Hitters, Negri, Genoud, Soria, de Lázzari



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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 21 de diciembre de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 70.736, "L. , R. contra I.O.M.A. Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley".



A N T E C E D E N T E S

I. La señora R. C.L. , en representación de su hijo menor de edad, G. G.I. , promovió acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (en adelante I.O.M.A.), a fin de obtener una cobertura integral de la internación domiciliaria del nombrado por parte de la empresa médica "Interdom S.R.L." atento la discapacidad total y permanente que éste posee (v. fs. 18/27).

El fallo de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo (fs. 97/101).

II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado a fs. 106/112, revocando así el pronunciamiento de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravios y rechazando finalmente la acción de amparo (v. fallo a fs. 124/127).

III. Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 133/142), el que fue concedido a fs. 144.

IV. Oída la señora Procuradora General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley?



V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. 1. El Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 16 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que al recurso en tratamiento interesa, hizo lugar a la demanda interpuesta y reconoció el derecho de la actora -la señora R. C. L. en representación de su hijo menor discapacitado G. G. I. - a que se cubra la totalidad de los costos que irrogue el tratamiento de internación domiciliaria del nombrado, "contemplando servicios de enfermería, manteniendo la provisión de la cama ortopédica que requiriera, por el tiempo que resulte necesario, mientras se mantenga su condición de afiliado" (v. sent. del 3-IV-2009, obrante a fs. 97/101).



2. Disconforme con tal pronunciamiento, la demandada dedujo recurso de apelación, argumentando que la condena de primera instancia resulta de tal amplitud y magnitud indeterminada que se traduce en una "sentencia de cumplimiento imposible", la cual a su vez, "comprometería a futuro el obrar del I.O.M.A." al impedir que este organismo ejerza el poder de policía y de auditoría a los cuales se encuentra legalmente obligado.

Asimismo, sostuvo que la sentencia atacada impide la aplicación de la normativa vigente, en el caso la resolución 1357/07 que rige este tipo de prestaciones para el resto del universo de afiliados a la obra social (v. recurso obrante a fs. 106/112).

En sentencia obrante a fs. 124/127, la Cámara Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de La Plata consideró, por mayoría, que el pronunciamiento de primera instancia había valorado inadecuadamente las constancias de la causa de conformidad con el régimen legal aplicable. En tal sentido, estimó que la falta de cobertura integral respecto del establecimiento especializado "Interdom S.R.L." -centro que no se halla incorporado por convenio al sistema- no implica de por sí un actuar arbitrario de la obra social, ni tampoco compromete el derecho a la salud del menor ni la hace incurrir en un obrar antijurídico (conf. punto 2. del voto del doctor De Santis, al cual adhiere el doctor Spacarotel).

Asimismo, estimó que en el caso el actuar de la obra social no se presentaba contradiciendo el bloque de legalidad al que debe sujeción esa autoridad administrativa, concretamente respecto de la ley 6982 y su decreto reglamentario 7881/1984, toda vez que un afiliado que elige "un efector sin convenio" no puede pretender un monto de cobertura diferente al reconocido en general por el instituto para el total de los afiliados.

Por tales razones, estimó el a quo que debía acogerse el recurso de apelación, y revocar en consecuencia la sentencia de primera instancia.

3. La representación actoral interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 133/142) sosteniendo que la sentencia recurrida viola la Constitución nacional, Tratados Internacionales de la misma jerarquía, la Constitución provincial, las leyes provinciales 10.592 y 13.298, en cuanto que garantizan la protección de los menores discapacitados.

Considera luego que, en tanto no se halla cuestionado en autos el grave estado de salud del menor y las múltiples afecciones que padece, negar el tratamiento adecuado implica poner en riesgo su vida y aún aumentar el sufrimiento que el niño sobrelleva día a día.

