Guatemala: paramilitares en la post guerra. Sigue la tragedia campesina



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GUATEMALA: PARAMILITARES EN LA POST GUERRA. SIGUE LA TRAGEDIA CAMPESINA
Marcelo Colussi y Sergio de León

albedrio.org
El presente artículo, dividido en tres partes, se concentra mayormente sobre el proceso de compensación exigido por los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (Ex PAC) en la actualidad a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y las tres últimas administraciones de gobierno. No obstante lo anterior, esta primera parte del artículo proporciona un acercamiento breve a hechos relevantes en el proceso de militarización y polarización social y política en la dinámica comunitaria poblacional actual. Los documentos/informes "Memorias del Silencio" de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y "Guatemala: Nunca Más" del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala (REMHI), son utilizados en varias partes de este artículo ya que tratan este tema con exhaustiva profundidad y detalle. Los datos presentados acá en muchos casos son aproximados, citando además de los dos documentos principales mencionados anteriormente otros artículos tales como reportes de prensa, ensayos, documentos, informes, datos estadísticos y cifras proporcionadas por autores, organizaciones e instituciones.
En este sentido, la información presentada ya ha sido elaborada por otros recursos o medios periodísticos, académicos, institucionales, etc. Sin embargo, la intención fundamental de este artículo es poner juntas varias de las piezas más importantes o relevantes del problema y analizarlas. De modo que se repase y aporte así una visión general del fenómeno PAC y su derivación en lo ex PAC desde sus inicios hasta la actualidad. Hay que tener muy claramente en cuenta que el problema de la existencia de los ex PAC y su exigencia de compensación económica ha sido juzgada por distintos grupos de la sociedad guatemalteca e internacional como apropiada o inapropiada o justa o injusta, dado el papel histórico que a las mismas les tocó desempeñar durante el conflicto armado y aún después de la firma de la Paz. Lo cierto es que en este sentido, el problema no se ha resuelto claramente todavía. Ello tiene que ver con los antecedentes demagógicos de la administración eferregista de haber dado un primer pago por dichos servicios, así como con una promesa de campaña de la actual coalición del GANA, que está haciendo gobierno en estos momentos, buscando ambivalentemente darle una solución al problema.
La justificación y cancelación de dicha compensación no ha tenido una solución completa que satisfaga a los ex PAC y menos al resto de la sociedad en su conjunto. Más bien ha causado mayor polarización, enfrentamiento e indignación en la sociedad guatemalteca. Está por verse si a este problema se le da un arreglo integral por la vía legal, por la vía política y por la vía social y cultural; un reto que parece muy difícil de afrontar como parte de los efectos del post-conflicto en el país. La totalidad de la sociedad está una vez más dividida a este respecto. Esto se debe en gran medida -de acuerdo a la recientemente finalizada Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA)- a que la Agenda para el Desarrollo y la Paz, es decir, las Agendas de Desarrollo de los Gobiernos de turno desde la firma de la paz en 1996 -que incluían o incluyen: los acuerdos de paz, sus recomendaciones, su cronograma de implementación y de verificación- conjuntamente con otros proyectos de desarrollo de alcance integral y nacional estratégicos, se han implementado mínimamente o abandonado casi en su totalidad. Por lo tanto la crisis de legitimidad y credibilidad en las instituciones del Estado continúa, la que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. El poder político y económico no han resuelto satisfactoriamente los problemas más apremiantes del país (seguridad, empleo, inversión, crédito, educación, salud entre otros). Los problemas estructurales del modelo de desarrollo del país, que se agudizaron en los años ochenta con el conflicto armado y que violentaron, empobrecieron y marginaron aún más a la mayoría de la sociedad guatemalteca y que dieron lugar a la etapa más dura de la guerra civil, continúan sin solución.
