Guerra en laargentin a acción y práctica del terrorismo para la toma del poder


Situación en la República Argentina



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2.2. Situación en la República Argentina




2.2.1. Comienzo de la agresión organizada
Es necesario destacar, en este escenario, las condiciones políticas, económicas y sociales de nuestro país, especialmente inestables por la sucesiva alternancia de gobiernos constitucionales y de facto (Perón, Lonardi, Aramburu, Frondizi, Guido, Illia, Onganía, Levingston y Lanusse).

Contribuyó a esta situación, en la sociedad argentina, la existencia del muy fuerte enfrentamiento entre sectores peronistas y antiperonistas. Los primeros, un importante sector de la ciudadanía, durante varios años proscriptos, dirigidos desde el exterior por el ex presidente en el exilio Juan Domingo Perón, quien para obtener sus objetivos políticos no desechaba impulsar acciones violentas de masa y selectivas, que se constituyeron en un elemento gravitante en los inicios de la subversión.


A raíz de estas acciones, ya en las postrimerías de la década de los cincuenta, el presidente constitucional Arturo Frondizi debió declarar el Estado de Sitio. En 1960, los atentados terroristas y el crecimiento de los disturbios le obligaron a dictar dos decretos para implantar el Plan Coníntes que otorgaba a las FF.AA. los recursos legales para subordinar a las policías bajo el control operacional para enfrentar al terrorismo, a la agitación gremial y al sabotaje, que se encontraba en niveles alarmantes (entre ellos el atentado a la empresa Shell, en Córdoba, con diecisiete víctimas fatales).
En1959, en la zona rural de Tucumán había aparecido un grupo autodenominado los Uturuncos que fue rápidamente neutralizado y quedó como un hecho policial.
Entre abril de 1963 y marzo de 1964, un importante número de guerrilleros rurales actuó en Orán, Salta, con ramificaciones en Córdoba y Capital Federal: el Ejército Guerrillero del Pueblo, liderado por un argentino residente en La Habana, el periodista Jorge R. Masetti y el capitán cubano Hermes Peña, enviados por el ejército de Cuba para actuar en el NO argentino durante la presidencia constitucional de Arturo Illia, para ir preparando una operación de alcance continental (la campaña del «Che» Guevara, abortada en Bolivia por su muerte). En este caso, tuvo que actuar Gendarmería Nacional, una fuerza federal de seguridad, que desbarató el intento.
El 2 de diciembre de 1964, se produjo el primer intento de Perón –frustrado− de regresar al país. Esta acción puede ser considerada, como el elemento acelerador que obró sobre muchos de sus seguidores, que decidieron prepararse para utilizar la vía armada como herramienta política..

El 25 de mayo de 1965, se fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que actuaba clandestinamente y que, a pesar de tener muchos militantes marxista-leninistas, se adhirió como filial Argentina a la IV Internacional (trotskista).

En el año 1967, como ya se expresó, la OLAS declaró explícitamente que la «Guerra Revolucionaria», (la lucha armada) era la metodología para llegar al poder en los países latinoamericanos, con lo que marcó el comienzo de lo que llevaría a nuestro país a un cruel enfrentamiento armado entre hermanos.

Esa estructura supranacional había emitido, como directiva principal para todas las organizaciones político-militares (terroristas) sudamericanas, la constitución prioritaria de los Ejércitos de Liberación Nacional en cada país y, especialmente en el cono sur, para apoyar la campaña que desarrollaba el «Che» Guevara en Bolivia y llevar a cabo su idea de pasar luego a Tucumán y desde allí conducir la insurrección en toda América del Sur.


A fines de ese mismo año, se conformaba en nuestro país el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, algunos de sus integrantes estuvieron íntimamente ligados con la lucha armada. En mayo de 1968, se realizó el «Primer Encuentro Nacional» de dicho movimiento sacerdotal.
En septiembre de 1968, se detectó un nuevo grupo armado en Taco Ralo, Tucumán, donde fueron detenidos en un campamento quince guerrilleros rurales pertenecientes a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) bajo las órdenes de Envar el Kadre y de Verdinelli, que se preparaban para actuar en la zona. Esta organización fue la primera que, a pesar de tener una ideología marxista, adoptó la estrategia de mimetizarse dentro del peronismo para captar a sus simpatizantes.