En función de lo expresado, considera que el fallo atacado viola la doctrina legal de esta Suprema Corte en cuanto a la preeminencia del derecho a la vida y a la salud, para lo cual invoca los precedentes de las B. 64.393, "Falcon", sent. del 2-III-2005; C. 89.298, "Boragina", sent. del 15-VII-2009 y Ac. 98.260, sent. del 12-VII-2006.

Finalmente, plantea el absurdo en el decisorio de la Cámara. A este respecto, expresa que la interpretación jurídica de la alzada se contrapone en forma manifiesta con la realidad de los hechos, partiendo de premisas inexactas y a partir de allí, llevando a cabo un razonamiento incorrecto. Explicita estas consideraciones a partir del reconocimiento efectuado por el mismo I.O.M.A. de que las prestaciones solicitadas "concuerdan con la resolución 1.357/07 (la cual regula la internación domiciliaria)", según consta a fs. 51 y 54 de las presentes actuaciones.

En adición, afirma que no es cierto que la empresa Interdom S.R.L. no posea convenio con I.O.M.A., sino que por el contrario dicha empresa es actualmente prestadora de la obra social, y lo era asimismo al momento de iniciarse el reclamo administrativo. Tan es así ‑argumenta- que la propia demandada no invocó dicha defensa en su oportunidad procesal, siendo esta cuestión incorporada de motu proprio por la Cámara sentenciante.

Finalmente, aclara que la elección de la empresa Interdom S.R.L. se debió a la circunstancia de que dicha firma ya se encontraba brindando algunas prestaciones al menor, pero que de ningún modo la pretensión judicial condicionó a la Administración a que la cobertura fuera concedida exclusivamente respecto de dicha prestadora.



II.- En mi opinión, el recurso debe prosperar.

Liminarmente, entiendo que dada la oposición de la Fiscalía de Estado a la admisibilidad del recurso, por considerar que no se trata de una sentencia definitiva en el sentido del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. memorial presentado a fs. 175/180) debo expresar primero la inatingencia de tal planteo.

En efecto: recuerdo que es principio de aplicación genérica que los pronunciamientos pueden ser definitivos cuando se demuestra que lo decidido genera un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, y que lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- una vía jurídica para solucionar su agravio: si no existe ninguna, la decisión es definitiva y -por ende- susceptible de recursos extraordinarios (conf. doct. causas Ac. 73.411, "Unión Tranviarios Automotor", res. del 29-II-2000; Ac. 79.766, "Combustibles Vázquez Hermanos S.R.L.", sent. del 17-X-2001; Ac. 75.817, "Fentanes", sent. del 11-IX-2002; Ac. 95.178, "Leiva", res. del 8-II-2006; entre otras).

Respecto de la doctrina invocada por la Fiscalía de Estado en sustento de sus afirmaciones, debo expresar que este Tribunal ha dicho que la doctrina legal de esta Suprema Corte que declara que las resoluciones de las Cámaras de Apelación en materia de amparo no son susceptibles de recursos extraordinarios ante ella, ha sido redactada en términos generales y como principio, por lo que su concreta aplicación depende de circunstancias que deben ser evaluadas en cada caso (conf. Ac. 73.411, "Unión Tranviarios Automotor", res. del 29-II-2000).

En particular, se ha dicho que resulta definitiva la sentencia que rechaza la acción de amparo cuando lo decidido ha asumido entidad definitiva, ya que ha cerrado de modo total y por un camino indirecto, la vía de amparo que, más allá de las limitaciones que impone su propia naturaleza, tiene gravitación procesal autónoma y por eso mismo resguardable por esta Suprema Corte (arts. 15, 20 inc. 2, 160, 161 inc. 3 'b') y concs. Constitución provincial; conf. causa Ac. 78.529, "Spolita", sent. del 19-II-2002).

En el caso, al rechazar la Cámara el amparo ‑entre otras razones- por considerar que el acto administrativo impugnado no poseía vicios manifiestos que lo reputen arbitrario o ilegal, se pronunció en relación a cuestiones sobre las cuales no cabe posibilidad de reabrir el debate, por lo que se configuran los extremos que permiten considerar a la sentencia en crisis como definitiva a los fines del acceso a la vía extraordinaria (conf. doct. causa Ac. 95.178, cit.).