En este sentido, empezando a hacer un análisis crítico de la realidad guatemalteca, las injusticias -estructurales e históricas- se manifiestan igualmente en la discriminación étnica, hondamente presente en la vida cotidiana. En un país donde alrededor del 60 % de su población es de origen maya, los grupos indígenas están marginados en su propia tierra, condenados a la exclusión social, económica y política. Hasta mediados del pasado siglo las fincas se vendían con "todo lo clavado y plantado, indios incluidos". Esta situación ha comenzado a cambiar -muy lentamente por cierto-, pero el racismo imperante aún permea todas las relaciones. Para ilustrarlo: es común escuchar entre la población no-indígena el dicho "seré pobre pero no indio". Sin embargo, gran parte de la mano de obra agrícola ha estado representada por la población indígena en los rubros de la agroexportación que generan la mayor cantidad de divisas y que ha alimentado tradicionalmente a las opulentas aristocracias azucareras y cafetaleras.
La militarización y el autoritarismo de la sociedad guatemalteca han tenido raíces en la naturaleza del modelo socio-político y económico del Estado a través de su historia. A estas injusticias de cuño ancestral, que definen en buena medida la identidad del país, se suman otras más recientes, ligadas a los efectos de la Guerra Fría y a los escenarios que la confrontación Este/Oeste trajo aparejadas en estas últimas décadas. Guatemala fue uno de los países de América Latina donde la guerra interna entre movimiento guerrillero y Ejército cobró mayor virulencia; luego de 36 años de lucha armada hay oficialmente un registro aproximado de 200,000 muertos, 40,000 desaparecidos, más de 600 masacres de aldeas en zonas rurales, un millón de personas desplazadas de acuerdo a los informes de la CEH, la REMHI, ACNUR y MINUGUA entre otros. La reciente polarización social a nivel nacional y principalmente a nivel comunitario se exacerbó a raíz de la militarización y paramilitarización de Guatemala.
Para analizar algunos de los principales problemas descritos arriba, el primer grupo de preguntas iniciales de esta primera parte del artículo se enfocan en lo siguiente: ¿Cuál fue el impacto político, económico y social de la creación de las PAC en el área rural de Guatemala? Estrechamente relacionado a la primera pregunta se plantea esta otra: ¿Cuáles fueron algunos de los principales resultados de la participación de la PAC como parte de las tácticas de contrainsurgencia implementadas por el Estado guatemalteco?
En la esfera política la militarización de toda la vida nacional fue enorme, con consecuencias que aún permanecen, y que sin dudas seguirán estando presentes todavía por algunas generaciones. A ello se agrega, como un elemento que ha dañado muy profundamente -y seguirá haciéndolo por décadas- una forzada división de la población de las áreas rurales donde, desde una maniquea manipulación con que se llevó a cabo la estrategia contrainsurgente, las redes comunitarias tradicionales fueron virtualmente reducidas o extinguidas. Por ejemplo, de acuerdo al informe de la CEH, el efecto producido por el reclutamiento en el Ejército, en la URNG y en las PAC. Además del control directo mediante las PAC en la etapa inicial del proceso, se masificó la militarización de la sociedad. Los alcaldes municipales y auxiliares en todo el país eran designados por el gobierno militar y muchos de los gobernadores departamentales fueron militares. Directores generales de dependencias del Estado, ministros y viceministros incluidos, procedieron de la oficialidad castrense.
Con las PAC, como parte de las estrategias antiguerrilleras del Estado, se forzó a la población masculina de las áreas rurales, -donde operaban las fuerzas insurgentes- desde adolescentes a tercera edad, a integrarse a estructuras paramilitares oficialmente presentadas como voluntarias. Los campesinos pobres, mayas, fueron usados como tropa de apoyo en la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual fue desarrollada por el ejército guatemalteco con el apoyo del departamento de Estado Norteamericano. Las PAC fueron el principal aliado del Ejército en su lucha contra la guerrilla, y más aún, contra la base social de la misma: otros campesinos pobres, mayas, tan excluidos históricamente como los mismos patrulleros. Se puede decir en términos generales que la lucha armada se dio mayormente, aunque no exclusivamente, entre grupos campesinos indígenas divididos por la fuerza y/o por la ideología de los grupos dirigentes de la guerrilla y el ejército. La CEH constató además la participación en el conflicto de los grupos de poder económico, los partidos políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil. Lo trágico de esta historia es que la mayor parte de víctimas como de victimarios son, en sustancia, lo mismo: campesinos pobres, de origen maya, sin peso político en las decisiones nacionales, víctimas históricas de un modelo de exclusión que a través de todos estos años de historia del país en casi nada ha cambiado desde sus orígenes en la conquista.