2.2.2. Las organizaciones subversivas, políticas armadas terroristas
Se debe, por razones didácticas y de ordenamiento, volver a remarcar que 1967 fue el año de inicio de la preparación de la guerrilla en nuestro país, con importante ayuda de entrenamiento militar, político y de coordinación del Partido Comunista y del Gobierno de Cuba; sin olvidar que durante la presidencia constitucional del Dr. Arturo Illia, en el año 1964, apareció una importante acción castro-comunista en Salta con ramificaciones en otras partes del país.
En Argentina, la actividad armada revolucionaria tuvo dos vertientes que se diferenciaron en la realidad por su posición pública sobre Perón y el peronismo. Una se presentaba como peronista de izquierda (eufemismo para no declararse marxista) y la otra era marxista-leninista o trotskista.
A la primera de ellas pertenecieron:
- Descamisados, que en 1972 se incorporó a Montoneros.
- Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), cuya mayor parte se incorporó al PRT-ERP el 25 de octubre de 1974. Otro sector escindido en 1973 como Peronismo de Base 17 de Octubre (PB17), cuyos principales representantes fueron: Horacio Verbitsky (hoy periodista, representante de los «derechos humanos» unilaterales y asesor del gobierno nacional), Rodolfo Walsh (muerto en un enfrentamiento) y Carlos Caride (muerto en un enfrentamiento), quienes se integraron a Montoneros el 27 de julio de ese año.
- Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) las que siendo de ideología declaradamente marxista- leninista y con gran desarrollo territorial, se fusionaron con Montoneros el 12 de octubre de 1973.
- Montoneros, que como se dijo, se fusionaron con las FAR, y mantuvieron por conveniencia táctica de ambos, la denominación de Montoneros.
Estas organizaciones se caracterizaban por estar convencidas de que su camino para obtener sus objetivos no era crear un nuevo partido revolucionario para captar a la población, sino infiltrarse en el peronismo convirtiéndose en su vanguardia.
Por ello, su prioridad era la lucha por el poder en el seno de ese partido, cuya columna vertebral era el movimiento obrero. Allí, contra «el vandorismo» (seguidores del dirigente Timoteo Vandor, asesinado por los revolucionarios en 1969) y contra los dirigentes «no combativos» debían profundizar esa lucha.
Esta posición ideológica y de intereses dentro del partido peronista terminaría en cruentos enfrentamientos entre esa «izquierda revolucionaria peronista» y quienes, agredidos desde el comienzo, fueron llamados «la burocracia sindical, la derecha sindical, la derecha política o simplemente la derecha».
La segunda de esas vertientes estaba integrada por:
- El Partido Revolucionario de los Trabajadores, con su brazo armado «el Ejército Revolucionario del Pueblo» (PRT-ERP).
- ERP 22 de Agosto, desprendimiento del primero.
- ERP Fracción Roja, también desprendimiento del primero y copado luego por una parte del Secretariado de la Liga Comunista Francesa, miembro oficial de la IV Internacional.
- Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) formado en 1975 con ex militantes del Partido Comunista Revolucionario, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Marxista-leninista.
Estas organizaciones (hubo otras, pero de poca significación) que se mantenían independientes del peronismo al que consideraban un movimiento reformista, no revolucionario, trataron de conducir los sindicatos mediante agrupaciones gremiales de otro signo ideológico, que apoyaban a los sectores combativos o se infiltraban en ellos. Éstos eran contrarios a la conducción peronista de la Confederación General de Trabajo (CGT) de Azopardo, llamada así por la calle en que se encontraba su sede.
2.2.3. Antecedentes inmediatos al inicio de las acciones armadas «autoidentificadas»
En 1968, luego del Congreso de normalización de la CGT, la izquierda gremial creó, en oposición a la CGT de Azopardo, una estructura de conducción gremial alternativa muy combativa que se llamó CGT de los Argentinos (CGTA) cuyo Secretario General −nacional− era Raimundo Ongaro; esta organización tenía gran influencia en la ciudad de Córdoba donde el dirigente local Agustín Tosco, que simpatizaba con el PRT, tenía un gran predicamento en los gremios más grandes y combatientes como SITRAC ( Sindicato de trabajadores de Fiat Concord) y SITRAM. ( Sindicato de Materfer).
El mes de mayo del año 1969, sería significativo para el país por la innumerable cantidad de alteraciones a la paz social que finalizaron con acciones propias de la insurrección de masas.
La excusa fue la represión policial en la que hallaron la muerte los estudiantes Juan José Cabral en la ciudad de Corrientes y Adolfo Ramón Bello en Rosario (Provincia de Santa Fe), durante desórdenes y manifestaciones estudiantiles anteriores.
El día 20, se detuvieron ochenta y nueve estudiantes en la Capital Federal por desórdenes producidos en las facultades de Ciencias Económica y Ciencias Exactas.
El 21, durante cuatro horas se produjeron en Rosario graves refriegas entre policías y estudiantes que dejaron un muerto –Luis Blanco, de 15 años de edad− y una numerosa cantidad de heridos (ciento cincuenta en total).
El día 22, la ciudad de Rosario fue declarada Zona de Emergencia, bajo control militar.
El día 23, se produjeron desórdenes en Tucumán, Mendoza y en la Capital Federal. En esta última, entre otros incidentes, fueron quemados tres automóviles. Andrés Miguel de Aguirre, conductor de uno de ellos sufrió graves heridas y siete días después falleció a causa de las quemaduras.
El 29 de mayo, se inició la mayor manifestación del accionar de las incipientes organizaciones armadas y de la infiltración de sus militantes en las organizaciones sociales y sindicales, en la capital cordobesa. Allí, como corolario de los incidentes y las manifestaciones ocurridas en esa ciudad y en otras partes del país, se produjo una acción insurreccional de masas que, luego, se denominó el cordobazo.
Ese día, aprovechando un paro activo decretado por la CGTA, se organizaron columnas de estudiantes y obreros que marcharon enfrentando a las fuerzas policiales con todo tipo de objetos, incluso armas de fuego. La policía fue superada y la ciudad quedó en poder de los manifestantes que produjeron robos, saqueos, incendios y todo tipo de desmanes.
Recién a partir de las 17:00, el Comando del III.er Cuerpo del Ejército decidió intervenir en forma directa y decretó el “toque de queda”. No obstante ello, durante tres días se sucedieron escaramuzas callejeras y desalojos de francotiradores.
En esas acciones, las nacientes organizaciones armadas y sus simpatizantes tuvieron su bautismo como motor de una situación de descontento social que se transformó en una práctica de acción insurreccional de masas (experiencia y marco social que aceleró la pronta aparición pública de las organizaciones guerrilleras). Según información oficial hubo treinta y cuatro muertos, cuatrocientos heridos y más de dos mil detenidos.
Sobre las causas del cordobazo se ha escrito mucho. Roger Vidart publicó en su revista Criterio una observación acertada: «Córdoba presenta ciertas características estructurales que la hacen particularmente apta para generar movimientos de protesta. Es la ciudad universitaria más importante del interior, con un alto porcentaje relativo de estudiantes y con numerosos antecedentes de radicalización estudiantil. Pero es también, desde poco más de una década, un importante centro industrial, que ha producido un vertiginoso proceso de concentración urbana, que atrae corrientes migratorias de numerosas provincias vecinas».
Gerardo López Alonso en su libro 1930-1980. Cincuenta años de Historia Argentina completa la visión y dice: «...Desde luego, es difícil explicar los hechos de Córdoba sin pensar que una minoría extremista jugó un papel importante, integrada en parte por activistas sindicales, interesados en crear un clima de revolución social. Esa acción sin duda minoritaria, encontró terreno fértil en el descontento generalizado contra el gobierno de Onganía. Probablemente, ese descontento fuera más político que económico, ya que Córdoba, como centro industrial, tenía un mejor nivel de ingresos que el de muchas regiones del país».
Para completar los puntos de vista expresados, faltaría citar otros hechos que gravitan en los desórdenes ocurridos: las quitas zonales a la producción, la eliminación del sábado inglés, el rechazo al intento oficial corporativista y finalmente, la presencia de un líder obrero carismático que había logrado remontar el enfrentamiento histórico: «obrero-estudiantil».
A partir de esos sucesos, el gobierno del teniente general Onganía empezó a declinar, debió modificar su gabinete y cambiar a varios gobernadores de provincias. La Federación Universitaria Argentina (FUA) conducida por izquierdistas, salió a explicar públicamente su posición de solidaridad con los gremios combativos en «apoyo a las luchas populares».
Estaban dadas las condiciones para que las organizaciones que venían preparándose, porque veían el camino de la lucha armada como única opción política para alcanzar el poder, comenzaran a actuar.
3. ARGUMENTACIÓN
3.1. Consideraciones sobre la agresión armada de las organizaciones revolucionarias terroristas
Desde hace unos años han proliferado en los medios de comunicación social «los representantes» o ex militantes de las organizaciones subversivas, los defensores de los derechos humanos (de los terroristas) así como supuestos «idóneos en el tema»: políticos, periodistas, comunicadores sociales, etc. que, por razones ideológicas, faltos de memoria o de conocimientos −sin descartar los casos de esnobismo− persisten en minimizar el accionar y la capacidad de las organizaciones armadas revolucionarias terroristas que actuaron en nuestro país, con el fin de presentarlas como un problema delictivo común, fácilmente solucionable con las herramientas legales de la República.
Para ello acuden, entre otros fundamentos, a comparar la solución dada a los grupos terroristas en Alemania, Italia, España y otros países europeos, y desconocen a sabiendas –para no informar con ajuste a la realidad− que esas organizaciones terroristas eran sólo eso: «terroristas», ya que no tenían capacidad para efectuar ninguna acción táctica –y mucho menos estratégica− que llevara intranquilidad real a las fuerzas policiales y mucho menos a las fuerzas armadas de esos países, en contraposición con la estrategia de Guerra Revolucionaria desarrollada en la Argentina cuyo objetivo era tomar el poder. Esos grupos eran, como lo fueron acá en un principio, un problema de solución judicial.
Recordemos que en 1971, ante la situación revolucionaria armada incipiente, el gobierno de facto de entonces creó por Ley 19053 del 28 de mayo la Cámara Federal en lo Penal (CAFEPE), como resultado de la propuesta del ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux, que colocó dentro del Poder Judicial una estructura ágil y eficaz para entender en los delitos de la subversión, dado que el Código Penal no era eficaz para las situaciones que se presentaban.
Este tribunal, que comenzó a funcionar en el mes de junio con jurisdicción en todo el país y con procedimientos expeditivos que garantizaban la defensa en juicio, no sólo demostró la actitud del gobierno militar de combatir la violencia revolucionaria en crecimiento bajo el imperio de la ley, sino que en poco tiempo, como una magistratura independiente y que cumplía una intensa actuación, había procesado alrededor de dos mil terroristas y condenado a más de quinientos acusados. De esta forma, la República Argentina fue precursora en el mundo, y respondió al fenómeno de la subversión armada terrorista con un sistema judicial que juzgaba y condenaba dentro de la ley.
Sin embargo en el país, la opinión pública no comprendió la importancia de encauzar legal y eficientemente la represión. La Cámara fue denostada por todos los sectores políticos, gremiales, periodísticos y por la ciudadanía que acompañó la propaganda instalada en su contra por las organizaciones subversivas terroristas.

Pese a que la Cámara y la legislación que esgrimía no significaron la incriminación de opiniones políticas u otras formas de persecución ideológica, desde los partidos mayoritarios comenzaron a caracterizarla como «represiva», en el intento de identificarla como un arma «de la dictadura militar» contra sus opositores.


En un breve lapso y con la responsabilidad de todos, llegó el vaciamiento de la justicia de la mano de la dirigencia política. En mayo de 1973, al tomar posesión las autoridades constitucionales (surgidas de elecciones democráticas), las primeras leyes sancionadas por el Congreso, que ese día se constituía, disolvieron la Cámara Federal en lo Penal que había cumplido con las garantías procesales y había preservado las vidas de los miembros de las organizaciones políticas militares revolucionarias capturados. Junto a la llamada «legislación represiva» se derogaron numerosas normas del Derecho Penal y se modificó el artículo 80 para que el asesinato de los miembros de las fuerzas armadas de seguridad y policiales no mereciera la reclusión perpetua.

Simultáneamente, se dictó una «Ley de Amnistía» que dejó sin proceso y liberó a los detenidos y sentenciados, los que volvieron con más ímpetu a la lucha armada sobre la base de la impunidad de sus delitos y con mayor convencimiento de que el único camino hacia el poder era la vía armada.


En 1960 como ya se expresó, la URSS fijó en su política exterior, en forma oficial, el pleno apoyo a los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo, que exacerbaron en Latinoamérica los sentimientos «antiimperialistas y anticapitalistas» (anti-EE.UU.) y la lucha de clases dentro de los distintos países.