De acuerdo a lo antedicho, considero que no existe óbice alguno en cuanto a la admisibilidad del recurso impetrado. Razón por la cual me abocaré al análisis de su procedencia.

III.- Ahora bien, la cuestión se ciñe a dilucidar el alcance de la obligación que grava a la demandada I.O.M.A., respecto de la cobertura reclamada. Ella consiste, según surge del escrito de demanda, en: "30 sesiones de kinesiología motora por mes, 30 sesiones de kinesiología respiratoria por mes, enfermería 24 horas por día en turnos de 6 horas para administración de medicamentos, higiene, confort, alimentación cateterismo, curación de lesiones y heridas, nebulizaciones, rotación, control de signos vitales, etc.; fonoaudiología 20 sesiones mensuales, terapia ocupacional 20 sesiones mensuales, psicología 8 sesiones mensuales, interconsulta con pediatría 2 veces por mes; interconsulta con traumatología 2 veces por mes; interconsulta con urología 1 vez por mes; atención medica general, 4 veces por semana; nebulizador, aspirador, insumos y materiales descartables (gasas, antisépticos, apósitos, etc.); una cama ortopédica regulable y un colchón neumático regulable en presión para permitir su tratamiento óptimo" (sic., fs. 18 vta.).

Así planteados los términos de la controversia, se advierte una sustancial similitud con el asunto que se resolvió en las causas "P. L. " (A. 69.412, sent. del sent. del 18-VIII-2010) y "P. " (A. 69.164, sent. del 1-VI-2004).

En oportunidad de intervenir en dichas actuaciones, expresé ciertas consideraciones que estimo pertinente reiterar aquí.

1. a) En primer lugar, debo señalar que nuestro país ha incorporado recientemente a su derecho interno la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -y su protocolo facultativo-, que fue aprobada por ley 26.378 (B.O., 9-VI-2008).

El citado instrumento (adoptado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006), entró en vigor el decimotercer día a partir de la 20ª ratificación o adhesión (art. 45.1), lo que aconteció el 3 de mayo del año 2008. Su vigencia con relación a la República Argentina operó el trigésimo día a partir de la fecha en que la Nación depositó su propio instrumento de ratificación (art. 45.2), hecho que sucedió el 2 de septiembre de 2008. Es decir, sus normas integran el ordenamiento jurídico interno vigente en materia de discapacidad, y sus obligaciones se proyectan al ámbito local en virtud de la expresa directiva contenida en el art. 4.5 de la Convención, en cuanto prescribe que sus disposiciones se aplicarán "a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones" (conf. doct. de C.S.J.N., "Campodónico de Beviacqua", Fallos, 323:3229 -reiterada en "Sánchez, Norma", Fallos, 328:4640, "I.,C.F.", cit., entre otros-; "V. ", Fallos 328:1146, voto del doctor Boggiano).

Este documento propicia, ya desde su Preámbulo, un tratamiento abarcativo de las diversas implicancias de la discapacidad, y en lo que aquí concierne, a través del reconocimiento de "la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso", así como de la "importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación, y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales" (Preámbulo, aps. J y V). Enfáticamente proclama el art. 1 como propósito del Instrumento el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Tales postulados, se traducen -entre otras obligaciones impuestas a los Estados- en el compromiso de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con ella; y en el deber de velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la misma (art. 4.1, aps. "a" y "d").