Terminada la guerra -fundamentalmente porque la nueva recomposición de fuerzas luego de la caída del bloque soviético ya no la necesitó- víctimas y victimarios no cambiaron su situación de campesinos pobres y de indígenas discriminados. Pero la ruptura de sus redes sociales de base quedó establecida; los enconos de la militarización siguen vigentes, y aunque víctimas y victimarios deben compartir por fuerza el mismo espacio geográfico -las montañas que fueran teatro de operaciones bélicas, las más remotas aldeas alejadas de la capital-, la historia de tajante división sufrida no va a extinguirse en lo inmediato. Si bien los Acuerdos de Paz que pusieron fin a ese largo enfrentamiento estipulan medidas de reparación para las víctimas, ocho años después de finalizada la guerra interna la justicia ante tanto crimen aún no llega. Se habla mucho de reconciliación, pero ante una injusticia que cada vez se vuelve más grosera, aquella se torna sumamente difícil. Sobre todo cuando quienes se ven como victimarios, utilizando la amenaza y la fuerza, han logrado que se les ponga atención a sus demandas y han recibido ya parte de una compensación que casi no se le ha dado o se les ha negado a quienes se perciben como víctimas.
En la esfera económica, de acuerdo con el informe de la CEH, la paramilitarización fue controlada casi por completo por el Estado y ocurrió a gran escala en el área rural y más aún en las llamadas zonas de conflicto durante la década de los ochenta y mitad de los años noventa del siglo pasado. Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron reconocidas legalmente con el Acuerdo Gubernativo 222-83 del 14 de abril de 1983. Sin embargo, desde 1981 se habían empezado a organizar en varias regiones del país grupos de autodefensa civil, y desde 1982 actuaron en forma coordinada con los planes de campaña del Ejército Victoria 82 y Firmeza 83, bajo el nombre de Patrullas de Autodefensa Civil. El reclutamiento, principalmente en las PAC, redujo con un drástico corte el nivel de producción, lo que resultó más grave aun en las áreas de conflicto.
Cita el informe de la CEH que a principios de la década de los 80, alrededor de 170 mil familias tuvieron que abandonar sus actividades cotidianas, incluyendo las laborales, por causa del enfrentamiento. En estas familias, que aglutinaban a 850 mil personas, hubo unos 100 mil muertos y desaparecidos, 600 mil desplazados internos y 150 mil refugiados que salieron en su mayoría hacia México. En otras palabras, más del 10% de la población que había en Guatemala a principios de esta época fue directamente afectada por el enfrentamiento armado.
En el caso de las tropas regulares del Ejército se estima que entre 1980 y 1985 se triplicó su número de reclutas hasta llegar a 50 mil en 1985. A efectos de producción esto significa que la economía ya no contó, durante cada uno de esos cinco años, con 30 mil hombres en edad de trabajar, además de los 15 mil que ya eran parte del Ejército a fines de la década de los setenta. Aunque el reclutamiento disminuyó entre 1985 y 1989, durante la década en su conjunto el aumento del Ejército tuvo como efecto retirar de la Población Económicamente Activa (PEA) un promedio de 26 mil hombres cada año. Lo que se refiere a las fuerzas insurgentes este efecto fue menor, debido al número significativamente más reducido de sus combatientes. Así, se puede estimar que como resultado de su militancia en las fuerzas insurgentes, cada año, alrededor de tres mil personas ya no integraban la PEA.
El caso de las PAC fue más significativo, al contar con un millón de miembros en 1982, número que se habría reducido a 600 mil en 1986 y a 270 mil en 1996 según el mismo informe de la CEH, (las instituciones del Estado como el Ejército y el ejecutivo no han logrado "oficialmente determinar" hasta la fecha, el número de miembros que estuvieron directamente vinculados a las PAC). Aunque más tarde disminuyó el número de integrantes y el grado en que se exigía trabajo no remunerado a sus miembros, se estima que este trabajo obligatorio -equivalente a una quinta parte del tiempo potencialmente productivo de los miembros de las PAC- representó una ausencia equivalente a 97 mil personas de la PEA anualmente durante los años ochenta. Así, entre el Ejército, las PAC y la URNG se retiró cada año el equivalente de más de 125 mil personas del trabajo (5.2 % de la PEA) durante este período. Ello habría generado pérdidas acumuladas de unos 3,500 millones de dólares (en dólares de 1990), que corresponden a casi el 50 % del PIB de 1990.