La reacción inmediata de los EE.UU., como estrategia contrarrevolucionaria, fue dejar la defensa de los países agredidos en manos de los ejércitos nacionales para contrarrestar los conflictos armados revolucionarios internos que se avecinaban impulsados por Cuba.
En Argentina, el conflicto político-social de la década de los setenta adquirió la jerarquía de una guerra interna

y cuando se está frente a conflictos que se resuelven por medios violentos debemos conocer que sus formas evolucionan a través del tiempo según sean sus objetivos, los recursos disponibles, la calidad y cantidad del enemigo por enfrentar, el tiempo posible, el ambiente geográfico, etc. Lo único que no cambia ni cambiará en una guerra será su finalidad última que siempre será: imponer la voluntad al enemigo.


Aclarado esto, se comenzará por aportar elementos de juicio para visualizar con argumentos racionales y comprobables que el conflicto que nos ocupa fue una guerra interna o lo que es lo mismo, según lo previsto en el artículo 3, común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y artículo I del Protocolo II (adicional) aprobado el 8 de junio de 1977, un conflicto armado sin carácter internacional, aunque éste sea consecuencia, en gran parte, de la lucha por el poder mundial entre las superpotencias de la época y de la influencia, apoyo y estímulo del gobierno de Cuba.
3.2. Sentencia de la «Causa 13»
Primero, presentamos información que surge de la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, como corolario del juicio iniciado por el gobierno nacional presidido por el Dr. Raúl Alfonsín a los integrantes de las tres primeras juntas militares del gobierno militar de facto, en relación con la represión del terrorismo revolucionario.

3.2.1. Transcribimos parte de esa sentencia (causa 13) Capítulo V (cuestiones de hecho N.º 8 y 22) que expresa:
El objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, alguna de las cuales, incluso intentó como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán ya mencionados, la obtención del dominio sobre un territorio, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional.
Sobre esta idea concuerdan, básicamente, todos los informes técnicos requeridos por el Tribunal y se encuentra también plasmada en las publicaciones originadas en esas bandas, aportadas a la causa.
Al respecto merecen especial atención como ejemplo de lo expuesto:
*El editorial titulado El mandato político de Fernando Abal Medina, publicado en la revista «Militancia Peronista para la Liberación», del 6 de septiembre de 1973, agregada al cuaderno de prueba de Lambruschini, en cuanto dice: es en esencia el proyecto político de Fernando Abal Medina, que obligadamente debemos rescatar. Podemos sintetizar sus pautas esenciales en:



  • Asunción de la guerra popular.



  • Adopción de la lucha armada como la metodología que hace viable esa guerra.



  • Absoluta intransigencia con el sistema.

  • -

Incansable voluntad de transformar la realidad.

-

Identificación de la burocracia, como formando parte del campo contrarrevolucionario.


  • Entronque efectivo en las luchas del pueblo.

  • Confianza ilimitada en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora peronista.



*La Resolución sobre la relación partido-ejército del quinto Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en cuanto dice: ... El partido [...] es una organización [...] que se constituye en la dirección política revolucionaria de todo el pueblo, en todos los terrenos de lucha, tanto en el terreno militar como en el económico, político, etc.
*El editorial La Guerrilla Rural y Urbana publicado en «Estrella Roja», de julio de 1974, agregado como prueba documental N.º 6 al cuaderno de prueba de Viola en cuanto expresa: ... la guerrilla rural tiene la característica de que permite, gracias al auxilio de la geografía, la construcción relativamente veloz de poderosas unidades de combate [...] la consolidación de estas unidades permitirá disputar al enemigo zonas geográficas, primero durante la noche y luego durante el día. En la medida que el paralelo desarrollo de la lucha política y la aplicación de una línea correcta de masas a la actividad militar, fortalezca y engrose las columnas guerrilleras, será posible liberar zonas y construir más adelante sólidas bases de apoyo.
3.2.2. En lo referente a la situación preexistente al 24 de marzo de 1976, dice la sentencia aludida:
Ya ha quedado suficientemente demostrado, al punto de caracterizarlo como un hecho notorio, que ese fenómeno delictivo asoló al país desde la década de los sesenta, y generó un temor cada vez más creciente en la población, a la par que una grave preocupación en las autoridades.
También está fuera de toda discusión que a partir de los años setenta, el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes, por su cantidad, por su capacidad ofensiva, por su poder de fuego, por los recursos económicos que contaban −provenientes de la comisión de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económicos−, por su infraestructura operativa y de comunicaciones, la organización celular que adoptaron como modo de lograr la impunidad, por el uso de la sorpresa en los atentados irracionalmente indiscriminados, la capacidad para interceptar medios masivos de comunicación, tomar dependencias policiales y asaltar unidades militares.
En suma, se tiene por acreditado que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento, posiblemente no se hubieran producido.

(Lo subrayado es nuestro).


3.2.3. Sobre la normativa en ese período (anterior al 24 de marzo de 1976) dice:
Así, a partir de 1970, los distintos gobiernos de la Nación Argentina dictaron diversas normas tendientes a hacer más efectiva la defensa del país contra el flagelo terrorista...

La mayor parte de estas disposiciones estuvieron dirigidas a reprimir con rigor creciente la actividad subversiva, salvo un momentáneo eclipse operado en el curso del año 1973. En este año, por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar, se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron la libertad un elevado número de delincuentes subversivos −condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de crímenes por ellos perpetrados− cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores. (lo subrayado es nuestro)

[...]
3.2.4. En el próximo tema, titulado «La legítima defensa», la Cámara dice en la sentencia ya referida:


Toca ahora ver si las conductas típicamente relevantes se hallan amparadas por la norma permisiva contenida en el artículo 34, incisos 6 y 72 del Código Penal, esto es, legítima defensa del estado y la sociedad necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada, y que ella comprende tanto los derechos propios como los de terceros...

Es suficientemente claro que ni el Estado ni la sociedad provocaron de manera suficiente la agresión subversiva. Ello es un hecho notorio que se desprende de la circunstancia de que la subversión terrorista en momento alguno señaló la existencia de situaciones sociales o políticas de tal entidad, que pudieran determinar su actividad disolvente. Parece útil resaltar que ni Estado ni sociedad son conceptualmente gobierno y que tales acciones tuvieron lugar tanto en épocas en que los destinos de la Nación eran regidos por gobiernos de jure como de facto. (lo subrayado es nuestro)

[…]


Es que, como quedó dicho anteriormente, la actividad subversiva se manifestó a través de todo tipo de ataques individuales o colectivos, a personas o instituciones, generalmente llevados a cabo de manera aleve, todo lo cual encuadra con claridad en el concepto antes citado. (lo subrayado es nuestro)

[…]


La permanente recurrencia de las defensas al tema de la guerra, bajo cuya óptica pretenden que se analice el caso, lleva este Tribunal a una consideración particular.

Tanto la doctrina nacional como la internacional, establecen una distinción entre los conflictos armados que se pueden suscitar en el seno de una sociedad o entre distintos estados.

[…]


Contemporáneamente, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha desarrollado una nueva forma de conflicto armado que se ha dado en llamar guerra revolucionaria. (lo subrayado es nuestro)

Para Robert Thompson su mejor definición es: una forma de guerra que permite que una minoría, pequeña y despiadada, obtenga por la fuerza el control de un país, se apodere, por lo tanto, del poder por medios violentos y anticonstitucionales (Guerra revolucionaria y estrategia mundial, 1945-1969 Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969, pág. 20).

Igualmente, suelen distinguir los autores entre la guerra revolucionaria y la guerra de guerrillas Mientras esta última es defensiva y táctica, incluye el hostigamiento de las fuerzas regulares, puede ser nacionalista o patriota y no necesariamente política, la primera es esencialmente política y social. Puede, durante cierta fase, incluir acción guerrillera, pero sus objetivos son muchísimo más ambiciosos
Conviene destacar que, de modo más o menos coincidente, los teóricos sobre el tema distinguen cinco fases dentro de la guerra revolucionaria, que caracterizan del modo que sigue:

Fase 1: Despliegue e infiltración en el país en que se inicia el proceso; organización clandestina del aparato revolucionario y agitación social.

Fase 2: Intimidación de la población mediante el terrorismo en sus distintas formas, como modo de obtener el desprestigio de la autoridad pública y privarla de consenso.

Fase 3: Control de la población para comenzar a volcarla hacia el marxismo o asegurar su pasividad.

Fase 4: Ejercicio de dominio sobre un espacio geográfico poblado para instalar un gobierno revolucionario y gestionar su reconocimiento internacional.