En lo que atañe a la problemática traída por el recurrente, encuentran acabada recepción en los arts. 10 (en cuanto reafirma el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y el deber de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás), 23 inc. 3º (que proclama que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la "vida en familia"), 25 (que impone el deber de asegurar el acceso a las prestaciones de salud incluida la rehabilitación, debiendo garantizar -en particular- aquellos servicios que necesiten específicamente como consecuencia de su discapacidad) y 26 (vinculado a la habilitación y rehabilitación, a partir del cual los Estados deberán adoptar "medidas efectivas y pertinentes" para que las personas con discapacidad "puedan lograr y mantener la máxima independencia y capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida").

b) Recordé al emitir mi voto en la causa "E. " (L. 88.775, sent. del 23-III-2010), que ya en el antiguo y conocido caso "Ekmekdjian c. Sofovich" (7 de julio de 1992, Fallos 315:1492) la Corte Suprema de Justicia de la Nación claramente alertó sobre la operatividad de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y reiteradamente ha advertido sobre la responsabilidad de carácter internacional del Estado por la estricta observancia, que pesa sobre todos los órganos internos, incluidos los locales de carácter judicial -a quien por otra parte le corresponde la expresa misión, constitucional e indeclinablemente asignada, de verificar la correspondencia de las leyes con la Constitución nacional- de las normas establecidas en los tratados internacionales de los que el Estado forma parte (Fallos C. 547.XXI, 22-VI-87; C. 92.XXI, 10-V-94; M. 354.XXIV, 26-XII-95; G. 288.XXXIII, 12-V-98; M. 623.XXXIII, 21-XII-99; P. 709.XXXVI, 5-III-2002; C. 732.XXXV, 30-IX-2003; N. 19.XXXIX, 16-XI-2004; E. 224.XXXIX, 23-XII-2004).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado últimamente que esta responsabilidad internacional, en el marco de la Convención Americana sobre derechos Humanos, nace en el momento mismo de la violación de las obligaciones generales erga omnes de respetar y hacer respetar -garantizar- las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos que allí se consagran en cualquier circunstancia y respecto de toda persona. Ello así conforme a lo dispuesto en los arts. 1.1 y 2 del referido documento internacional. Cabe acotar que esa responsabilidad, como lo ha destacado ese tribunal regional, arranca de actos u omisiones de cualquiera de los tres Poderes del Estado independientemente de la jerarquía de los funcionarios que infrinjan las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, apareciendo inmediatamente el ilícito internacional (Caso de la "Masacre del Pueblo Bello vs. Colombia". Sentencia del 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140; Caso de la "Masacre de Maripirán vs. Colombia". Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C nº 134, párr. 111).

Acotó desde esta vertiente el entonces Juez Cançado Trindade en su voto razonado en el Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C Nº 160, párraf. 31, que "... Después de volver a referirme a la cuestión en mi Voto Razonado (párr. 4) en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), me permití reiterar, en mi Voto Razonado (párr. 14, y conf. párrs. 11-18), en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (Sentencia del 8.07.2004), mi entendimiento en el sentido de que: (...) En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la violación de los derechos de la persona humana, o sea, tan pronto ocurra el ilícito internacional atribuible al Estado...puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano o agente de éste" (conf. Corte I.D.H., Caso de "La Ultima Tentación de Cristo vs. Chile", Sentencia del 5-II-2001, Serie C, Nº 73, p. 47, párr. 72 (La Ley, 2001-C-135; RU, Rev. 3/2001, p. 13); y conf. Voto Concurrente del Juez A.A. Cancado Trindade, p. 76, párr. 16, y conf. págs. 85-87, párrs. 31-33).

Esta postura que vengo desarrollando encuentra sustento, además, en el compromiso internacionalmente asumido por el Estado de propender al desarrollo social mediante acciones eficaces, positivas o negativas, cuando sea necesario remover los obstáculos que impiden la efectiva concreción del mismo (arts. 1. y 2 Pacto de San José de Costa Rica).

En tal orden de ideas no será baladí poner énfasis en destacar que para solucionar este tipo de problemáticas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha echado mano a los citados arts. 1.1 y 2 de la Convención, que obligan a los países a respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1); debiendo "adoptar" las respectivas disposiciones internas al Pacto de San José (art. 2).

