resulten apropiadas a la complejidad de su enfermedad y le aseguren una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral.

III. Por las razones dadas y en atención a los derechos comprometidos y particulares circunstancias de la causa, corresponde revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo promovida y, en consecuencia, condenar al I.O.M.A. a brindar al causante de autos cobertura integral de las prestaciones pretendidas en los establecimientos requeridos por los demandantes, sin limitaciones temporales y garantizando la continuidad de las mismas.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Costas a la vencida (arts. 25, ley 7166, t.o.; 289, C.P.C.C.).

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I.1. La actora, en representación de su hijo de 8 años, dedujo acción de amparo a fin de que el I.O.M.A. le brinde cobertura integral del servicio de internación domiciliaria, debido a la discapacidad total y permanente que presenta derivada de su cuadro de secuelas graves por mielomeningocele -nivel alto-.

2. De acuerdo al relato de los antecedentes que realiza el señor Juez doctor Hitters, la pretensión actoral fue satisfecha por parte del titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 16 de La Plata y revocada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha localidad.

3. El argumento fundante de la sentencia traída a examen de esta Suprema Corte radicó en la inadecuada valoración de las constancias de la causa por parte del juez de primera instancia de conformidad con el régimen legal aplicable. Añadió que la ausencia de cobertura del servicio que prestaba la firma Interdom S.R.L., la cual no era prestadora del I.O.M.A., no implicaba de por si el actuar arbitrario de la accionada, dado que un afiliado que elegía "un efector sin convenio" no podía pretender un monto de cobertura diferente al reconocido en general al total de los afiliados.

4. La accionante se agravió puesto que las prestaciones solicitadas concordaban con la resolución del I.O.M.A. 1357/07; que la empresa Interdom S.R.L. poseía convenio con la demandada y aclaró que de ningún modo la pretensión judicial condicionó a la administración a que la cobertura fuera concedida exclusivamente respecto de dicha prestadora.

II. Previo al análisis de la cuestión traída a conocimiento y decisión de este Tribunal, considero necesario realizar las siguientes reflexiones.

1. Se ha señalado que el niño G. G. I. presenta un cuadro de secuelas graves por mielo-meningocele, que le aparejó discapacidad permanente de tipo viceral, motora y visual, tal como surge del certificado de discapacidad expedido el 26-IV-2005 (fs. 4).

Frente a la solicitud de cobertura, el I.O.M.A. resolvió reconocer los gastos correspondientes a 2 horas por día de enfermería y 12 horas mensuales de kinesiología (fs. 5).

Disconforme con tal decisión la actora solicitó su revocación, insistiendo en la cobertura total del tratamiento. En la misma oportunidad amplió la petición, adjuntando un presupuesto elaborado por la firma Interdom S.R.L. en el que se detallan las prestaciones médicas que serían necesarias y sus valores económicos. Asimismo acompañó una historia clínica y la indicación de su tratamiento paliativo -en coincidencia con la recomendación de la señalada empresa-, realizado por un médico particular (fs. 6/12).

2. Desde otro lado, frente a la requisitoria originaria, el I.O.M.A. explicó que día 14-VII-2008 su personal médico había realizado una auditoría que informaba que el menor se encontraba "asintomático respiratoria" y atento a que hacía más de dos años que no tenía tratamiento específico, había procedido a autorizar 2 horas diarias de enfermería en dos turnos para higiene y curación de escaras y eventual nebulización (fs. 89 vta.).

3. Con todo ello, el magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 16 de La Plata hizo lugar a la acción de amparo que luego fue revocada por la Cámara Contencioso Administrativo, por los motivos ya señalados.

4. La escueta reseña efectuada me permite advertir que el objeto de la presente controversia radica en la insuficiente cobertura médica dispensada por el I.O.M.A. para acometer el tratamiento del niño I. .

Tal aserto descarta la tesis que interpreta la pretensión actora como tendiente a obtener los servicios de una empresa determinada (v. fs. 138).

Así correctamente encuadrada, la acción persigue la cobertura integral de las prestaciones de salud necesarias para el tratamiento del menor.

5. Luego de la precisión anterior, encuentro que no existe en autos una determinación categórica de los padecimientos del hijo de la actora o bien la descripción detallada de su cuadro clínico, más allá del certificado de discapacidad y de las constancias acompañadas a la demanda, que fueran realizadas por una empresa privada y un médico particular.

Si bien es cierto que el I.O.M.A. no desconoció abiertamente el cuadro que presentaba el menor, le asignó una ínfima gravedad, tan así que entendió que con dos horas diarias de enfermería y 12 mensuales de kinesiología resultaba bastante para tratarlo. Ello a partir de la referencia a una auditoría realizada, cuyas conclusiones no resultan contundentes.

En tales condiciones, salvo el certificado de discapacidad que acredita un grave estado de salud, no hay en autos elementos suficientes como para comprobar la suficiencia o no del tratamiento ofrecido por la prestadora privada como tampoco el suministrado por el I.O.M.A.

6. Concluyo que el menor sufre un cuadro de salud derivado de las secuelas de mielomeningocele que le provocó discapacidad motora, visual y visceral y que el tratamiento acordado por la accionada -sobre las consideraciones tenidas en cuenta por la auditoría realizada- no responde a las necesidades del mismo ni resulta adecuado a tales fines.

III. Ante todo ello considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y condenar al I.O.M.A. a suministrar al menor G. G. I. las prestaciones de internación domiciliaria necesarias para el tratamiento de su enfermedad de acuerdo a las pautas y los límites que surgen de las resoluciones 1357/07 y 6357/08 dictadas por el Directorio de la accionada.

La determinación del diagnóstico y el tratamiento necesario a dispensarse al menor deberá realizarse a través del dictamen de un Perito Médico con incumbencia específica que será designado por la Dirección General de Asesorías Periciales de esta Suprema Corte de Justicia.

Tal diligencia deberá sustanciarse y practicarse a través del juzgado de primera instancia en el que quedó radicada la causa, siendo su titular el competente para resolver sobre las alternativas que al respecto pudieran suscitarse, teniendo en cuenta lo aquí decidido.

Hasta tanto dicho informe sea incorporado a estos autos, el I.O.M.A. deberá continuar brindando las prestaciones médicas del mismo modo que se ordenara a fs. 28/29.

Debido a las particularidades de autos y al modo en que se resuelve la misma considero que las costas deberán ser impuestas por su orden (art. 68 2da. parte, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.





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