Fase 5: Pasaje a la ofensiva general; desarrollo de la guerra civil y apoderamiento del país…
3.2.5.Concepto de «dominio territorial»
Antes de continuar con las transcripciones de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Causa 13), se deben hacer las siguientes consideraciones a lo expresado sobre la «Guerra Revolucionaria».

Las expresiones de los distintos autores, comenzando por el más importante de ellos, Mao Tse-Tung, se refieren a países con muy importantes poblaciones en el campo –campesinado− por lo que las guerrillas rurales podían dominar territorios (es el caso de hoy de las FARC en Colombia) mientras que por las características socio-económicas y geográficas de nuestro país, la masa de los trabajadores (principal objetivo de la subversión terrorista) era urbana y estaba distribuida en el cordón fabril «La Plata-Santa Fe» y en Córdoba. Por ello se desarrolló con mayor ímpetu la subversión urbana inicialmente, para ir preparando después zonas rurales aptas (como Tucumán donde quería recalar el «Che» Guevara luego de Bolivia para conducir su revolución continental) cuyo desarrollo y dominio les permitiría pedir ayuda internacional, entrando en la cuarta Fase teórica explicada en la sentencia.


El concepto de dominio en lo urbano es diferente; aquí se alude a la capacidad de operar (con partisanos, mimetizados en el medio, sin uniformes ni armas a la vista) mediante la concentración sobre uno o más blancos elegidos y luego dispersarse para que las fuerzas legales caigan en el vacío y se vayan desprestigiando y desmoralizando, mientras ellos se preparan para actuar en otras misiones.

El dominio de zonas rurales era importante con el tiempo, para crecer militarmente y poder enfrentarse en combates, si fuera necesario, con las fuerzas armadas legales en forma convencional.


Por ello, el PRT-ERP a fines de 1974 ya apareció en los montes al SO de Tucumán y abrió un frente secundario rural y Montoneros en 1976 comenzó a preparar otro al N del anterior.
3.2.6. Definición de la Cámara sobre la naturaleza de los acontecimientos que enmarcan la causa
Dice, finalmente, en esta parte la sentencia: En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria( lo subrayado es nuestro)

3.2.7. Aplicación de las leyes y usos de la guerra
En cuanto al Derecho Internacional, se debe resaltar lo siguiente que transcribimos de la sentencia aludida, dice J. Bidart Campos: Cuando la emergencia desencadena operaciones bélicas entre el gobierno constituido y los insurgentes pueden aplicarse las leyes y usos de la guerra, aún cuando el primero considere a los segundos como delincuentes políticos. En ese sentido, añade que las convenciones de Ginebra de 1949 sobre heridos, enfermos, prisioneros de guerra y civiles en tiempo de guerra disponen que sus normas se extenderán a los conflictos armados que sin carácter internacional ocurran en el territorio de los estados contratantes. Concluye el tema de esta manera: Cuando el gobierno ya ha reconocido a las fuerzas opositoras la calidad de beligerantes o se trata a la autoridad rebelde como gobierno de facto, o cuando sin llegar a ninguna de esas situaciones deben recurrir a medidas de guerra imprescindibles ante la magnitud del alzamiento en armas, puede hablarse de una guerra civil. Y no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra; ambas partes son bélicamente iguales y deben regirse por las leyes y usos de la guerra como si la contienda fuera internacional. (Derecho Constitucional, cit. T.I. p. 582; en el mismo sentido, Nicasio de Llauda, op. Cit.. pp. 31 y 32). (lo resaltado es nuestro)
3.3.

Los componentes de las fuerzas enfrentadas en el conflicto armado
Para poder calificar adecuadamente la naturaleza del enfrentamiento entre las organizaciones terroristas revolucionarias y el Estado Nacional debemos analizar y evaluar los más importantes componentes de las fuerzas en oposición (obviamente nos referiremos sólo a las fuerzas ilegales y clandestinas, porque el Poder Militar de la República Argentina, en términos generales y por ser público, es conocido o fácilmente imaginable).
A continuación, será tratada la finalidad de su lucha, los objetivos que perseguían, su estrategia, así como sus tácticas y procedimientos y también los recursos disponibles y los apoyos obtenidos dentro del país y en el exterior.
3.3.1. Finalidad
Era: tomar el poder político del Estado Nacional para implantar un Estado Socialista totalitario (marxista-leninista).
3.3.2 Objetivos
Si bien algunas organizaciones menores –del espectro revolucionario− no dieron a conocer públicamente sus objetivos por conveniencia política, otras −como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)− sí lo hicieron y difundieron en sus publicaciones, agrupándolos por ámbitos del quehacer nacional (Ver revista Estrella Roja, N.ro 1, de abril de 1971), mientras que Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) unificados en 1973, que mantuvieron la primera de las designaciones para ocultar su marxismo-leninismo, los enunciaban como metas o propósitos por alcanzar en un tiempo previsto para cada ámbito. (Véase revista Evita Montonera, N.ro 1, diciembre de 1974, Pág. 12 a 17).
3.3.3. Estrategia
Definida en general como el arte de emplear los medios −en los más altos niveles de conducción− para lograr los objetivos previstos y llegar a la consecución de su finalidad (la toma del Poder).
Para ellos el modelo era «la Guerra Revolucionaria», ya que su metodología permitía ir modificando, en un plazo de tiempo que estimaban prolongado, la relación de poder de combate entre sus organizaciones y las fuerzas legales para poder llegar luego, si fuera necesario, al enfrentamiento convencional.
En la práctica y en general, lo que se buscaba era explotar todas las contradicciones y frustraciones de la sociedad, y utilizar tres tipos de acciones básicas: la acción armada, la acción insurreccional de masas y la acción política, que no eran excluyentes entre sí sino complementarias, se colocaba el centro de gravedad en la que apreciaban que prometía mayor éxito.
3.3.4. Tácticas y procedimientos
Emplearon todos aquellos que enseñaban los manuales escritos sobre Guerra Revolucionaria y guerrilla urbana o rural, especialmente por Mao Tse-Tung, el «Che» Guevara, Ho Chi Minh, Giap, Marighella, el Frente Sandinista de Liberación, etc. También apuntes de los cursos que, en considerable cantidad realizaron los fundadores o primeros miembros de las distintas organizaciones (especialmente en Cuba) sumados a las experiencias de Tupamaros, MIR de Chile, las enseñanzas de Vietnam y las propias prácticas en el país.
En el caso de Montoneros y del ERP también se utilizaron reglamentos de las fuerzas armadas argentinas.
Al principio, sus acciones eran además de ilegales, encubiertas y se confundieron con las cometidas por los delincuentes comunes, como fueron los robos de dinero, de equipos, de materiales, de vehículos, de armas en armerías y casas particulares, etc.
Algunas de ellas se utilizaron con el triple propósito de: abastecerse de recursos, iniciar el entrenamiento militar y comprometer a los militantes con la organización, como eran los casos de desarme a policías, los robos a bancos y a camiones de caudales y los secuestros extorsivos.
A partir del momento en que las estructuras se fueron robusteciendo, comenzaron a identificarse ante la población (años 1969-1970) por la necesidad de difusión de sus acciones, que les permitiría lograr más adherentes y militantes.
La llamada «propaganda armada» siempre ha sido el procedimiento usado por las organizaciones revolucionarias armadas que pretendían desarrollarse con rapidez, inspiraban simpatía (reparto de víveres y elementos en barrios pobres, intimidación a patrones en defensa de sus obreros, etc.) o temor (asesinatos, atentados, secuestros extorsivos, etc).
Cuando fueron creciendo en medios y capacidad, iniciaron los ataques a dependencias policiales y, posteriormente, a las de las fuerzas armadas, que incluían unidades logísticas y de las armas, donde emplearon importantes efectivos y obtuvieron gran difusión en los medios de comunicación social .
El terrorismo constituyó una herramienta muy importante para los «revolucionarios», ya que mediante sucesivos actos de violencia suficientes para producir intimidación por terror, en la comunidad, tendió a paralizar la capacidad defensiva de ésta y crear una sensación de miedo e inseguridad personal.

Los actos terroristas típicos de esta guerra no convencional, como la colocación de artefactos explosivos de distinto poder, muchas veces indiscriminado y el ataque a traición, por sorpresa y alevosía al personal de las fuerzas armadas, de seguridad. y policiales, así como a civiles de distintos ámbitos del quehacer nacional, estuvo siempre presente en el accionar de todas las organizaciones políticas armadas terroristas.