En este aspecto no debemos olvidar que según dicho Tribunal Internacional, para cumplir con el mandato del aludido art. 2, es necesario: 1) el dictado de normas y 2) el desarrollo de prácticas conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades consagrados en el pacto de marras. Por ello resulta obligatorio suprimir los preceptos y las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación de las garantías previstas en la Convención (Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No.127, párrs. 120 y 170. Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123; párr. 91. Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No.119, párr. 219. Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004.Serie C No.112, párr. 206; y "Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados". Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101. párr. 78). "Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el Estado debe `adaptar´ su actuación a la normativa de protección de la convención" (el entrecomillado me pertenece) (Caso Yatama Vs. Nicaragua. [cit.], párr. 170. Caso Caesar [cit.], párr. 91. Caso Lori Berenson Mejía [cit.], párr. 220 Caso "Instituto de Reeducación del Menor" [cit.], párr. 205. Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C. No. 100, párr. 142).

Desde antiguo dicho cuerpo jurisdiccional interamericano -en concordancia con lo aquí dicho- ha establecido que "en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y Estado de Derecho, constituyen una tríada", en la que cada componente se describe completa, y adquiere sentido, en función de los otros, criterio ratificado en cada momento ("La expresión Leyes" en el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva Oc-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A. No 6, párr. 34; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva Oc-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A. No. 17, párr. 92. Ídem caso Yatama Vs. Guatemala [cit.]).

Corroborando lo expuesto no se le ha escapado a esa institución que una norma consuetudinaria generalmente aceptada apunta a señalar que el Estado debe adaptar sus normas locales para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre la materia (Caso "Cantos vs. Argentina". Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C. No. 97, párr. 59. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No.98., párr. 164; Caso Bulacio vs. Argentina [cit.], párr. 140. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C. No.100 y Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, [cit.], párr. 205).

Cuando digo que el Estado debe buscar el effet utile, no me refiero sólo al poder legislativo, sino también a los jueces que a través de la interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos debemos acompasar el modelo interno con el transnacional, de lo contrario se originan injusticias en los pleitos y se genera responsabilidad internacional del país por actos u omisiones de cualquiera de los tres poderes (Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 111).

En tal orden de pensamiento ha manifestado la Corte Interamericana que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de las normas legales, y, en consecuencia, obligados aplicar las disposiciones domésticas. Empero si un gobierno ha ratificado una regla internacional como -por ejemplo- la Convención Americana, ... sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por las leyes contrarias a su objeto y fin, y que, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos. En este sentido, no sólo se debe abordar el "control de constitucionalidad" de las normas, sino que también se tiene que ejercer el denominado "control de convencionalidad", expresión utilizada por primera vez en el caso "Myrna Mack Chang" (2003) de la CIDH en el voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, y posteriormente en el caso "Almonacid Arellano" (2006) por la Corte en pleno, ya que este último tipo de inspección no es exclusivo de los organismos internacionales, sino, como ya dije, también se encuentra a cargo de los jueces de cada país, en el caso del nuestro, de todos los de cualquier fuero y jerarquía, dado el carácter difuso del sistema de contralor, admitiéndose la posibilidad de efectuarlo, aún, ex officio (véase Rey Cantor, Ernesto, Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, Porrúa, México, 2008, pp. 68, 69, 70, 71 y ss.).

De mi parte agrego que está en juego aquí el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que le otorga preponderancia al Instrumento internacional por sobre cualquier ley doméstica, tal como lo he puesto de manifiesto en numerosas oportunidades (Ac. 68.053, sent. del 7-VII-1998; Ac. 68.872, sent. del 1-IX-1998; P. 57.926, sent. del 13-IX-2000; Ac. 89.299, sent. del 23-XI-2005; Ac. 90.751, sent. del 18-VII-2007; C. 85.363, sent. del 27-VIII-2008, entre otros).

Resulta claro que todo cuanto se ha expresado respecto de la obligatoriedad de los compromisos internacionales es de rigurosa aplicación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La norma consuetudinaria que impone el deber de adaptar la preceptiva interna para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas en el plano internacional es válida universalmente y ha sido definida por la jurisprudencia de la Corte I.D.H. como un principio evidente (conf. Caso Almonacid Arrellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C Nº 154, nota 6, párr. 117; Caso Instituto de Reeducación del Menor, sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C Nº 112, párr. 205, y Caso Bulacio, sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C Nº 100, párr. 140. Véase, Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C Nº 162, párr. 170).