En la esfera social, de acuerdo al informe de la CEH, el control de las comunidades principalmente en las áreas de conflicto fue ejercido masivamente por medio de las PAC, con efectos institucionales: los llamados Comités Voluntarios de Defensa Civil, los cuales fueron organizados desde la referencia estructural del Ejército. Con la formación de las PAC el Ejército se propuso la organización civil contra los movimientos guerrilleros y el control material y psicológico de la población. En el interior del país la conformación de las PAC supuso un gran golpe, produciendo cambios profundos en la estructura interna de las comunidades. Las autoridades naturales de éstas, como los Consejos de Ancianos, los alcaldes auxiliares y los mayores, entre otros, dejaron de funcionar o fueron marginadas y su papel fue desempeñado a partir de entonces por los jefes de las PAC, que funcionaban como enlaces de las autoridades gubernamentales. Desde la óptica del Ejército el balance inicial del papel desempeñado por las PAC fue positivo en cuanto al cumplimiento de los objetivos asignados. Como resultado de dicha evaluación, tanto oficiales militares como asesores de la institución armada otorgaron una alta valoración al impacto alcanzado con la formación de las milicias a cargo del Ejército. Incluso se considera que sin las PAC y su actividad como arma contrainsurgente habría sido prácticamente imposible controlar el avance del movimiento guerrillero entre la población indígena y campesina.
El impacto de los nuevos procedimientos organizacionales, forzosos en su mayoría y voluntarios en su minoría con fines de insurgencia y contrainsurgencia, dieron lugar a una cultura militarista promovida tanto por el Ejército como por la guerrilla. Esta cultura vulneró las estructuras organizativas y comunitarias tradicionales e introdujo nuevos criterios para el ejercicio del poder y la autoridad. Basado por tradición en valores de servicio y solidaridad, éste fue permeado por una práctica fundada en la arbitrariedad y la fuerza, ejercida muchas veces a través de la violencia directa. Como secuela de la conformación de las PAC, de los comisionados militares y otros modelos de dirección por parte del Ejército, se aprecia una conducta de obediencia, un ejercicio del liderazgo esencialmente autoritario y un opresivo control de la población.
El segundo grupo de preguntas es: ¿Cuantos miembros, familias, comunidades, departamentos regiones representan la mayor, mediana y menor concentración de los ex PAC? ¿Dónde (regiones, departamentos y comunidades) se sufrieron la mayor parte de desapariciones, torturas, masacres y otros actos de violaciones de los derechos humanos donde participaron las PAC directa o indirectamente?
De acuerdo a la CEH, en la década de los ochenta, las patrullas civiles estuvieron distribuidas en todo el territorio, a excepción del Oriente, en los departamentos de Progreso, Zacapa y Jutiapa. En estos lugares, los comisionados militares conformaban la estructura militar más fuerte y era prácticamente inexistente el enfrentamiento armado (hay que recordar que durante los años sesenta, el movimiento guerrillero en el área rural se gestó precisamente en esos tres departamentos, sufriendo una represión encarnizada por parte del aparato de Estado, reforzando el sistema paramilitar de vigilancia comunitaria con el aumento de comisionados militares y alcaldes auxiliares ligados a los primeros). En contraste, de acuerdo también a la CEH, la REMHI y los Informes de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el involucramiento mayoritariamente forzoso de la población civil en el enfrentamiento armado interno por medio de las PAC fue significativamente más grande en los departamentos que contaban con mayor población maya sufriendo mayores índices de pobreza extrema (Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz). La instauración de las PAC constituyó una nueva forma de utilización de la fuerza laboral indígena de modo extendido y sin costo, como se había hecho en la Colonia e inicios de la República. En este caso, la utilización de los indígenas como mano de obra gratuita se hizo en función de objetivos militares. Según el REMHI, la desestructuración de los propios sistemas de autoridad y control indígenas posibilitaba la dependencia de las comunidades frente a las estructuras y mandos militares, las vulnerabilizaba frente a ataques y las reestructuraba en función de una lógica militar.




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