3.3.4.1. Uso y fabricación de explosivos
Como se dijo el uso de explosivos era parte de las tácticas revolucionarias que usaba el terrorismo como herramienta de terror (asesinatos) e intimidación y, por ello, Montoneros desarrolló con profesionales químicos, el explosivo «C2» para eso montó cinco fábricas en el país para alimentar la fabricación de granadas antipersonales y de carga hueca, artefactos tipo «vietnamita» y otra clase de aparatos. Dos de ellas fueron instaladas fuera del país, una en Brasil y la otra en la ciudad de Sidón (en Palestina) como compensación por los cursos que sus militantes efectuaban en ese Estado.
3.3.4.2. Principales atentados con explosivos
Si bien como se expresa en las transcripciones del juicio a las Juntas de Comandantes (Causa 13) que figuran a continuación fueron más de cinco mil las acciones con explosivos realizadas por las organizaciones políticas armadas que actuaron en la Argentina, bien llamadas «terroristas», detallamos a continuación, con la fecha de ejecución, aquellas consideradas más importantes:
15/1/72. Montoneros: atentó con un artefacto explosivo contra la vida del ex ministro de Justicia Jaime Perriaux colocado en su domicilio. Murió un policía que estaba de custodia.

16/10/72. FAR: colocó una bomba en una habitación del Hotel Sheraton de Buenos Aires y mató a una turista canadiense, hirió a su esposo y a otra turista norteamericana.

30/3/73. ERP: el soldado conscripto de la Armada Argentina, Julio Provenzano, militante de esa organización, manipulaba un artefacto explosivo en un baño del edificio Libertad para colocárselo a sus superiores, pero éste explotó en ese momento y el conscripto murió en el acto.

1/11/74. Montoneros: destruyó con un artefacto explosivo la embarcación en la que se desplazaban por el delta de Tigre el Jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar y su señora esposa, quienes murieron en el acto.

27/8/75. Montoneros: colocó explosivos subacuáticos en el casco de la fragata misilística Santísima Trinidad en construcción en el astillero de Río Santiago, que provocaron importantes daños que retardaron su construcción.

29/8/75. ERP: colocó una poderosa carga explosiva en una alcantarilla bajo la pista del aeropuerto de Tucumán, y la hizo explotar con control remoto al despegar un avión Hércules de la Fuerza Aérea que transportaba personal de Gendarmería Nacional que volvía a su provincia.

Mataron a seis miembros de esa fuerza de seguridad, veintiséis de entre ellos resultaron heridos de gravedad y se destruyó totalmente el aparato.

8/9/75. Montoneros: colocó una bomba frente a la Universidad de Belgrano, en Capital Federal, que mató a una estudiante e hirió a cuatro más.

16/1/76. Murió un policía que intentaba desactivar una bomba, en la localidad de Morón.

15/3/76. Montoneros: atentó con un coche bomba, que colocó en el playón de estacionamiento del Estado Mayor General de Ejército un soldado conscripto militante de esa organización, para matar al general Jorge R. Videla. La explosión no logró su cometido, pero mató a un civil que conducía un camión y pasaba en ese momento por la calle e hirió a veintiséis personas, algunas de gravedad.

2/6/76. Accidentalmente, se encontró un artefacto con cinco kilogramos de explosivos, clavos y tornillos, en el jardín de la Escuela de Mecánica de la Armada, con un mecanismo de relojería listo para explotar minutos después, cuando se desarrollaría una formación militar con los jóvenes aspirantes a suboficiales.

18/6/76. Montoneros: colocó un explosivo debajo de la cama del jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo, que explotó al acostarse y lo mató. Para poder realizarlo, la organización había infiltrado una militante que estudiaba con la hija en la casa del militar. Los detalles fueron difundidos por la asesina, Ana M. González, en una entrevista a la revista española Cambio 16.

2/7/76. Montoneros: hizo detonar en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, a la hora del almuerzo del personal, una valija con explosivos que provocó veintitrés muertos y sesenta y cinco heridos, doce de los cuales quedaron mutilados de por vida. El autor fue un militante de la organización terrorista de apellido Salgado que había prestado servicios un año en el lugar.

12/9/76. Montoneros: hizo explotar un coche bomba en Rosario, Santa Fe, al paso de un ómnibus que transportaba policías que regresaban de cumplir funciones del servicio en un partido de fútbol. Murieron nueve policías, un fotógrafo y su esposa que pasaban por el lugar. Hubo además trece heridos graves, algunos de los cuales quedaron mutilados de por vida.

16/10/76. Montoneros: detonó una carga de explosivos en la oficina del subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El subjefe perdió un brazo y quedaron heridos un coronel y tres comisarios.

17/10/76. Montoneros: colocó una bomba en el cine del Círculo Militar, lugar al que concurrían familias y personal retirado, se la hizo explotar durante la función e hirió a más de cincuenta personas. La inexperiencia del terrorista que la colocó debajo de colchonetas apiladas (el lugar durante día era un gimnasio) causó que la explosión empujara para abajo con mayor fuerza e hiciera un hueco de un metro de diámetro en la losa de cemento armado de quince centímetros de espesor. Si la hubiera colocado arriba, habría matado a las doscientas personas presentes.

15/12/76. Montoneros: por medio de un funcionario militante, hizo explotar una valija con explosivos en el microcine de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa y provocó catorce muertos y diecinueve heridos, algunos de gravedad.

1/8/78. Montoneros: colocó una carga explosiva en un edificio vecino al domicilio del almirante Lambruschini, que provocó el derrumbe de cuatro pisos y mató a la hija del almirante, de quince años, a una anciana y a una persona de sexo masculino.

27/09/79. Montoneros: copó por sorpresa la casa del secretario de coordinación del Ministerio de Economía Dr Walter Klein y mató a dos policías custodios. Luego de sacar a las mucamas de la casa, pusieron cargas explosivas en varios lugares del inmueble sin hacer caso a los ruegos de las empleadas que avisaban que había cuatro niños en la casa. La explosión milagrosamente provocó el derrumbe total de toda la planta superior, sin ocasionar heridas de gravedad al matrimonio y a sus cuatro hijos.

13/11/79. Montoneros: asesinó con disparos y granadas al empresario Francisco Soldati y a su chofer en la intersección de Arenales y avenida 9 de Julio, en pleno centro de la Capital Federal, en momentos en que, imprevistamente, una patrulla policial pasaba por el lugar. Se originó un tiroteo durante el cual detonó una carga explosiva que una terrorista estaba colocando debajo de una camioneta para dejarla en el lugar como señuelo y hacerla explotar a distancia cuando llegaran las autoridades a observar lo ocurrido.


3.3.5. Acciones subversivo-terroristas, según la justicia
Lo que se transcribe a continuación, es parte del texto de La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Causa 13) «Antecedentes y desarrollo del Sistema General en que se integran los hechos».


CAPÍTULO I: (Cuestiones de hecho N.º 1 y 2):

El fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en el ámbito nacional, con anterioridad a la década de los setenta, pero es este año −1970− el que marca el comienzo de un período que se caracteriza por la generalización y la gravedad de la agresión terrorista evidenciada, no sólo por la pluralidad de bandas que aparecieron en escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron e incluso por la espectacularidad de muchas de ellas.

Sobre esta ubicación temporal puntualmente, todos los informes requeridos por el Tribunal y la bibliografía aportada a la causa señalan con alguna diferencia de matiz, la aparición simultánea entre los años 1969 y 1970, aunque se indica que alguna de estas bandas venían gestándose desde varios años antes...

El accionar del terrorismo, por su complejidad y gravedad y por la capital importancia que reviste como necesario antecedente de los hechos objeto de juzgamiento, será motivo de análisis pormenorizado en puntos posteriores, sin perjuicio de lo cual, al solo efecto de ilustrar estadísticamente, con los elementos arrimados a la causa, la intensidad que adquirió a partir de su aparición en el período señalado, puede indicarse que:

Según el Ejército Argentino (f.318/323 del cuaderno de prueba de Viola) como resultado de la actuación guerrillera en el lapso comprendido entre 1969 y 1979 se computan 21.642 acciones de diversa entidad, corresponde aclarar que esta cifra sirve como punto de referencia ...
Los cursos de acción comprendidos se discriminan de la siguiente manera: 5215 atentados explosivos; 1052 atentados incendiarios; 1311 secuestros de artefactos explosivos; 132 secuestros de material incendiario; 2013 intimidaciones con armas; 52 actos contra medios de comunicación social; 1748 secuestros; 1501 asesinatos; 551 robos de dinero; 589 robos de vehículos; 2402 robos de armamentos; 36 robos de explosivos; 40 robos de documentos; 17 robos de uniformes; 19 robos de material de comunicaciones; 73 robos de material sanitario; 151 de materiales diversos; 20 copamientos de localidades; 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad; 22 copamientos de medios de comunicación social; 80 copamientos de fábricas; 5 copamientos de locales de espectáculos públicos; 261 repartos de víveres; 3014 actos de propaganda; 157 izamiento de bandera y 666 actos intimidatorios. (lo resaltado es nuestro)
La actividad a la que se hace referencia se desarrolló con intensidad progresiva y alcanzó su momento culminante a mediados de la década, ya que las bandas existentes, dotadas de un número creciente de efectivos, de mejor organización y mayores recursos financieros, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el período analizado. (lo resaltado es nuestro)
Esta circunstancia puede comprobarse cuantitativamente teniendo en cuenta que:

a.