El aludido "control de convencionalidad" importa, pues, una búsqueda de compatibilidad entre las normas locales y las supranacionales, y cuando hablamos de esas últimas no nos referimos sólo al Pacto de San José, sino a otros Tratados Internacionales ratificados por la Argentina (que integran el corpus iuris convencional de los derechos humanos), al ius cogens y a la Jurisprudencia de los Tribunales Supranacionales.

Tal obligatoriedad redunda -y esto es muy importante- en la responsabilidad que tienen los magistrados judiciales de cumplir a cabalidad con los tratados internacionales, aun contradiciendo a su derecho interno (art. 27 de la Convención de Viena sobre el referido Derecho de los Tratados), y de controlar a los demás poderes, ya que aquellos documentos supranacionales tienen prioridad sobre éste.

Como vemos, el Judicial como Poder del Estado está obligado a "acatar" y hacer "acatar" los preceptos internacionales, y estos deberes son quizás más fuertes que los del Ejecutivo y los del Legislativo, por ejercer aquél el control de los controladores (custodit ipso custodit).

c) También cabe computar para fundar la decisión que aquí se propicia, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo", sent. del 30-IX-2008), tuvo oportunidad de emitir su opinión sobre el tema que se ventila en autos, en un decisorio sustancialmente análogo al recaído en la causa B. 67.211, "N. ", sent. del 24-XI-2004, y que, si bien versaba sobre el alcance de la cobertura integral de la prestación educativa que la discapacidad del menor requería considero extensible a fortiori al presente. Allí -con similares argumentos a los vertidos en la citada causa B. 67.211- se había desestimado la pretensión cautelar por considerar que la prestación parcial brindada por el I.O.M.A. no resultaba arbitraria frente al contenido del régimen normativo aplicable.

Señaló en tal ocasión el Tribunal cimero que al resolver de ese modo "la corte local soslayó -aún en esta etapa 'larval'- no sólo la índole y trascendencia de los derechos en juego sino, además, el espíritu mismo de dicha legislación". Luego de referir al rango preferente que ocupa la vida como primer derecho de la persona humana y enfatizar que la preservación de la salud integra tal derecho, puntualizó que "no sólo la ley orgánica del instituto demandado previó, como obligación expresa a su cargo, la de realizar en la provincia de Buenos Aires 'todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes', contemplando -entre otras medidas- 'internaciones en establecimientos asistenciales' (conf. arts. 1º y 22, inc. b, ley 6982); y la ley 10.592 estatuyó un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, mediante el que se aseguró los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social para quienes estuvieran en imposibilidad de obtenerlos (art. 1º, ley cit.), sino que la propia constitución provincial consagró el derecho a una protección integral de la discapacidad, garantizando de manera expresa 'la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos asistenciales', así como la promoción de la 'inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad' para con quienes la padecieran (conf. arts. 36 incs. 5º y 8º, y 198, Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Ello, en consonancia con lo establecido al respecto por la Constitución Nacional (arts. 5º, 14, 33, 42 y 75 incs. 22 y 23)".

d) Como lo he sostenido reiteradamente, la doctrina del Tribunal nacional tiene efectos de vinculación hacia los cuerpos jurisdiccionales inferiores, tanto en los temas federales como en aquellos que no lo son. En el primer caso, por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Carta fundamental; en el segundo, porque vincula moralmente sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal (conf. Ac. 85.566, sent. del 25-VII-2002 en J.A., 2003 I, 768; 91.478, sent. del 5-V-2004; Ac. 92.951, sent. del 9-XI-2005; C. 79.549, sent. del 22-XII-2008; C. 94.032, sent. del 29-XII-2008), razones que justifican su obligatorio acatamiento.




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