De los 138 delitos contra civiles de los que da cuenta el informe de la Policía Federal (F. 321/353 del cuaderno de prueba de Videla) 62 se cometieron durante los años 1974 y 1975, en un gobierno democrático. (Lo resaltado es nuestro)
b. De los 21.642 hechos terroristas que computa para toda la década el Estado Mayor General del Ejército (F. 318/323 del cuaderno de prueba de Viola) 6762 sucedieron entre 1974 y 1975. (Lo resaltado es nuestro)
c. Los ataques organizados contra unidades militares de mayor envergadura, por la importancia de los objetivos y por el despliegue logístico y de combate que supusieron, también corresponden a esta época, que se vio conmocionada por los copamientos del Regimiento 10 de Caballería Blindada de la ciudad de Azul, la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, el Batallón Depósitos de Arsenales 121, Fray Luis Beltrán de Rosario, los intentos de copamiento al Regimiento de Infantería de Monte en la Provincia de Formosa y al Batallón Depósito de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, y los atentados con explosivos contra la Fragata Misilística Santísima Trinidad, ocurrido en la Base Naval Ríos Santiago, y contra un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, ocurrido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo de la Provincia de Tucumán (según consignan los informes citados y la publicación oficial El Terrorismo en la Argentina).
Esta situación se reflejó también en la acción de propaganda de estos grupos, lanzada masivamente en el período señalado, hacia la población, no sólo a través de los medios de prensa tradicionales que, como es público y notorio, recibieron gran cantidad de mensajes, sino también a través de su propia infraestructura de prensa que les permitió difundir una notable cantidad de panfletos y publicaciones en los que se hacía la apología de los delitos cometidos. Ejemplo de ello son las revistas Estrella Roja, Evita Montonera y Estrella Federal, entre otras, aportadas a f. 31 Vta. del cuaderno de prueba de Viola, donde se informa detalladamente sobre algunas de las acciones, más arriba mencionadas.

CAPITULO II: (Cuestiones de hecho 3,4,5,20,21,23,24,26 y 271)

La importancia que adquirió la actividad terrorista se refleja objetivamente en que:

Se desarrolló en todo el territorio de nuestro país, predominantemente en las zonas urbanas; existieron, asimismo, asentamientos de esas organizaciones, en zonas rurales de Tucumán.

Se desprende que los principales grupos aparecieron públicamente en forma casi simultánea...
La razón de ser de las distintas formas de guerrilla se explica en el editorial «El Comienzo de la Guerrilla Rural», publicado en el ejemplar N.º 6 del cuaderno de prueba de Viola, donde se consigna: ... el accionar guerrillero urbano ha desarrollado ya varios años de experiencia práctica [...] y las pequeñas unidades que comenzaron el combate en la década pasada, ya se han fortalecido y convertido en unidades de mayor tamaño, de gran capacidad operativa [...] han intervenido en importantes acciones de carácter estratégico, toma de cuarteles, aniquilamiento de patrulleros policiales y algunos operativos de ajusticiamiento. Estas circunstancias plantean al ERP elevar a un nivel superior el carácter de la acción político-militar, y comenzamos a desarrollar la acción revolucionaria en el Frente Rural, con el doble objetivo de cubrir una importante necesidad estratégica de la Revolución, como es el actuar en un terreno favorable que permita la construcción de unidades de gran tamaño por un lado, y por otro, organizar nuevas capas populares como los campesinos, para hacer más efectiva la ofensiva que viene librando nuestro pueblo desde hace años...
Con relación a lo expuesto, declararon Antonio Cafiero, Alberto Luis Rocamora y Carlos Federico Ruckauf, entre otros (F. 15, 23 y 40, respectivamente, de las actas mecanografiadas de la audiencia de prueba), quienes señalaron como muy importante la actividad terrorista en el monte tucumano, porque del ámbito rural se intentaba avanzar al ámbito urbano. ( lo resaltado es nuestro)
En menor medida, se produjeron ataques organizados contra unidades militares y copamiento de pueblos enteros. Tal como surge de:
El expediente 22.965, agregado por cuerda a F. 221 del cuaderno de prueba del general Galtieri, en el que se investigó el copamiento del Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada N.º 10 Húsares de Pueyrredón y Primer Grupo de Artillería Blindada de Azul, perpetrado por un grupo de aproximadamente cuarenta o cincuenta personas pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo, en el que resultaron muertos el coronel Arturo Gay y su esposa, el soldado Daniel Osvaldo González y uno de los atacantes. El teniente coronel Ibarzábal fue secuestrado y luego asesinado.
1) El expediente 190/84 del Juzgado Federal N.º 2 de Córdoba, agregado por cuerda a f. 273 del cuaderno de prueba citado, caratulado «Aybar, Antonio s/asociación ilícita», donde, a raíz de un allanamiento de domicilio se pudo averiguar que el 11 de agosto de 1974 se iba a intentar copar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 de Catamarca, y fracasó el operativo por circunstancias fortuitas al haber sido interceptada en la vía pública la banda, por una comisión policial. Como consecuencia, se produjo un enfrentamiento posterior en el que murieron dieciséis delincuentes y como resultado se secuestraron diversas armas y explosivos.
2) El sumario 23.160 instruido contra el soldado conscripto Eugenio Antonio Pettiggiani y otros, con motivo del asalto y copamiento a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, Villa María, Córdoba, agregado, por cuerda a f. 221 de cuaderno de prueba citado, del que resulta que el 10 de agosto de 1974, aproximadamente a las 23.40, un grupo de setenta u ochenta subversivos ingresó en ese establecimiento militar luego de copar el Motel Pasatiempo, ubicado a un kilómetro de la fábrica y utilizado como base de operaciones. Allí se demostró que con la colaboración del conscripto Pettiggiani fueron atacados los puntos clave, se apoderaron de gran cantidad de armamentos, municiones y explosivos, hirieron a varios oficiales y suboficiales y secuestraron al mayor Larrabure, quien apareció muerto mucho tiempo después.
3) El informe del Estado Mayor General del Ejército agregado a f. 486/491 y 783 del cuaderno de

prueba de Viola, en cuyo anexo b) se da cuenta, además de los hechos ya mencionados:

a)

Del copamiento del Batallón de Arsenales 121 San Lorenzo, de Santa Fe; realizado por

aproximadamente veinte miembros del ERP, el 13 de abril de 1975, en el que robaron gran

cantidad de armamentos y munición de guerra.


  1. Del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte N.º 29 de Formosa, realizado por unos cuarenta efectivos del Ejército Montonero el 5 de octubre de 1975, quienes a un mismo tiempo ocuparon el Aeropuerto internacional El Pucú, un campo en las inmediaciones de Rafaela, Provincia de Santa Fe, controlaron la ruta que une el Regimiento de Infantería N.º 29 y dicho Aeropuerto, y capturaron a un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y una avioneta Cessna de cuatro plazas. El ataque al Regimiento fue repelido, y se produjeron doce muertos y diecinueve heridos en las filas del Ejército y dieciséis muertos en las filas de la banda terrorista.




  1. Del intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, de Monte Chingolo, efectuado por un grupo de aproximadamente ochenta integrantes del ERP, el 23 de diciembre de 1975, en el que resultaron muertos seis efectivos del Ejército y doce heridos, mientras que la banda subversiva sufrió cincuenta y dos bajas.




  1. La publicación oficial «El terrorismo en la Argentina», ya citada, que informa sobre el intento de copamiento al Comando de Sanidad del Ejército por parte del ERP, producido el 6 de septiembre de 1973; los copamientos de las localidades de la Calera Provincia de Córdoba, y de Garín en la Provincia de Buenos Aires, ocurridos el 1.º y 30 de julio de 1970, respectivamente, perpetrados por Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias; y los atentados con explosivos contra la Fragata Misilística Santísima Trinidad, en Río Santiago, Provincia de Buenos Aires, y contra el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, el Aeropuerto Benjamín Matienzo de la Provincia de Tucumán, el 27 y 28 de agosto de 1975, respectivamente.




  1. El expediente 1604 del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de San Martín, agregado en el cuaderno de prueba de Agosti, caratulado «Aoad, Vilma Gladis», VIII Brigada Aérea denuncia sobre infracción a la ley 20.840 en la que se condenó a la nombrada por haber realizado, con la colaboración del cabo primero de Fuerza Aérea Osvaldo Antonio López, un atentado con explosivos contra la dotación de aviones Mirage de la VIII Brigada Aérea Mariano Moreno de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, hecho que no tuvo éxito por fallas en los artefactos colocados y por haber sido descubierto por las autoridades, ocurrido el 29 de abril de 1976.




  1. El expediente 188 (JIM N.º 1) 845.766 de la Fuerza Aérea Argentina, instruido en razón del atentado con explosivos que produjo grandes daños en el Edificio Cóndor. Ocurrido el 5 de abril de 1977, adjudicado a Patricia Palazuelos.


[...]
La actividad descripta fue producto de la actuación de una pluralidad de grupos subversivos que en total contaban con un número de algunos miles de integrantes, sus características más importantes eran su organización de tipo militar, que incluyó la creación de normas y organismos propios de tipo disciplinario, su estructura celular, la posesión de un considerable arsenal que utilizaban en sus acciones y abundantes recursos económicos, producto principal de delitos cometidos.

3.3.6. Recursos disponibles
3.3.6.1.

Humanos

Hubo organizaciones cuya estructura era totalmente clandestina y otras que tenían desarrollada, además, otra estructura legal, en la superficie, cuyos miembros tenían un menor compromiso organizativo y actuaban generalmente en tareas logísticas de apoyo, de propaganda y de inteligencia, eran, además, una importante fuente de reclutamiento para la estructura clandestina. Un ejemplo: Montoneros (estructura armada clandestina). La Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Juventud Universitaria Peronista (JUP), el Partido Auténtico, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), etc. (estructuras de superficie o de fachada).


3.3.6.1.1. Efectivos
Su cuantificación, fue y sigue siendo difícil de precisar aún para las mismas organizaciones. Para ejemplificar, a continuación transcribimos un párrafo del libro La Voluntad, Tomo III, escrito por el excombatiente del ERP Eduardo Anguita y Eduardo Caparrós, un montonero exiliado en París en 1976 (hoy escritor y periodista televisivo). Allí se expresa que: Mena (miembro del Comité Central del PRT y uno de sus líderes más importantes de esa organización) les había manifestado que cuando fundaron el ERP en 1971, que el PRT tenía unos trescientos miembros y que en esa oportunidad –1976– tenían alrededor de cinco mil compañeros, incluyendo militantes, aspirantes, combatientes y simpatizantes.
Por su parte, Richard Gillespie en su libro Los Soldados de Perón. Montoneros, en el capítulo 5, y subcapítulo «El intento de crear un Ejército Montonero», dice: …a fines de 1974, luego de su pasaje a la clandestinidad, tenían miles de activistas dispuestos a ser organizados dentro de sus estructuras militar y política y se creó una red de pelotones de combate como unidades celulares básicas, las que llevaban el nombre de guerrilleros muertos. Estas estructuras militares menores –continúa– estaban estructuradas dentro de «las Columnas» (tomadas del modelo Tupamaros, del Uruguay. Con gran autosuficiencia, reclutamiento propio, servicio de información, aparato militar y técnico independiente, así como una organización propia de labor de masas) que actuaban abarcando Regiones o Zonas.
En 1975, sus activistas se dividían en combatientes y milicianos, teniendo un mínimo de cinco mil personas encuadradas como tales.
Por otra parte, un informe del Consejo Nacional del Partido Montoneros de septiembre de 1977, expresaba que: entre el 24 de marzo de 1976 y 1977, aproximadamente en doce meses de lucha, sus bajas ascendían a dos mil, un tercio más de lo previsto.
En agosto de 1998, según expresara el «oficial Montonero» Manuel Pedreira a Richard Gillespie en La Habana (Cuba), las bajas desde el 24 de marzo de 1976, ascendían a cuatro mil quinientos militantes. Se recuerda en otro pasaje de su entrevista con el escritor, que en 1976/1977, en oportunidad de las disidencias de la «Columnas Norte» y «La Plata» con la «Conducción Nacional», la primera tenía alrededor de novecientos militantes y un poco menos, la segunda.
Sobre la base de muertos, detenidos y desaparecidos denunciados oficialmente y en detalle, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y de los que seguían actuando dentro y fuera del país, pueden contabilizarse unas 25.000 a 30.000 personas comprometidas en su organización, entre todas las estructuras armadas que actuaron en el período 1970 a 1980, se aprecia que los que intervinieron en operaciones militares o paramilitares de alta intensidad sobrepasaron los cinco mil.
3.3.6.1.2.Composición
En general, preponderaban las personas –jóvenes o muy jóvenes– provenientes de la clase media, con una alta mayoría de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y de profesionales.

Erróneamente, en un artículo del diario Clarín del 25 de noviembre de 1999 titulado «La violencia. Una tragedia argentina», trabajo que carece de imparcialidad y posee importantes errores, se dice que La represión estatal fue clasista y que el 94% de los muertos (asesinados según su autora) eran obreros.


Según un estudio de la época de los sucesos, la composición social de las organizaciones subversivas era la siguiente:


  • Jefes político-militares de distintos niveles en las organizaciones: 74% poseía estudios

universitarios y el resto, estudios secundarios como mínimo. Nivel: clase media y superior.


  • Combatientes: 78% tenía estudios universitarios y con distintos grados de avance en la carrera. 15% educación secundaria, 7% educación primaria. Nivel predominante: clase media.




  • Periféricos: 50% universitarios, 20% secundario y 30% primario. Nivel: grupo policlasista.


3.3.6.1.3. Instrucción
En cuanto a su calidad, dada inicialmente por el nivel intelectual –normalmente elevado– de sus dirigentes e incluso de sus militantes, debe agregarse los cursos realizados en el extranjero, especialmente en Cuba, pero también en Palestina, Vietnam, etc.
A la bibliografía aportada por distintos autores (terroristas o ideólogos extranjeros), debe sumarse la aportada por las conducciones revolucionarias respectivas, según lo que se expresa a continuación en «la sentencia de la causa 13» (Capítulo II) donde dice:


La organización del tipo militar de esas bandas surge implícitamente de las acciones de mayor envergadura acaecidas contra las instalaciones castrenses, entrenamiento previo en el manejo de armas y las modalidades de lucha adoptadas que evidencian a las claras un adiestramiento de ese tipo. Esta condición está resaltada, también, en su material de propaganda, del que merece destacarse el artículo «Hacia la construcción del Ejército Montonero», publicado en octubre de 1975 en Evita Montonera, y el relativo a «Creación de una Escuela Militar en el PRT», publicado en Estrella Roja, ambos agregados como prueba documental N.º 9, por la defensa del procesado Viola.

Las modalidades de militarización de estas bandas se acreditan con el material bibliográfico de estudio dictado por ellas, agregado por cuerda a los cuadernos de prueba de las defensas de los procesados Galtieri y Massera, a saber:


  1. Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras, que en distintos capítulos contiene instrucciones sobre orden cerrado, capacitación física y criterios básicos de planificación operativa y logística




  1. Cuerpo de Manuales sobre Guerrilla Rural, consistente en documentos de instrucciones sobre táctica, supervivencia, topografía, comunicaciones y sanidad, también editados por Montoneros




  1. Manual de Información e Inteligencia y Cartilla de Seguridad con Instrucción sobre Procedimientos Operativos, correspondientes a la misma organización




  1. Resolución 001/78 del Ejército Montonero por las que impone el uso de uniforme, grados e insignias




  1. Curso de Táctica, Información y Estudio de Objetivos editado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores




  1. Reglamento para el Personal Militar del Ejército Revolucionario del Pueblo, donde se prevé la conformación de escuadras, batallones, etc.



3.3.6.2. Estructura orgánica
Transcribimos parcialmente lo expresado en el Capítulo 14 del libro Hombres y Mujeres del PRT-ERP. De Tucumán a la Tablada, escrito por Luis Mattini (nombre real Arnold Kremer, hoy trabaja en la «Defensoría del pueblo de la Nación») −quien a la muerte de Santucho, «Secretario General del PRT»y «Comandante en Jefe del ERP», asumió esas funciones−:

... Desde el punto de vista orgánico, el nexo entre el Partido y el ERP estaba dado por todo un complicado sistema que partía del hecho de que el Comité Central del PRT trazaba los grandes lineamientos y el Secretario General del Partido era al mismo tiempo el Comandante en Jefe del ERP. Del Comité Central se desprendía un «Comité Militar Nacional», compuesto por varios miembros del Comité Central (no necesariamente afectados a la actividad armada) bajo la titularidad del Secretario General, se aplicaba el concepto de «dirección colectiva» de los asuntos militares. La identificación del Secretario General con el Comandante en Jefe en una misma persona estaba destinada a garantizar la unidad de mando.
A partir de allí, empezaba la estructura independiente del ERP. Un «Estado Mayor Central» compuesto por el Comandante en Jefe y un grupo de oficiales, cada uno a cargo de una jefatura, todos militares y todos miembros del Comité Central (Jefatura de Operaciones, Jefatura de Logística, Jefatura de Inteligencia y Jefatura de Personal).


... Asimismo, la idea de la absolutización de la «guerra rural», quedaba la lucha urbana como su simple apoyo, se iba desdibujando y, en su lugar, se visualizaban posibilidades inesperadas en la lucha armada en las grandes y medianas ciudades.
Todo esto encaja en el concepto de ejército y no en el de pequeños grupos guerrilleros. Es decir, que se pensaba en un ejército con todas las características de tal. «Estado Mayor», «Divisiones», «Batallones», «Compañías», «Pelotones», etc. Las formas concretas que adquirieran las unidades, dependerían de los rasgos específicos de la lucha. Es lógico, entonces, pensar que un ejército de estas características, debía poseer una estructura de mandos jerarquizada. Así es como se llega a plantear prematuramente la necesidad de establecer grados jerárquicos y todas las consecuencias que este tipo de organización implica (disciplina, reglamentos, orden cerrado, insignias, uniformes, etcétera).
El proyecto preparado por Santucho que tanto el Buró Político ( BP) como el Comité Ejecutivo (CE) y el Comité Central (CC) aprobaron sin observación, establecía la organización de todos los combatientes del ERP en un ejército guerrillero regular aunque su característica operativa fuera guerrillera. Con arreglo a la situación del momento y el proceso previsto a corto plazo, incluido el lanzamiento de la guerrilla rural, se crearon las siguientes unidades. Escuadra, de cinco a quince hombres cuyo jefe debía revistar el grado de Sargento; Pelotón, de quince a treinta hombres, cuyo jefe debía ser un Teniente; Compañía, de treinta a noventa hombres al mando de un Capitán y el Batallón de doscientos a trescientos combatientes, al mando de un Comandante. Tres escuadras de tamaño medio (diez hombres) formaban un pelotón y tres pelotones una compañía para reunir tres compañías formando el batallón. Asimismo, Santucho preveía una distribución aproximada de una compañía por cada gran regional del PRT, por ejemplo Córdoba, Rosario, etc., un batallón para el Gran Buenos Aires, y pelotones en las «zonas independientes».
Además cada mando militar debía estar acompañado con un par en el orden político, es decir el responsable político de la unidad que revistaba el mismo grado.
Junto con estas medidas, se crearon los uniformes para los combatientes del ERP. Camisa y pantalón verde oliva y kepi con las insignias de graduación. Va de suyo que el uniforme no se podía prácticamente usar en ciudades, ni aún cuando se operaba en ellas (salvo operaciones que por su envergadura lo permitieran). Estaba destinado fundamentalmente al monte, pero de todas maneras, se exigía su uso dentro de las «casas operativas»o en las escuelas y en toda ocasión que se celebrasen ceremonias del ERP.
... En efecto, se proponía la creación de un ejército guerrillero, el cual con estructura orgánica de ejército regular, empleara tácticas guerrilleras y de «lo chico a lo grande» en cuanto de «pequeños combates exitosos» fuera formando grandes unidades capaces de enfrentar con éxito «las unidades de elite de las FF AA., hasta quebrarles el espinazo» y facilitar la «insurrección final y exitosa de las masas» (Santucho consideraba que los trescientos mil hombres que contaban las FF.AA. Argentinas, entre ellos las fuerzas policiales, gendarmería y otros, sólo una mínima parte eran verdaderas unidades con capacidad combativa, las «unidades de elite del Ejército y de la Infantería de Marina». Lo demás era –a juicio de Santucho– sólo fuerzas de apoyo o administrativas. Por lo tanto, «quebrar el espinazo» significaba derrotar esas «unidades elites» y el Ejército se desmoronaría. Naturalmente, esto visto desde una perspectiva política muy general en donde la lucha política de masas sería determinante). [...]
... La educación de oficiales del ERP, en el nivel que se aspiraba, presentaba enormes dificultades por las peculiares condiciones de Argentina, sin fronteras con un Estado liberado que pudiera servir de retaguardia y apoyo. Se necesitaba «instrucción científica» acorde con los nuevos tiempos. Combatientes y oficiales con total dominio de las tácticas de combate, del uso cabal del armamento en donde la superioridad técnica de la guerrilla compensara con creces la abrumadora superioridad tecnológica de las FF. AA. Esas eran a juicio del PRT, las enseñanzas de toda la experiencia internacional cristalizada en la Guerra de Vietnam.
... La escuela urbana se organizó bajo el mando del Estado Mayor del ERP, es decir, del propio Santucho y su Director fue Juan Manuel Carrizo. Para el cometido se utilizaban fincas en las zonas suburbanas (quintas de fin de semana, alquiladas temporariamente). El «cuerpo docente» se formó con un grupo de miembros del ERP que poseía algunos conocimientos militares y cierta experiencia en métodos didácticos. Entre las principales materias estaban: Táctica operativa, Explosivos, Armamento, Reglamentación de las unidades, etc. Los textos que reflejaban la Doctrina Militar Socialista se reducían a los clásicos escritos militares (Engels, Trotsky, Mao, Giap, el «Che», etc.), es decir que, su mayoría trataban de leyes generales y una cantidad de relatos particulares de la Guerra Patria Soviética, la Guerra Civil Española, y sobre todo, el material disponible de Vietnam; con respecto a la experiencia universal, se leía desde Escipión, pasando por Aníbal y Napoleón hasta detenerse específicamente en la Guerras de la Independencia. Naturalmente que Clausewitz era autor obligado. Pero con respecto a manuales específicos sobre táctica, se utilizó lo conocido públicamente del Ejército Argentino y, sobre todo, el aporte de aquellos miembros del ERP que habían hecho el servicio militar y algunos suboficiales. (El PRT-ERP no logró reclutamientos sustanciales entre los suboficiales de las fuerzas armadas y mucho menos, entre los oficiales).
3.3.6.3.

Justicia

Si bien todos tenían normas para juzgar a los propios militantes; Montoneros había plasmado en un Código de Justicia Penal Revolucionario aquellas normas que llegaban al asesinato.

Toda esta normativa jurídica, propia de toda organización militar, se completaba con normas disciplinarias y punitivas que servían para sancionar determinadas conductas que consideraban impropias, perjudiciales o delictivas.

Muchos fueron los militantes a los que se les hizo «juicio revolucionario», entre ellos algunos de alta jerarquía interna como el «comandante y oficial superior» Roberto Quieto y el «oficial primero» Rodolfo Galimberti, sentenciados a muerte. Un alto porcentaje de ellos fue asesinado por sus propios compañeros.



3.3.6.4. Financieros
Estos recursos son también de difícil cuantificación. Los robos de bancos y entidades financieras, los asaltos a camiones blindados, los secuestros extorsivos (algunos de varios millones de dólares, como el caso de los hermanos Born −60 millones− el de Víctor Samuelson, ESSO −14 millones− el de Enrique Metz-Mercedes Benz −4 millones−, etc.), eran innumerables y se sumaban a las intimidaciones extorsivas, acciones estas que en casi su totalidad no eran denunciadas por temor a represalias, y debían actuar los policías y jueces de oficio al enterarse, en algunos casos, por los medios de comunicación social (MCS).
Un documento secuestrado en el año 1976 a la organización Montoneros titulado Presupuesto Nacional correspondiente a los meses de junio a febrero consolidaba la cantidad –para esos meses− en USD10.707.000 (diez millones setecientos siete mil dólares). Este documento fue difundido al periodismo junto con otros el 17 de abril de 1977.
Sobre lo expresado y otros elementos de juicio que incluyen a las otras organizaciones subversivas terroristas, se aprecia que la suma de los recursos financieros que poseyeron superaron los USD150 millones (ciento cincuenta millones de dólares).

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